ANTE ESAS ENCRUCIJADAS DEL ALMA

Por Rodrigo López Oviedo

Muy grandes deben ser los tormentos del presidente Uribe al ver cómo se le agota el tiempo para salir de la encrucijada en que humildemente confianza estar y a la que ha llegado por el deseo de sus admiradores de saberlo nuevamente ungido con la banda presidencial.

En por lo menos dos idiomas y muchas oportunidades, él ha dicho que no ve bien el perpetuarse en el poder y que sólo accedería a un tercer mandato en caso de presentarse una hecatombe. En esta afirmación ha resultado ser consecuente con lo afirmado en su primera campaña, cuando enfáticamente rechazaba la reelección.

Pero el Presidente es hombre que ama a su patria y eso lo ha llevado a mostrarse dispuesto a atenuar su alergia reeleccionista. Primero, accediendo a un segundo mandato para poder colocarle el moño a su casi coronada Seguridad Democrática. Y ahora, cuando está en la postrimería de los plazos, tendiendo una luz de esperanza sobre sus parciales al anunciarles su disposición a sacrificarse cuatro años más, sólo por la continuidad de sus programas.

No se trata de una decisión fácil. De dar el paso hacia el tercer mandato, su envidiable armonía familiar podría resentirse. Lina, Jerónimo y Tomás, ante esa vida llena de limitaciones que entraña el ser esposa y ser hijos del Presidente, podrían optar por buscarle una alternativa a tantas renunciaciones. Sobre todo Jerónimo y Tomás, a quienes debe de resultarles odioso que sus descomunales logros empresariales se vean menospreciados por el vulgo, que solo ve en ellos el efecto cascada del poder de su padre.

También el propio Presidente. Deseoso como está de ponerle fin a esa terrible responsabilidad que le impide tomar el canasto y, como cualquier parroquiano, echar pa´ la plaza tras la garrita de los fríjoles; que lo impele a ordenar chazadas y a sufrir falsos positivos; que lo arrastra a socorrer con zonas francas y demás gabelas tributarias a sus familiares y allegados; que lo empuja a favorecer con contratos y nóminas oficiales a quienes lo secundan en su amor a la patria; también el propio Presidente, digo, se vería afectado por su eutanásica resignación a aplazar por cuatro años más su condición de hombre que quiere vivir en libertad. ¡No hay derecho!

Para fortuna del Presidente y de su familia; de las Cortes, de los sindicatos, de la oposición y del periodismo independiente; y para infortunio de los “narcos” y los “paras” que han logrado sobreaguar en la impunidad; de tanto corrupto izado a las altas dignidades estatales; de los enemigos de los derechos laborales tumbados y por tumbar; en fin, para fortuna de unos e infortunio de otros, el Polo y el Partido Liberal están labrando acuerdos para que Uribe no sea castigado con la aprobación de un nuevo referendo, o para que, siéndolo, cada partido pueda salir a su rescate en la contienda presidencial, presentando un candidato propio, pero con el compromiso de unirse en la segunda vuelta en torno al que mayores votos saque en la primera. Sería deseable que por fuera de este acuerdo no se quedara nadie que quisiera ahorrarle al Presidente el sufrimiento de quedarse en el palacio de Nari, pudiendo dedicarse a disfrutar de esa felicidad de chalán que solo se vive en el Ubérrimo. Él se pondría feliz.

LEGALIDAD, ÉTICA Y MORAL

Por Rodrigo López Oviedo

Dejando al margen los intereses de clase, que son los determinantes del accionar parlamentario, expedir leyes que carezcan de vacíos, de contradicciones, de imprecisiones y de ambigüedades es la gran responsabilidad del Congreso. No se trata de nada fácil: Los muchos casos legislables que se presentan en la realidad hacen remota la posibilidad de que un cuerpo normativo los atienda todos y deje a los inescrupulosos sin un margen para la actuación indebida sin tener que infringir la ley.

Como leyes con tales características casi nunca se logran, su interpretación suele verse sometida a esfuerzos a través de los cuales el intérprete se ve obligado a analizar su letra en correspondencia con el espíritu que las encarnó, a establecer analogías y correspondencias con otras disposiciones, a traer a cuento jurisprudencias y doctrinas y, de vez en cuando, a dejar insatisfecho a uno que otro ciudadano con el resultado obtenido.

Pese a tales dificultades, los insalvables yerros siempre podrán hacerse menos dañosos si el esfuerzo se acompaña de una actitud sujeta a estrictos principios éticos y morales. No entenderlo así es lo que llevó al Ministro de Hacienda, doctor Oscar Iván Zuluaga, al desaguisado de marca mayor que cometió cuando, en compañía de otros ministros y funcionarios, rendía cuentas ante el Senado por las decisiones oficiales que condujeron a que un predio de los hijos de Uribe se revalorizara al diez mil por ciento.

En tal ocasión, el Ministro afirmó que “la ley es el único estándar para decidir si el funcionario público cumple con lo que le designó la sociedad”, que “la ética es la ley”, que “un funcionario no está para interpretar la ley sino para cumplirla” y que la Constitución solo le demanda responsabilidades a los funcionarios por infringir la Constitución y la ley. Lamentablemente olvidó que la misma Constitución pone a responder a las autoridades, además, por la omisión y la extralimitación en el ejercicio de sus funciones y las obliga a “ceñirse a los postulados de la buena fe”.

El Ministro bien sabía que ética y moralmente no podía salir avante en la defensa de su actuación permisiva ante el exagerado apetito de Simoncito y Jerónimo y optó por desconocer la importancia de tales imperativos y elevar la legalidad a la condición de “único estándar” de su comportamiento.

En tal contexto, la pulcritud y el decoro no son valores de importancia para el Ministro mientras los límites de su inobservancia no se extiendan al Código Penal. De acuerdo con sus afirmaciones, al Ministro sólo le importa que un acto cumpla con la ley, o al menos que no la viole. A él le parece innecesario diferenciar lo correcto de lo incorrecto; lo justo de lo injusto; lo conveniente de lo que no lo es. A él le resulta normal que se actúe en desmedro de la moral y de las buenas costumbres, así los actos, las extralimitaciones y las omisiones correspondientes impliquen engaño, trampa o mentira, siempre y cuando nada tengan que ver con hechos punibles. Esto ilustra suficientemente sobre la condición ética y moral del Ministro y sobre lo que estaría dispuesto a hacer en caso de ser puesto ante tal necesidad por los imponderables de la vida.

Lo peor es que en esa filosofía lo acompañaron las mayorías uribista del Senado.

ENTRE ANGLOGOLD Y EL TOLIMA

Por Rodrigo López Oviedo

Bastó con una insinuación del presidente Uribe para que el Ministerio de Ambiente le permitiera a Anglogold Ashanti continuar en la violación del Código de Minas, pero ahora sin violación.

Anglogold Ashanti es una firma surafricana que desde 2007 viene trabajando en el proyecto aurífero de la Colosa, municipio de Cajamarca, pese a existir prohibición legal a toda actividad minera en zonas de Reserva Forestal, condición que pesa sobre las tierras en donde está ubicado este proyecto.

Al percatarse de tal violación, pero especialmente al considerar su fuerte impacto ambiental sobre la cuenca del río Coello, su distrito de riego y los habitantes de Espinal, Guamo, Coello, Ibagué y Cajamarca, Cortolima ordenó la suspensión de la exploración, que ya iba en su cuarta y última fase, hasta tanto no se autorizara sustraer de la condición de reserva forestal los terrenos del proyecto.

Iniciados los trámites de sustracción, Cortolima presentó al Ministerio su concepto sobre el estudio ambiental de Anglogold, advirtiendo “diversas inconsistencias y deficiencias” y señalando que carecía, por ejemplo, de la estimación de las tendencias pluviométricas y de estudios de demanda sobre el recurso hídrico en la zona de influencia; de las condiciones de adaptabilidad de las especies vegetales y animales; de la especificación de las especies amenazadas y vedadas y de la articulación del proyecto con los tratados internacionales, con el Plan Nacional de Desarrollo y con todos los demás instrumentos jurídicos orientados a encausar apropiadamente las políticas medioambientales del país.

Nada importó este concepto de Cortolima, pues, en últimas, lo que interesaba era la opinión autorizada de Uribe, expresada, eso sí, no en su calidad de vocero de los colombianos, sino de representante de las trasnacionales, entre las cuales hay que generar “confianza inversionista”.

Algunas personas consideran que el triunfo de Anglogold no fue mucho porque de las 515,75 hectáreas que solicitó en sustracción, el Ministerio sólo le aprobó 6,39. Aquí hay una apreciación equivocada porque la extensión aprobada no corresponde a una zona integrada, sino a una sumatoria de zonas que en buena parte están representadas en caminos, campamentos, helipuertos, plataformas y pozos de exploración que fueron construidos en las fases anteriores del proyecto. Esto da a pensar que con las 6,39 hectáreas simplemente se le está saneando a Anglogold la situación irregular de haber intervenido ilícitamente la reserva forestal. Falta ver si esta sustracción deja en el aire la investigación que el Ministerio le había abierto en diciembre de 2008 por tal irregularidad.

Pero bueno, el problema de fondo no es el de unas hectáreas de más o de menos, sino el de definir lo que pasará cuando se confirme la existencia de las riquezas que Anglogold está buscando. ¿Será que el Estado entonces sí asumirá la defensa de la reserva forestal y de lo que ella significa para los habitantes que dependen de las cuencas y micro cuencas que se verían afectadas con la explotación aurífera? ¿Será que sopesará los beneficios enormes con que se lucrará Anglogold con los escasos que en materia de empleo les llegará a los habitantes de la región y los invaluables daños ecológicos que producirá el cianuro, el mercurio y la explotación aurífera en general? ¿Será que el Gobierno hará prevalecer el interés general sobre el de Anglogold? Ese sí es el tema de discusión.

LOS HIJOS DE URIBE

Por Rodrigo López Oviedo

La extrema juventud de Tomás y de Jerónimo no ha sido óbice para que los colombianos reconozcamos en estos muchachos los dones y agallas que cualquiera necesita para alcanzar lo que se proponga, incluidas las altas dignidades estatales. De proponérselo, ellos podrían coronarlas.

La primera demostración la dieron al convertir un modesto almacencito de artesanías en una esplendida comercializadora internacional. Por eso resulta incomprensible que ahora nos sorprenda ver que la “confianza inversionista”, que en ellos ha depositado Uribe, la aprovechen para transformar una chagrita de 30 millones de pesos en una parcela industrial con todo y doble calzada, tren de cercanías y régimen de zona franca incluidos, y una valorización de tres mil milloncitos de pesos. ¡Qué envidia!

Tal vez lo único que justifique tanta incomprensión ante el desarrollo de ese predio, ¡que requirió de casi dos años para revalorizarse en solo un diez mil por ciento!, tal vez lo único que la justifique, además de la inevitable envidia, sea la aviesa conjetura de que los actos administrativos que condujeron a ello no se habrían producido si de por medio no hubieran estado los hijos del Presidente y algunos cuantos funcionarios dependientes de él o afines a sus banderas. De ser cierta esa conjetura, podríamos anticipar que tales actos administrativos no generarán consecuencia jurídica alguna a los implicados, y menos al Presidente, de quien todo podemos esperar, menos que haya sido un mero testigo de los hechos.

Dos casos que todavía el país recuerda con malestar, pero que los inconformes con lo aquí comentado podrían considerar irrelevantes, produjeron graves consecuencias históricas. El primero de ellos comprometió a López Pumarejo, quien tuvo que renunciar en su segundo mandato ante el escándalo protagonizado por su hijo Alfonso con los fideicomisos de la Handel. El segundo, a López Michelsen, quien, siendo presidente, tuvo que ver impotente cómo su partido perdía las elecciones presidenciales siguientes ante el escándalo suscitado por una carretera que su Gobierno extendió hasta la hacienda La Libertad, propiedad de sus hijos.

Esas eran otras épocas, por supuesto. El país de entonces, aunque sumido en mil problemas, no había caído aún en la pérdida de su dignidad como nación. El de hoy, deshonrado por tanto funcionario inescrupuloso, ha perdido incluso la noción del bien y del mal y asiste impávido a inmoralidades que en otras latitudes darían lugar a que los medios, sin ningún temor a provocar las consecuentes protestas ciudadanas, expusieran sus denuncias en forma esclarecedora, en lugar de opacarlas mediante la inteligente “combinación de todas las formas de duda”, como ocurre entre nosotros.

Por eso se hace necesario el relevo en el manejo de los destinos nacionales. Relevo que no solo implica el cambio de personajes y de actitudes morales, sino también el de intereses de clase, que es en últimas lo que puede garantizar el advenimiento de una democracia real y sólida, como solo puede serlo si se inspira en el propósito de resolver los problemas de las grandes mayorías.

El Polo Democrático Alternativo constituye para muchos la opción que se orienta a tal relevo. Pero solo podrá alcanzarlo si se acompaña del máximo de organización, de unidad y de controles que eviten que a las mieles del poder conquistado lleguen oportunistas que puedan sustituir el interés de las mayorías por sus propios intereses.