Por Rodrigo López Oviedo
Las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, concedidas por su propia iniciativa al tele-noticiero Noticias Uno y aparentemente motivadas en la necesidad de la ex Representante de blindarse ante amenazas contra su integridad personal, han puesto en evidencia la gravedad de la crisis moral que afecta la institucionalidad colombiana.
Dice Yidis Medina que cuando en la Cámara de Representantes se discutía el Acto Legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe, el Secretario General de la Presidencia, en la propia Casa de Nariño, le ofreció “lo que necesite” a cambio de desempantanar con su voto afirmativo la enmienda constitucional que permitiría esa reelección. Tal oferta le fue ratificada en esa misma oportunidad por el propio presidente Uribe, quien le reiteró que las promesas le serían cumplidas.
Al aceptar la oferta, la entonces Representante tradujo “lo que necesite” en la petición de “el SENA Regional, el Seguro Social, la Red de Solidaridad”, además de un consulado, todo lo cual, le aseguraron, le sería cumplido. Este cumplimiento no pasó de las palabras, pues, a la postre, solo resultó favorecida con la dirección de la Clínica del Seguro Social en Barrancabermeja, aunque por un tiempo que, por su cortedad, hizo que se agravara la insatisfacción de la Congresista.
Se trata, por supuesto, de un acto de corrupción frecuente, cuyas promesas de erradicación le representaron a Uribe una buena cantidad de votos en la campaña presidencial de 2002. Se suponía por aquel entonces que, bajo su batuta, tales prácticas pasarían a la historia. Lamentablemente no solo no han desaparecido sino que ahora, ¡oh sorpresa!, es el propio Presidente, él mismo en persona, el que incurre en ellas, con el agravante de que deja burladas a las víctimas de su oferta punible y ante el riesgo de ser sometidas a una sindicación igual a la que él mismo como oferente merece y que en nuestro Código Penal aparece bautizada como cohecho.
Si recordamos que con motivo de este Acto Legislativo no hubo solo yidis sino también teodolindos, y que en las dos últimas contiendas electorales los votos arrancados mediante las malas artes de la parapolítica fueron miles y miles, no nos queda más remedio que reconocer la ilegitimidad de Uribe al frente del Estado y que se quedan cortos quienes reclaman únicamente la revocatoria del Congreso: También el mandato del Presidente debe ser revocado.
Pero se quedan mucho más cortos aún los que creen que con una simple reforma que deje vacías en el Congreso las sillas de los parapolíticos se resolverán estos graves problemas. El país está urgido de una verdadera transformación institucional que blinde al Estado de estas aberrantes prácticas. Ello implica, entre otras cosas, elevar las penas contra el cohecho que se origina en el Ejecutivo, sancionar el tráfico de cuotas burocráticas, proscribir la financiación privada de las campañas electorales, hacer imperativa la participación ciudadana en la escogencia de los candidatos a toda elección popular y, para atraer el interés colectivo, recuperar el camino desandado con las reformas que han desvirtuado el carácter progresista de la Constitución del 91.
Todos estos cambios solo pueden esperarse de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa viene ganando terreno en la conciencia ciudadana y a garantizarle respaldo popular debe concentrarse el pensamiento democrático del país. Sin ella, solo queda esperar la hecatombe.
Las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, concedidas por su propia iniciativa al tele-noticiero Noticias Uno y aparentemente motivadas en la necesidad de la ex Representante de blindarse ante amenazas contra su integridad personal, han puesto en evidencia la gravedad de la crisis moral que afecta la institucionalidad colombiana.
Dice Yidis Medina que cuando en la Cámara de Representantes se discutía el Acto Legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe, el Secretario General de la Presidencia, en la propia Casa de Nariño, le ofreció “lo que necesite” a cambio de desempantanar con su voto afirmativo la enmienda constitucional que permitiría esa reelección. Tal oferta le fue ratificada en esa misma oportunidad por el propio presidente Uribe, quien le reiteró que las promesas le serían cumplidas.
Al aceptar la oferta, la entonces Representante tradujo “lo que necesite” en la petición de “el SENA Regional, el Seguro Social, la Red de Solidaridad”, además de un consulado, todo lo cual, le aseguraron, le sería cumplido. Este cumplimiento no pasó de las palabras, pues, a la postre, solo resultó favorecida con la dirección de la Clínica del Seguro Social en Barrancabermeja, aunque por un tiempo que, por su cortedad, hizo que se agravara la insatisfacción de la Congresista.
Se trata, por supuesto, de un acto de corrupción frecuente, cuyas promesas de erradicación le representaron a Uribe una buena cantidad de votos en la campaña presidencial de 2002. Se suponía por aquel entonces que, bajo su batuta, tales prácticas pasarían a la historia. Lamentablemente no solo no han desaparecido sino que ahora, ¡oh sorpresa!, es el propio Presidente, él mismo en persona, el que incurre en ellas, con el agravante de que deja burladas a las víctimas de su oferta punible y ante el riesgo de ser sometidas a una sindicación igual a la que él mismo como oferente merece y que en nuestro Código Penal aparece bautizada como cohecho.
Si recordamos que con motivo de este Acto Legislativo no hubo solo yidis sino también teodolindos, y que en las dos últimas contiendas electorales los votos arrancados mediante las malas artes de la parapolítica fueron miles y miles, no nos queda más remedio que reconocer la ilegitimidad de Uribe al frente del Estado y que se quedan cortos quienes reclaman únicamente la revocatoria del Congreso: También el mandato del Presidente debe ser revocado.
Pero se quedan mucho más cortos aún los que creen que con una simple reforma que deje vacías en el Congreso las sillas de los parapolíticos se resolverán estos graves problemas. El país está urgido de una verdadera transformación institucional que blinde al Estado de estas aberrantes prácticas. Ello implica, entre otras cosas, elevar las penas contra el cohecho que se origina en el Ejecutivo, sancionar el tráfico de cuotas burocráticas, proscribir la financiación privada de las campañas electorales, hacer imperativa la participación ciudadana en la escogencia de los candidatos a toda elección popular y, para atraer el interés colectivo, recuperar el camino desandado con las reformas que han desvirtuado el carácter progresista de la Constitución del 91.
Todos estos cambios solo pueden esperarse de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa viene ganando terreno en la conciencia ciudadana y a garantizarle respaldo popular debe concentrarse el pensamiento democrático del país. Sin ella, solo queda esperar la hecatombe.
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