DIÁLOGOS PARA SEMBRAR LA PAZ

Por Rodrigo López Oviedo

El presidente Santos ha manifestado su interés en iniciar diálogos con las FARC, si esta organización guerrillera da auténticas señales de querer la paz. Ojalá que la alegría que produce tan inesperada noticia, dada en respuesta al llamamiento del dirigente fariano Manuel Pascuas, no esté en contradicción con el interés real del Mandatario, y este quiera, realmente, comenzar a tender puentes para superar el conflicto.

Solo falta saber cuáles son las señales que Juan Manuel Santos aceptará como gestos de paz y cuáles las condiciones bajo las cuales estaría dispuesto a abrir los diálogos. Sin tal conocimiento, no podríamos agregar a la alegría del anuncio la certidumbre de que se está rescatando la llave de la paz de los cuarteles en que se hallaba refundida, ni sopesar el verdadero interés del Mandatario en volver a escucharle a la insurgencia sus planteamientos sobre la Colombia que ha buscado a través de tantos años de vida guerrillera, ni mucho menos volver a ver a los más insignes representantes de la inteligencia nacional, sentados a la mesa, en abierta discusión de los problemas nacionales y de los caminos que conduzcan a resolverlos, pues no de otra forma se puede hacer realidad el sueño de tener en paz al pueblo más feliz e inequitativo del orbe.

No se trata, por supuesto, de un asunto de poca monta, ya que entre los planteamientos del movimiento guerrillero está, ni más ni menos, la búsqueda de consensos sobre aspectos tan importantes como la protección de los derechos económicos, sociales, políticos, culturales y medioambientales de la población; el establecimiento de una política agraria más cercana a los intereses de los campesinos medios y pobres; el restablecimiento de la soberanía nacional, la revisión del modelo neoliberal y la definición de políticas de inversión extranjera para que esta sea, efectivamente, de beneficio para la economía nacional; la erradicación definitiva del terrorismo de Estado y de las bandas paramilitares; la repotenciación del aparato de justicia y la ampliación de la democracia y de la eficiencia del Estado.

Pero el movimiento popular está en condiciones de lograr que tales discusiones se den. Así lo demuestran las conclusiones aprobadas en Barrancabermeja del 12 al 15 de agosto pasados por más de 20 mil asistentes de todo el país al Encuentro Nacional de Comunidades Campesinas, Afrocolombianas e Indígenas por la Tierra y la Paz, y que fueran ratificadas en el Encuentro de Tierras, Territorios y Soberanía que se celebró en Cali con la asistencia de más de 10 mil colombianos.

Lo que resta es actualizar esos pronunciamientos con nuevas movilizaciones. A eso nos invita este 2012 próximo a llegar.

SUBIÓ EL SALARIO MÍNIMO, PERO...

Por Rodrigo López Oviedo

Pese a que desde 2006 no se lograba concertar sobre salario mínimo, el que el alcanzado para 2012 si lo hubiera sido no dejó ningún grato sabor para los trabajadores: durante el nuevo año, tendrán que atender sus necesidades vitales con la mitad de lo que vale la canasta familiar, es decir, con 566 mil 700 pesos.

Tomando en cuenta que tal incremento apenas sí representa algo más de un uno por ciento adicional a la inflación del presente año, la insatisfacción se hace mayor al considerar que el subsidio de transporte solo se incrementó en cuatro mil 200 pesos mensuales. Esto obligará al trabajador a seguir destinando parte de su exiguo salario a sufragar los gastos de desplazamiento al puesto de trabajo, los cuales se incrementarán en por lo menos seis mil pesos, y eso suponiendo que la buseta no se encarezca en más de cien pesos y que el trabajador solo la utilice dos veces por día.

La situación salarial de los colombianos es tan grave que, descontado el amplio número de personas que viven del rebusque, cerca del 70 por ciento de los trabajadores formales no reciben el mínimo legal. Por eso no dudamos en afirmar que se desperdició una magnífica oportunidad para saldar viejas deudas oligárquicas con la clase trabajadora, a la que tienen sometida a unas tasas de explotación cada vez mayores y que rebasan en mucho las de otros países de igual desarrollo económico.

Pero también era ocasión propicia para que las Centrales Obreras, asumiendo el papel dirigente que les ha sido conferido por los trabajadores e interpretando la angustia social que es de esperarse en un país que ostenta el tercer lugar en el escalafón mundial de la inequidad, pusieran a prueba su capacidad movilizadora haciéndose acompañar de acciones de presión que dejaran en claro su propósito de no dejar que la plusvalía siga creciendo como hasta el presente. Enfrentar solas estos eventos de negociación y, sobre todo, sin presiones más allá de la mesa es lo que en últimas ha conducido a concertaciones y decretos de incremento insatisfactorios.

Para que haya un verdadero incremento salarial, este debe ir más allá de los estimativos de inflación y productividad. A tales factores hay necesidad de agregarles la tasa de crecimiento del PIB, pues esta es alcanzada en virtud de la participación laboral en el aparato productivo antes que por gracia de la intervención del capital. Un salario así determinado haría mas soportable el peso de la explotación que llevan a cuestas los trabajadores, mientras llegan los grandes remesones sociales que la hagan desaparecer de la faz de la tierra.

DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Por Rodrigo López Oviedo

Un memorable 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un invaluable abanico de normas para mejorar la convivencia y elevar la calidad de vida de los ciudadanos: la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lamentablemente, tal formulación no ha repercutido en Colombia en el afianzamiento de las costumbres y prácticas que fueran de esperarse, pues siguen siendo el capricho y las necesidades del gran capital los que determinan su grado de aplicación y de respeto.

Especialmente a raíz del derrumbe del campo socialista y el consiguiente impulso del Imperio a las tesis neoliberales, sobre esta Carta de Derechos Humanos se cirnió todo un viacrucis. Así, por ejemplo, los derechos relacionados con la vida laboral comenzaron a ser objeto de la más aberrante violación: desapareció el respeto a la jornada de las ocho horas, al salario mínimo vital, a la estabilidad en el trabajo, a la contratación colectiva, a la huelga y al empleo digno, sin que quienes contaran con un trabajo estable lo pudieran acompañar de otros derechos, igualmente contenidos en la carta, como el de la salud eficiente, la educación de calidad, el techo, el descanso y la recreación.

Igual suerte han corrido los derechos sindicales y políticos. Especialmente en Colombia, a la oposición política se le impide jugar su papel constitucional: se la somete a la injuria y la calumnia, se la veja a través de juicios amañados, se le tortura a sus más destacados hombres, y a los dirigentes se les condena al exilio, se les desaparece o se les asesina, como lo evidencia la repetida aparición de fosas comunes con decenas de cadáveres, muchas de ellas bastante cerca de los cuarteles.

Es tan grave la situación que ni siquiera se respeta el derecho a la propiedad privada en lo que atañe a la tierra. Más de cinco millones de campesinos vagan por las calles de ciudades y poblados, víctimas de la violación de tal derecho.

Y ni se diga de las violaciones de que son objeto las propias organizaciones defensoras de los derechos humanos. Según lo señalan Lisa Haaugard, Eric Sottas y Denis L´angalis, miembros de la misión especial conformada por representantes de 15 países que visitó a nuestro país con el fin de revisar el tratamiento que reciben estas organizaciones, en Colombia no solo se les persigue a ellas, sino a sus miembros, de los cuales 54 han sido asesinados en el período comprendido entre julio de 2010 y mayo de 2011.

Se trata, entonces, de una situación deplorable a todas luces. Y todo para preservar y afianzar los privilegios del gran capital.

UNA MOVILIZACIÓN CON BEMOLES

Por Rodrigo López Oviedo

Seguramente hoy les irá muy bien a nuestras castas oligárquicas en su propósito de movilizar a la sociedad contra las FARC. Así lo hace creer la descomunal campaña que orientaron a explotar el dolor producido por la muerte de cuatro miembros de la Fuerza Pública que, sin saberse utilizados en la defensa del statu quo, se dieron a la ingenua tarea de contribuir a ponerle fin a una organización guerrillera que está soportada en siglos de abandono a los intereses populares, sin prever, tal vez, que, en esa lucha, ellos podrían ser los próximos en caer.

No obstante que compartimos ese profundo pesar, no podemos dejar pasar inadvertido el hecho de que él no puede ser menor que los muchos otros pesares que llevamos en el alma por cuenta de una violencia que ha sido concebida por las oligarquías para extirpar los gérmenes de unidad popular que en el país se vayan dando.

Paro no ir muy lejos, el proceso unitario que se vivía en torno a Jorge Eliécer Gaitán fue ahogado en sangre. El que crecía pujante en torno a la Unión Patriótica y a Jaime Pardo Leal corrió igual suerte, e igual el que comenzaba a perfilarse en torno a Carlos Pizarro.

Los representantes del establecimiento conocen bien que a esa violencia es a la que responden las fuerzas que hoy confrontan con las armas al régimen oligárquico; y aunque el régimen sabe que militarmente no podrá acabar con ellas, se niega a hacerlo mediante los procedimientos del diálogo, escudándose siempre en el argumento falaz de que no puede repetir la historia del Caguán, cuando nadie sabe mejor que ellos que tales diálogos fracasaron, fundamentalmente, por la renuencia de los negociadores del Gobierno a acceder a las propuestas surgidas de tales diálogos.

El Gobierno comete un crimen peor que el que pretende denunciar con movilizaciones como las de hoy al evadir con sofismas su responsabilidad por la suerte de quienes aún permanecen en manos de la guerrilla. El camino a seguir lo señaló el Estado de Israel al liberar a más de mil soldados palestinos a cambio del cuerpo de un solo soldado israelí.

Así la suerte de la paz y de la guerra no le interese, el Gobierno sí debe preocuparse al menos por la recuperación de los cautivos mediante el diálogo. Con un logro de esa naturaleza, podría disminuir un poco la temperatura del conflicto, a no ser que siga interesado en continuar beneficiando a los mercaderes de la guerra y beneficiándose él mismo con la eterna explotación del sambenito de la infiltración fariana para justificar la represión contra las luchas populares.