Por Rodrigo López Oviedo
Da risa ver cómo el presidente Uribe pretende mostrarse amigo de la pronta y cumplida justicia. Él, que ha participado en la violación de la Ley 4ª de 1992 al pretextar altos costos para no cumplirles a los empleados judiciales con la nivelación salarial que allí está ordenada, como si no fueran infinitamente superiores los costos en que recurrentemente incurre su Gobierno a través del Banco de la República para mantener el poder adquisitivo del dólar en provecho de las castas exportadoras, hoy viene a decretar el Estado de Conmoción Interior, presuntamente justificado en la impunidad en que quedarán no se sabe cuantos delitos, en los no se sabe cuántos criminales que están saliendo de las cárceles sin purgar su pena y en los otros muchos que no han podido entrar.
Olvida el señor Presidente que todos esos lamentables hechos no se dan a consecuencia de estas acciones reivindicativas, sino de la insuficiencia de recursos con que siempre ha sido dotada la Rama para la prestación de sus servicios y de la influencia en ella y en sus organismos auxiliares de algunos cuantos capos de la mafia.
En lugar de quejarse, Álvaro Uribe debería reconocer que Colombia ha sido siempre un santuario de la impunidad y que su propia reelección como Presidente de la República estuvo sustentada en actos de cohecho que, según parece, quedarán impunes para quienes delinquieron ofreciendo.
Uno de los grandes dueños del país, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, está feliz. Solo le bastó con insinuar la declaratoria del Estado de Conmoción Interior para que ese empleado sumiso que tienen las oligarquías en la Casa de Nariño expidiera, genuflexo, el decreto correspondiente, sin preguntarse si con este justo paro se estaba realmente alterando el orden público o atentando contra la seguridad nacional o haciendo peligrar la estabilidad de las instituciones.
Para qué preguntarse cosas de las cuales él sabía de antemano la respuesta negativa si de lo que se trataba era de ponerle fin a una justa acción reivindicativa que estaba exacerbando la paciencia de unos cuantos banqueros, a los que les resulta irritante tener que esperar por unos días más la solución de sus pleitos contra los ciudadanos que cayeron en sus garras crediticias.
Como este Decreto de Conmoción Interior se seguirá utilizando no solo para minar las posibilidades de lucha de los funcionarios judiciales, sino que también vendrá acompañado de nuevas medidas, ahora contra los corteros de caña que están levantados contra las oligarquías del azúcar y de los biocombustibles y luego contra cualesquiera otras manifestaciones de protesta social, derrumbarlo no puede ser tarea que se le deje exclusivamente a Asonal Judicial: se precisa de la acción de todas las fuerzas vivas, sindicales y democráticas de la nación, así como de las denuncias en la arena internacional. No hacerlo nos convierte en cómplices de que este instrumento dictatorial se siga utilizando para cercenar derechos cuyo respeto resulta fundamental para que los ciudadanos vean razonable mantener sus luchas dentro de los cánones de la razón y de las buenas costumbres y evitar que se desborden por caminos indeseados, muy seguramente no exentos de violencia, que a la postre resultaría justificada si se impide el uso de las herramientas civilistas que están consagradas en las leyes y en la misma Constitución.
Da risa ver cómo el presidente Uribe pretende mostrarse amigo de la pronta y cumplida justicia. Él, que ha participado en la violación de la Ley 4ª de 1992 al pretextar altos costos para no cumplirles a los empleados judiciales con la nivelación salarial que allí está ordenada, como si no fueran infinitamente superiores los costos en que recurrentemente incurre su Gobierno a través del Banco de la República para mantener el poder adquisitivo del dólar en provecho de las castas exportadoras, hoy viene a decretar el Estado de Conmoción Interior, presuntamente justificado en la impunidad en que quedarán no se sabe cuantos delitos, en los no se sabe cuántos criminales que están saliendo de las cárceles sin purgar su pena y en los otros muchos que no han podido entrar.
Olvida el señor Presidente que todos esos lamentables hechos no se dan a consecuencia de estas acciones reivindicativas, sino de la insuficiencia de recursos con que siempre ha sido dotada la Rama para la prestación de sus servicios y de la influencia en ella y en sus organismos auxiliares de algunos cuantos capos de la mafia.
En lugar de quejarse, Álvaro Uribe debería reconocer que Colombia ha sido siempre un santuario de la impunidad y que su propia reelección como Presidente de la República estuvo sustentada en actos de cohecho que, según parece, quedarán impunes para quienes delinquieron ofreciendo.
Uno de los grandes dueños del país, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, está feliz. Solo le bastó con insinuar la declaratoria del Estado de Conmoción Interior para que ese empleado sumiso que tienen las oligarquías en la Casa de Nariño expidiera, genuflexo, el decreto correspondiente, sin preguntarse si con este justo paro se estaba realmente alterando el orden público o atentando contra la seguridad nacional o haciendo peligrar la estabilidad de las instituciones.
Para qué preguntarse cosas de las cuales él sabía de antemano la respuesta negativa si de lo que se trataba era de ponerle fin a una justa acción reivindicativa que estaba exacerbando la paciencia de unos cuantos banqueros, a los que les resulta irritante tener que esperar por unos días más la solución de sus pleitos contra los ciudadanos que cayeron en sus garras crediticias.
Como este Decreto de Conmoción Interior se seguirá utilizando no solo para minar las posibilidades de lucha de los funcionarios judiciales, sino que también vendrá acompañado de nuevas medidas, ahora contra los corteros de caña que están levantados contra las oligarquías del azúcar y de los biocombustibles y luego contra cualesquiera otras manifestaciones de protesta social, derrumbarlo no puede ser tarea que se le deje exclusivamente a Asonal Judicial: se precisa de la acción de todas las fuerzas vivas, sindicales y democráticas de la nación, así como de las denuncias en la arena internacional. No hacerlo nos convierte en cómplices de que este instrumento dictatorial se siga utilizando para cercenar derechos cuyo respeto resulta fundamental para que los ciudadanos vean razonable mantener sus luchas dentro de los cánones de la razón y de las buenas costumbres y evitar que se desborden por caminos indeseados, muy seguramente no exentos de violencia, que a la postre resultaría justificada si se impide el uso de las herramientas civilistas que están consagradas en las leyes y en la misma Constitución.
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