UN MAL BALANCE

Por Rodrigo López Oviedo

El presente año dejó un balance malo para todos, salvo para los dueños del gran capital. La ninguna redistribución del excelente crecimiento económico, y más bien sí su apropiación oligosómnica, hace presagiar que los balances de fin de ejercicio de las grandes empresas quedarán adornados con unas nuevas cifras patrimoniales que colmarán de satisfacción a sus propietarios, así entrañen más concentración de la riqueza, más agudización de los problemas sociales y mayor incentivo para que quienes carecen de todo salgan de su marasmo.

Lo peor es que seguirán abiertos los caminos del enriquecimiento desbordado para unos pocos y el empobrecimiento sin talanquera para los demás. Los que van por la senda ancha lograron imponer un presidente que si bien no tiene el detestable talante de su antecesor, les garantiza el logro de los propósitos que venían cumpliendo desde cuando comenzaron a imponernos sus políticas neoliberales. Con Juan Manuel Santos quedaron aseguradas las estrategias de Estado pequeño, de bajos costos laborales, de bajas tributaciones directas para el capital, de altos impuestos indirectos, de reducciones sistemáticas en la inversión social y de todo lo que implique seguir con el modelo que ha fracasado en el continente.

En los campos de la paz y de los derechos económicos, políticos, sociales y humanos el año pudo no haber sido peor que los anteriores, pero tampoco fue nada mejor. Aunque descendió el número de opositores asesinados, tal número sique siendo alto; y a los sobrevivientes, mientras lo han sido, se les ha sometido a las más apabullantes persecuciones judiciales, lo cual ha obligado a muchos de ellos a sustraerse de sus luchas para poder defenderse y garantizarse la libertad que les permita después continuar en sus compromisos. Piedad Córdoba, Jorge Enrique Robledo, Gloria Inés Ramírez, Carlos Lozano y David Ravelo son solo algunos ejemplos sacados de un largo listado de líderes revolucionarios que han sido sometidos a infames e injustas judicializaciones, e incluso, como en el caso de Ravelo, a privaciones de la libertad.

Los problemas invernales no pudieron ser peores, sin que pueda el Estado ocultar sus culpas, pues detrás de cada gobierno hay una inmensa cuota de incuria que lo hace responsable de la tragedia que viven millones de colombianos.

En fin, son muchas las cosas que pueden decirse de este año, pero todas malas dentro de lo público. Ojalá que el que llega esté acompañado del despertar de los 20 millones de pobres, de los dos millones de desempleados, de los ocho millones de subempleados y de los siete millones de indigentes que tenemos en Colombia, pues solo ellos, unidos a los asalariados, pueden protagonizar los cambios que necesitamos.

SOLIDARIDAD Y VIGILANCIA

Por Rodrigo López Oviedo

Habla muy bien de un país el ver a sus habitantes desplegados en solidaridad. Tal fue el comportamiento del nuestro el pasado fin de semana, cuando tuvo que salir en ayuda de las víctimas de la tragedia invernal, a la cual no hay que buscarle más causas que los continuados abusos cometidos contra el planeta por todos nosotros, pero muy especialmente por las grandes empresas capitalistas, nacionales y extranjeras, que son las mayores emisoras de CO2, las principales alteradoras del ciclo climático y las responsables del efecto invernadero.

La solidaridad financiera superó la cifra de los 15 mil millones de pesos, pero a ella hay que agregar los aportes hechos en otras especies. Tales apoyos solo pueden ser ofrendados por almas muy nobles, sobre todo porque casi todos salieron de hogares en los que hubo de posponerse la satisfacción de necesidades básicas en aras de ser oportunos y generosos en el socorro a los damnificados.

Esa solidaridad no puede ser flor de un día, pues el sufrimiento que la motiva no solo es duro sino también duradero, y salir de él demandará recursos que las víctimas no están en capacidad de sortear por sí solas. Es esta una tarea en cuya realización también deben comprometerse las organizaciones populares, las cuales deben poner a su servicio toda la capacidad física, organizativa y humana de que dispongan y estimular a sus afiliados y amigos para que hagan lo propio, al tiempo que presionan al Estado por prontas, efectivas y definitivas soluciones.

Pero así como esta solidaridad habla muy bien de los colombianos, el que las tragedias presentadas hayan adquirido las magnitudes que hemos visto horrorizados por televisión habla muy mal de nuestros gobiernos. El invierno causante, el más intenso de los últimos 40 años, fue avizorado con suficiente anticipación; pero los gobernantes, que bien pudieron hacer algo para prevenir estas terribles consecuencias, se mantuvieron en la incuria de siempre. Por eso resulta inaudito verlos con la totuma extendida lastimeramente tanto a la caridad de los compatriotas nacionales como a la de los gobiernos y pueblos extranjeros, o deseosos de acudir al expediente de la emergencia económica y social, como lo hizo el presidente Santos al dictar su decreto 4580.

Los colombianos debemos estar prevenidos. Nada tiene de raro que el Gobierno quiera aprovechar la consternación del momento y su decretada emergencia para ampliar el cuatro por mil, extender el IVA a nuevos productos o imponer otros tributos indirectos, supuestamente temporales, pero que a la larga se volverán definitivos en la medida que sirvan para descargarle impuestos al capital. Esta tragedia debe fortalecer nuestra solidaridad, pero también aguzar nuestra vigilancia.

DEBEN ABRIRSE LAS PUERTAS DEL DIÁLOGO

Por Rodrigo López Oviedo

El anuncio de las Farc de liberar a tres uniformados y dos civiles ha colmado de alegria a estos sufridos compatriotas, a sus familias y a los colombianos que verían complacidos que este nuevo ramillete de liberaciones se transformara en una luz de esperanza para el inicio de acercamientos de paz entre esta organización guerrillera y el Gobierno.

Para muchos de estos colombianos pareciera que tal luz hubiera sido reforzada por Juan Manuel Santos. El Presidente recuerda, y quiere evitar para sí, los bochornos sufridos por su antecesor cuando era recibido en los escenarios internacionales con sillas vacías y pancartas contra su gobierno. Por eso ha manifestado tener la mayor disposición a facilitar las cosas para que la ex Senadora Piedad Córdoba pueda cumplir la labor de intermediación solicitada por las FARC y propiciar a los liberados un retorno sin contingencias, eso sí, sin autorizar que su respuesta sea interpretada como un principio de intercambio humanitario.

En esto, el Presidente parece confundir la extrema obsecuencia que los colombianos evidenciamos ante los mandatarios de turno con una supina ignorancia que nos llevaría a confundir lo unilateral de la decisión que las FARC han anunciado con un acuerdo que ellas han buscado con casi siempre poca fortuna entre los mandatarios del pasado, pero con ninguna durante los últimos ocho años, en la mayoría de los cuales el hoy presidente de la República fungió como ministro.

De esa confusión debe salir pronto el Presidente Santos. Pero tan importante como salir de ella es que salga también de los prejuicios heredados de su antecesor respecto de los caminos que debe seguir para lograr al anhelado propósito de la paz, si efectivamente quiere llegar a ella. Él tiene claro que el camino de los fusiles y las botas no dió resultados cuando las entonces futuras FARC-EP eran apenas cuatro decenas de desarmados combatientes, ni los dará ahora cuando esas pocas decenas se han multiplicado por cientos y no propiamente de combatientes desarmados.

Lamentablemente, antes que la paz, lo que el Mandatario anhela es perpetuar la guerra. Así haya dicho en su posesión que las puertas del diálogo no están cerradas con llave, el no querer mostrar una que convenga a esos anhelos, sino otra cargada de claves, de condiciones y de impedimentos, ante la cual no sirve de ganzúa siquiera la decisión de estas nuevas liberaciones, hace infundado ver en la alegría que esta produce el principio de los acuerdos que conduzcan a la erradicación de todo tipo de violencia en las contiendas políticas y a la reconciliación sobre bases de justicia, equidad y bienestar para todos los colombianos.

MANUEL CEPEDA VARGAS: UN CRIMEN DE ESTADO

Por Rodrigo López Oviedo

Cumpliendo con lo dispuesto el pasado 26 de mayo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno nacional publicó la sentencia que profirió tan alto Organismo dentro del proceso seguido contra el Estado colombiano por la muerte de Manuel Cepeda Vargas, quien fue asesinado el 9 de agosto de 1994 cuando fungía como Senador de la República y director y columnista del Semanario Voz.

Tal sentencia, difundida el pasado 28 de noviembre a través de El Espectador, evidencia cuánta razón tenía el Senador al señalar que el genocidio a que estaban siendo sometidos el Partido Comunista y la Unión Patriótica, de los cuales el propio Manuel Cepeda era militante destacado, era el producto de una alianza entre los organismos de seguridad del Estado y el paramilitarismo, urdida con el fin de acabar con la oposición al régimen y preservar los intereses del gran capital.

Esta alianza adquirió características dantescas con la formulación y ejecución de lo que se conoció como “plan golpe de gracia”, el cual sirvió para poner bajo tierra a cinco mil militantes de izquierda, cancelar con broche de sangre los acuerdos de paz de La Uribe y sustraer de la acción política a miles de militantes tibios que prefirieron aplazar sus anhelos de paz y de cambio para tiempos de calma.

Al valorar los hechos, la Corte evidenció que Cepeda fue víctima de una ejecución extrajudicial con la que le castigaron su militancia en la oposición; que existió una estructura organizada que determinó, planificó y llevó a cabo su asesinato; y que en la ejecución participaron por lo menos dos miembros del Ejército Nacional, coordinados por mandos superiores y secundados por paramilitares.

No en vano se les negaba al Senador y demás miembros del Partido Comunista y de la Unión Patriótica la protección que tanto reclamaban ante las persistentes amenazas de que eran objeto. De allí que la sentencia señale que “la ejecución del Senador Cepeda Vargas fue propiciada, o al menos permitida, por el conjunto de abstenciones de varias instituciones y autoridades públicas de adoptar las medidas necesarias para proteger su vida”. En otras palabras, los crímenes cometidos como producto de ese nefasto “plan golpe de gracia”, entre las cuales está el de Manuel Cepeda, fueron crímenes de Estado.

Esta sentencia es un rotundo mentis a la propaganda oficial, que siempre ha negado la participación del Estado en los incontables episodios de muerte con que se nos ha lacerado a los colombianos. Pero es también un triunfo para quienes se dieron a la tarea de recuperar para la historia la imagen de uno de sus más importantes líderes.