Por Rodrigo López Oviedo
Las marchas y concentraciones del 20 de Julio, que siempre han servido para conmemorar nuestra frustrada independencia, fueron convertidas este año en un clamor por la paz y por la libertad. De todos los rincones patrios surgieron emocionadas voces que expresaban el anhelo de encontrarle fin a un conflicto que ha ahogado la felicidad de la patria entera. Lo que sigue ahora es impedir que el Gobierno, embriagado como está con los recientes reveses de la guerrilla, a los cuales ve como contundentes triunfos suyos, quiera capitalizar tan monumentales manifestaciones y convertirlas en autorización para dar por clausurada toda discusión acerca del intercambio humanitario y de la paz negociada.
El intercambio humanitario y la paz negociada, que han sido los estandartes más sentidos de los sectores democráticos por ser los que más pronto y a menor costo garantizarían el cese de los derramamientos de sangre y el consecuente fin de nuestra cincuentenaria violencia, no solo han sido rechazados desde siempre por la derecha en el poder, sino que ahora, a raíz de estas marchas, querrán ser presentados como carentes del respaldo ciudadano.
Lo cierto es que muchos colombianos, seducidos por el enorme poder que la misma derecha ha logrado construir a través de sus grandes medios, han comenzado a ver en el secuestro el más execrable crimen, pasando por alto horrores peores para la condición humana como son el genocidio, la desaparición forzada, el descuartizamiento y muchos más, en los que ha resultado tan pródiga esa derecha.
Pero una cosa es que haya condena al secuestro y otra que el Gobierno se sienta autorizado por ello a emprender rescates a sangre y fuego, llámelos cercos humanitarios o como los llame, pero de los cuales solo puede esperarse más dolor y lágrimas para un pueblo que de ellas ya ha tenido bastantes.
Claro que algunos pensarán que el riesgo es mínimo, sobre todo al considerar el estado de debilidad en que suponen están las FARC. Suposición que ha sido el fruto de unos cuantos éxitos de inteligencia militar, de algunos otros golpes propinados con apoyo en la más alta tecnología, de una que otra deserción guerrillera, de una buena dosis de malicia y engaño y de la más eficiente utilización de la propaganda mediática. Hasta dónde una debilidad así construida pueda ser garantía de rescates sin riesgo es cosa que está por verse.
Por eso debemos seguir insistiendo en el intercambio humanitario y en la paz negociada, en lugar de estar reclamando, como lo hacen Uribe y algunos miembros de su gabinete, rendiciones incondicionales. El Gobierno está en la obligación de asumir una posición realista ante las condiciones que actualmente ofrece nuestro conflicto interno. Atraer a las FARC a posiciones de respeto de la institucionalidad solo puede ser el fruto de un propósito soportado en el reconocimiento de que ellas no nacieron para la violencia sino a consecuencia de la violencia oficial; y no como rechazo a la democracia sino ante la carencia de ésta. Ese realismo debe traducirse en propuestas concretas y sinceras que las hagan sentirse llamadas a participar en un proceso orientado en verdad a la paz con justicia social. Esa será la mejor señal de agradecimiento de parte del Gobierno a los miles y miles de colombianos que desfilaron el pasado 20 de Julio.
Las marchas y concentraciones del 20 de Julio, que siempre han servido para conmemorar nuestra frustrada independencia, fueron convertidas este año en un clamor por la paz y por la libertad. De todos los rincones patrios surgieron emocionadas voces que expresaban el anhelo de encontrarle fin a un conflicto que ha ahogado la felicidad de la patria entera. Lo que sigue ahora es impedir que el Gobierno, embriagado como está con los recientes reveses de la guerrilla, a los cuales ve como contundentes triunfos suyos, quiera capitalizar tan monumentales manifestaciones y convertirlas en autorización para dar por clausurada toda discusión acerca del intercambio humanitario y de la paz negociada.
El intercambio humanitario y la paz negociada, que han sido los estandartes más sentidos de los sectores democráticos por ser los que más pronto y a menor costo garantizarían el cese de los derramamientos de sangre y el consecuente fin de nuestra cincuentenaria violencia, no solo han sido rechazados desde siempre por la derecha en el poder, sino que ahora, a raíz de estas marchas, querrán ser presentados como carentes del respaldo ciudadano.
Lo cierto es que muchos colombianos, seducidos por el enorme poder que la misma derecha ha logrado construir a través de sus grandes medios, han comenzado a ver en el secuestro el más execrable crimen, pasando por alto horrores peores para la condición humana como son el genocidio, la desaparición forzada, el descuartizamiento y muchos más, en los que ha resultado tan pródiga esa derecha.
Pero una cosa es que haya condena al secuestro y otra que el Gobierno se sienta autorizado por ello a emprender rescates a sangre y fuego, llámelos cercos humanitarios o como los llame, pero de los cuales solo puede esperarse más dolor y lágrimas para un pueblo que de ellas ya ha tenido bastantes.
Claro que algunos pensarán que el riesgo es mínimo, sobre todo al considerar el estado de debilidad en que suponen están las FARC. Suposición que ha sido el fruto de unos cuantos éxitos de inteligencia militar, de algunos otros golpes propinados con apoyo en la más alta tecnología, de una que otra deserción guerrillera, de una buena dosis de malicia y engaño y de la más eficiente utilización de la propaganda mediática. Hasta dónde una debilidad así construida pueda ser garantía de rescates sin riesgo es cosa que está por verse.
Por eso debemos seguir insistiendo en el intercambio humanitario y en la paz negociada, en lugar de estar reclamando, como lo hacen Uribe y algunos miembros de su gabinete, rendiciones incondicionales. El Gobierno está en la obligación de asumir una posición realista ante las condiciones que actualmente ofrece nuestro conflicto interno. Atraer a las FARC a posiciones de respeto de la institucionalidad solo puede ser el fruto de un propósito soportado en el reconocimiento de que ellas no nacieron para la violencia sino a consecuencia de la violencia oficial; y no como rechazo a la democracia sino ante la carencia de ésta. Ese realismo debe traducirse en propuestas concretas y sinceras que las hagan sentirse llamadas a participar en un proceso orientado en verdad a la paz con justicia social. Esa será la mejor señal de agradecimiento de parte del Gobierno a los miles y miles de colombianos que desfilaron el pasado 20 de Julio.
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