MOTIVOS PARA LA INDIGNACIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Indigna que el Alto Gobierno se rasgue las vestiduras porque supuestamente las organizaciones indígenas colombianas han recibido “recursos del exterior” para financiar sus movilizaciones y porque los congresistas de la oposición van a la trinchera popular a respaldar las luchas de quienes fueron sus compañeros y camaradas de ayer.

Proviniendo de personajes como Álvaro Uribe, los primos Santos o Diego Palacio, tales comentarios debemos verlos simplemente como una consecuente posición de clase. Bien sabemos que ellos están en los actuales puestos de mando, no por gratificación ante los servicios que le hayan prestado a la patria –que para ello hubiera sido suficiente con alguna portería-, sino para que desde allí defiendan los intereses de su clase con el mismo enjundioso empeño con que han defendido los propios.

Lo que no está bien es que se olviden del debido respeto a la dignidad personal y a las buenas costumbres y que lancen sindicaciones contra personalidades y organizaciones que no han incurrido en conductas que resulten reprobables.

Porque si el propio Presidente Uribe mantiene humillándose en el exterior con una totuma y la rodilla en tierra a ver si consigue con qué financiar sus programas oligárquicos, cómo les censuran a las comunidades indígenas que reciban, si es que han recibido, recursos originados en la solidaridad de organizaciones hermanas que conservan vigentes los principios del internacionalismo.

¿Será que creen que no sabemos que el Plan Colombia se financia con oro gringo y bota militar estadounidense, y que con tal de que fluyan abundantes recursos para la guerra nos les importa cuánta sangre de colombianos haya que derramar y cuántas organizaciones desaparecer?

Indigna, igualmente, la persecución lanzada por el Gobierno contra el Polo Democrático. Bien sabemos que con ella solo busca castigarle que sus congresistas estén haciendo lo que deben hacer: intensificar su ligazón con las luchas del pueblo y utilizar la tribuna congresual como escenario de denuncia ante los continuos atropellos oligárquicos, mientras logran superar las limitaciones de aritmética parlamentaria que les impiden convertirla en instrumento para la creación de un nuevo ordenamiento normativo que sirva al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

Por eso debemos rechazar que el DAS sea convertido en instrumento de persecución política contra la oposición y que las denuncias del polista senador Gustavo Petro no tengan más consecuencia que la encubridora renuncia de la Directora de ese Organismo. El Presidente Uribe debe responder personalmente, pues en varias ocasiones se ha dejado descubrir en sus anhelos de ver judicializada a la oposición. Estando el DAS adscrito a su Despacho, entre tales anhelos y la persecución al Polo no queda más distancia que la que hay entre el corazón que desea, la cabeza que ordena y la mano que ejecuta.

Complementariamente, debemos exigir que se ponga fin a la persecución desatada contra los senadores Alexander López y Gustavo Petro, así como el inmediato retorno a la libertad de los dos asesores de López que, al igual que tres dirigentes corteros de caña, fueran injustamente sometidos a detención domiciliaria bajo la sindicación de terrorismo y asociación para delinquir, que es como se denomina ahora a toda acción social que esté orientada a reivindicar los derechos que están claramente consagrados en la Constitución Nacional.

Ser tolerantes con esas prácticas uribistas nos precipitará por el despeñadero fascista.

EL POLO QUE NECESITA COLOMBIA

Por Rodrigo López Oviedo

La agresiva campaña de desprestigio a que ha sido sometido el Polo Democrático Alternativo desde su nacimiento ha confundido a algunos cuantos simpatizantes. A estos camaradas hay que invitarlos a la calma. Los personeros del establecimiento siempre encontrarán motivos para venirse contra las organizaciones de izquierda, y más aun cuando éstas van calando en el sentimiento popular. Por eso, debemos estar tranquilos. Si las actuaciones del Polo, especialmente las de sus bancadas, no tuvieran la importancia que han tenido, su menguado éxito habría motivado iguales dardos, pero reforzados con el veneno de las inculpaciones.
Afortunadamente el Polo nació advertido de que en la lucha le esperan ásperos enfrentamientos. En sus ataques, algunos contradictores no ahorran esfuerzos ni recursos, incluidos los de la guerra sucia. Otros, más taimados, disimulan sus embates tras aparentes consejos, con los cuales pretenden que el Polo cambie sus propósitos de redención real por caricaturas de redención y entregue sus banderas a tales o cuales tendencias con el supuesto fin de garantizar su supervivencia. Unos y otros saben del peligro que representa el pueblo cuando va encontrando los causes de la unidad, y para impedirla cualquier pretexto les parece bueno, como bueno cualquier procedimiento.
La única respuesta válida para todos ellos es la de perseverar en el propósito que le dio origen al Polo, cual es el de convertirse, como lo viene logrando, en alternativa real de poder y en instrumento rector de los cambios revolucionarios que requiere el país. Esto implica romper con el protagonismo oligárquico en la toma de las decisiones estatales y poner en su lugar al hombre de a pié. Implica darle prioridad a las necesidades de las grandes masas antes que lucro al capital. Implica resolver los problemas generadores de la guerra para que los ciudadanos no tengan que acudir de nuevo a ella. E implica sentar las bases de una autentica democracia, que tenga en las organizaciones de los trabajadores, de los estudiantes y de las comunidades en general su basamento fundamental, y en las iniciativas de éstas el norte orientador de las acciones del Estado.
No se trata de compromisos fáciles de atender, sobre todo cuando se sabe que dentro del Polo conviven disímiles posturas ideológicas y políticas, así como prácticas caudillistas y clientelistas que son el reflejo de los viejos estilos de la política tradicional. Tratándose de un partido en formación, es lógica la existencia de ese tipo de manifestaciones. Lo grave sería no advertirlas ni reconocer en ellas el obstáculo que representan para los fines que se buscan.
Pero sería más grave aún no advertir la existencia paralela de auténticos bastiones revolucionarios que presionan para que el Polo asuma un papel que, yendo más allá de la simple oposición al Gobierno, ofrezca un programa de transformaciones democráticas orientadas al socialismo.
Es precisamente esa tendencia socialista y sus móviles la que motiva los ataques del establecimiento. Es esa tendencia socialista contra la que están cerrando filas quienes quisieran congelar la situación nacional en el estado de oprobio que hoy pesa sobre las grandes mayorías. Afortunadamente, importantes destacamentos de defensa de esa tendencia se vienen vertebrando y haciendo fuertes, y a la cabeza de ellos se encuentra el maestro Carlos Gaviria. Este domingo 26 de octubre, los colombianos tendremos la oportunidad de estimularla con nuestro voto.

REPERCUSIONES DEL DECRETO DE CONMOCIÓN INTERIOR

Por Rodrigo López Oviedo

Da risa ver cómo el presidente Uribe pretende mostrarse amigo de la pronta y cumplida justicia. Él, que ha participado en la violación de la Ley 4ª de 1992 al pretextar altos costos para no cumplirles a los empleados judiciales con la nivelación salarial que allí está ordenada, como si no fueran infinitamente superiores los costos en que recurrentemente incurre su Gobierno a través del Banco de la República para mantener el poder adquisitivo del dólar en provecho de las castas exportadoras, hoy viene a decretar el Estado de Conmoción Interior, presuntamente justificado en la impunidad en que quedarán no se sabe cuantos delitos, en los no se sabe cuántos criminales que están saliendo de las cárceles sin purgar su pena y en los otros muchos que no han podido entrar.

Olvida el señor Presidente que todos esos lamentables hechos no se dan a consecuencia de estas acciones reivindicativas, sino de la insuficiencia de recursos con que siempre ha sido dotada la Rama para la prestación de sus servicios y de la influencia en ella y en sus organismos auxiliares de algunos cuantos capos de la mafia.

En lugar de quejarse, Álvaro Uribe debería reconocer que Colombia ha sido siempre un santuario de la impunidad y que su propia reelección como Presidente de la República estuvo sustentada en actos de cohecho que, según parece, quedarán impunes para quienes delinquieron ofreciendo.

Uno de los grandes dueños del país, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, está feliz. Solo le bastó con insinuar la declaratoria del Estado de Conmoción Interior para que ese empleado sumiso que tienen las oligarquías en la Casa de Nariño expidiera, genuflexo, el decreto correspondiente, sin preguntarse si con este justo paro se estaba realmente alterando el orden público o atentando contra la seguridad nacional o haciendo peligrar la estabilidad de las instituciones.

Para qué preguntarse cosas de las cuales él sabía de antemano la respuesta negativa si de lo que se trataba era de ponerle fin a una justa acción reivindicativa que estaba exacerbando la paciencia de unos cuantos banqueros, a los que les resulta irritante tener que esperar por unos días más la solución de sus pleitos contra los ciudadanos que cayeron en sus garras crediticias.

Como este Decreto de Conmoción Interior se seguirá utilizando no solo para minar las posibilidades de lucha de los funcionarios judiciales, sino que también vendrá acompañado de nuevas medidas, ahora contra los corteros de caña que están levantados contra las oligarquías del azúcar y de los biocombustibles y luego contra cualesquiera otras manifestaciones de protesta social, derrumbarlo no puede ser tarea que se le deje exclusivamente a Asonal Judicial: se precisa de la acción de todas las fuerzas vivas, sindicales y democráticas de la nación, así como de las denuncias en la arena internacional. No hacerlo nos convierte en cómplices de que este instrumento dictatorial se siga utilizando para cercenar derechos cuyo respeto resulta fundamental para que los ciudadanos vean razonable mantener sus luchas dentro de los cánones de la razón y de las buenas costumbres y evitar que se desborden por caminos indeseados, muy seguramente no exentos de violencia, que a la postre resultaría justificada si se impide el uso de las herramientas civilistas que están consagradas en las leyes y en la misma Constitución.

CUBA: UNAS ELECCIONES EJEMPLARES

Por Rodrigo López Oviedo

Para ejemplo del mundo, el 96 por ciento de los cubanos mayores de 16 años salieron este domingo a cumplir con el deber ciudadano de elegir entre los candidatos de su predilección a los que habrán de desempeñarse como miembros de las Asambleas Provinciales y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Índices de participación de esta envergadura no pueden ser exhibidos por ningún otro país, a pesar de los ingentes recursos económicos que suelen derrocharse en las campañas.

La vida electoral en Cuba es sumamente atípica. Allí las campañas están orientadas a que los electores fijen su atención específicamente en la calidad intrínseca de los candidatos, en sus iniciativas y en las orientaciones generales que a su juicio deben dárseles a los destinos de la nación. Para los cubanos son desconocidas las promesas electoreras, la compra de votos, los derroches multimillonarios en campañas publicitarias y los demás distractores a través de los cuales es tan frecuente que se persiga entre nosotros enajenar la voluntad del elector.

Entre los candidatos cubanos no es frecuente que se escuchen diatribas o descalificaciones ni que se les vea hurgar en la vida privada de los demás competidores. Toda la parafernalia que es tan común en otros países, y con la cual se busca embolatar al ciudadano, se reduce en Cuba a asambleas esclarecedoras, celebradas en cada circunscripción electoral, en las cuales los ciudadanos postulan a sus candidatos. Ya en campaña, estos se dedican con exclusividad a la presentación y defensa de sus iniciativas, siendo indispensable que lo hagan en reuniones proselitistas a las cuales haya sido convocada la totalidad de los candidatos, pues no está autorizada la campaña de ninguno de ellos a espaldas de los demás.

La propaganda oficial, tanto la del Estado como la del Partido Comunista (que no está autorizado para candidatizar a nadie), se circunscribe exclusivamente a la presentación masiva de las fotografías y de los resúmenes biográficos de todos los candidatos y a animar la participación ciudadana, sin que se puedan hacer insinuaciones que vayan a favor o en contra de alguno de ellos.

A diferencia de lo que ocurre en Colombia, la actividad electoral entre los cubanos no está circunscrita al mero acto de votar por los candidatos que los cacaos de la política le impongan. Muy por el contrario, ese pueblo sabe y siente que su sistema electoral promueve verdaderamente su participación democrática al facultarlo para escoger a los candidatos, postularlos, elegirlos y controlarlos, pudiendo incluso revocarles el mandato cuando quiera que incurran en fallas en el desempeño de sus funciones. En esto aventajan a la casi totalidad de los países del mundo, en los cuales la elección se hace por períodos específicos, sin que pueda voluntad alguna oponerse a su culminación, salvo que existan fallos judiciales que así lo ordenen.

Las campañas son, entonces, una auténtica escuela de democracia. A través de ellas, los cubanos elevan su conciencia sobre los problemas, las alternativas y los recursos disponibles para resolverlos, lo cual les da fundamento sólido para decidir acerca de los candidatos que a su juicio han de conducir el país. Esto explica que la participación electoral, siendo libre, sobrepase los niveles de cualquier otra parte del mundo, llegando en esta ocasión, como ya se dijo, al 96 por ciento. ¡Qué envidia!

LA MINGA SOCIAL Y COMUNITARIA

Por Rodrigo López Oviedo

Son de tanta justeza los reclamos que vienen haciendo las comunidades indígenas, hoy movilizadas en lo que ellas han denominado La Minga Social y Comunitaria, que a cualquier Gobierno decente del mundo le daría vergüenza ser objeto de ellos.

Lo que hoy reclaman es nada en comparación con lo que merecen quienes fueron dueños exclusivos de lo que por aquí existía hasta cuando la diosa fortuna les llenó el vecindario de extraños jinetes que con cruces y espadas les expropiaron lo suyo.

El primero de esos reclamos está relacionado con el derecho a la vida. Según sus cuentas, en lo que va corrido de los dos mandatos de Uribe, el exterminio a que vienen siendo sometidos ha dejado sin vida a 1240 miembros de sus comunidades.

El segundo tiene que ver con sus propias comarcas, hoy sometidas, de un lado, a la presión de los grandes inversionistas, lícitos e ilícitos, que con sus megaproyectos buscan lucrarse de la ajena y rica biodiversidad del hábitat indígena, y del otro, a la presión del mismo Gobierno que, parapetado tras el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, la Ley de Aguas y el Código Minero, pretende mostrarse como protector de los indígenas, cuando realmente ha demostrado ser un poderoso instrumento al servicio de esos inversionistas.

Y están reclamando también el cumplimiento de acuerdos firmados e incumplidos por diferentes Gobiernos, no solo en materia de devolución y titulación de tierras ancestralmente poseídas por ellos, sino, además, en relación con inversiones en infraestructura, salud, y derechos humanos.

Por eso no se nos haga raro que, pese al notable triunfo que para ellos representa la reversa del Gobierno en su rechazo a atender estos justos reclamos, materializada en la decisión de acceder a la compra de algunas tierras (pero recateando el precio, Ministro, que ya la olla está raspada), no se nos haga raro que los indígenas se mantengan firmes en su Minga y en su decisión de hacerse respetar del Presidente Uribe y de su Jefe de Policía, quienes no ahorran en epítetos -como el de terroristas, apéndices de la guerrilla y siervos de potencias extranjeras (?)- ni en esfuerzos para infiltrarles agentes de las Fuerzas Armadas con el fin de hacerles montajes que permitan “demostrar” los propósitos terroristas y desestabilizadores que los acompañan en sus protestas.

A este propósito, como de seguro los comandantes del Ejercito van a negar que hayan ordenado infiltrar estas comunidades, la Fiscalía debería asumir la investigación del soldado profesional Jairo Danilo Chaparral Santiago, quien fue detenido por los indígenas en una de sus comunidades con un morral que contenía uniformes camuflados, radios de comunicación, manuales de instrucción y explosivos. Chaparral Santiago debe dar cuenta de las personas que le ordenaron infiltrarse y de las demás que estén implicadas en tan dañosa conducta. Una cosa es el trabajo de inteligencia y otra muy distinta este tipo de provocaciones.

Para que no queden dudas de que el interés de los indígenas no gira exclusivamente en torno a tierras y de que la credibilidad que le dan a las promesas presidenciales no es mucha, sus autoridades han resuelto llevar hoy su Minga a la ciudad de Cali, donde formarán frente común con los corteros de caña. Ojalá se encuentren con la compañía solidaria de buenos destacamentos populares.

JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE

Por Rodrigo López Oviedo

La Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se celebra este siete de octubre por convocatoria de la Confederación Sindical Internacional, tiene el propósito de promover una actitud empresarial que esté sustentada en la dignificación del trabajo y en la elevación del nivel de vida de los trabajadores.

Sobre el tema de “Trabajo decente” se viene hablando desde la Conferencia de la OIT que se celebró en Ginebra en 1999. Como miembro de ese Organismo, nuestro país está obligado a darles cumplimiento a sus conclusiones y, en consecuencia, a brindar oportunidades para que hombres y mujeres “puedan obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana”, como lo rezan sus documentos.

No son muchas las diferencias que podríamos encontrar entre el “trabajo decente” que promueve la OIT y nuestras disposiciones constitucionales sobre “Trabajo en condiciones dignas”. Las características de ambos conceptos podríamos resumirlas en estabilidad laboral, en salarios justos, en el pago de las primas y las prestaciones de ley, en afiliación a las entidades de salud, de pensiones y de riesgos profesionales, en la erradicación de todo tipo de discriminación al enganche y durante la permanencia del vínculo laboral, en la especial protección al trabajador con minusvalías, en la prohibición del trabajo infantil, en indemnizaciones justas por despido injusto, en el derecho del trabajador a constituir sindicatos y a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.

Todas estas características del trabajo digno o decente están señaladas claramente en nuestro ordenamiento legal, pero por desgracia carecemos de las herramientas apropiadas para hacerlas cumplir. Además, como quien hace la ley hace la trampa, están acompañadas de otras normas que facilitan su violación. El caso más aberrante lo constituye la normatividad sobre cooperativas de trabajo asociado. En general, estas cooperativas no solo desvirtúan la esencia solidaria del cooperativismo, sino que atentan contra el movimiento obrero al crearle un sistema de paralelismo laboral que abarata la contratación, crea obstáculos tanto para la organización sindical como para la defensa de las condiciones laborales y deteriora la calidad del empleo.

Si a lo anterior se suma el hecho de que las bancadas del uribismo han impedido la expedición del Estatuto del Trabajo, que está ordenado en el artículo 53 de nuestra Constitución, no debemos extrañarnos de que solo el 40 por ciento de los trabajadores estén afiliados a entidades prestadoras de servicios de salud, el 32 por ciento a las de riesgos profesionales y el 26 a los fondos de pensiones, mientras que solo el 3,49 por ciento de nuestros ancianos goza de una pensión, el 4,79 de los trabajadores que cuentan con un contrato formal están afiliados a una organización sindical y los que están protegidos con contratos colectivos no sobrepasan el 1,32 por ciento.

Este oscuro panorama quedaría incompleto si no indicáramos que el salario mínimo en Colombia solo alcanza para atender el 51 por ciento del valor de la canasta familiar de estratos bajos, mientras que una familia de ingresos medios necesita de casi cinco de ellos para adquirir su propia canasta.

Como la inmensa mayoría de los colombianos está lejos de contar con un trabajo decente, necesitamos de profundos cambios, seguramente de carácter socialista, para conquistar tal derecho. Ah, y mientras tanto, de una participación masiva en este tipo de jornadas.

CUBA NECESITA DE COLOMBIA

Por Rodrigo López Oviedo

Si se hiciera un balance de lo que ha significado la solidaridad entre los pueblos del mundo y se elaborara el correspondiente escalafón de méritos, Cuba destacaría en lugares de preeminencia. Mucho ha sido lo que le ha aportado la Isla a los movimientos de liberación de diversos países del Tercer Mundo, pero infinitamente más lo que les ha entregado a numerosos pueblos, sin considerar las condiciones ideológicas o políticas de sus gobiernos. Incluso Estados Unidos ha recibido pruebas de esa generosidad desbordada cuando quiera que las iras de la naturaleza se han ensañado contra sus nacionales, como ocurrió con el huracán Katrina, que le causó la muerte a mil 836 norteamericanos y destrozos cuantificados en 75 mil millones de dólares.

La presencia médica desplegada por Cuba para atender a las víctimas del terremoto que dejó en ruinas a la ciudad de Armenia, las campañas que redujeron a cero el índice de analfabetismo en Boyacá y las becas que le han permitido a buena cantidad de compatriotas estudiar en la Isla dan cuenta del beneficio solidario que hemos recibido los colombianos de este hermano pueblo.

En aspectos relacionados con la salud, los cubanos han beneficiado gratuitamente a sectores marginados de más de 160 países, siendo especialmente importante destacar los aportes del programa “Operación Milagro”, realizado en alianza con el gobierno de Hugo Chávez, a través del cual incontable número de enfermos oculares han podido viajar a Cuba y recibir la intervención quirúrgica y el tratamiento postoperatorio que les han permitido regresar a sus patrias con la visión restablecida y sin haber tenido que sufragar un solo peso.

Gracias al programa cubano “Yo sí puedo”, miles de ciudadanos del mundo han logrado salir gratuitamente del analfabetismo, e incluso algunos países han obtenido con esta ayuda el reconocimiento de estar libres de tan lamentable flagelo. Así mismo, más de 45 mil humildes jóvenes de distintas partes del mundo han podido romper la desesperanza que en materia de educación universitaria les ofrecían sus respectivos países y adelantar en Cuba estudios en el campo de la salud especialmente, pero también en otras disciplinas profesionales.

Ese generoso pueblo está pasando en estos días por una dolorosa prueba. La naturaleza, que en el Caribe parece desplegar una peculiar rudeza, ha golpeado su geografía con especial saña, anegando campos y sembrando de destrucción pueblos enteros. Sólo ese sentido previsor, que únicamente es posible encontrar en un estado socialista, ha permitido que los últimos huracanes solo hayan ocasionado cuatro muertos, cuando los mismos fenómenos han dejado centenares de cadáveres en otras latitudes, incluyendo a Estados Unidos.

Desafortunadamente, ese cuadro positivo en lo humano no se repite en lo material. El valor económico de las pérdidas sobrepasa las posibilidades de un Estado que ha sufrido el bloqueo de Estados Unidos por casi 50 años, pese al cual ningún cubano ha dejado de satisfacer sus necesidades básicas, pero que sí le resta posibilidades al Gobierno de intervenir en la pronta reconstrucción de lo perdido.

La ocasión es propicia para que la humanidad entera, y por supuesto Colombia, exija, agradecida, el levantamiento de ese bloqueo imperial. Ello permitiría que los cubanos no solo pudieran atender las demandas derivadas de estos embates naturales, sino también contar con posibilidades de emulación que les permitieran demostrar libremente las bondades del socialismo.

HACIA UN MUNDO SIN DROGAS

Por Rodrigo López Oviedo

De la reunión de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, celebrada en Bogotá durante los pasados tres y cuatro de septiembre, se esperaban conclusiones que dieran cuenta no solo de la calidad de sus miembros, sino también de la gravedad del fenómeno bajo su estudio. Como bien se sabe, de esta Comisión hacen parte personalidades de la talla de los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, Alfonso Cedillo y Cesar Gaviria. Los resultados no fueron los esperados, pero debe abonárseles a los comisionados que hayan llegado a reconocer los mil fracasos con que está quedando empedrado el camino de la penalización de este flagelo.

Dice John Stuart Mill que “El único propósito para ejercer correctamente el poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es evitar el daño a otros. (…) Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano”. Si bien el tráfico de drogas afecta la vida en sociedad, los adictos no están animados del deseo de dañar a otros ni de impedirles el disfrute de los bienes y derechos creados por el hombre o apropiados de la naturaleza. Al contrario, siendo víctimas de una sociedad que no hace lo suficiente por preservar a sus miembros de lo que puede afectarlos, ellos ni siquiera se quejan de tal cosa; y si acaso terminan infringiendo alguna norma, es solo a consecuencia de las restricciones que encuentran y de la represión de que son víctimas.

No se crea por lo anterior que la sociedad deba permanecer impávida ante las nocivas manifestaciones de este fenómeno. Sin embargo, ha sido la represión la que menos triunfos le ha permitido mostrar, pues el problema a la larga se viene robusteciendo. Vale la pena estudiar la experiencia de países como Estados Unidos, en donde 34 de sus Estados han aprobado leyes permisivas al consumo de marihuana, dado su valor terapéutico; o como Suiza, en donde el gobierno de algunas de sus ciudades provee de heroína y otras drogas a los adictos; o como Holanda, donde se suministra metadona a los consumidores de opiáceos y jeringas para prevenir el SIDA.

Todo lo que se haga por acabar con la clandestinidad del consumo contribuirá a reducir sus manifestaciones criminales. Pero resultará insuficiente si no se rompe también con la clandestinidad a que está sometido el tráfico, ya que ninguna pena, de ningún país del mundo, ha resultado suficiente para disuadir a quienes persiguen las altas ganancias con que se premia a quienes logran burlar leyes y fronteras.

La cada vez más extendida mancha que cubre cuanta institución oficial pueda ser utilizada para irradiar su poder criminal y el cortejo de sangre que su represión exacerba se han convertido en grito desgarrador que demanda prontas y efectivas respuestas. Solo la despenalización internacional del tráfico puede reducir las conmociones propias de este negocio a las justas proporciones de su mercado. Y aunque esta política tienda a elevar el número de adictos, con certeza disminuirá la gravedad de las adicciones y el número de víctimas fatales.

Habría sido bueno que la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia hubiera acordado abrir un debate internacional sobre la despenalización del tráfico de drogas. Un mundo sin este flagelo solo es posible alcanzarlo con soluciones que trasciendan las fronteras nacionales.

MARCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA

Por Rodrigo López Oviedo

Probablemente por estar interesado en rodearse de ese halo de niño terrible con el que nadie se mete, o tal vez deseoso de desviar el interés que han despertado las investigaciones de la narcoparapolítica o de silenciar los escándalos de algunos de sus valencia cossios o de ciertas visitas atendidas en Palacio, al Presidente Uribe lo hemos visto acentuar su condición de camorrero impenitente. Parece que confundiera la Casa de Nariño con un cuadrilátero desde el cual se pueden lanzar guantazos a diestra y siniestra, eso sí, sin permitirles opción de defensa a sus víctimas.

Los golpes preferidos por el Mandatario han sido los rectos de derecha; y aunque hasta el presente nadie se ha visto seriamente lesionado con ellos, salvo algunos cuantos generales amigos que dejaron colar alguna información impublicable, sus efectos sí se han hecho sentir en el rostro de la Justicia, en el hígado de la oposición y en el periodismo independiente, que han resultado ser los contendientes que prefiere vapulear.

Para fortuna del Presidente, no solo ha resultado victorioso en todos esos lances, sino que existe la posibilidad de obtener unas cuantas victorias más, pues el grupo de los que las corean y estimulan, el roscouribismo, se va haciendo más robusto en la medida en que aparecen nuevos sondeos de opinión que confirman su popularidad en ascenso, así sea solo entre los colombianos que, por poseer finca de recreo y carro para visitarla, tienen la posibilidad de recibir los beneficios de la seguridad democrática y garantías para la inversión.

Quienes no pertenecen a tan selecto grupo deben resignarse con las limosnas asistencialistas de Familias en Acción o con los servicios sisbenizados de salud, donde se les ofrece acceso a la cuarta parte o a la mitad de un POS que ni siquiera en su totalidad es suficiente para atender dignamente las necesidades de un paciente.

Claro que la resignación no es tanta, como lo prueban, por ejemplo, las luchas protagonizadas por la población indígena, las acciones de los viviendistas, los paros de los camioneros y las movilizaciones estudiantiles.

A propósito de luchas, en este momento recorre el país una vigorosa Marcha contra el Hambre y la Pobreza, que salió de Popayán el pasado 28 de agosto, rumbo a Bogotá, con el propósito de recoger, a su paso por las distintas localidades, las inquietudes de la población y consignarlas en un Pliego Nacional Unificado que le será entregado al Gobierno Nacional, luego de su consolidación en el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales que se realizará en Bogotá entre el 13 y el 14 de septiembre.

A su llegada a Ibagué, prevista para las diez de la mañana del ocho de septiembre, la Marcha será recibida en Boquerón y se la acompañará hasta la concentración popular que se efectuará en el Parque Murillo Toro, donde confluirá otro desfile que partirá a la misma hora de la Universidad del Tolima. A las tres de la tarde, en la misma Universidad del Tolima, las organizaciones sociales entregarán los aportes con que participarán los tolimenses en el Pliego Nacional.

Ojalá que muchos ibaguereños contribuyan a engrosar la Marcha. Solo con la movilización puede garantizarse que las iras del niño terrible no se descarguen contra ella y que el Pliego Unificado reciba la atención que merece.

PARAGUAY DESPIERTA

Por Rodrigo López Oviedo

No pudo ser más significativa la expresión con que Fernando Lugo, el nuevo presidente paraguayo, cerró la alocución que hubo de pronunciar con motivo de su posesión: ¡Despierta, Paraguay!

Durante prácticamente todo su discurso, pronunciado en sandalias de franciscano en lugar de las ostentaciones de costumbre, el nuevo Primer Mandatario hizo alusión a los grandes compromisos que tendrá que enfrentar con motivo de su elección del pasado 20 de abril, luego de una hegemonía oligárquica del Partido Colorado que duró 61 años, durante los cuales hubo espacio hasta para siete lustros de terror (1954 – 1989) a manos de la dictadura de Alfredo Stroessner Mattiauda.

Ese 20 de abril, al quedar ungido con el cargo más importante de la nación, Fernando Lugo se comprometió “a no desperdiciar el esfuerzo, a no fallar en el rumbo, a no bajar los sueños del supremo altar de la esperanza”. Se refería por supuesto al esfuerzo de los nueve partidos políticos, de las cinco centrales sindicales y de las innumerables organizaciones sociales que, un 17 de julio de 2007, se unieron en la Alianza Patriótica para el Cambio con el fin de llevar a la Presidencia de la República a éste ex obispo militante de la Teología de la Liberación, que desde el púlpito había encarnado el propósito de buscarles solución a los inmensos problemas que han hecho cayo en el alma paraguaya.

Esos esfuerzos deberán orientarse a que el país deje de ser de los más corruptos del continente, de los de menos transparencia en el manejo de la cosa pública, de los de mayor concentración latifundista, de los de saldo menos satisfactorio en las variables de desarrollo humano, de los más atrasados en las metas del milenio y de los más carentes de mejoría en el nivel de vida de sus pobladores, no obstante el crecimiento económico alcanzado en los últimos años.

Fernando Lugo, sin embargo, fue claro en señalar que, pese a los propios esfuerzos que pondrá en la tarea de conseguir tan importantes objetivos, necesitará del “ladrillo que cada paraguayo tiene en sus manos”. Tiene razón. La historia reciente de nuestra América, o al menos la de la América que está al sur del Río Bravo, ha demostrado que resulta imposible encontrar solución a sus males y carencias sin contar con el concurso organizado de todo el pueblo y sin orientarlo a acabar con el universo de privilegios que las minorías oligárquicas, amparadas en las ventajas que da el usufructo del gobierno, han logrado crear y defender.

Solo mediante ese concurso entusiasta puede el Mandatario sentir protección ante los riesgos que le son propios a un proceso que tiene que alcanzar connotaciones revolucionarias, si efectivamente busca los objetivos anotados. Pero debe ser un concurso vigilante y exigente; atento a la detección de cualquier halago proveniente de los usufructuarios del statu quo, que haga caer al líder en la tentación de trocar los intereses colectivos por los intereses personales y llevar a su pueblo a una lamentable frustración histórica. Por eso la mejor actitud que deben asumir los paraguayos en esta coyuntura que se les abre generosa es la de celebrarla con entusiasmo como lo vienen haciendo, al lado de sus organizaciones y de sus líderes, pero permaneciendo despiertos, como los ha invitado a que permanezcan su hoy presidente Fernando Lugo.

EL POLO PREPARA SUS CONGRESOS

Por Rodrigo López Oviedo

Estamos a menos de una semana de que el Polo Democrático Alternativo de inicio a las campañas de promoción de su II Congreso Nacional y del I Congreso Nacional de Jóvenes.

Estos eventos, que se realizarán entre el 26 y el 28 de febrero de 2009, prometen convertirse en punto de encuentro de lo más avanzado del pensamiento democrático del país y en el acontecimiento político partidista de mayor trascendencia ante las justas electorales de 2010.

De acuerdo con las condiciones establecidas en las convocatorias, a estos Congresos pueden asistir todas las personas que resulten elegidas en las elecciones internas que se realizarán el próximo 26 de octubre. Para el II Congreso, el Tolima elegirá 35 delegados por esta circunscripción y participará en la elección de 153 delegados de circunscripción nacional.

Muy seguramente que las deliberaciones girarán en torno a lo que debe hacer el Polo para convertirse en una opción tan real de poder que pueda servir de punto de atracción a todas las fuerzas que quieran comprometerse en el propósito de superar el hondo bache en que se encuentra la democracia colombiana y darle cumplimiento a un programa de transformaciones que redunden en bien de las grandes mayorías y de la construcción de una sociedad más incluyente, con mayor igualdad social y capaz de romper con ya 18 años de aplicación de las regresivas tesis neoliberales.

El abordaje de este temario resulta inaplazable. Por fortuna, no se parte de cero. La experiencia de gobierno que el Polo ha vivido en algunas regiones ha creado la convicción de que sus propuestas no solo son realistas, sino que cuentan con el empeño de sus líderes en materializarlas. Como evidencia de ello están los datos del PNUD sobre desarrollo humano en Bogotá, que demuestran, precisamente, cómo las dos alcaldías regentadas por el Polo han servido para elevar y nivelar, de manera sostenida, la calidad de vida de sus pobladores y para restarle espacio a la brecha entre el norte opulento y el sur de miserias.

Pero muy seguramente que los delegados también tendrán que ocuparse del tema de los compromisos unitarios de sus propios dirigentes. Algunos de éstos han comenzado a desentenderse de ellos, tal vez seducidos por los halagos que intencionadamente les brindan los grandes medios. El momento que está sufriendo el país, hábilmente maquillado por esos medios con argumentos que desconocen las inmensas carencias vitales de la población, demanda de quienes se dicen demócratas, cuando no revolucionarios, una actitud firme, carente de ambigüedades, como la pide el maestro Carlos Gaviria, pero también como la demandaba el también insigne maestro Fals Borda, en mala hora fallecido.

Actitud firme y carente de ambigüedades de parte de hombres orientados a la construcción del más sólido frente por la democracia y comprometidos con los mínimos programáticos del Ideario de Unidad, y no en el aprovechamiento de sus carismas personales, que, precisamente por valiosos, pueden querer ser aprovechados por los medios para avivar egos, alimentar apetitos y dificultar los procesos de real unidad.

Aprovechar y desarrollar lo bueno del Polo y contribuir a la solución de sus dificultades debe ser el compromiso resuelto de su militancia. Ello implica un trabajo tesonero en esta etapa de preparación de sus Congresos y la elección de los delegados más comprometidos con esos propósitos.

¡Y GANÓ EVO!

¡Y ganó Evo!
Por Rodrigo López Oviedo

Afortunadamente para el proceso de cambios que está viviendo nuestro hermano pueblo boliviano, las urnas salieron a socorrer a su presidente Evo Morales este pasado domingo, cuando se celebró el primer referendo revocatorio que registra la historia de este país y el segundo de América, y tal vez del mundo, si tenemos en cuenta el que se celebró en Venezuela con la pretensión de retirar del poder a Hugo Chávez Frías.

La votación a favor de Evo se calcula cercana al 67 por ciento de los ciudadanos participantes, con la cual supera el 53 por ciento que obtuvo en la elección que lo llevó a la Presidencia de la República. Se trata de un resultado amasado con grandes dificultades, en medio de la mayor agitación política de los últimos años, y representa un rechazo a las patrañas de las poderosas oligarquías que se resisten a perder los privilegios con que ancestralmente se han visto favorecidas, y de cuyo usufructo ha quedado como resultado una huella de penurias que hace de este pueblo, después de Haití, el más pobre de América Latina y del Caribe.

Pero ese triunfo, que se veía improbable a la luz de los informes de prensa salidos de la propia Bolivia, aumenta su significado al tomar en cuenta que vino acompañado de la revocatoria del mandato en dos de las seis prefecturas (gobernaciones) que están en manos de la oposición y a las cuales hay altas posibilidades de llevar a amigos del proceso en las elecciones de relevo que vendrán próximamente. Y si bien es cierto que una prefectura afecta a Evo Morales también fue objeto de revocatoria, ello no indica que pueda pasar a manos de la oposición, pues dentro de tal jurisdicción también ganaron las fuerzas amigas del Presidente indígena.

El actual período de agitaciones que está sufriendo nuestro hermano pueblo solo es un anuncio de que lo que allí ocurre sí está tocando privilegios indeseables y saldando deudas ancestrales con el grueso de la población. Y aunque lo que se haya hecho no tenga las características que podríamos esperar de un proceso revolucionario propiamente dicho, su importancia es de tal magnitud que ha empujado a las oligarquías de derecha a tan descomunales resistencias que hasta se han atrevido a invocar golpes de Estado y magnicidios, lo mismo que a acudir a estrategias separatistas, encubiertas en ropajes de autonomía. De ninguna de estas reprobables manifestaciones ha sido ajeno el gobierno de Estados Unidos y su embajada en ese país, con lo cual queda demostrado lo que verdaderamente significan los principios democráticos para los usufructuarios del poder cuando están en trance de perderlo.

Al celebrar este triunfo, el pensamiento democrático debe hacerse conciente de que lo que ocurra con el proceso boliviano debe comprometer aún más su solidaridad. Con todo y las limitaciones que cada quien pueda encontrarle, este proceso representa uno de los muchos caminos que pueden tomar nuestros pueblos en su lucha por alcanzar la soberanía, por el establecimiento de un poder distinto al de las oligarquías apátridas, aliadas al imperio, y por la construcción de una alternativa social diferente a la que ofrece el capitalismo y su fracasado modelo neoliberal. Lo que allí está sucediendo nos llena de mayor confianza en la tesis de que un mundo mejor sí es posible.

EL PROBLEMA DE LAS DROGAS

Por Rodrigo López Oviedo

Ante la reciente Cumbre Antinarcóticos de América Latina, en una disertación que debió hacer rabiar de contento a muchas madres, el presidente Uribe manifestó su rechazo al consumo de drogas, pues no quisiera que ninguno de sus hijos cayera en tan abominable flagelo.

Acompaño al Primer Mandatario en ese paternal sentimiento, y hasta podría manifestarle mi sincera adhesión a una cauda que levantara su nombre si existiera la seguridad de que ella tan solo se comprometiera a publicitar ese amor y a contagiar con él a los demás padres colombianos. Viéndolo tan amoroso de sus hijos como querendón de su camándula y de sus escapularios, los colombianos no podemos menos que envidiarle y emular con él hasta cuando podamos hacer profesión en nuestros hijos de un amor igual al que él se preocupa por hacernos creer que siente por los suyos.

Pero, bueno, más que de amores queremos hablar de drogas. Este problema es tan grave que no solo daña al que cae en sus redes, sino que también afecta a la sociedad al fraccionarla en bandas que se lucran con su tráfico ilegal; al incrementar exponencialmente la criminalidad producto del enfrentamiento entre tales bandas; al demandar esfuerzos de represión tan costosos como el tráfico que se pretende erradicar; al convertir en un problema de salud pública lo que dentro de ciertos límites podría considerarse un simple trastorno de conducta personal; al sustraer de la atención sanitaria a muchos afectados que podrían acudir a ella si no tuvieran que pasar por el estigma de los señalamientos sociales; y al convertirse en fuente de financiación guerrillera en respuesta a los astronómicos presupuestos oficiales destinados a combatirla.

Hasta dónde esos perversos efectos se puedan prevenir, controlar y erradicar con una política distinta a la penalización del tráfico es cosa que estamos en mora de definir, pues seguir por el camino trillado de la represión no solo no ha producido resultado que merezca la pena mostrarse, sino que ha resquebrajado la moral pública, como lo evidencian los muchos casos de infiltración que se han descubierto en prácticamente todas las instancias oficiales, al tiempo en que ha impactado negativamente el ecosistema, no solo por la tala de bosques para las nuevas siembras, sino también por las fumigaciones que éstas traen en respuesta.

Señalando su oposición a la legalización, Álvaro Uribe el presidente, no Álvaro el padre, dijo en la misma Cumbre Antinarcóticos que la legalización de la droga podría generar una reducción del precio, pero no de la oferta. Puede tener razón, pero ese no es el problema. El problema es la demanda. Y para atacar la demanda, la sociedad podría contar con los ingentes recursos que se liberarían de la represión del tráfico y destinarlos a atender el flagelo mediante medidas que estén más en sintonía con lo que nos han enseñado años y años de infructuosa represión.

Con los recursos que podrían liberarse de ésta fracasada política podrían emprenderse agresivas campañas de educación que prevengan y desestimulen el ingreso de los jóvenes a este bajo mundo, al tiempo que se ordena el mercado para los adictos y se les brinda a estos los servicios de salud médica y atención sicológica para salvarlos de tan aterrador flagelo. Una política de esta naturaleza también arrancaría muchos aplausos de madres agradecidas

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REFORMA POLÍTICA

Por Rodrigo López Oviedo

Se ha creído que una democracia auténtica debe tener en el derecho a la información uno de sus pilares fundamentales. Eso está bien, como lo está el que de tal creencia sean artífices los mismos medios de comunicación. Lo que no está tan bien es que éstos lo sean de una manera tan poco integral que solo defiendan su derecho a informar, lo cual implica escoger los contenidos y la forma de la información, y no el derecho de la sociedad a ser informada, lo que llevaría a que lo fuera de manera plena, pulcra y objetiva.

El generalizado respaldo que esos grandes medios le han dado al Gobierno, luego de los recientes desencuentros de éste con la Junta del Banco de la República por las medidas que deben adoptarse para controlar el crecimiento de la inflación y frenar la revaluación, ha puesto en evidencia, una vez más, el uso abusivo que han hecho de sus prerrogativas informativas.

Interesados como están en mantener y elevar el índice de aceptación de Uribe, porque al fin de cuentas el de los miembros de la Junta del Banco no importa tanto, se han puesto de su lado en el rechazo al alza de la tasa de interés, hoy ya en el diez por ciento, y en la defensa de mayores prerrogativas para la inversión extranjera, a la cual el Ejecutivo ve prácticamente como el único mecanismo importante de crecimiento, sin que importen los desbordes de la inflación en curso ni que esta siga erosionando los escasos recursos de quienes viven del trabajo.

Ello no debe sorprendernos. Es lo mismo que han hecho al ofrecernos su interpretación de los fenómenos que gravitan sobre el aparato productivo y de su efecto sobre el estado de ánimo de los colombianos. Mientras aquellos fueron favorables, procuraron hacerlos ver como una consecuencia del trabajo tesonero de esa “inteligencia superior” que nos gobierna desde la Casa de Nariño. Pero ahora que se observan preocupantes nubarrones en el cielo, que comienza a percibirse la desaceleración del crecimiento, que la confianza disminuida de los consumidores empieza a traducirse en menor demanda, que los indicadores de desempleo vuelven a empujar hacia las alturas y que evaluadores tan reputados como Fedesarrollo se atreven a calificar la coyuntura actual como una de las más inciertas y complejas de los últimos tiempos, ya no es esa infinita capacidad resolutoria de nuestro presidente Uribe la que se encuentra detrás de tales fenómenos, sino la mano nefasta de la economía mundial con sus negros influjos.

Solo por ese poder de los grandes medios y por su capacidad y propósito de distorsión, podemos hallarle explicación al hecho de que puedan coincidir en Uribe el mal gobierno y los altos índices de aceptación, y con ella la terrible posibilidad de que el pueblo yerre en sus decisiones políticas y respalde lo que no le conviene.

Esto no es más que una aberración de esa democracia que entendemos no solo como el gobierno del pueblo y por el pueblo, sino también, y muy especialmente, para el pueblo.

Una democracia de este tipo no puede construirse sobre la base del monopolio de la conciencia ciudadana. A prevenir y corregir tal monopolio debieran concurrir los esfuerzos ciudadanos, sobre todo ahora que estamos hablando de una reforma política.

RESPUESTA ANTE LAS MARCHAS

Por Rodrigo López Oviedo

Las marchas y concentraciones del 20 de Julio, que siempre han servido para conmemorar nuestra frustrada independencia, fueron convertidas este año en un clamor por la paz y por la libertad. De todos los rincones patrios surgieron emocionadas voces que expresaban el anhelo de encontrarle fin a un conflicto que ha ahogado la felicidad de la patria entera. Lo que sigue ahora es impedir que el Gobierno, embriagado como está con los recientes reveses de la guerrilla, a los cuales ve como contundentes triunfos suyos, quiera capitalizar tan monumentales manifestaciones y convertirlas en autorización para dar por clausurada toda discusión acerca del intercambio humanitario y de la paz negociada.

El intercambio humanitario y la paz negociada, que han sido los estandartes más sentidos de los sectores democráticos por ser los que más pronto y a menor costo garantizarían el cese de los derramamientos de sangre y el consecuente fin de nuestra cincuentenaria violencia, no solo han sido rechazados desde siempre por la derecha en el poder, sino que ahora, a raíz de estas marchas, querrán ser presentados como carentes del respaldo ciudadano.

Lo cierto es que muchos colombianos, seducidos por el enorme poder que la misma derecha ha logrado construir a través de sus grandes medios, han comenzado a ver en el secuestro el más execrable crimen, pasando por alto horrores peores para la condición humana como son el genocidio, la desaparición forzada, el descuartizamiento y muchos más, en los que ha resultado tan pródiga esa derecha.

Pero una cosa es que haya condena al secuestro y otra que el Gobierno se sienta autorizado por ello a emprender rescates a sangre y fuego, llámelos cercos humanitarios o como los llame, pero de los cuales solo puede esperarse más dolor y lágrimas para un pueblo que de ellas ya ha tenido bastantes.

Claro que algunos pensarán que el riesgo es mínimo, sobre todo al considerar el estado de debilidad en que suponen están las FARC. Suposición que ha sido el fruto de unos cuantos éxitos de inteligencia militar, de algunos otros golpes propinados con apoyo en la más alta tecnología, de una que otra deserción guerrillera, de una buena dosis de malicia y engaño y de la más eficiente utilización de la propaganda mediática. Hasta dónde una debilidad así construida pueda ser garantía de rescates sin riesgo es cosa que está por verse.

Por eso debemos seguir insistiendo en el intercambio humanitario y en la paz negociada, en lugar de estar reclamando, como lo hacen Uribe y algunos miembros de su gabinete, rendiciones incondicionales. El Gobierno está en la obligación de asumir una posición realista ante las condiciones que actualmente ofrece nuestro conflicto interno. Atraer a las FARC a posiciones de respeto de la institucionalidad solo puede ser el fruto de un propósito soportado en el reconocimiento de que ellas no nacieron para la violencia sino a consecuencia de la violencia oficial; y no como rechazo a la democracia sino ante la carencia de ésta. Ese realismo debe traducirse en propuestas concretas y sinceras que las hagan sentirse llamadas a participar en un proceso orientado en verdad a la paz con justicia social. Esa será la mejor señal de agradecimiento de parte del Gobierno a los miles y miles de colombianos que desfilaron el pasado 20 de Julio.

¿REELEGIR A URIBE?

Por Rodrigo López Oviedo

Nunca nadie en la historia del país ha recibido tantas presiones como Álvaro Uribe para que aclare de una vez si quiere continuar en la Presidencia de la República por un período más. Se lo preguntan en cuanto escenario esté, y su invariable respuesta termina siendo un “adivínalo Vargas” refundido en un advocatorio llamado de respaldo al programa de seguridad democrática.

Todos sabemos que un tercer mandato es la mayor aspiración de nuestro Presidente. Satisfechos durante ocho años sus sueños presidenciales de infancia, otros cuatro le coronarían las ansias de poder nacidas en su madurez y lo rodearían de un halo protector adicional al recibido de la Corte Constitucional cuando, en reciente fallo, lo confirmó en la creencia de que el delito puede ser fuente de derecho y de que es factible demorar el destape judicial de lo que le significó el fenómeno narcoparamilitar en su exitosa carrera política.

Solo que él se esfuerza por no reconocer tal aspiración, pese a que uno de los principales partidos que lo respaldan anda comprometido, con su anuencia, en el costoso proceso de recolección de firmas para impulsar un referendo que le permita satisfacerla. Es posible que tenga razón. Teme que con tal reconocimiento se puedan resentir Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, Martha Lucía Ramírez y unos cuantos más de sus amigos de ayer que hoy son potenciales candidatos a sucederlo en la Presidencia. Con estos adalides de su causa convertidos en frustrada competencia electoral, se resquebrajarían sus bancadas, o por lo menos se debilitarían más de lo que ya las han debilitado las investigaciones por parapolítica.

Tal vez esta preocupación sea la que lo lleve a darse una pausa y a cambiar de estrategia, lo cual viene haciendo de manera taimada a través de su hermano Santiago, a quien ya se le oyó manifestar la conveniencia de que la reforma constitucional en camino se oriente más bien a alargar el actual período presidencial por “dos añitos mas”, porque para intentar la enmienda constitucional que autorice un tercer mandato ya habrá tiempo.

El problema de estas reformas, tanto la que alargaría el actual período presidencial como la que autorizaría la nueva reelección, es que requieren de un Congreso menos encrespado que el que había cuando se requirió del cohecho para realizar la reforma que autorizó la primera reelección y de unos funcionarios estoicos o anestesiados, dispuestos a sortear, ya con pundonor, ya con indiferencia, los problemas que podrían sobrevenirles si, por andar ofreciendo halagos punibles, se les atraviesa otra Yidis Medina.

Valdría la pena imaginar a esta señora, desnuda o no, o a Teodolindo, enfermo o no, pero cargando a cuestas la experiencia de lo que les significó su participación en esa primera enmienda. Con tales imágenes, tratemos de intuir lo que podría suceder hoy con este Congreso si se lo pone a discutir estas nuevas reformas. ¿Será que la táctica del cohecho que se empleo tan persuasivamente sobre tales personajes puede contar ahora con nuevos ejecutores, activos y pasivos, que puedan asumir, por amor al Jefe o a las canonjías, conductas capaces de generar consecuencias tan incómodas como las que ya hemos visto? Creemos que no; pero en un país tan cargado de sorpresas como el nuestro, cualquier cosa puede suceder. Incluso que se nos alargue esta dolorosa noche.

UN TRIUNFO QUE CONDENA

Por Rodrigo López Oviedo

Para quienes hemos creído que el intercambio humanitario es el mejor camino para lograr la libertad de las personas que están retenidas por la guerrilla debiera resultar plausible que esa libertad también se pudiera alcanzar mediante otros métodos, siempre y cuando ellos no entrañaran riesgos de sangre o de muerte. Por desgracia, el ejemplo de la liberación de Ingrid Betancourt y de sus 14 compañeros no permite otorgar tan amplio aval.

Como bien lo dijo el ministro Juan Manuel Santos, este rescate, más que un éxito militar, “ha sido un triunfo de la inteligencia, para el cual no se necesitó disparar un solo tiro”. Sin embargo, pese a su enorme significado, lo único digno de resaltar en él, además de la liberación misma, fue el haberse llevado a cabo mediante una estrategia distinta a la de sangre y fuego, porque, por lo demás, fue un triunfo que se labró a base de estratagemas engañosas, las cuales indujeron a error al grupo guerrillero, por lo cual solo es viable esperar que conduzcan a esta organización a cerrar compuertas cada vez que se quieran intentar otras liberaciones no violentas.

Aunque la intención de engaño no ha sido negada por la cúpula militar, sí se la ha mostrado como meramente circunstancial, es decir, como si en torno a ella no hubiera girado toda la esencia del rescate. De todas formas, ese carácter engañoso es el que hizo tan dañino el operativo, ya que acabó con cualquier margen de credibilidad que las FARC pudieran conservar respecto de su contrincante, el Gobierno de Uribe, lo cual resulta sumamente grave si tenemos en cuenta el grueso número de personas que aún continúan en manos de la organización guerrillera y de lo necesario que se hace que exista algún grado de confianza con miras a futuros acercamientos.

Por eso resultan tan equivocadas las generalizadas manifestaciones de contento que, estimuladas por los medios, se presentaron a raíz de estas liberaciones. Si bien resultan naturales por lo que representan para las personas beneficiadas y sus familias, no lo son así para quienes aún permanecen en la selva, pues ahora tendrán que resignar toda esperanza a lo que buenamente pueda hacer por ellos la organización guerrillera, ya que cualquier otra expectativa puede resultar vana ilusión: El Gobierno, creyéndose respaldado en su política de rescate a sangre y fuego, no querrá volver a oír hablar de intercambio humanitario. La guerrilla, sabiéndose engañada y engañable, no volverá a prestar oídos a nada de lo que signifique acuerdos con el Gobierno.

Agravando lo anterior, también es posible que hayan perdido credibilidad las misiones internacionales: A las de Suiza y Francia, que coincidieron en sus acercamientos presuntamente humanitarios con el operativo de la liberación, les tocará cargar con la sospecha de haber sido instrumentos del engaño, lo cual las condenará, lo mismo que a otras misiones, al rechazo del grupo guerrillero mientras exista cualquier posibilidad de que se repitan hechos parecidos a los de este dos de julio.

Tales son las consecuencias de este triunfo: condenar a los colombianos que aún están retenidos y a sus familias a la incertidumbre más pavorosa y postergar las posibilidades de intercambio humanitario y la concreción de los anhelos de paz con justicia social para cuando logremos establecer un gobierno más sintonizado con su pueblo.

¿REPETIR LAS ELECCIONES?

Por Rodrigo López Oviedo

La decisión del presidente Uribe de presentarle al Congreso un proyecto de ley para que el pueblo decida si se repiten o no las elecciones de 2002 ha puesto en evidencia el deseo del Mandatario de utilizar su supuesta acogida popular para hacer de ella la santificadora de cuantos caprichos se le ocurran y la perdonavidas de sus errores del pasado.

Bien sabe Álvaro Uribe que lo que hay detrás del fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema no es un juicio al proceso electoral de 2002. Ya de lo ocurrido en tales comicios se ha hablado suficiente y adversamente dentro de los procesos de la parapolítica. Lo que tal fallo cuestiona es la forma como se aprobó la reforma constitucional que le permitió a Uribe jugar como candidato al tiempo que ejercía como Presidente de la República; es decir, la manera como se indujo al pueblo al error de creer que podía reelegirlo, ocultándosele el cohecho cometido en el trámite de la reforma constitucional.

¿Será que ese pueblo que votó por él reincidirá en su respaldo pese a conocer el engaño de que fue víctima en la primera ocasión y a que ahora lo haría a sabiendas del pecado que ello representaría? Resulta difícil creerlo, sobre todo teniendo en cuenta que ya no están Mancuso y compañía apuntando a la nuca de un electorado inerme.

¿Será que la Corte Constitucional permanecerá impávida al saber ahora que el “articulito” reeleccionista se aprobó a punta de cohechos? También parece improbable, sobre todo con tantas evidencias brotando de los hechos y con tantos ojos puestos en su decisión.

Uribe, sin embargo, cree que sí, y de ahí su proyecto de ley. Lo más grave es que pueda tener razón; y si la Corte Constitucional no se apresura a revisar su fallo, como se lo ha pedido la Sala Penal de la Corte Suprema, ese mismo pueblo podría ser víctima de un nuevo engaño, solo que ahora con todas las características de crimen de lesa patria, al ser sometido a dictar en las urnas una sentencia de absolución, para lo cual solo contaría con la presión de los grandes medios.

Para resolver este intríngulis solo tienen potestad los altos tribunales jurisdiccionales. Desprendidos de todo interés que no esté al servicio de la patria, sus magistrados deben proceder, por lo pronto, a impedir que un tema para cuya solución se requiere de las luces del derecho caiga en manos de los directorios uribistas, que desearían resolverlo en las urnas. Se precisa derogar la exequibilidad de la reforma que le abrió curso a la reelección y declarar nula la reelección lograda con soporte tan espurio. Pero también se requiere precisar responsabilidades en tan espinoso tema, muchas de las cuales deben ser coincidentes con las de la parapolítica, y procurar una pronta justicia.

Algunos articulistas, particularmente afines al uribismo, se han empeñado en mostrar este caso como un choque de trenes. Tal interpretación pretende cubrirle la espalda al Presidente, poniendo sus posiciones en pie de igualdad a las de la Sala Penal de la Corte. Corresponde al pensamiento democrático poner los énfasis en donde deben estar y hacer todo lo que esté a su alcance para que la solución que se logre represente un detente en este camino de degradación de la política.

CUESTIÓN DE INTERESES

Por Rodrigo López Oviedo

Los colombianos parecemos condenados a la burla constante de parte de nuestros dirigentes. Especialmente en el acontecer público las muestras son abundantes. Cuando la economía marcha bien, detrás de ella se encuentra el cerebro prodigioso del gobernante, siempre atento a orientar los destinos del país con la brújula de su inteligencia superior. Cuando marcha mal, son las circunstancias ajenas a su querer las que determinan los desafortunados resultados.

Así operan las cosas tanto en la economía como en la política. Si la inflación se mantiene dentro de los planes establecidos, allí está la mano providente de Uribe, que ha logrado extender a tal indicador los efectos de sus políticas de seguridad democrática. Pero si se sale de lo previsto, ninguna culpa debe buscarse en quien solo puede generar éxitos. La culpa está en la Junta del Banco de la República -de la cual el Gobierno es mayoría-, en los capitales golondrina o en las remesas de los colombianos en el exilio.

El caso de los subsidios es más diciente. La casi totalidad de ellos se han desmontado tras el mentiroso supuesto de que lo que en ellos se gasta quedaría mejor en educación, salud y otras inversiones de carácter social. Lo cierto es que, con la desaparición de los unos, las otras no se ven, y en cambio si hemos visto una explosión de asistencialismos al estilo de Familias en acción y Familias guardabosques, con los cuales se elevaron a dignidad y monopolio presidenciales los auxilios parlamentarios de antes de Uribe.

Claro que cuando se trata de los dueños del país, los subsidios ya no son tan malos; y si no existen, hay que crearlos. Así lo hemos visto ahora que estos sectores están quedando por fuera de los mercados internacionales a consecuencia, en parte, de la revaluación del peso. En lugar de aprovechar este fenómeno para recoger dólares baratos y prepagar la deuda externa, el Gobierno resuelve utilizar sus recursos para crearles un subsidio a los exportadores con el pretexto de evitar la pérdida de puestos de trabajo. Esta no es más que una forma disimulada de socializar pérdidas privatizando las arcas públicas.

Tratamiento contrario es el que se da al caso de la gasolina. Sin que exista justificación para que internamente se cotice a precios del golfo de México, los altos precios derivados de tal forma de cálculo están siendo agravados con la eliminación paulatina de los subsidios con que antes se beneficiaban. Lo lógico es que cada país maneje sus propios productos de acuerdo con los niveles de ingreso de sus habitantes. No existe razón alguna para que los colombianos estemos pagando el líquido al precio de Luisiana cuando nuestros niveles de ingreso no exceden en mucho los de Luanda. Si del crudo de producción nacional solo consumimos internamente el 25 por ciento, ¿no deberían aprovecharse los altos precios de exportación para beneficiar a los colombianos mediante la devolución de los subsidios del combustible destinado al menos al transporte público, tanto el de pasajeros como el de carga? Aunque tal medida repercutiría solo tímidamente en los precios de la canasta familiar, el solo saber de su existencia nos haría sentir un tanto partícipes de esa bonanza en los mercados del petróleo. Desafortunadamente, intereses son intereses, y los intereses oligárquicos no coinciden con los del pueblo.

LA MARCHA SINDICAL

Por Rodrigo López Oviedo

En un meritorio acto de reconocimiento a lo que representa la lucha popular, un aguerrido destacamento de sindicalistas del sector bancario está en la tarea de recorrer los caminos de la patria, desde Cali hasta Bogotá, con el propósito de hacerle saber al país que mientras los chupasangre de sus patronos se embolsillan las mayores tajadas del esfuerzo nacional, los trabajadores siguen condenados al empobrecimiento y a la violación de sus derechos. La fatigante marcha comenzó el pasado 10 de junio, y el 18 estará coronando las gélidas calles capitalinas.

Un aspecto que preocupa de este desplazamiento es la desigual acogida que ha suscitado. En especial, el recibimiento que se le prodigó a su paso por Ibagué, pese a lo entusiasta, dejó mucho que desear. El número de asistentes al acto cultural que, en honor de los marchantes, se desarrolló en el Parque de la Música, el pasado sábado, no guardó relación con el esfuerzo desplegado ni con la importancia de sus propósitos, ni mucho menos con la gran responsabilidad que le asiste al proletariado en momentos en que es víctima de una nueva ofensiva contra sus conquistas y derechos.

Particularmente preocupante es el sinnúmero de estrategias que están siendo empleadas por la patronal y el Gobierno para impedir el ejercicio de un derecho tan sustancial a la suerte de los trabajadores como es el de la organización sindical. Una de tales estrategias es la llamada flexibilización laboral, a través de la cual se ha “deslaboralizado” la relación obrero patronal y abaratado el despido de trabajadores. Otra, las recurrentes campañas de desprestigio con las que se ha pretendido descargar sobre los sindicatos la responsabilidad de las quiebras empresariales y de algunas entidades oficiales, que han sido causadas realmente por la incuria de los administradores y por las políticas burocráticas, clientelistas y privatizadoras del Régimen.

Pero, agravando lo anterior, el derecho a la sindicalización está seriamente lesionado por la práctica sistemática del desplazamiento, la desaparición forzada y el asesinato de los dirigentes sindicales, a través de lo cual no solo se cercena al movimiento de la experiencia de sus luchadores más consecuentes, sino que se lo deja sin posibilidades de crecimiento al horrorizar al conjunto social con tan criminales prácticas y hacerle ver que la organización sindical es un escenario de alto riesgo.

La combinación de todos estos factores, y otros más, han diezmado el movimiento al punto de que hoy solo el cuatro por ciento de la fuerza laboral se encuentra sindicalizada, con el agravante de que ahora se le agrede con una campaña “empresarista”, según la cual los sindicatos no deben ya preocuparse de la defensa de los derechos de los trabajadores ni de la conquista de nuevas reivindicaciones, sino de construir empresa, para lo cual el patrón les prestará el valioso concurso de contratarles para que cumplan como sindicato las tareas que, bajo la honda neoliberal, le estaban asignadas a las empresas y cooperativas de trabajo asociado.

Estas condiciones son las que hacen tan importante toda muestra de resistencia, como ésta que realizan los sindicalistas caleños. Pero son también las que obligan a rodearlas de la solidaridad que faltó en Ibagué, tal vez a causa del alarmante, pero afortunadamente superable retroceso en la conciencia de los trabajadores y en la capacidad de convocatoria de los sindicatos.

UNASUR

Por Rodrigo López Oviedo

Sin suscitar mayores comentarios, mayo nos regaló uno de los acontecimientos más importante en la historia de América Latina: La firma del Acta Constitutiva de la Unión de Naciones Suramericanas –UNASUR-. Este hecho ocurrió en Brasilia con la concurrencia de los presidentes de los 12 países que conforman esta parte de nuestro continente y representa un gran paso en el proceso de integración que se había iniciado en la reunión presidencial de Cuzco, el 8 de diciembre de 2004, y continuado en las de septiembre de 2005, en Brasilia, y diciembre de 2006, en Cochabamba.

La integración es el único camino que nos permitirá superar el aislamiento ancestral y los enfrentamientos desmembrantes que nos han mantenido en condiciones de marginalidad en el concierto internacional. Para ponernos en él, se necesitó que emergieran personalidades como Hugo Chávez, Lula da Silva, Evo Morales y Néstor y Cristina Kirchner, que fueron capaces de ponerle un punto de quiebre a las condiciones de postración al Imperio en que se hallaban nuestros países.

Estaba previsto que la reunión aprobatoria del Acta Constitutiva se efectuara en marzo, en Cartagena de Indias, pero con la crisis desatada por la incursión militar de Uribe a territorio ecuatoriano, terminó celebrándose el 23 de mayo en Brasilia. Igual alteración ocurrió con la presidencia del Organismo, la cual debía quedar en manos de Colombia, pero por igual razón pasó a las de Michelle Bachelet, presidenta de Chile

Para que UNASUR entre en vigencia, requiere ser ratificada por los congresos de al menos nueve de los países miembros. Cinco años después de ello, podrá comenzar a estudiar adherencias de otros países latinoamericanos, ya que se pretende convertirla en el imán integrador más importante de América Latina y el Caribe, con lo cual nuestros pueblos ganarán presencia y voz ante otros interlocutores del mundo.

Las expectativas reinantes se orientan a que el nacimiento de UNASUR dé lugar a un Parlamento Suramericano, a unos mecanismos de defensa regional y a una ciudadanía y una moneda comunes a todos los países miembros, pero sobre todo a que de manera progresiva se extienda el reconocimiento de los derechos de cada pueblo a los nacionales de los demás países asociados, lo cual constituirá el principio del fin de las odiosas asimetrías reinantes en y entre nuestras naciones.

Un hecho desconcertante lo marcó la actitud del presidente Uribe. Tal vez por su necesidad de mejorar las relaciones con Venezuela -el primer cliente comercial de Colombia en productos no tradicionales- y con Ecuador -el tercero en todo sentido-, no se atrevió a marginarse de UNASUR, pero sí a respaldarlo de manera solo parcial, como lo evidenció al oponerse a la creación de uno de sus órganos, el Consejo Suramericano de Defensa. Asustado, muy seguramente, por las invocaciones a la soberanía y a la integridad e inviolabilidad territorial de los estados, adujo que “Colombia no tiene suficiente respaldo (…) al propósito de combatir el terrorismo”. Así reconoce lo sola que está en la región su concepción acerca del conflicto colombiano.

Por fortuna, esa oposición no significa la muerte de la iniciativa; pero si le introduce morosidades a un proceso que está urgido de echarse a andar, no tanto por la conveniencia de los capitales como por el bienestar de los pueblos y la necesidad de construirle alternativas multipolares al Imperio.

AVANZADA CONTRA EL PENSAMIENTO DEMOCRÁTICO

Por Rodrigo López Oviedo

Ya nos habíamos referido anteriormente a la extraordinaria suerte del presidente Álvaro Uribe. Cada día aparecen nuevas evidencias de ello, con el agravante de que todas coinciden en su propósito distractor y en su capacidad de impedir que los esfuerzos de los sectores democráticos puedan concentrarse en la tarea de una eficaz oposición.

De esa evidente suerte hacen parte los supuestos computadores de Reyes, ahora convertidos en una especie de Caja de Pandora, de los cuales podrá salir todo lo que se quiera utilizar contra el pensamiento democrático del país y los gobernantes vecinos, sin que se pueda esperar para el final el hálito de esperanza que quedó como contenido postrero de la consabida Caja.

En su última sacudida, de los computadores salieron supuestas referencias que comprometen con las FARC a un ex candidato presidencial, tres congresistas, tres periodistas y cuatro extranjeros. Lo cierto es que para tales sindicaciones no hacía falta ningún computador. Hubiera bastado con espulgar en los archivos oficiales y periodísticos para encontrar evidencias acerca de la participación de la mayoría de estas personalidades en procesos de paz o de intercambio humanitario, que es por lo que se les quiere criminalizar, y en los cuales estuvieron en compañía de funcionarios del Estado o con su previa autorización, o motivados por la labor que demandan el ejercicio congresual y el periodístico.

Obviamente que de la prensa o de los archivos oficiales no hubiera podido esperarse el impacto que se buscó mediante estos computadores, que –manipulados, según el informe escrito de INTERPOL, o no manipulados, según el informe verbal de su Secretario General- nadie podrá demostrar que pertenecieran realmente a Raúl Reyes y menos que de ellos no puedan salir cuantas “pruebas” se requieran para someter judicialmente a quienes le resulten incómodos al ejecutivo.

Tal vez los casos que resultan más aberrantes, precisamente por lo notoriamente contraevidentes, son el de la senadora Piedad Córdoba, el del ex candidato presidencial Álvaro Leyva Durán y el de Carlos Lozano Guillén, director del semanario Voz. Estas tres personalidades, en diversas oportunidades, han recibido encargos oficiales para acercarse a la guerrilla en temas relacionados con el conflicto. Con su ominosa vinculación no puede haber más propósito que el de elevar a delito la búsqueda del intercambio humanitario, criminalizar la lucha por la paz, como se ha criminalizado la lucha social y sindical, y seguir descolgando cortinas de humo ante los escándalos de la narcoparapolítica, agudizados ahora por las extradiciones con que se pretenden entrabar las delaciones de la cúpula paramilitar, pero también ante las escandalosas irregularidades presentadas en el trámite del acto legislativo que prorrogó la presencia de Álvaro Uribe en la Presidencia de la República a cambio de puestos y recursos oficiales.

El mundo entero bien conoce las consecuencias que puede traer una cacería de brujas como la que se insinúa si no se interpone la pronta cortapisa a sus instigadores. Esta búsqueda de chivos expiatorios nadie sabe a dónde puede llegar. De tal manera que lo mejor es que el pensamiento democrático se disponga a dar una nueva y noble batalla por la preservación y conservación para la lucha democrática de estas figuras que hoy están en el banquillo de los acusados. De paso, servirá para blindar de tan nefasta suerte a otros dirigentes populares igualmente valiosos.

NUEVOS MOTIVOS PARA LA CONSTITUYENTE

Por Rodrigo López Oviedo

Con la extradición de la cúpula narcoparamilitar se afectaron los desplazados, los familiares de los desaparecidos, las viudas, los huérfanos. En resumen, las víctimas de la violencia paramilitar. Todos quedarán burlados en sus esperanzas de verdad, justicia y reparación.

El Gobierno ha creído fácil convencernos de que su decisión se fundamentó en la necesidad de impartirles castigo a estos socios, que seguían delinquiendo o no colaboraban con la justicia o se negaban a resarcir a sus víctimas. Pero si tenemos en cuenta la enorme deuda de estos extraditados por crímenes de lesa humanidad, que es incomparablemente superior a la que tienen por tráfico de drogas, la retórica de castigo resulta falsa. Y resulta más falsa todavía al considerar que existía el camino, más disuasivo aún, de excluirlos de la Ley de justicia y paz y someterlos a la justicia ordinaria.

En verdad, el primer propósito del Gobierno fue el de recordarles a los protegidos con la ley de impunidad que los acuerdos que condujeron a ella y a la desmovilización posterior tenían implícita una cláusula de confidencialidad que debía inhibirlos de las delaciones que hoy lo atormentan. Pretendía alejarse así del peligro de verse en las mismas en que hoy están 65 amigos del Congreso, a quienes se les ha abierto causa judicial y a 33 las rejas carcelarias, sindicados de nexos con los que hoy pretende acallar.

Y el segundo propósito fue el de sacar de la escena a la Corte Suprema de Justicia y al aparato judicial, que con sus pesquisas estaban acercándose peligrosamente a la Casa de Nariño y a algunos de sus habituales visitantes. Como bien lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refiriéndose a la extradición, “este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares”.

Con esta decisión, el Presidente de los colombianos pasó a convertirse en deudor de la justicia, si es que no tenía ya algunas cuentas con ella. Sin consideración alguna con su condición de jefe de estado, descendió a la posición de mero y simple cancerbero de su propia libertad, y aprovechó las potestades de su cargo para acallar a quienes pudieran dar razón de sus pecaminosos nexos.

Las ganancias son entonces del Gobierno y de sus cómplices. Puestas las cabezas del paramilitarismo en lejana picota, donde sufrirán investigaciones por asuntos distintos a los que aquí motivaban sus enredos, será muy poco lo que puedan decir en perjuicio de quienes les patrocinaron en su criminal tarea. ¿Puede haber mayor justificación para esta torcida extradición?

¿Que es que los narcoparamilitares sí pagarán después sus crímenes de lesa humanidad? Es posible. ¿Pero hasta cuándo habrá que esperar? ¿Hasta que nos venza el olvido?

¿Que las víctimas pueden estar pendientes de lo que ocurra en los tribunales de Estados Unidos? También puede ser; ¿pero a qué costo, por cuenta de quién y con qué garantías de que les paren bolas?

No; definitivamente la extradición se está utilizando para poner tierra de por medio entre los ejecutores de los crímenes y sus cómplices y determinadores. Y para, de paso, dejar supeditada nuestra justicia a la de Norteamérica y reducida a condiciones meramente residuales. Ante semejante situación, solo una Asamblea Nacional Constituyente puede trazarnos el camino que nos devuelva la esperanza.

UNA REFLEXION NECESARIA

Por Rodrigo López Oviedo

Engalanada con la desbordada inteligencia de un ramillete de lúcidos pensadores salidos del mundo de la academia, de la Justicia, de la política y de algunas ONG, durante los pasados 8 y 9 del corriente mayo de 2008, se celebró en la deslucida Aula Máxima de la Universidad del Tolima la “Jornada de Reflexión sobre los Derechos Humanos – Una visión crítica”.

Lo primero que llama la atención de esta Jornada es que haya sido convocado, no por directivos universitarios o gremiales, sino por dos resueltas estudiantes de Ciencias Sociales, Gina Jiménez y Ximena Mesa, quienes, impactadas por la sistemática violación de los derechos humanos en Colombia, se dieron a la tarea de sensibilizar sobre ellos.

Desfilaron por el Evento el siempre prolífico escritor y académico Julio César Carrión y los luchadores sociales Norma Constanza Acosta, Jaime Bernal y Darío Gómez. Estuvieron también los doctores Eduardo Jaramillo, fiscal jefe de la Unidad Seccional de Delitos contra la Administración Pública; Francisco Taborda, decano de derecho de la Universidad de Ibagué y ex defensor del pueblo, y Ricardo Sánchez, prestigioso profesor, escritor y líder socialista. El resumen de cierre estuvo a cargo del académico Ramiro Gálvez.


El Evento fue, en esencia, un desfile de percepciones no siempre coincidentes, pero más por razón de la indiscutible complejidad del tema que como evidencia de que faltara maduración en los conceptos de los expositores. Allí pudo percibirse la angustia de quien ve en los derechos humanos un conjunto de enunciados que ha servido para justificar la intromisión de unos Estados en los asuntos de otros bajo el pretexto de garantizar su aplicación.

También pudimos reconocer la tragedia de quienes son burlados en sus derechos bajo el sofisma de que ellos también los burlan y el salvajismo de quienes violan los de los demás pretextando la defensa de los propios. Allí se hizo sentir la desesperanza del expositor que cuestiona la posibilidad de defender en Colombia los derechos humanos desde el Estado y exige asumir como política judicial la concesión del máximo de ventajas a las víctimas y el máximo de garantías para los victimarios en respuesta a la asimetría existente entre las víctimas y los victimarios del conflicto colombiano.

Dada la profundidad y la naturaleza de los temas tratados, nada más congruente con la Jornada que, al finalizar, se haya aprobado respaldar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que busque salidas a la crisis de nuestras instituciones, y que se haya invitado a las organizaciones populares a hacer lo propio.

Pero igualmente consecuente con el tema resulta señalar que el Evento fue conmocionado con la noticia de que el doctor Agustín Angarita Lezama -reconocido hombre cívico, médico, columnista, profesor universitario, director del Observatorio de Derechos Humanos, director del ciclo de conferencias “Ciudadanos del Mundo” y animador dentro del Polo Democrático de la línea civilista en la lucha política- está siendo judicializado por supuestos vínculos con organizaciones guerrilleras.

El caso Angarita Lezama se asemeja al de Carlos Lozano Guillén, destacada personalidad nacional dedicada a la paz y al cambio social y miembro del Grupo de Notables, al que alguna vez el Gobierno le encomendara importantes gestiones orientadas a la paz, sobre quien hoy se adelanta la más vergonzosa campaña con miras a encauzarlo bajo iguales sindicaciones.

¡Cuánta falta nos hacen eventos como el comentado!

LOS TEMAS DE LA CONSTITUYENTE

Por Rodrigo López Oviedo

El interés que está cobrando la propuesta de una nueva Asamblea Nacional Constituyente demanda definiciones prontas sobre la manera de activar su convocatoria y garantizarle una representación adecuada a los sectores populares, pero especialmente sobre el temario que debe avocar para que efectivamente contribuya a la superación de los problemas que obligan a su realización.

Habiendo expertos en tácticas y estrategias, dejémosles a ellos los dos primeros puntos y concentrémonos en el temario, no sin antes reconocerle al doctor Carlos Gaviria Díaz, presidente del Polo Democrático Alternativo, el cabezazo de esta propuesta, pues ella representa la única salida posible a la desbordada crisis en que cayeron nuestras instituciones al no querer sacudirse de sus ancestrales lacras de corrupción y politiquería y ser copadas por los carteles de la droga y el paramilitarismo.

Semejante crisis no puede ser sorteada por el Congreso, ya que es el organismo que más comprometido está con ella, dada la elevada presencia de votos mal habidos en la elección de sus miembros, al igual que en la del presidente Álvaro Uribe. De tal imposibilidad da cuenta el actual proyecto de reforma política, del cual solo quedarán unas sillas vacías y un umbral que dificultará más la expresión democrática de las minorías.

Esta Constituyente debe orientarse a erradicar los nexos de la política con el narcotráfico y a impedir la influencia de éste en las instituciones estatales; a buscarle fin a la violencia y a sembrar la paz. En tales aspectos, Uribe solo muestra fracasos; y los seguirá mostrando si se empecina en su autismo, en desacreditar la lucha de la Cortes contra la narcoparapolítica y en perseverar en su guerrerismo extremo, que solo le ha servido para golpear a la oposición y construirse una falsa imagen de triunfos contra el terrorismo.

Por eso la Constituyente debe atenuarle las exageradas prerrogativas al presidencialismo en Colombia. Para atender los temas de paz y de política internacional, por ejemplo, deben crearse organismos plurales de alto nivel, capaces de auscultar el pensamiento nacional sobre tan espinosos temas y fijar políticas de Estado.

En el campo electoral se precisa erradicar toda práctica que afecte la libertad ciudadana o que contribuya a la alteración de los resultados electorales. Se deben proscribir definitivamente los dineros privados en las campañas y establecer una jurisdicción electoral con tribunales y dientes suficientes para disuadir a quienes se sientan tentados a participar en tales prácticas, además de ordenar la expedición de una legislación que reglamente la suspensión de personerías a los partidos, la revocatoria de mandatos a todo nivel y la devolución de dietas y recursos electorales recibidos del Estado.

Igual necesidad hay de regular la información oficial que se brinda a la ciudadanía. Todas las potestades relacionadas con este tema deberían centralizarse en un organismo que no dependa del ejecutivo y que administre y difunda la información de todos los entes estatales, incluidos los de defensa y seguridad del Estado. No de otra forma se puede poner fin al cúmulo de fraudes informativos que, a través de falsos positivos, de mentirosas ejecutorias y de encuestas de opinión, enajenan la conciencia ciudadana y la llevan a respaldar gestiones que más merecen una revocatoria.

En fin, hay muchos aspectos más que esta Constituyente podría conocer, pero para hablar de ellos necesitaremos otras 555 palabras.

EL PRIMERO DE MAYO Y LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE

Por Rodrigo López Oviedo

Ante las características, ya vergonzosas, que ha ido adquiriendo la crisis de legitimidad introducida por la parapolítica a la institucionalidad colombiana, va creciendo el interés en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

No es para menos. Ya son 63 los congresistas sindicados de tener o haber tenido nexos con el narcoparamilitarsmo y, ante las muestras de independencia que ha mostrado la justicia, muchos otros atisban con horror hacia los estrados judiciales.

Se trata de un grave problema para el Congreso, al cual no solo se le ve carente de moral e iniciativa, sino con serias dificultades hasta para hacer quórum, además de que algunas de sus comisiones, en especial las que tienen responsabilidades en la reforma política, no pueden reunirse porque parte de sus miembros están impedidos para discutir sobre tales asuntos, dados esos mismos nexos.

Agravando el problema, con la detención de Yidis Medina llegarán a la Corte Suprema de Justicia suficientes evidencias de irregularidades en el trámite del acto legislativo que consagró la reelección presidencial, las cuales pondrán en aprietos penales a altísimas dignidades del Estado, incluido Uribe.

Para peor tormento, a nuestros dirigentes solo se les ocurren insulsas propuestas, como la silla vacía o el perdón y el olvido para los parapolíticos, que solo pueden generar más impunidad y el riesgo de que tales conductas se vuelvan recurrentes.

De allí el interés que ha despertado la propuesta de una Constituyente. Sin embargo, el camino no está despejado. Quienes creen tener algo que perder con ella han comenzado a pelar las muelas. El rechazo de la bancada uribista, secundada por Uribe, es buena muestra de ello.

Esto ha hecho pensar al Polo Democrático Alternativo que el único camino para sacar adelante esta iniciativa es el de ventilarla de cara al pueblo, para que sea éste el que, con su presión, comprometa al Congreso en su aprobación. A ello debe vincularse el pensamiento democrático, y la celebración del Día Internacional de los Trabajadores es el momento indicado para dar el primer paso. Esta celebración debe ser aprovechada para iniciar la agitación de la Constituyente ante los colombianos. Es lo menos que puede hacerse si se pretende no solo encontrarle salidas a la crisis presente, sino también blindar nuestras instituciones para que no vuelvan a caer en manos y en mañas como las actuales.

Pero también la agitación por la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente debe incluir algunas banderas que sean capaces de movilizar a la gran masa popular. Por eso, nos veremos con los trabajadores, en el desfile del Primero de Mayo, con consignas que eleven nuestros reclamos por el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda y a una remuneración justa; por la paz y el intercambio humanitario; y por la recuperación del camino desandado con las contrarreformas que se le han introducido a la actual Constitución, y con las cuales el país fue retrotraído, en materia de derechos, al estado en que se hallaba en los inicios del Siglo XX.

Todas estas consignas nos ponen a tono con el presente y nos iluminan el camino a la creación de ese Estado en el cual el hombre sea su eje central, y no el capital, como ocurre en esta sociedad de capitalismo salvaje.

HACIA UNA NUEVA CONSTITUYENTE

Por Rodrigo López Oviedo

Las declaraciones de la ex congresista Yidis Medina, concedidas por su propia iniciativa al tele-noticiero Noticias Uno y aparentemente motivadas en la necesidad de la ex Representante de blindarse ante amenazas contra su integridad personal, han puesto en evidencia la gravedad de la crisis moral que afecta la institucionalidad colombiana.

Dice Yidis Medina que cuando en la Cámara de Representantes se discutía el Acto Legislativo que permitió la reelección del presidente Uribe, el Secretario General de la Presidencia, en la propia Casa de Nariño, le ofreció “lo que necesite” a cambio de desempantanar con su voto afirmativo la enmienda constitucional que permitiría esa reelección. Tal oferta le fue ratificada en esa misma oportunidad por el propio presidente Uribe, quien le reiteró que las promesas le serían cumplidas.

Al aceptar la oferta, la entonces Representante tradujo “lo que necesite” en la petición de “el SENA Regional, el Seguro Social, la Red de Solidaridad”, además de un consulado, todo lo cual, le aseguraron, le sería cumplido. Este cumplimiento no pasó de las palabras, pues, a la postre, solo resultó favorecida con la dirección de la Clínica del Seguro Social en Barrancabermeja, aunque por un tiempo que, por su cortedad, hizo que se agravara la insatisfacción de la Congresista.

Se trata, por supuesto, de un acto de corrupción frecuente, cuyas promesas de erradicación le representaron a Uribe una buena cantidad de votos en la campaña presidencial de 2002. Se suponía por aquel entonces que, bajo su batuta, tales prácticas pasarían a la historia. Lamentablemente no solo no han desaparecido sino que ahora, ¡oh sorpresa!, es el propio Presidente, él mismo en persona, el que incurre en ellas, con el agravante de que deja burladas a las víctimas de su oferta punible y ante el riesgo de ser sometidas a una sindicación igual a la que él mismo como oferente merece y que en nuestro Código Penal aparece bautizada como cohecho.

Si recordamos que con motivo de este Acto Legislativo no hubo solo yidis sino también teodolindos, y que en las dos últimas contiendas electorales los votos arrancados mediante las malas artes de la parapolítica fueron miles y miles, no nos queda más remedio que reconocer la ilegitimidad de Uribe al frente del Estado y que se quedan cortos quienes reclaman únicamente la revocatoria del Congreso: También el mandato del Presidente debe ser revocado.

Pero se quedan mucho más cortos aún los que creen que con una simple reforma que deje vacías en el Congreso las sillas de los parapolíticos se resolverán estos graves problemas. El país está urgido de una verdadera transformación institucional que blinde al Estado de estas aberrantes prácticas. Ello implica, entre otras cosas, elevar las penas contra el cohecho que se origina en el Ejecutivo, sancionar el tráfico de cuotas burocráticas, proscribir la financiación privada de las campañas electorales, hacer imperativa la participación ciudadana en la escogencia de los candidatos a toda elección popular y, para atraer el interés colectivo, recuperar el camino desandado con las reformas que han desvirtuado el carácter progresista de la Constitución del 91.

Todos estos cambios solo pueden esperarse de una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa viene ganando terreno en la conciencia ciudadana y a garantizarle respaldo popular debe concentrarse el pensamiento democrático del país. Sin ella, solo queda esperar la hecatombe.

A PROPÓSITO DE GAITÁN

Por Rodrigo López Oviedo

Si el propósito de los grandes medios fuera el de mantener debidamente informada a la ciudadanía, el sexagésimo aniversario del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán hubiera dado lugar a que se volcaran a recuperar para la memoria de las actuales generaciones unos acontecimientos que hablan mal de la forma como nuestras clases dirigentes han orientado los asuntos públicos.

No fue así. El papel de tales medios se determina en los directorios de las corporaciones oligárquicas y eso los pone en pugna con la verdad. Con motivo de esta conmemoración, realizaron un esfuerzo encomiable que quedó plasmado en importantes páginas de diarios y revistas y en algunas películas de televisión. De ellas habría sido mucho lo que hubiéramos podido aprender si los énfasis los hubieran puesto en las esencias causales de tan dramáticos acontecimientos y no tanto en anécdotas meramente circunstanciales.

En los programas de televisión, por ejemplo, fue mucho más el esfuerzo dedicado a mostrar las miserias espirituales de algunos, no pocos, que se dedicaron a saquear y conseguir beneficios personales en medio de este desgarrador infortunio, que el destinado a mostrar las causas de una hecatombe que encontró su detonante en la muerte del mártir, pero que ya venía acuñándose en la insoportable pobreza que provocaban los egoísmos oligárquicos, y cuyas causas pretendieron disimularlas con el azuzamiento del sectarismo partidista.

Contra ese azuzamiento fratricida se alzaban los impactantes discursos del caudillo, a través de los cuales buscaba la unidad de los pobres contra las castas oligárquicas liberales y conservadoras. En las películas de televisión estaba su voz, pero no su propósito de unidad. Esa voz allí resonaba, pero más a la manera de fondo musical y con la intención de acentuar el dramatismo del programa que como instrumento de denuncia ante la infamia de su asesinato o como estímulo al conocimiento de su pensamiento.

En fin. Con el papel que jugaron en esta celebración, como en muchas otras veces, los grandes medios quedaron en deuda. Ellos están obligados por la Constitución a cumplir la insoslayable tarea de garantizar el derecho de la sociedad a una información limpia, libre y razonable, con todo lo que ello implica en cuanto a sujeción a la objetividad y a la exclusión de cualquier segunda intención que los ponga en riesgo de entrar en riña con la verdad. El servicio que todos estamos en el derecho de esperar de ellos debe estar inspirado en ese deber ético, ya que sin él es imposible que podamos considerarnos en ejercicio del derecho constitucional a estar bien informados.

El pensamiento de Gaitán conserva inmensa vigencia. El bebió en las fuentes del socialismo, pero ni siquiera sus reclamos a favor de la paz y de los humildes han podido concretarse en soluciones que hagan innecesaria su inclusión en la agenda de las reivindicaciones sociales. Pareciera que aquel nueve de abril, con todas las pérdidas que significó en vidas, en bienes y en caos institucional, no hubiera servido a nuestros dirigentes para sacar las lecciones correspondientes. Antes por el contrario, muchas veces más han reincidido en crímenes de parecida significación, como los que cegaron la vida de los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro León-Gómez, o la de tantos otros que se atrevieron a alzar su voz en defensa de los humildes.

CANALES DE ENTENDIMIENTO

Por Rodrigo López Oviedo

El interés por la supervivencia de algunos retenidos de las FARC ha rebasado tantos límites que ya ha llegado a sugerirse que entre las víctimas del conflicto colombiano hay rehenes de primera, de segunda y de otras categorías. La evidencia más reciente la tenemos en la misión médica que desplazó el gobierno de Francia con el supuesto fin de atender a todos los retenidos por la guerrilla: ¿Habría llegado tal misión si entre los cautivos no estuviera Ingrid Betancourt?

La respuesta negativa al anterior interrogante puede servir para confirmar la veracidad de la crítica en cuanto hace a nuestro alto Gobierno y a la comunidad internacional; pero no así a la organización guerrillera y a sus miembros, para quienes resulta indiferente que los cautivos se llamen Ingrid o José o que su nacionalidad sea criolla o extranjera. No de otra manera se explica que hayan permanecido imperturbables ante las gigantescas campañas a favor de la colombo francesa mientras que a los reclamos de libertad de otros rehenes de menos campanillas sí han respondido favorablemente.

El mayor interés de las FARC por los cautivos está fundamentado en la posibilidad de aprovecharlos para sacar de las prisiones a sus combatientes y retornarlos a las filas. Es entendible que, en ese propósito, solo quieran el regreso de quienes conserven intacto su compromiso revolucionario, para lo cual les resulta insoslayable el procedimiento del intercambio consensuado antes que las liberaciones unilaterales que maliciosamente Uribe les ofrece. Ese intercambio solo puede lograrse a través de apropiados canales de comunicación.

El desafortunado fracaso de la misión médica también confirma la necesidad de que exista ese canal. Además de provocar un justificado pesar por el desperdicio de recursos que implicó, y que bien aprovechados hubieran servido para aligerar los dolores de algunos cautivos y para mermarle decibeles a la vocinglería guerrerista, ese fracaso debería motivar la apertura de una discusión franca acerca de la conveniencia de activar tal canal, de manera que sirva para establecer contactos cada vez que se haga inaplazable llegar a algún grado de entendimiento, como el que demandó esta coyuntura.

Desafortunadamente el Gobierno ha resultado ser el menos interesado. Solo piensa en montar talanqueras de hecho cuando de palabra anuncia lo contrario. Nuestro mal llamado Comisionado de Paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, sirve de ejemplo. No solo resolvió enterrar definitivamente cualquier posibilidad de despeje de Florida y Pradera con el argumento absurdo y populachero de que no se les puede entregar a las FARC “la vida y los bienes de unos ciudadanos”, sino que prácticamente vetó la participación de todo mundo en los esfuerzos de paz, pues, según lo dijo en un rechazo expreso a Piedad Córdoba, que debe entenderse extendido a todos los demás colombianos, "el manejo del proceso de paz es competencia del Gobierno” y “un ciudadano, por más importante que sea, no puede estar arrogándose funciones que están en cabeza del Presidente”.

Se trata, por supuesto, de argumentaciones con las cuales el uribismo busca ponerse a salvo de acercamientos con la guerrilla que lo pongan en peligro de tener que abandonar las armas con las cuales se comprometió a terminar un conflicto que bien sabe él que con ellas solo se perpetúa, y al cual los ciudadanos debemos buscarle otros caminos si queremos que, por el contrario, termine.