KYOTO MURIÓ EN COPENHAGUE

Por Rodrigo López Oviedo

Boicoteada por las potencias, terminó en Copenhague la XV Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático.

De ella se esperaban, para el 2020, al menos dos compromisos que garantizaran posibilidades de vida en nuestro planeta para las nuevas generaciones: Que la emisión de CO2 no superara el 75 por ciento del que se emitía en 1990 y que no se produjera un incremento de la temperatura global superior a 1,5 grados.

Para infortunio de las especies vivas del planeta, quienes decidían en este Evento no eran los representantes legítimos de los pueblos, lo cual habría facilitado el acuerdo, sino, disfrazados de tales, los emisarios del gran capital transnacional, más interesados en conservar las altas tasas de ganancia que en encontrar mecanismos que permitieran preservar para la vida esta gran casa común a la que denominamos Tierra.

La Conferencia pudo estar adornada con la presencia de los representantes de más de 20 mil organizaciones de carácter ambientalista, pero los organizadores no ofrecieron lo que era de esperarse, solo represión, para garantizarles su participación. Esto las llevó a que tuvieran que reunirse en un evento paralelo, del cual no era posible esperar conclusiones que comprometieran a país alguno, aunque sí dos consignas que de seguro iluminarán las acciones futuras de las masas en todo el mundo: “Si el planeta fuera un banco, ya lo habrían salvado” y “No cambiemos el clima. Cambiemos el sistema”

Sindiquemos, entonces, con total justicia, como los grandes responsables del fracaso de la XV Conferencia a los representantes de Estados Unidos y de los más poderosos países de Europa, a los cuales les pareció que la hecatombe terráquea, vaticinada por el mundo científico, podrá escoger a sus víctimas, y que lo hará como lo hace el mismo gran capital cuando actúa como dueño de sus mezquindades contra los trabajadores: a favor suyo y endosándole las pérdidas al resto de la humanidad.

A propósito de mezquindades, referencia especial merece el presidente Uribe, quien llegó a la Cumbre con más interés en aparentar esfuerzos por lograr soluciones que en dar evidencias claras de estarlas buscando. Esto fue lo que hizo con su mentiroso discurso, a través del cual pretendió ocultar las culpas que le pesan como cliente UNO A de Monsanto y del peligroso glifosato.

Y también merecen especial mención, pero con signo contrario, los países agrupados en el ALBA, con Venezuela, Bolivia y Cuba a la cabeza. Con sus pronunciamientos, dejaron señalado con toda claridad el norte al que debemos dirigirnos quienes nos encontramos al sur de la ignominia: dignidad, soberanía, respeto y, por sobre todo, unidad contra el capitalismo, causante como el que más del desastre climático al que la humanidad se halla enfrentada. Especialmente severa fue el ALBA al enjuiciar la actitud de Obama al imponer un documento “cocinado” en la oscuridad de la noche y a espaldas del evento mismo, mientras en el evento paralelo continuaban coreando lo que había que decir: ¡No cambiemos el clima, cambiemos el sistema!

Con las decisiones tomadas, todas carentes de compromisos vinculantes, podemos cantarle un réquiem al Protocolo de Kyoto. ¡En Copenhague le dieron muerte!

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Aprovecho esta ocasión para manifestar mi deseo de pronta recuperación al maestro Benhur Sánchez. Su pluma y sus pinceles tienen aún mucho que aportarle a la cultura en nuestro querido país.

QUEJA AL SUPERINTENDENTE DE SALUD

Por Rodrigo López Oviedo

Mientras vacilaba para este comentario entre los temas de la Reunión de Copenhague y el Informe sobre la toma del Palacio de Justicia, me vi en un percance de salud que me resolvió la incertidumbre en favor de la denuncia del hecho al Superintendente de Salud. Los siguientes fueron los términos:

Respetado Superintendente:

Aproximadamente a las 9 A. M. del 30 de Septiembre de 2009, estando de consulta con el otorrinolaringólogo Jaime Ernesto Baquero en los consultorios de la NUEVA EPS de la carrera 5ª con calle 42 de Ibagué, me sobrevino un desmayo con convulsiones y pérdida del sentido de la ubicación. El mencionado doctor Baquero me prestó sus esmerados auxilios y me remitió a urgencias para que me examinara un neurólogo.

Esta remisión demoró más de dos horas en materializarse, pues los funcionarios administrativos de la EPS no hallaban ambulancia ni centro de urgencias con neurólogo a donde me pudieran remitir. Por fin, aproximadamente a las 11.30 A. M., fui remitido a la Clínica Ibagué, pero cuál no sería mi sorpresa al saber que ésta Clínica no disponía de un neurólogo.

Como a eso de las 2.30 P. M., luego de tomarme un TAC y otros exámenes, la Clínica Ibagué me devolvió a la NUEVA EPS con el argumento de que allí encontraría un neurólogo atendiendo las citas del día. No habiendo ya ambulancia, regresé en taxi a la NUEVA EPS, donde efectivamente estaba atendiendo el neurólogo Germán Alonso Palacios. Se imaginará usted mi nueva sorpresa al saber que este hipocrático doctor Palacios se negó a atenderme porque, según dijo, ese lugar no era un centro de urgencias. Al final, sólo pudo lograrse que este profesional revisara el TAC y me formulara fenitoína mientras conseguía una cita.

Para el 22 de octubre de 2009 logré cita con el mismo doctor Palacios. Ese día me formuló nuevamente fenitoína y me ordenó un electroencefalograma. La fecha del encefalograma, inexplicablemente, solo pudo concretarse el 19 de diciembre, día en el que por fin se me practicó el examen, aunque sentado en una silla porque el sitio carecía de camilla, y sosteniendo en mis propias manos una lámpara, pues tampoco se disponía de un trípode.

Y como si lo anterior fuera poco, allí, en pleno examen, mientras sostenía aquella lámpara, me sobrevino una nueva pérdida de conocimiento, con todo y convulsiones. Lo que vino después fue ver a mi esposa que me sostenía en sus brazos al tiempo que clamaba por una camilla, por un médico y por una adecuada atención. Nos sugirieron entonces ir a las urgencias de la Clínica Minerva donde encontré que efectivamente tienen un neurólogo, pero que resultó ser el mismo doctor Palacios que me negó su atención el 30 de septiembre, quien tampoco ahora pudo atenderme porque, ríase señor Superintendente, sólo atiende a los hospitalizados de la Clínica, no a los de urgencias.

Ante lo anterior, cabe preguntar: ¿Nos hemos quedado en la NUEVA EPS sin un servicio tan vital como el de urgencias? ¿Tampoco las clínicas contratadas por LA NUEVA EPS están obligadas a prestarlo? ¿Ni siquiera un aspecto tan sensible como la salud podrá contar con la atención diligente del Estado? ¿Habrá quién le ponga freno al abandono en que vamos quedando los colombianos?

El país espera su respuesta, señor Superintendente.

UN DISCURSO CÍNICO Y PREPOTENTE

Por Rodrigo López Oviedo

Leer las palabras de Obama en agradecimiento a su Nobel de Paz es encontrarse con un discurso cínico y prepotente.

Impregnado de ese espíritu de guapetón perdonavidas que parece contagiar a casi cuanto compatriota suyo se hace inquilino de la Casa Blanca, Obama llegó a Oslo con una pieza oratoria que más pareció un galimatías de guerrero pacifista, hecho a propósito para que el Comité Nobel no tuviera pena de reiterarse como otorgante de un Premio que fue establecido para reconocer logros de paz y que terminó entregándolo al presidente de la potencia que, con Alemania, más dolor y muerte ha causado en el mundo.

Aparentando desconocer el protagonismo del aparato de guerra norteamericano, Obama inocentemente confiesa que las manifestaciones de destrucción y muerte que ha sufrido la humanidad obedecen, no en gran parte a la actividad de ese aparato, sino a la inagotable “capacidad de los seres humanos de idear nuevas maneras de matarse”, a que “la maldad sí existe”, a que “la fuerza es a veces necesaria”, y a “las imperfecciones del hombre y los límites de la razón”, ante lo cual él se reserva el derecho de actuar unilateralmente, si es necesario para defender a su país.

Por supuesto que tan enternecedoras palabras no alcanzaron para desteñir siquiera las horribles manchas que cayeron sobre el Comité Nobel al profanar el Premio con el craso error de esta escogencia.

Muchas de las críticas que sucedieron al discurso no fueron más que repetición de las que hubo cuando se supo sobre quién recaería la distinción; solo que ahora estaban confirmadas por los “olvidos” de lo dicho en campaña, aunque más valdría decir que por las certezas de que el presidente de Estados Unidos, quienquiera que sea, no puede ni intentar siquiera torcer la voluntad del estamento industrial – militar de ese país, ni subvertir su papel rector de la política de guerra que establece desde el Pentágono.

Por eso resultan mentirosas las afirmaciones de Obama en el sentido de que Estados Unidos no es responsable de una de las dos guerras en que hoy se encuentra directamente comprometido. Lo es, y no solo de esa. Lo es de casi todas las que vinieron después del holocausto en que nos hundió el fascismo, y lo será de las que vengan si no logramos encontrar el mecanismo que lo haga retroceder en las tesis que expuso su presidente sobre guerras justas y guerras preventivas, a las cuales se puede acudir, según dijo, si se libran como último recurso o en defensa propia y si la fuerza utilizada es proporcional a la de los contrincantes y no se somete a civiles a la violencia.

¡Qué cinismo! ¿Será que las fuerzas que Estados Unidos despliegan en Irak y Afganistán actúan en defensa propia y son proporcionales a las que pueden utilizar los naturales de esos países? ¿Será que lo fueron las que desplegaron en Vietnam, Laos, Camboya o Grenada? ¿Será que las víctimas de estos conflictos no fueron o están siendo fundamentalmente los civiles, como lo fueron casi exclusivamente las de Hiroshima y Nagasaki? Y con respecto a “último recurso”, ¿será que así se seguirá llamando la falta de docilidad de los gobiernos que por carecer de ella terminarán siendo agredidos?

Definitivamente se trató de un discurso cínico y prepotente.

ESTADO Y JUSTICIA

Por Rodrigo López Oviedo

Según conceptos surgidos y puestos en práctica ante las tareas de reconstrucción que quedaron de la 2ª Guerra Mundial, el Estado social de derecho es la forma como debe organizarse la sociedad para que las distintas ramas del poder público puedan armonizarse y garantizar la justicia social y la dignidad humana.

El Polo Democrático Alternativo ha incorporado ese concepto a su Ideario de Unidad. Allí se define que un Estado social de derecho es el que, además de ser soberano y pluralista, hace efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población, así como los de protesta, organización y huelga, y asegura el respeto de las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución.

La Constitución del 91 establece que Colombia es un Estado Social de derecho, al cual le corresponde: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.

Como puede observarse, no es por carencia de conceptos ni de normas por lo que nuestra población está tan separada de las satisfacciones que se derivarían de un Estado Social de Derecho. Ha sido más bien por falta de gobernantes comprometidos con tales satisfacciones, de una conciencia que la haga sentirse con derecho a exigirlas y de un grado de organización que le garantice posibilidades de éxito en su lucha por reivindicarlas.

Lo que puede conseguir con tantas privaciones es la violación sistemática de sus derechos, como viene ocurriendo, por ejemplo, con el derecho al trabajo. Los dueños del capital esperan obtener altas tasas de ganancia y eso les hace deseable que exista un ejército de desempleados capaz de generar entre los ocupados el temor a ser reemplazados si se dan a cuestionar las condiciones de empleo con que cuentan. Este temor propicia bajos niveles de organización y de lucha y altos grados de impunidad.

Tal vez por ello, el Polo plantea la conveniencia de una reforma a fondo de la justicia. No porque la justicia sea más importante que el empleo, la salud o los demás derechos, sino porque su carencia genera impunidad y autorización para nuevas violaciones. El Ideario de Unidad del Polo aboga por una administración de justicia imparcial, independiente, gratuita y eficaz, al servicio de todos los colombianos. Y así como defiende algunos mecanismos del sistema actual, insta a que sean enriquecidos con procedimientos que los hagan más efectivos.

La acción de tutela es uno de tales instrumentos, pero requiere acompañarse de una escala de castigos crecientes para que no se persista en el incumplimiento de derechos tutelados, como lo hacen, por ejemplo, el Gobierno y las EPS. Ambos saben que son pocos los ciudadanos que se atreven a tutelar, y saben también que de esa indiferencia ante el instrumento se derivan ganancias inmensas para él y para ellas. Establecida esa escala de castigos, el Gobierno quedaría obligado a incluir en el POS los procedimientos y medicamentos tutelados y las EPS a suministrarlos, pues lo contrario los haría objeto de castigos cada vez más severos.

PARA ABRIR CAMINOS DE PAZ

Por Rodrigo López Oviedo

Conocido el último informe de la Corporación Nuevo Arco Iris sobre la forma como ha evolucionado la violencia en Colombia durante los últimos diez años, los seguidores de la Seguridad Democrática deberían hacer un alto en su respaldo a esa política del Imperio y de las derechas en Colombia. Confrontar los decires del Gobierno y de los grandes medios con la realidad que nos presenta este informe los llevaría a comprender que los progresos alcanzados no han sido tantos como los que les han querido hacer ver, aunque sí muy costosos para el erario, para la tranquilidad ciudadana y para la paz.

Este estudio, que se basó en cifras oficiales y en una ardua investigación de campo, asegura que si bien el Gobierno ha tenido éxitos militares sobre las organizaciones ilegales, los mismos no han sido tan sostenidos como para impedirle a las FARC la recuperación de algunos territorios ni al ELN su restablecimiento. Los narcoparamilitares, por su parte, siguen en su accionar, y hoy generan más violencia que la guerrilla, además de que actúan con fines políticos e ideológicos bastante afines a los del uribismo, y han logrado “explayarse” en ciudades como Bogotá y Medellín.

Si exceptuamos el 2002, año durante el cual se dio un pico poco representativo, por lo exageradamente alto, de la tendencia general de las acciones bélicas de las FARC, cuyo promedio anual entre 1997 y 2007 llegó a 1004 acciones, del informe resulta revelador el que durante 2008, es decir, durante el sexto año del ascenso de Álvaro Uribe a la Presidencia, tales acciones bélicas hayan ascendido a un mil 354, es decir, el 35 por ciento por encima de ese promedio. Pero más revelador resulta aún que, con todo y ser el de 2008 un número ya de por sí alto, el de enero a octubre de 2009 supera en el 25 por ciento el de las acciones presentadas en igual período de aquel año.

Estas cifras dan entonces a creer que era cierta la afirmación de algunos analistas, quienes le señalaban a esta guerrilla el estar acudiendo a la estrategia del repliegue en respuesta a las acciones reforzadas de la fuerza pública de los últimos años; y que tal vez a ello, y solamente a ello, obedezca la recuperación que la fuerza pública ha hecho de parte del territorio nacional; recuperación que, según el mismo informe, solo ha llegado al 55 por ciento y a cerca de 700 municipios.

Señala Nuevo Arco Iris en su informe que los resultados militares de la Seguridad Democrática se han topado con “un techo” que deja al país ante dos alternativas: profundizar en la política de guerra o escoger la vía de la negociación. El pensamiento democrático desde hace mucho tiempo se pronunció por la vía de la negociación, y el informe comentado le confirma la razón en sus críticas al camino de la guerra. Ojalá ese pensamiento democrático, haciéndose mayoritario en la confrontación electoral que se avecina, pueda superar la criminal alianza narco-paramilitar de derecha que desde hace ya buen tiempo tiene copados importantísimos espacios de la vida nacional. Lo contrario es permitir que el país siga siendo empujado por el despeñadero en que desde hace más de 60 años está cayendo, pese a la resistencia de los mismos sectores democráticos.

ENTRE LAS PRESIONES Y LA INDISCIPLINA

Por Rodrigo López Oviedo

Al ministro de Agricultura, doctor Andrés Fernández, le cupo la suerte de entonar los cánticos de la victoria ante la fallida moción de censura que presentaron contra él los senadores de la oposición. Los votos que a su favor depositaron 41 senadores le fueron suficientes para quedar oficialmente absuelto de responsabilidades ante uno de los escándalos más bochornosos que hayamos conocido en nuestro largo historial de corrupciones.

Se trata, sin embargo, de un triunfo relativo. La absolución real, esa que solo puede impartirse con una razonable convicción de inocencia, no la obtuvo ni la podrá obtener de los ciudadanos de bien, y ni siquiera de estos 41 absolvedores de oficio. Ellos saben que el voto lo dieron a pesar de sus certezas en contra, ya que si bien no han visto al Ministro directamente involucrado en los actos que provocaron la propuesta de moción, ni tal cosa pretendieron comprobarla los proponentes, sobre él sí pesa la responsabilidad política derivada de su condición de escudero de los verdaderos protagonistas, Uribe y Andrés Felipe Arias, contra quienes resultan más que probatorias las desproporcionadas cifras con que terminaron beneficiados algunos individuos y familias, que si bien son de variada catadura moral, coinciden todos en su uribismo.

Con esta absolución, pero especialmente con los muñequeos hechos desde Palacio para lograrla, quedaron al desnudo los reales compromisos del Gobierno ante este vergonzoso flagelo, y en especial los anunciados por Uribe en sus anteriores campañas, incluida la del primer referendo: aprovecharse de él en la medida en que sirva al propósito de eliminar restricciones contrarias a los intereses oligárquicos y transnacionales.

Pero también el resultado hizo ver que de la aplanadora de ayer solo va quedando el reducido grupo de congresistas que coinciden con el Mandatario en sus intereses de clase. Los demás solo están dispuestos a concederle el respaldo que venga acompañado de halagos capaces de opacar esas reservas morales que los llevarían a dejarse seducir por los incontrovertibles argumentos de la oposición, como ocurrió con algunos al momento de esta votación.

Pero tampoco la oposición pudo ofrecer el balance deseable. Sus 30 votos pudieron haber sido más si se hubiera propuesto contrarrestar la amenaza de estigmatización que se cernía contra algunos de sus miembros por tener entre sus allegados a personas también beneficiadas con los programas motivo de la moción. Al aceptarse impedidos, no parece que hubieran estado concientes de que el problema no radicaba en recibir, pues nada de malo había en ello si se cumplían los requisitos, sino en las estrambóticas sumas que el Gobierno desvió hacia mafiosos, paramilitares y potentados o que pagó a delincuentes que estaban camuflados entre muertos y suplantados, con lo cual se protocolizaron actos que las autoridades muy seguramente llegarán a calificar de peculados.

Pero también la oposición careció de la disciplina que el caso requería. En momentos de tan suma importancia, no haber estado atenta a la votación la privó de un resultado que si bien pudo no ser suficiente para sancionar al Ministro, al menos sí le habría servido para salir fortalecida de una de las coyunturas más importantes que se hayan dado en el Congreso. Los senadores ausentes le deben una explicación convincente al país. Al menos eso esperamos en el Polo de Gustavo Petro y Gloria Inés Ramírez.

ESTRATEGIAS DE DIVISIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Los acontecimientos que siguieron a la Consulta del Polo Democrático Alternativo pareciera que se hubieran concertado con él para ayudarlo a salir de toda incertidumbre. Especialmente aclarada quedó la que le daba posibilidades a Gustavo Petro de poner su candidatura en una baraja con todos los demás candidatos opuestos a Uribe y a sus caniches, para sacar de ella el nombre de quien en representación de todos asumiera definitivamente la candidatura presidencial. Quienes se creía que podrían participar de tal escogencia optaron por dejarse contar en la primera vuelta y le facilitaron al Polo llegar a ella con su propio candidato, como lo decidió su II Congreso.

Siendo claro lo anterior para los grandes medios, y sabiendo que allí se agotó una veta que podían explotar para hacer ver al Partido como un escenario de contradicciones irreconciliables, ahora se obstinan en hacer ver como tales algunos forcejeos, como el que se está dando entre algunos aspirantes a llegar a su presidencia. Tales forcejeos resultan naturales en todas las organizaciones, y más en el Polo, que surgió de los anhelos de unidad de bastiones importantes de la vida nacional, pero también de una reforma política que habría dejado sin personería a sus fuerzas componentes si se hubieran empecinado en seguir cada cual por su lado.

Esas organizaciones tenían sus propias apreciaciones políticas, y algunas tal vez aún las conserven. Pero todas entendieron que solo actuando unidas podrían acercarse a la materialización de sus mayores propósitos. De allí que los desprendimientos que ha sufrido el Polo hayan resultado escasos y casi todos, por fortuna, susceptibles de enmienda. Y aunque pueden presentarse otros, lo importante es que lo que ha ido quedando es cada vez más consistente y esperanzador.

El deber de hoy no es otro que el de perseverar en el mantenimiento de esa esperanza, e iluminados por ella, ir atendiendo los requerimientos de cada hora, sin dejarles espacio a posiciones como las que encarnan ciertos personajes que desde siempre han sido defensores del statu quo, y ahora, por arte de birlibirloque, aparecen transformados en portaestandartes del bien ajeno.

Tales personajes se han dado a la tarea de impartir consejos a diestra y siniestra con el solo propósito de alimentar egos y reventar los logros alcanzados mediante tantos esfuerzos de unitadad. Con respecto a lo primero es posible que estén logrando algunos resultados. Con respecto a lo segundo, más les valdría reforzarse con nuevas estrategias, y bien sabemos que lo intentarán.

Por eso, el Polo debe procurar ponerles sordina a las desafortunadas críticas que también dentro de él se lanzan contra algunos de sus dirigentes, tal vez en respuesta a los conceptos de inexplicable encomio que repetidamente dan sobre determinadas políticas oficiales. Aunque es cierto que tales conceptos no le permiten mostrarse claramente como el partido de oposición que quiere ser y le dan pábulo al equívoco de hacerlo ver como una congregación susceptible de amoldarse a propuestas contrarias a su Ideario de Unidad, criticarlos con la acidez que utilizan algunos militantes solo sirve para hacerles el juego a esos propósitos divisionistas y distraerlo de las dos tareas más importantes del momento: conformar el más amplio frente contra el referendo uribista y llevar a las urnas a los millones de colombianos que coinciden con él en los anhelos de cambio.

UN ACUERDO CONTRA NUESTROS PAÍSES

Por Rodrigo López Oviedo

Buena maña se dieron los negociadores del Acuerdo que comprometió a Colombia a permitir que Estados Unidos utilizara siete bases militares y otras más. Buena maña para que su redacción fuera suficientemente enmarañada en cuanto a los propósitos de fondo, pero clara respecto de los beneficios concedidos al país del norte.

Lo que se suponía iría a ser un instrumento contra el terrorismo y el narcotráfico y estaría circunscrito a lo que pudiera hacerse dentro de nuestras fronteras, terminó siendo un “Acuerdo complementario para la Cooperación y la Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad”, inspirado en la intención de “fortalecer la relación estratégica de seguridad entre las Partes” y de “enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”.

Quien quiera entenderlo que lo entienda: defensa, seguridad, paz, libertad y democracia son palabras mayores. Al utilizarlas, se rebasaron los publicitados propósitos antinarcóticos y antiterroristas y Colombia quedó casada con el bando estadounidense para cuando quiera que se presenten fenómenos que, a juicio de este, afecten los intereses que se esconden tras tales palabras. Con el Acuerdo se protocolizó una entrega más de nuestra soberanía y se extendió una patente de corso contra nuestros vecinos latinoamericanos y caribeños, especialmente contra los que han demostrado no ser muy amigos de las políticas estadounidenses.

Salvo una cláusula inocua que obliga a las tropas norteamericanas a rendirles a las nuestras las debidas cortesías cuando por motivos del Acuerdo algunos miembros de estas traspasen sus fronteras, son los norteamericanos los únicos favorecidos en todas las esencias generales del Acuerdo, pero también en las particulares. Sus operadores y familiares a cargo tendrán para sí un sinnúmero de derechos, de los cuales, a manera de ejemplo, mencionemos el de la inmunidad penal; el de la exoneración del pago de tasas, aranceles y tributos; el del otorgamiento de visas preferenciales y de cortesía, y el de no tener que permitir la inspección de sus equipos de transporte y de los bienes que estén registrados en sus declaraciones de aduana.

Claro que algunas personas quedaron exceptuadas de tantos beneficios: los operadores colombianos, civiles y militares.

Rechazo especial merece el que los operadores extranjeros no se considerarán residentes o domiciliados en Colombia. Esto significa que los ingresos económicos que aquí perciban no estarán sometidos a ningún gravamen. Pero también merece seria crítica el que se les haya concedido autorización para que establezcan estaciones receptoras y difusoras de radio y televisión por satélite sin necesidad de tramitar licencias y sin que ello genere costos para Estados Unidos.

Una de las mayores críticas que antecedieron al Acuerdo estuvo relacionada con lo tardíos que resultarían para Colombia los informes sobre las operaciones realizadas. En respuesta, el Gobierno manifestó que, al contrario, los procedimientos se diseñarían de tal forma que podría conocer de tales operaciones en tiempo real. Leído el Acuerdo, la razón terminaron teniéndola los críticos, pues el texto señala claramente que las partes operativas “podrán” presentar a sus gobiernos un informe de las labores realizadas y logros alcanzados con una periodicidad… ¡anual! Es decir, que ni siquiera “tendrán” que presentarlos, y en caso de hacerlo, lo harán cuando ya todo pataleo resulte inútil.

Ante semejante Acuerdo, cualquier país digno llevaría ante los tribunales al gobernante que tan vergonzosamente lo entrega a intereses extranjeros.

DISCRECIONALIDADES INCONVENIENTES

Por Rodrigo López Oviedo

Muchos comentarios provocó la decisión tomada por la Dimayor ante la agresión sufrida por un juez de línea en Pasto. Ya el equipo local tenía prácticamente asegurada la victoria cuando alguien descargó un guijarro sobre uno de estos servidores. De inmediato, el árbitro decretó la suspensión del juego, lo cual acarreó que los tres puntos pasaran a manos del visitante, pese a no saberse con cuál equipo simpatizaba el vándalo.

Algo parecido ocurrió en el Senado el pasado 27 de octubre. Desde hacía algunos días, el país venía conociendo indignado cómo los recursos del programa Agro Ingreso Seguro se estaban repartiendo por millonadas entre terratenientes afines al Presidente Uribe y al ex ministro Andrés Felipe Arias. Ante semejante expoliación, la bancada del Polo Democrático Alternativo había citado al ministro de Agricultura, doctor Andrés Fernández, para que respondiera por tales hechos, pero lo que se esperaba fuera un encendido debate terminó convertido en la acción abortiva más repugnante que hayamos conocido: inmediatamente después de que una de las figuras más cimeras del Senado, el polista Jorge Enrique Robledo, desnudara el hecho corrupto, cayó sobre el hemiciclo una salva de aplausos que dio pie a que el presidente de la Corporación -el antes no, pero hoy sí uribista doctor Javier Cáceres- aprovechara para levantar la sesión y salvar al Ministro de la vergüenza de no poder responder a los argumentos del Senador.

Lo cierto es que, igual a lo ocurrido en Pasto, aquí no se supo de quién fue la iniciativa de las palmas. Si nos atenemos al motivo, fácil sería pensar que fue de los polistas. Pero si examinamos lo ocurrido a la luz de lo que suele darse en las células legislativas, donde es sabido que las barras no pueden acompañar las intervenciones de los congresistas con vítores ni vituperios, la conclusión ya no resulta fácil. Al igual que en aquella ciudad, bien podría haberse dado el hecho de que algunos partidarios de unas bancadas se camuflaran entre las contrarias para desencadenar contra estas el castigo establecido por unas normas solo recordadas en aquel momento por quienes incitaban a su violación.

Pero dejemos el campo de las elucubraciones y preguntémosle al Doctor Cáceres: Señor Presidente: ¿habría usted levantado tan abruptamente la sesión si con tal decisión se hubieran afectado los intereses de su jefecito, el presidente Uribe? ¿Lo habría hecho en las sesiones aquellas en que se definía, ya contra el reloj, la suerte del referendo? ¿No teme que con este antecedente, salido de su vocación autoritaria, se vuelva costumbre el camuflar amigos entre enemigos para que con vítores se busque impedir que se aprueben algunas decisiones que resulten estorbosas?

Este caso debería hacernos pensar en lo urgidos que estamos de algunas reformas a un cuerpo congresual en el cual no importa la calidad de los argumentos, sino la bancada a la que se pertenece, aunque bien sabemos de la disposición de algunos congresistas a patear contra su propio arco con tal de no dejarse ver tan comprometidamente cómplices de hechos de corrupción tan monumentales como el que generó este debate.

Pero particular interés debería despertarnos la necesidad de ponerle cortapisa a las muchas discrecionalidades de que están investidos los presidentes de estas corporaciones, a fin de evitar tentaciones totalitarias como ésta, en la que cayó el doctor Cáceres.

COOPERAMOS: UN TRIUNFO CON BEMOLES

Por Rodrigo López Oviedo

En su Asamblea del pasado 24 de octubre, Cooperamos obtuvo un triunfo de características mayúsculas al protocolizar su reactivación. La región podrá contar nuevamente con la más importe empresa que se haya levantado con el esfuerzo de los tolimenses y sus casi 60 mil afiliados podrán volver a sus oficinas a disipar las penas de sus bolsillos y a disfrutar de los muchos otros servicios allí dispuestos para atenderles.

Se trata, por supuesto, de un hito que nos regocija, pero del cual no podemos olvidar que se hizo posible gracias a unos cuantos ciudadanos que se dedicaron con denuedo a concretarlo, no obstante que algunos ni siquiera eran asociados. Los tiempos que vienen recuperarán sus nombres para rendirles el homenaje que aún hoy no tenemos conciencia de deberles.

Pero tampoco podemos dejar que esta experiencia pase sin que nos percatemos de que se concretó sin haber resuelto algunos problemas presentados durante el proceso, los cuales pudieron haberse convertido en escollos insalvables de no haber sido por la Superintendencia de Economía Solidaria. Esta Entidad eludió pronunciarse sobre las irregularidades de las tres audiencias de acreedores internos que antecedieron a la Asamblea, no obstante que la ley solo autorizaba la realización de una sola y que ninguna se dio con el quórum exigido por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

No haber aprendido de esa experiencia nos llevó a nuevos errores, de los cuales tal vez el más craso haya sido el de cambiar el objeto social. Cooperamos no seguirá siendo la cooperativa de “ahorro y crédito” que todos conocimos, sino la de “aporte y crédito” que algunos equivocadamente creyeron que tenía que ser.

Esta decisión transgrede el contenido del decreto 557 de febrero de 2009, el cual señala: “Solo aquellas cooperativas con actividad financiera que se encuentren en liquidación y se sometan al procedimiento de reactivación previsto en el presente decreto, podrán ejercer nuevamente el objeto social que venían desarrollando con anterioridad a la orden de disolución y liquidación”. Esto quiere decir que solo las cooperativas que ejercían el objeto social de “aporte y crédito” podrán ejercer nuevamente ese objeto; no así Cooperamos, ya que el que ejercía era el de “Ahorro y crédito”. De este nuevo error solo podrá salvarnos la Supersolidaria, haciéndose nuevamente la de la vista gorda.

Lo lamentable es que ese error no solo es jurídico. Ahora los asociados, muchos de ellos de salario mínimo o desempleados, solo podrán conservar su condición si aceptan privarse de un bocado, mes a mes, para poder entregarle a Cooperamos, como aporte, el cinco por ciento de ese salario.

Ahora bien, quienes vimos a la Agente Liquidadora deseosa de perpetuarse en la dirección de la Cooperativa perdimos toda duda. Hizo circular por internet la idea de que el período del gerente fuera de cuatro años. Afortunadamente, a la Asamblea no se le presentó esa idea, que de haber sido aprobada habría puesto a la Entidad en alto riesgo.

Tristemente, su propuesta de disminuir el Consejo de Administración a cinco miembros sí fue discutida y aprobada. ¡Felicitaciones! Para redondear semejante esperpento antidemocrático, solo le faltó agregar que fueran cinco miembros incondicionales, como los que tuvo en la pasada Junta Asesora, con la sola excepción de la señora Margarita Enciso.

¡Lástima que esta alegría nos llegue con tantos bemoles!

CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD

Por Rodrigo López Oviedo

La corrupción que hemos sufrido bajo la batuta de Álvaro Uribe será conocida por la historia como la de los mayores índices, pero también como la de mayor tolerancia social. Ni siquiera bajo Turbay este fenómeno alcanzó los niveles que hoy tiene ni los grados de permisividad que ostenta. Un buen ejemplo en contra es el que nos ofrece la sociedad española, donde recientemente viene dándose una formidable batalla contra tan aborrecible fenómeno, y más concretamente contra un caso al que se le conoce como la trama Gürtel.

La trama Gürtel se originó a raíz de una serie de contrataciones, tanto públicas como con el Partido Popular, que estuvieron antecedidas por untadas de mano de parte de un personaje al que le gusta que lo llamen don Vito, seguramente para inspirar los sentimientos que despertaba el Vito Corleone de Puzo. Aunque los corrompidos, 71 en total, eran todos militantes del Partido Popular, el mismo de Aznar, y alcanzaron a recibir dineros y regalos que en suma ascendieron aproximadamente a 16 mil millones de nuestros pesos, alteraron a tal grado el sentimiento íntimo de los españoles que ya muchos han sido destituidos de sus cargos y retirados del Partido

Notarán los lectores que esos casos ofrecen unas diferencias abismales, comparados con los que ocurren en Colombia. No solo por la cuantía sino también por los efectos: un desmedro del patrimonio público de 16 millardos de pesos no conmovería a nadie en nuestro país. La Fiscalía, la Procuraduría y el Zar Anticorrupción han coincidido en afirmar que este fenómeno nos cuesta a los colombianos cuatro billones de pesos anuales, y la cifra no ha despertado los merecidos pronunciamientos ciudadanos, pese a saberse que los autores, utilizando las más sorprendentes triquiñuelas, quedan sin castigo en unos altísimos porcentajes.

El ejemplo más reciente es el del programa Agro Ingreso Seguro. Este programa sirvió para que se feriara entre algunos amigos de las campañas de Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias buena parte de los multimillonarios recursos que estaban supuestamente destinados a prevenir y subsanar los destrozos que sobre las economías de los pequeños y medianos campesinos iría a producir el TLC. Pues bien, ya el Gobierno, gestor del programa y de su reglamentación y culpable de su mal uso, encontró que la forma de ganarse la impunidad era endosándole la culpa a otros o haciéndose pasar por víctima de supuestos tramposos, como lo viene haciendo.

Si al caso de Agro Ingreso Seguro le agregamos lo perdido en nóminas paralelas, sobrevaloración de predios afectados por la construcción de obras públicas, reconocimiento de obligaciones inexistentes por parte de jueces venales, establecimiento de zonas francas a la medida de determinados personajes, tráfico de subsidios y suplantación de beneficiarios, inauguración de obras inexistentes, fraccionamiento de contratos, sobreprecios y demás violaciones a las normas de contratación pública, en fin, si hacemos una sumatoria de todos estos tipos de anomalías, al igual que de muchas otras que se omiten por razónes de espacio, y los comparamos con los 16 millardos, la diferencia resulta tan abismal que la corrupción española parecería ser hechura de las hermanitas vicentinas.

Esto debe convencernos de que las luchas contra la corrupción y la impunidad deben ocupar los primeros lugares en las prioridades programáticas de los sectores democráticos. Con tales flagelos no hay futuro.

EL NOBEL PARA OBAMA

Por Rodrigo López Oviedo

El premio Nobel que le fue otorgado al presidente Obama ofende la conciencia del mundo democrático. Estados Unidos ha sido la encarnación de los mayores apetitos expansionistas, el burlador por excelencia de la soberanía de los pueblos y, con Alemania, el principal protagonista de las guerras de agresión que en el mundo ha habido. El gran gendarme ha vivido dedicado a dejar sin aliento a quien quiera que en el mundo intente poner en riesgo un solo dólar de cualquier gringo o limitarle la posibilidad de apropiárselo. Hoy, como siempre, amenaza a los pueblos que quieran organizarse de una forma distinta a la suya, y nada de eso cambiará. Al menos no por la voluntad de Obama, quien, en estos nueve meses en el poder, no ha mostrado ningún interés práctico en hacerlo.

El Comité del premio, al advertir la inconformidad que su decisión levantaría, señaló la imposibilidad de que la distinción recayera siempre en “personas que están luchando (por la paz) y son idealistas”. Detrás de estas palabras solo hay el reconocimiento de que en Obama no hay un idealista ni un luchador por tan sentido ideal; tal vez sí un hombre cargado de buenas intenciones, pero sometido a la maquinaria bélica que domina en el Pentágono, del cual dependen las acciones guerreristas de Estados Unidos y de cuyas garras no aspira a liberarse. Esto es lo que hace desmoronables las ilusiones de quienes ven en el premio un estímulo al Obama de la campaña electoral, para que, poniéndose al servicio del desarme nuclear y de la protección del medio ambiente, actúe en consonancia con sus discursos altermundistas.

Tal parece que el Comité no supiera que las políticas medioambientales de Bush siguen intactas y que Obama ni siquiera le ha dado el gusto a la comunidad internacional de comprometerse con los protocolos de Kioto. Da la impresión de desconocer que cuando Obama rechaza el armamentismo no hace referencia al del estado que él gobierna, sino al de Venezuela, cuyos costos resultan minúsculos comparados con los que él conciente en que su país incurra para atender los agresivos conflictos en que se halla comprometido. Este Comité parece que no supiera que el propio Obama ha seguido adelante en el propósito de activar la IV Flota para infundirles miedo a los países centroamericanos y del Caribe, que han resuelto organizarse de una manera distinta a la usanza norteamericana y da la impresión de que no reconociera en las siete bases militares que el galardonado ocupará en Colombia una amenaza para los anhelos independentistas que bullen al sur del continente. Ni parece advertir su silencio respecto del anhelo cubano de recuperar a cinco valerosos héroes que purgan en mazmorras estadounidenses su pecado de enfrentar “en las entrañas del monstruo” las bandas terroristas allí desatadas contra la Isla.

En fin, el Comité parece no haber advertido que estos nueve meses no han sido suficientes para corroborar la sinceridad de los discursos de campaña de Obama ni tampoco la solidez de sus intenciones de materializarlos. Si pensó que con el premio instaría al Presidente al cambio, todas las señales que el presente muestra deberían servirle de mal presagio a lo que encontrará al finalizar su mandato. Pero el ojo ya está afuera y nada puede hacerse por el prestigio del premio.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Que cada pueblo se merezca el gobierno que tiene parece ser una sentencia plenamente confirmada en Colombia. Las mediciones de opinión respecto del gobierno de Uribe dan cuenta de una conformidad ciudadana tan extrema con él y con lo que hace que resultaría difícil equivocarnos al afirmar que es el que nos merecemos. Incluso hasta podríamos pensar que permaneceríamos conformes con cualquier cosa que hiciera, sin importar sus desaciertos, sus yerros ni desvergüenzas.

A los ciudadanos del común suele escuchársenos resonar como bafles, repitiendo al unísono, y casi sin desafinar, todo lo que le resulte conveniente a la continuidad de un régimen que cada día nos empobrece más, nos subyuga más y nos deja cada vez con menos futuro. Y resonamos como sapientísimos oráculos, sin percatarnos de que detrás de nosotros están los dueños del país manipulando nuestras conciencias y haciéndonos creer que lo que pensamos se origina en nuestros cerebros y no en los sofisticados laboratorios de propaganda ideológica y política en que se han convertido los grandes medios de comunicación de que son dueños.

Esto es lo que explica que, a pesar de que reconozcamos las muchas falencias de nuestro gobierno, de que nos escandalicemos con las largas uñas de muchos de sus funcionarios, con sus iniquidades y sus crímenes, y de que nos percatemos de sus artimañas para hacer del Estado un botín explotable a perpetuidad, nos mostremos dispuestos a permitir que continúen, período tras período, en su productivo oficio, sin que hagamos caso a las alternativas que ofrecen muchos otros colombianos, que entregan con desprendimiento lo mejor de sus vidas al propósito de construir un nuevo poder, capaz de proscribir tan aviesos métodos y de elevarnos moral y materialmente hacia estadios más dignos de la condición humana.

Que el pueblo se merezca el gobierno que tiene es, entonces, una afirmación que requiere revisarse. Los merecimientos de nuestro pueblo no pueden depender de lo que circunstancialmente piense o desee, pues lo que piensa y desea no es más que un producto derivado de años y años de sometimiento a una cultura dominante que no le es la propia, sino la de los grandes dueños de los medios de producción, la cual le ha sido impuesta, especialmente, a través de unos medios de comunicación que le informan y entretienen, pero que también le forman y deforman su entendimiento.

No. Los merecimientos reales del pueblo están en clara dependencia de lo que produce, que no es ni más ni menos que esa riqueza material y espiritual que solo puede crearse a través de su trabajo. Sobre la base de esos merecimientos debe edificar su propio gobierno, aunque para hacerlo deba demoler las estructuras del gobierno que le precede.

Siendo el monopolio sobre los medios de comunicación una de esas estructuras, y tal vez de las más importantes, su democratización es de gran importancia. Al pueblo no puede garantizársele el sagrado derecho a la información oportuna y objetiva si no se ponen en sus manos los instrumentos apropiados para lograrlo. A ese derecho debe supeditarse la supuesta libertad de prensa, que en Colombia solo ha significado la libertad de los monopolios de la comunicación a deformar los hechos, a tergiversar la realidad y a poner a la sociedad a pensar y obrar en contra de sus verdaderos intereses.

EL CAMINO A SEGUIR

Publicado el 30 de septiembre de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Lánguidas resultaron las consultas en que estuvieron comprometidos, entre otros, los partidos Liberal y Polo Democrático Alternativo. Lánguidas, pero también lamentables, y no tanto para el liberalismo, cuyos resultados alcanzados parecen confirmar que de este Partido solo va quedando algo más que un pequeño coro de militantes nostálgicos y anhelantes de que el país olvide que su colectividad comparte con el conservatismo la responsabilidad de los graves males que azotan hoy al país, pues lo ha acompañado en los oficios del poder desde el nacimiento mismo de la vida republicana.

Lamentable, sí, para el Polo, que no encontró la manera de sobreponerse a la campaña del establecimiento, harta, ésta sí, de recursos lícitos e ilícitos, puestos al servicio de hacer creer que con Uribe en la escena política nacional es más que suficiente y que todo esfuerzo por promover a otros protagonistas podría resultar inútil. Y esto, agravado para el Polo por los aberrantes casos de “voltearepismo”, de los que inexplicablemente fue víctima, y agregado a las deficiencias mismas de la campaña, en la que alguno de los bandos no quiso abandonar su propensión a la crítica malsana, produjo como resultado una abstención del 82 por ciento, si tomamos en cuenta los dos millones 600 mil votos de Gaviria en los últimos comicios presidenciales.

Ante tan alta abstención, quisiéramos pensar con el deseo y manifestar que ella puede ser también un indicativo del desinterés en que ha caído todo el electorado, y del cual también puede ser víctima el uribismo, lo que lo pondría en dificultades para superar el umbral necesario para quedarse con el referendo a su favor.

Se trata, por supuesto, de una conclusión no muy alejada de la realidad, pero que, para materializarla, debe adobarse con un trabajo capaz de seducir a ese 18 por ciento de polistas que estuvo en las urnas y que podría volcarse a la campaña contra el referendo en pos de una abstención que disuelva toda duda acerca de los anhelos nacionales de renovación política.

Ahora bien, habiendo sido Gustavo Petro el vencedor de la jornada en lo que hace relación al Polo, los analistas de la colectividad deberán descifrar si tal resultado puede interpretarse como una revisión de las conclusiones del Segundo Congreso y si lo que debe venir ahora es la búsqueda de acuerdos con Pardo, ganador de la consulta Liberal, y con las demás fuerzas no uribistas para ofrecerle al electorado una opción con posibilidades de triunfo en el enfrentamiento que se viene, ya contra Uribe en persona o ya contra su representante, o sí por el contrario habrá de esperarse hasta la segunda vuelta, como lo determinó el Polo en su Congreso.

En esta perspectiva, lo recomendable sería poner en manos de Petro la potestad de trazar el camino a seguir, siempre que no se dejen de lado los principios que la organización partidaria tiene establecidos en su ideario de unidad y en sus estatutos. Esclarecido el camino, debemos disponernos todos a caminar por él, en la intención de hacer del Polo un verdadero atractivo para las demás colectividades y los indecisos, todo dentro del propósito de librar al país de otro cuatrienio más de lo mismo y de forjar las bases para la construcción de una Colombia en la que quepamos todos sus hijos.

LA CONSULTA DEL POLO

Por Rodrigo López Oviedo

Nunca como en las calendas que corren se ha hecho sentir tanto la necesidad de que las fuerzas democráticas depongan muchas de sus discrepancias y cierren filas en torno a la recuperación de la esperanza en el futuro del país. No otra es la exigencia que plantea el ver desbocadas a las castas oligárquicas tras el aprovechamiento de unas condiciones que nunca le habían sido tan favorables a su propósito de configurar un Estado que responda más fielmente a sus intereses: letargo de las masas populares, debilidad del movimiento sindical, el Gobierno convertido en directorio político y, como si fuera poco, con dominio casi pleno sobre los grandes medios de comunicación y con ilimitadas posibilidades de modelar a su antojo la opinión ciudadana.

Esto les ha permitido ir desmontando lo positivo de la constitución de 1991, debilitar la oposición mediante procedimientos de guerra sucia, tomarse criminalmente las altas dignidades del Estado, legalizar prácticas políticas inmorales y recortar los derechos de los trabajadores, todo dentro del propósito de elevar las tasas de ganancia y eternizar sus privilegios.

Para alcanzar tan torvos fines, ningún escrúpulo les ha impedido utilizar procedimiento alguno, por más retorcido que sea. Así, por ejemplo, las hemos visto cabalgar sobre el honor de las instituciones de seguridad del Estado, a las cuales han llevado a frecuentes escándalos por desapariciones forzadas, asesinatos fuera de combate de insurgentes y de civiles, chuzadas y tráfico de drogas, entre otras prácticas que desdoran el prestigio que las acompañaba en tiempos ya remotos.
Y si a lo anterior agregamos la violación a la soberanía de países hermanos y la entrega de la propia para que sea pisoteada por fuerzas extranjeras, nos encontraremos con un cuadro cargado de evidencias sobre lo sucios que son los torrentes que corren por nuestra institucionalidad y lo necesitado que está nuestro pueblo de responder con unidad.

Pasos hacia esa unidad son los que está dando el Polo Democrático Alternativo. La consulta que este próximo domingo les hará a los colombianos le permitirá escoger entre Carlos Gaviria Díaz, Gustavo Petro y Édison Lucio Torres al dirigente que enarbolará la candidatura del Partido a la Presidencia de la República en los próximos comicios. Cualquiera de ellos está en condiciones de emprender tan importante tarea, pero necesita aglutinar en torno a sí al mayor número de los colombianos susceptibles de formar fuerza común en la magna empresa de las transformaciones que requiere nuestro pueblo.

Como toda medición social es un procedimiento cuyos resultados influyen positiva o negativamente en el ánimo de los consultados, esta consulta le plantea un compromiso de singular importancia al movimiento democrático, el cual deberá volcarse sobre la ciudadanía en procura de lograr una amplia participación. Cada quien lo hará desde su particular perspectiva, pero todos procurando que sea un canto a la unidad el que se levante en esta jornada.

Yo, por mi parte, hago públicas y reitero mis preferencias por el maestro Carlos Gaviria Díaz y en su beneficio invito a votar a mis lectores. Sin embargo, ello no obsta para que anime también a los seguidores de Gustavo Petro y de Édison Lucio Torres para que hagan lo propio, pues lo que importa es que podamos mostrar un Polo dispuesto a responderle con unidad a esas castas que tan desvergonzadamente nos gobiernan.

LA CONVOCATORIA DE COOPERAMOS

Publicado el 15 de septiembre de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Para éste próximo sábado, 19 de septiembre, los asociados de Cooperamos en Ibagué hemos sido convocados a elegir a los delegados que habrán de reunirse en Asamblea General cuando se conozcan las decisiones de la Superintendencia de la Economía Solidaria respecto de la reactivación que se aprobó en la Audiencia de Acreedores Internos del pasado 18 de abril.

Convocatorias idénticas ya se surtieron en los municipios que cuentan con un número considerable de asociados, pero, en gracia a la objetividad, es bueno señalar que el resultado final de todas ellas no ofrece muchos motivos para la esperanza. La explicación es sencilla: En un reciente concepto, el doctor Enrique Valderrama Jaramillo, Superintendente Solidario, ha dicho que de acuerdo con lo establecido por el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus decretos reglamentarios, la aprobación de la reactivación de una cooperativa que ha estado en proceso de liquidación requiere de un quórum “del 51 % del monto total de las acreencias internas”.

En este pronunciamiento hay una coincidencia total con los planteamientos que formulé cuando se preparaba la Audiencia del 18 de abril. Desafortunadamente los aborregados miembros de la Junta Asesora atendieron sumisos los silbos de la Agente Liquidadora, doctora Ángela Parra, quien les hizo creer que con 300 asociados era más que suficiente para cumplir con los requerimientos de quórum establecidos, según ella, por los decretos 557 y 558 de 2009.

La importancia del concepto del Superintendente, además de ser de tan importante funcionario, radica en haber sido posterior a la expedición de los mencionados decretos 557 y 558, de los cuales Liquidadora y Junta creían que derogaban el quórum establecido por el Estatuto, pese a que éste tiene fuerza de ley. Esto hace esperar que, al evaluar los acuerdos de la Audiencia, el doctor Valderrama se mantenga en su criterio y, al constatar que allí no hubo nada que se parezca al quórum mencionado, le niegue su respaldo a la reactivación aprobada.

Se trata, por supuesto, de un presagio que no quisiéramos ver cumplido. Por eso necesitamos una asistencia masiva a la jornada del próximo sábado. A mayor número de asociados concurrentes, más favorablemente incentivada puede sentirse la Supersolidaria a pasar por encima de sus propios conceptos y a reconocer la validez de la reactivación, así solo sea por la fuerza de nuestro tardío respaldo a los acuerdos.

Desafortunadamente, esto no lo entendieron quienes dirigen el proceso. De allí el carácter casi clandestino que le dieron a la convocatoria, en lugar de aprovecharla para adelantar la más amplia campaña publicitaria, con la cual habrían estimulado la mayor participación de los asociados en la elección de sus delegados, haciéndoles sentirse a los elegidos verdaderos depositarios de la voluntad mayoritaria de las bases de la Cooperativa.

Pese a lo anterior, he resuelto presentar mi nombre a consideración de los asociados. Me lleva a ello la necesidad de ver que a la dirección de Cooperamos llegue un equipo idóneo, capaz de emprender todos los esfuerzos necesarios para la recuperación de la empresa, o de abocar las tareas conducentes al pronto pago de lo que pueda salvarse de los aportes sociales, todo con arreglo a la voluntad que exprese la Supersolidaria.

A propósito de la Supersolidaria, ¿por cuántas quincenas más tendremos que esperar su pronunciamiento sobre la reactivaciòn?

UNA TAREA DEMOCRÁTICA

Publicado el 8 de septiembre de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Estando a punto de desplomársenos la ya de por sí carcomida estantería seudodemocrática, a los colombianos nos cabe la responsabilidad de aprestarnos a sacudirla para acelerar su derrumbe o, al contrario, transformarla para que quede a la altura de las necesidades nacionales.

La más clara evidencia del cataclismo reinante la exhibe el Congreso. Hecho jirones por el manejo que le han dado los dueños del poder y sus partidos –tanto los de vieja como los de nueva denominación-, se ha mantenido impertérrito ante las dentelladas de que han sido objeto las instituciones y valores de la nación.

Tal vez las peores de esas dentelladas no sean las que provienen de los mismos congresistas, pero sí en casi todas su concurso ha sido enorme. Inspirados en la prevalencia de sus intereses, muchos han reducido su actuación a ver pasar impávidos esas otras dentelladas, las provenientes del Palacio de Nari, con tal que dejen canonjías suficientes para aceitar las maquinarias electorales que tienen atornillados a algunos a sus curules y las que podrían atornillar a otros.

No otra es la razón de que la gran mayoría de congresistas permanezcan sin espabilarse ante los humillantes ruegos de Uribe para que Estados Unidos le firme un TLC que pondrá en quiebra a quienes no figuren en la lista de los dueños del país.

O de que acepten, con un mutismo rayano en la estupidez, que tropas norteamericanas sean autorizadas para hollar nuestra soberanía y, desde nuestras bases militares, agredir países hermanos.

O de que permanezcan impasibles ante la desviación de los recursos de la salud, la educación y el agua potable hacia el asistencialismo, productor de votos, o hacia la guerra, generadora de muerte.

O de que permitan que las babosadas sobre seguridad democrática –sustentada en falsos positivos- y garantía inversionista –sin efectos sobre el empleo- sirvan de único argumento para que nuestros engatusables compatriotas sean sometidos a la engañosa idea de que solo Uribe puede manejar el país y que por eso debemos apoyarle su nuevo referendo reeleccionista.

Solo de un congreso así puede esperarse el silencio cómplice ante las actuaciones del llamado Cartel de las Tres Letras (léase DAS).

Sólo de un congreso así se podían esperar las trapisondas puestas en juego para lograr la aprobación del proyecto de referendo: complicidad ante la recolección de firmas con recursos de dudoso origen, irrespeto a la literalidad de lo firmado y a la voluntad de los firmantes, indiferencia ante los mayores desequilibrios que se generarán entre los poderes, asedios de ministros y ex ministros, cohechos, simulación de impedimentos, carrusel de habilitaciones y, para no alargar, vulneración de los derechos de la oposición a expresar sus motivos de rechazo al referendo.

De un Congreso que ha actuado de semejante manera es posible esperarlo todo. Incluso que se dé sus mañas para que las exigencias de umbral que demande este referendo se hagan más favorables que las que hoy están vigentes. Incluso que a Uribe se le permita vestirse de triunfador sin necesidad de victoria. De no estar viviendo sus tiempos postrimeros, revocar este Congreso sería de urgente necesidad. Ojalá el que elijamos en los comicios de 2010 pueda liberarnos de tantas desvergüenzas y servir de complemento a los esfuerzos que desde la Presidencia liderará el maestro Carlos Gaviria Díaz para el bien de Colombia.

URIBE EN UNASUR

Publicado el 1o. de septiembre de 2009

Por Rodrigo López Oviedo

La escasa sensatez con que ha sido manejada la política exterior por parte del presidente Uribe, a consecuencia de la cual lo hemos tenido que ver enredado en un círculo sin fin de dimes y diretes con los países vecinos, nos ha permitido a los colombianos la suerte de tener un mandatario de sólo medio tiempo, pues el otro medio el propio Presidente ha tenido que distraerlo en la defensa de esas actuaciones.

El último episodio no pudo ser más vergonzoso. A raíz de la autorización que diera a Estados Unidos para que utilice siete de nuestras bases militares en reemplazo de la de Manta, Uribe tuvo que comparecer ante los presidentes de UNASUR a explicar los inexplicables motivos que tuvo para tan vergonzoso acuerdo. Era la oportunidad que necesitaba para sacudirse de la sindicación de lacayo del Imperio, que tan justamente le colgó como un inri el presidente Chávez, pero no pudo más que desaprovecharla, resignando su habilidad retórica al mero fruto de aplazar una condena a tan desvergonzada política y a dejarles servidos uno que otro argumentos deleznables a esos incondicionales de oficio que siempre verán un triunfo en cualquier resultado que el primer mandatario pueda entregarle al país, no importa lo mezquino, lo inocuo o lo dañino que sea.

Lo cierto es que al Presidente no podía irle bien. Cada vez son de mayor rechazo los supuestos apoyos militares de Estados Unidos, pues nunca han servido para hallarle salida a conflicto alguno, y mucho menos para acabar con el narcotráfico. Y si bien el rechazo a Uribe por motivos del acuerdo no se vio reflejado en una condena todo lo contundente que los presidentes Chávez, Correa y Morales deseaban, ello obedeció, antes que a la falta de razones, que nunca fueron pocas, a la extrema generosidad de los demás mandatarios, quienes prefirieron aplazarle ese trago amargo para cuando los cancilleres y ministros de Defensa de los países miembros evalúen la letra menuda del acuerdo y confirmen su inconveniencia para Colombia, pero también para los demás países suramericanos.

En esa decisión quedó retratada la extrema condescendencia de nuestros vecinos, que ven en la repetida historia de desaciertos del Presidente Uribe el motivo para un tácito “pobrecito”, antes que una ocasión para caerle encima, sobre todo después de verlo tan reiterado en su actitud de humilde peticionario de perdones. Parece que ignoraran que su contrito corazón jamás le ha dado cabida al propósito de la enmienda que tanto recomendaba el padre Astete. Por el contrario, convencido de que es preferible tener que pedir perdón después que antes permiso, a nuestro Presidente habremos de verlo repetirse en tal actitud, no importa que sea la amada patria la que tenga que pasar la vergüenza de ver a su hijo predilecto otra vez genuflexo ante los mismos de siempre y por motivos parecidos a los de siempre.

A los colombianos nos queda la responsabilidad de recuperar la dignidad nacional, tan suciamente manoseada en provecho de intereses que no son los de nuestro pueblo. Dejar que con ella se siga trapeando, como lo viene haciendo Uribe desde su ascenso a la Presidencia de la República, no nos deparará más que rechazos en el vecindario y el dedo acusador de nuestra propia historia. En las propuestas del Polo está la mejor solución.

UN BALANCE NEFASTO

Publicado el 25 de agosto de 2009

Por Rodrigo López Oviedo

En reciente debate al Ministro de Agricultura, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo, demostraba la justeza de las posiciones del sector democrático cuando, ad portas de la apertura económica, denunciaba la crisis que sobrevendría ante la avalancha de productos extranjeros que sustentaban sus precios en altos subsidios oficiales, en aprovechamiento óptimo de los avances tecnológicos y biotecnológicos, en amplia disponibilidad de capitales y de créditos para atender sus costos y en un clima político y social mucho más satisfactorio que el nuestro. Hoy, 18 años después, las 700 mil toneladas de alimentos que importábamos se nos han convertido en nueve millones ochocientas mil.

La situación es tan grave que ni siquiera los cafeteros están a salvo. Pese a que el precio internacional del grano está excepcionalmente alto, los beneficios no han llegado a sus parcelas, pues han tenido que lidiar con un peso revaluado que les encarece los costos de producción, amén de que las últimas cosechas han perdido considerable volumen. Como si ello fuera poco, últimamente han venido sufriendo, al igual que los algodoneros, de la hasta hace poco impensable pérdida de buenas porciones del mercado interno ante la competencia de granos llegados de otros países.

También es delicada la situación de los productores de leche, de oleaginosas y de panela, pero particularmente la de los arroceros, agravada por un contrabando de proporciones tan descomunales que solo puede darse con la complicidad de las autoridades.

Ahora al Gobierno le ha dado por expedir una serie de medidas supuestamente orientadas a defender la salud de los colombianos, pero con las que realmente ha llegado en socorro de los monopolios que se lucran del campo. Tal es el propósito de prohibir el mercadeo de la leche con personas distintas a los pasteurizadores y las exigencias de que los mataderos y los trapiches paneleros luzcan, respectivamente, como salas de cirugía y chocolaterías suizas, según lo señalado por el mismo senador Robledo.

Por supuesto que el Gobierno no ignora que las carencias viales en inmensas zonas del país impiden el arribo de los pesados carrotanques de las pasteurizadoras, ni que los problemas de crédito, de asistencia técnica, de comercialización, de carestía de los insumos, de concentración y especulación con la tierra, de violencia, etcétera, hacen imposible que la inmensa mayoría de nuestros campesinos puedan acudir a los mercados con una producción tan limpia como la que ahora se les está exigiendo.

Lo que según Robledo sí parece ignorar el mismo Gobierno es que, dada la estructura de nuestra balanza comercial alimentaria, si se presentaran fenómenos que impidieran el ingreso al país de trigo, maíz y cebada, nos veríamos en calzas prietas para consumir tales productos, pero también pollo y cerdo, que se alimentan con productos derivados de maíz importado.

En un país como el nuestro, en el que el 75 por ciento de los trabajadores rurales no alcanza a devengar el mínimo legal y el 27 por ciento está en la indigencia, y en el que la leche se bota para preservar su precio mientras hay niños muriendo de hambre, requerimos de unas políticas agropecuarias más centradas en los intereses del grueso de la población, antes que en los monopolios de la producción de alimentos, en los grandes especuladores de la tierra y en los megaproyectos de las transnacionales.

AUNQUE SOLO SEA MONCAYO

Publicado el 18 de agosto de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Ya perdí la cuenta del tiempo transcurrido desde cuando las FARC ofrecieron liberar sin contraprestaciones a dos miembros de la fuerza pública que se hayan en su poder, el Cabo Pablo Emilio Moncayo y el soldado profesional Josué Daniel Calvo Sánchez, y entregar el cuerpo de un tercero que murió en cautiverio. Hasta el sol de hoy, tan esperanzadores anuncios no han podido materializarse por la oposición del presidente Uribe, quien desde un comienzo señaló que lo que el país reclamaba era la liberación de todos los cautivos, no entregas por cuentagotas.

Agravando lo anterior, el Presidente sentenció que en la respectiva diligencia no habría espacio para Piedad Córdoba ni para comitiva alguna; que debía garantizarse la máxima discreción a fin de evitar toda publicidad que pudiera derivar en beneficios políticos para los participantes, y que en lugar de la Senadora, la única persona autorizada para establecer contacto con las FARC sería, ¡vaya sorpresa!, el guerrillero fariano Yesid Arteta.

Aguzando un poco la memoria, ya han transcurrido cuatro meses desde aquel anuncio, y de las esperanzas de libertad para Moncayo y compañía solo van quedando desengaños. El país ha asistido impávido al show de intransigencias de un mandatario que no ve bien que se vayan extinguiendo los motivos de nuestro conflicto, así sea por goteo. A Uribe lo seduce la guerra, y más ahora que ha creído comprobar que lo que le conviene de ella no es ganarla, sino convencer a la tribuna de que la está ganando, mientras la perpetúa con sus irresponsables gestos de vaquero del oeste americano, todos contrarios a cualquier iniciativa que tienda así solo sea a su morigeración, pues de paso se perpetúa él.

Yesid Arteta purgó diez años de cárcel por actos de rebelión; jamás desertó ni se acogió a los programas de Justicia y Paz. Al asignarle a él el papel de intermediación con las FARC, que venía desempeñando con tanto éxito Piedad Córdoba, el presidente Uribe quiso bajar de ese escenario a la Senadora para restarle influencia ante una opinión nacional e internacional que veía con buenos ojos su gestión humanitaria en beneficio de todos los colombianos que por causa del conflicto se hallan en cautiverio, tanto en las selvas como en las cárceles, y que vería bien la liberación de tan solo Moncayo y compañía, mientras llega la posibilidad de un acuerdo más totalizante.

Lo que nunca imaginó el Presidente fue que Arteta recordara el conjunto de barullos presentados en pasadas liberaciones, de los cuales pudieron salir airosos los comisionados de entonces sólo por las altas dignidades que ellos encarnaban, por la condición de representantes de países extranjeros que algunos tenían, y por la presencia vigilante de muchos medios de comunicación independientes. Esa memoria, combinada con malicia guerrillera, hizo que Arteta le escurriera el cuerpo a semejante encargo, que más parecía una condena a muerte, y prefiriera seguir a la espera de una oportunidad mejor para servirle a un país por el que pagó caro sus acciones revolucionarias del pasado.

Mientras tanto, Moncayo y Calvo siguen sufriendo las penalidades del cautiverio en una selva inhóspita y una anciana madre se muere en la desesperanza de no poder disponer del cuerpo de su hijo para darle cristiana sepultura. Cosas del corazón que no puede entender quien corazón no tiene.

POR UNA POLÍTICA EXTERIOR DECENTE

Publicado el 11 de agosto de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

En medio del unanimismo que trata de imponérsenos a través de los grandes medios de comunicación, se ha venido generando la intención de insuflarnos la creencia de que, en política exterior, sólo sobre los hombros de Álvaro Uribe recaen las facultades de representación de los colombianos.

Son tan enfáticos algunos comentaristas en la defensa de la anterior apreciación que en ocasiones me han llevado a desear que sea el Presidente quien nos represente, por ejemplo, en las confrontaciones con la selección argentina. En caso tal, ya muy seguramente tendríamos en el olvido aquel fabuloso 5 a 0 que tenemos gravado entre ceja y ceja, pues resultados mejores y más repetidos nos habría traído nuestro Primer mandatario.

En materia de política exterior, ese unanimismo nos ha llegado debidamente adobado con abundantes dosis de patrioterismo, que es uno de los tantos instrumentos ideológicos bajo los cuales se enmascaran los intereses oligárquicos, en muy poco coincidentes con los intereses populares. De allí que hayamos terminado aplaudiendo a un intrépido comando paramilitar que con el silencio cómplice del Gobierno incursionó en tierras de Venezuela con el fin de producir el asesinato del presidente Hugo Chávez. O también el secuestro en las mismas tierras de Rodrigo Granda con el fin de traerlo a purgar sus penas por terrorismo.

En medio de esos sonoros aplausos, olvidamos que el secuestro ha sido tenido por elemento delictivo constitutivo de terrorismo. ¿Será que por haber cohonestado con tan censurable delito extra fronteras, alguna vez veremos sometido al ex presidente Álvaro Uribe Vélez a un juicio por terrorismo internacional? ¿Será que algo de evitar tan extremas consecuencias fue lo que condujo al mandatario a aceptarle al presidente de Francia la petición de liberar al guerrillero fariano sin confesar por qué?

Casos como el del comando paramilitar y el secuestro de Granda no son más que dos botones de muestra en el abundante inventario de indecencias que se han presentado en la ya larga vida pública de nuestro hoy presidente Uribe y en los siete años de su Gobierno. Quien quiera ahondar más en los ejemplos puede buscar en su memoria los aplausos de Juan Manuel Santos ante el golpe de Estado a Chávez; la defensa de los postulados de la guerra preventiva y el bombardeo al Ecuador; los soldados llevados a la guerra de Afganistán y la autorización a Estados Unidos para utilizar como suyas no ya tres, ni cinco, sino siete bases militares colombianas.

Desafortunadamente, los desarreglos en política exterior adquieren un cariz más vergonzoso y reprobable, tal vez por ser la patria misma la que con ellos se desluce al punto de haber tenido que soportar cómo se vacían escenarios internacionales cuando a nuestro Presidente le llega el turno en el uso de la palabra. De allí la necesidad de levantar una gran cruzada por adecentar nuestra política exterior. Habiendo entrado el gobierno de Uribe en su recta final, nos corresponde a los trabajadores, al pensamiento democrático y a las congregaciones de izquierda, pero particularmente al Polo Democrático Alternativo, adelantar una gran campaña dilucidadora en estos aspectos, a fin de evitar que el cuatrienio que se nos avecina pueda seguir siendo más de lo mismo, con el mismo, o con el comodín que el mismo ponga para seguir desarrollando su misma política de vergüenzas.

EL ESTATUTO DOCENTE

Publicado el 4 de agosto de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Si tenemos en cuenta la singular importancia de las conclusiones del II Encuentro Nacional por el Estatuto Único Docente y el haber sido alcanzadas en medio de la más fraternal y madura discusión, este evento, que se celebró en Bogotá durante los pasados 30 y 31 de julio a instancias de FECODE y al cual concurrieron más de 500 docentes de todo el país, habrá de convertirse en el más importante referente para las luchas del magisterio durante los próximos meses.

Aunque prácticamente se lograron todos los cometidos previstos para el Encuentro, su logro más importante lo constituye el respaldo que alcanzó el proyecto de Ley por medio de la cual se establece el Estatuto Único de la Profesión Docente, instrumento legal que para el magisterio colombiano adquiere tanta significación como la que tiene para el conjunto de los trabajadores colombianos el tantas veces aplazado Estatuto del Trabajo a que alude el artículo 53 de la Constitución Nacional. Sin embargo, y a diferencia de éste, el Estatuto Único Docente ya tiene andado el camino de la amplia discusión entre las bases, además del importante respaldo de las bancadas congresuales del Polo Democrático Alternativo y del Partido Liberal, a las cuales han mostrado disposición de sumarse algunos sectores del uribismo que quieren marchar a tono con las conveniencias nacionales antes que seguir sirviendo al exclusivo capricho del Presidente.

Con este Estatuto, se pretende obtener un instrumento normativo que reivindique la dignidad magisterial, le restablezca al gremio la estabilidad laboral, que resultara tan severamente lesionada con la expedición del decreto 1278 de 2002, y le procure una salvaguarda efectiva a derechos laborales tan importantes como el de tener una carrera docente con claras normas sobre condiciones de ingreso, permanencia y retiro; traslados, ascensos y promociones; régimen disciplinario, actualización profesional, salario digno y demás condiciones académicas y laborales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida de los docentes y sustraigan su actividad de la condición de cenicienta que hoy tiene en el universo profesional del país.

Desde hace más de diez años, la educación en Colombia ha venido trasegando por un azaroso camino que la ha llevado a que sus presupuestos se conviertan en instrumento para corregir los desajustes fiscales de los distintos gobiernos. Tal fue el propósito del acto legislativo 001 de 2001, por medio del cual se le puso freno al mejoramiento presupuestal que con noble interés había sido acordado por los constituyentes del 91. El resultado ha sido el desmedro de los derechos de la niñez y de la juventud a una educación que los haga partícipes del progreso científico técnico alcanzado por la humanidad y beneficiarios de las mejores condiciones de vida que tal progreso podría traer consigo si no se lo apropiaran los dueños del gran capital. Pero también, a consecuencia de la misma política, los maestros han visto cómo se deterioran sus condiciones laborales, personales y sociales, al igual que las del personal administrativo ligado al aparato educativo.

A corregirle el rumbo a tales políticas está orientado este Estatuto, pero su aprobación requerirá una vez más de la demostrada combatividad del magisterio colombiano y de la solidaridad en que debemos comprometernos todos los que reconozcamos en la educación el instrumento más valioso que pueda emplearse en la construcción de un mundo mejor.

CASTILLOS POR EL SUELO

Publicado el 28 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Para mayor claridad del electorado, poco a poco han ido cayendo, como castillos de arena, los llamados procesos de la farc-política que ciertos personajillos del alto Gobierno montaron contra destacados periodistas y dirigentes de la oposición política. Si de algo pudieran ser sindicadas estas personalidades, es de haber ofrendado lo mejor de sus vidas a la tarea de hallarle solución al mar de iniquidades que las clases oligárquicas han ido derramando sobre la geografía colombiana a lo largo de su historia.

Lo característico de todos estos procesos judiciales, tanto los que cayeron ante los refrescantes vientos de la resistencia democrática como los que caerán bajo los mismos influjos, es que fueron concebidos como una retaliación ante la caída en manos de la justicia de decenas de barones del uribismo, entre los cuales fue fácil encontrar a una que otra baronesa, e incluso al propio primo del Presidente, luego de evidenciarse que estaban untados de nexos mutuamente ventajosos con el narco-para-militarismo.

Pero también resulta característico que los sindicados sean destacados defensores y animadores de los anhelos de paz que bullen en el corazón de la mayoría de los colombianos.

Y esa es, precisamente, una de las marcas más odiosas que tiene el proceso de violencia que nos ha tocado sufrir: que son precisamente los luchadores por la paz quienes terminan acusados de ser enemigos de ella, proclives al terrorismo y militantes de la farcpolítica. Así se procura espantar de los contingentes que buscan un acuerdo negociado a quienes vean necesario superar esta etapa de violencia para poder concretar otros cambios que requiere el país.

La primera exonerada de responsabilidades en este malhadado piélago de acusaciones fue la senadora del Polo Gloria Inés Ramírez. De la aparición de su nombre en los computadores de Reyes, la Corte dijo que solo probaba sus esfuerzos en procura de la paz. Parecidos pronunciamientos de la Fiscalía favorecieron a Carlos Lozano, director del Semanario Voz y directivo del Polo, y al ex ministro conservador Álvaro Leyva Durán. Se espera que con argumentos de igual tenor se cierren los expedientes que amargan injustamente la vida de los congresistas Jorge Enrique Robledo y Wilson Borja, así como los que cursan contra el concejal de Bogotá Jaime Caicedo, todos del Polo, y contra la senadora liberal Piedad Córdoba y el periodista Holman Morris, entre otros, lo cual serviría para dejar sin dudas los argumentos del movimiento democrático en el sentido de que los supuestos registros tomados de los computadores de Raúl Reyes y de otros miembros de la guerrilla más parecen ser montajes de los organismos de inteligencia del Estado.

Y mientras lo anterior ocurre, algunos comunicadores, seguramente pedaleados por sus casas patronales, andan procurando incendiar nuestras fronteras con supuestos videos que probarían la participación económica de las FARC en la campaña que llevó a Rafael Correa a la presidencia del Ecuador. Muy seguramente que estos periodistas y medios no cuentan con patrocinadores que se afecten con los dañosos resultados que una mala relación con nuestros vecinos tendría sobre la balanza comercial; o tal vez le están haciendo el mandado a los carteles de las armas, que jugoso negocio harían en medio de una confrontación armada; o tal vez preferirían que los dineros del grupo guerrillero no se distrajeran de la guerra. Vaya uno a saber.

MICHELETTI: POR LOS CAMINOS DEL GORILATO

Publicado el 21 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Honduras está cumpliendo la tercera semana del golpe de Estado que depuso al presidente constitucional, doctor José Manuel Zelaya Rosales, sin que las grandes movilizaciones de rechazo que tal hecho ha generado y el total desconocimiento de la comunidad internacional a la nueva cúpula hayan servido para mover a los golpistas de sus aviesos propósitos.

Manuel Zelaya, hombre de privilegiado origen socio económico, quiso virar las naves del Estado hacia posiciones más favorables a los sectores populares, pero temprano hubo de chocar con las infranqueables limitaciones que la Constitución ofrecía a tales propósitos, comenzando por el hecho de que la Constitución misma solo permite cambios meramente cosméticos, con el agravante de no poderlos hacer a través de la voluntad popular, sino mediante el Congreso.

No solo lo anterior. Para garantizar su validez, las reformas debían contar con un respaldo no inferior al de las dos terceras partes del Congreso y ser ratificadas en la legislatura siguiente por un número de congresistas no inferior al inicial.

Tamañas dificultades quisieron ser sorteadas por Zelaya en las elecciones venideras, para lo cual apelaría a una cuarta urna, en la que el pueblo libremente indicaría su complacencia o no con la citarción a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta. Solo fue manifestar esto para que la peor reacción de derecha conformara una trinca con lo más oscuro del Congreso, la Corte Suprema y las Fuerzas Armada, depusiera al Presidente y lo pusiera de patitas y en pijama en tierras extranjeras.

Lo curioso es que a esta trinca golpista y al presidente del Congreso, doctor Roberto Micheletti, hoy amanuense de gorilas y presidente de facto, les ha tocado jugar solos en el concierto internacional, ya que lo insólito del golpe, supuestamente originado en un fallo de los tribunales de justicia, y lo impresentable de su ejecución, no les dejó espacio a las derechas internacionales para ofrecer la más mínima solidaridad. Esto no implica, desde luego, que quienes simpatizan con el golpe no estén haciendo lo posible para que salga avante. Solo que buscan no verse comprometidos en un respaldo que puede ser más lo que les quite, si termina fracasado el golpe, que lo que éste les dé con su triunfo.

La hasta hoy infructuosa Mesa de Negociaciones que se desarrolla a instancias del desteñido Óscar Arias, presidente de Costa Rica, es una prueba de ello. Quienes llegaron a ella a nombre del golpismo lo hicieron con el claro propósito de darle largas a la discusión y atemperar el rechazo. En primer lugar, ni siquiera aceptaron que se instalara en suelo hondureño, pues por tales tierras, dicen, el presidente Zelaya solo puede acercarse a responder ante los jueces por las 10 sindicaciones delictivas de que lo acusan los golpistas. Y en segundo lugar, solo puede haber acuerdos sobre la base de que Zelaya renuncie a su investidura y desista de la intención plebiscitaria.

Bajo tal panorama, lo único sensato que las actuales circunstancias permiten es el ultimátum de la comunidad internacional orientado al restablecimiento del Presidente constitucional en el poder, so pena de iniciar un abierto boicot en todos los órdenes a las acciones de gobierno de los golpistas. Con tal bandera de presión debe orientarse el movimiento democrático internacional, que ya el pueblo hondureño está haciendo lo suyo.

UN PROBLEMA DE SOBERANÍA

Publicado el 14 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Si se requiriera una prueba de lo inútiles que resultan para los países anfitriones las bases militares que Estados Unidos instala en territorios extranjeros, bastaría con recordar que Ecuador fue agredido militarmente por Colombia, sin que la base de Manta, allí emplazada desde hacía 10 años, advirtiera del hecho al gobierno de Rafael Correa o hiciera algo para impedirlo, en lugar de hacerse cómplice del agresor al confundirse con él en repugnante alianza. En respuesta, nuestro vecino país acudió a la comunidad internacional en procura de instrumentos que le permitan resarcirse del golpe, al tiempo que le notificó al compinche norteamericano que las autorizaciones que le permitían actuar desde Manta ya no serían renovadas.

Resulta inaudito que con tamaño antecedente, y sin tener la autorización del Congreso, Uribe ande buscando extenderle al gobierno del norte las autorizaciones necesarias para que continúe con las actividades de dominación imperial y de apoyo a las oligarquías locales que ya no podrá seguir atendiendo desde la base ecuatoriana. Se trata, por supuesto, de una autorización mejorada, ya que ahora podrá contar, no con uno, sino con cinco emplazamientos militares, y con posibilidad de otear no solo sobre la región andina y la cuenca del Pacífico, sino también sobre el Caribe.

Muchos creen, o dicen creer aunque crean lo contrario, que no se trata del traslado de la base de Manta a territorio colombiano. Y lo dicen dejándonos ver de ella solo un conjunto de instalaciones materiales sólidamente adheridas a un territorio, como resulta ser lo que las apariencias nos muestran. Pues es obvio que un traslado de tal naturaleza no puede darse. Sólo que una base militar, más que una infraestructura física y sofisticados equipos, es un conjunto de permisos para que tropas extranjeras se emplacen y circulen más o menos libremente por un territorio en procura de desarrollar labores de inteligencia que terminan desnudando las esencias nacionales del anfitrión. Por eso se hace necesario rechazar acuerdos tan nefastos para nuestra soberanía, y más aún si ellos llevan implícita la posibilidad de agredir a países con los cuales compartimos fronteras y en los cuales se desarrollan procesos de alto interés para sus pueblos y para la región.

Claro que hablar de soberanía no es más que una forma de expresar nuestro rechazo. Bien sabemos lo comprometida que ella ha mantenido desde los albores mismos de nuestra historia republicana. En el caso que comentamos, el gobierno de Uribe solo está reeditando viejas prácticas de nuestras clases dirigentes, y todo para congraciarse con un Obama al que confundió con el enemigo cuando estaba en campaña presidencial, pero de quien ahora necesita su respaldo para sacar adelante el TLC y de su vista gorda para que no se le vea contrario a un tercer mandato.

Lo grave es que los costos se están haciendo excesivamente gravosos: la reciente autorización para que un contingente militar se desplace a Afganistán fue solo una primera cuota. Resulta más grave aún que la segunda cuota se quiera pagar con autorizaciones como éstas, que de consumarse, no solo comprometerían la autonomía operativa de nuestras bases militares, sino que seguirían afectando, además de nuestra soberanía, el respeto de países hermanos, que se confirmarían en su derecho a vernos como la punta de lanza del Imperio contra sus procesos de cambio.

EL SENA Y SUS PROGRAMAS

Publicado el 7 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Quiero poner punto final a estos comentarios sobre el SENA refiriéndome al uso que debe dárseles a sus recursos. Estos, como dije anteriormente, no provienen del Gobierno, tampoco de remesas ni de créditos y mucho menos de donaciones internacionales. Son parte del subsidio familiar a la que nos vimos obligados a renunciar los trabajadores, dada la resistencia que hace 52 años opusieron Gobierno y patronos a la iniciativa obrera de fundar un establecimiento que impartiera formación profesional a la masa laboral colombiana. Las luchas obreras que vinieron después de la fundación, permitieron que esos recursos se doblaran, completando los dos puntos porcentuales sobre la nómina, con los cuales hoy sobrevive y se desarrolla la Entidad.

Ese historial de renunciaciones y luchas permitía esperar que al SENA se lo considerara patrimonio de los trabajadores y que sus actividades giraran exclusivamente en torno a los propósitos para los cuales había sido fundada. Para que ello ocurriera se hacía necesario que su dirección quedara en manos de sus fundadores, los propios trabajadores, pero desafortunadamente a la defensa de tal propósito nunca fuimos capaces de ponerle la suficiente entereza. Hoy el SENA tiene su dirección en manos del Presidente de la República, de cuatro ministros, de todos los gremios económicos, del sector campesino y de la Iglesia Católica, y, para que dejen constancias en sus reuniones, de dos representantes de las Centrales Obreras, quienes actúan en nombre de los trabajadores.

Visto lo anterior, ¿qué de raro puede tener entonces que los recursos de la Entidad se destinen a atender problemas de déficit fiscal y a financiar costosos programas que nada tienen que ver con la misión para la que fue creada? Por eso la hemos visto comprometida en acciones del DRI, del Plan Nacional de Rehabilitación, de Descentralización Administrativa, de Erradicación de la Pobreza Absoluta, de atención a desplazados, a desmovilizados y a población vulnerable, entre muchos otros, así como financiando actividades que nada tienen que ver con su quehacer pedagógico y sí mucho con el beneficio exclusivo de los empresarios, como ha sido el caso de los programas de competitividad empresarial, investigación, ciencia y desarrollo tecnológico, metrología y mesas sectoriales para la elaboración de normas de competencia laboral.

Dentro de este abanico de compromisos ajenos a los propósitos fundacionales y a la misión de la Entidad, es bueno mencionar por separado el caso del Fondo Emprender, ya que resuelve una inquietud formulada por el doctor Hernando Bocanegra en su análisis de la situación del SENA.

El Fondo Emprender fue constituido con recursos del SENA para, supuestamente, financiar las iniciativas empresariales de sus egresados. La angurria de nuestras clases dirigentes quiso que los recursos de este Fondo se “democratizaran”, y Gobierno y gremios, desde la Dirección Nacional de la Entidad, decidieron abrirlo a los egresados de las universidades públicas y privadas. En apariencia esto es bueno para los trabajadores, pero en la práctica no ha sido mucho lo que a ellos les ha servido. Valdría la pena que los resultados de todos estos programas se evaluaran a la luz de sus verdaderos beneficiarios, pues no está bien que a la Entidad se la sustraiga de su compromiso capacitador y se la destine a tantas actividades, incluidas estas de fomento, que deben ser del resorte de otros organismos oficiales y privados.

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL SENA

Publicado el 30 de junio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

En mi último comentario dejé mordido un tema de primera importancia para los trabajadores. Me refiero al origen de los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y a la utilización que la Entidad debería darles.

Este tema surgió a raíz de una columna del doctor Hernando Bocanegra Aldana en la cual manifestaba su preocupación por la tendencia de los egresados de la Entidad a emigrar en busca de mercados laborales, a despecho de los empresarios del país, que es en donde han recibido su capacitación.

El propio doctor Bocanegra manifestaba sus dudas respecto de si los recursos del SENA provenían de los impuestos nacionales, de las regalías, de empréstitos o de donaciones exógenas. Por toda respuesta, debemos informarle que “ninguna de las anteriores”.

El SENA se financia con “aportes parafiscales”, es decir, un tipo de recursos que son constituidos por sectores específicos de la población para financiar servicios que si bien pueden beneficiar a la comunidad, solo se ofrecen a sus aportantes directos.

Los empresarios han constituido fondos parafiscales, como los de retención cafetera, que administra la Federación Nacional de Cafeteros; pero tal vez los más ampliamente conocidos son los que aportan los trabajadores con destino el ICBF, a las Cajas de Compensación y al SENA, a los cuales se les ha introducido el remoquete de “impuestos a la nómina” con el fin de desorientar y justificar su eliminación para elevar las tasas de plusvalía.

Para el caso del SENA, el nacimiento de esta parafiscalidad se remonta al año 1957. Por aquel entonces, los trabajadores habíamos conquistado ya el derecho al subsidio familiar, con el cual nacieron las Cajas de Compensación, y se adelantaba una gran movilización por la conquista del derecho a la capacitación.

Lo de esperarse hubiera sido que en tal propósito capacitador coincidieran también los patronos, pues mientras mayor sea la capacitación de los trabajadores, mejores serán los aportes a la producción de que podrán disfrutar los empresarios.

Sin embargo, desatendiendo esa lógica, los empresarios se aliaron con el Gobierno de entonces e hicieron insuficientes todos los esfuerzos de los trabajadores por quedarse con esta nueva conquista, y los obligaron a financiar por sí mismos el nacimiento y desarrollo del deseado instituto de capacitación, utilizando para ello uno de los cinco puntos porcentuales en que antes estaba tasado el subsidio familiar.

La conversión de ese inicial uno por ciento en el dos por ciento que hoy recibe el SENA en aportes parafiscales fue el producto de nuevas luchas de los trabajadores, empeñados como estaban en elevar sus conocimientos, habilidades y destrezas para el trabajo.

Esto es lo que le da plena validez a esa consigna que suele escucharse en las concentraciones obreras: “El SENA es de los trabajadores y los trabajadores lo defienden”. Y si bien es cierto que son los empresarios los que giran el cheque, se trata de un giro que tendría que hacérsele directamente a los trabajadores, a través de mayores cifras de subsidio familiar, si el SENA no existiera. Existiendo, nos corresponde a los trabajadores atrincherarnos en su defensa. A trabajar con nosotros en esa defensa, invitamos muy cordialmente al doctor Bocanegra.



Nos queda pendiente el tema de los usos que la Entidad debería darles a estos recursos, pero ello tendrá que ser tema de otro comentario.

EL SENA, ¿AL SERVICIO DE QUIÈN?

Publicado el 24 de junio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo



El doctor Hernando Bocanegra Aldana, en reciente comentario que le publicó El Nuevo Día, nos dio a conocer su complacencia al enterarse de las altas cifras de capacitación que el SENA reportó por los canales locales de televisión, pero también la incertidumbre en que se le transformó dicha satisfación al saber que buen número de los egresados de la Entidad toman las de Villadiego y ponen pies en países extranjeros para ofrecer allí los conocimientos acá recibidos.



La voz angustiada del doctor Bocanegra vino acompañada de algunos interrogantes en torno a la Entidad, que en esencia coinciden con los que se formulan muchos compatriotas, y que podríamos resumir así: ¿Por qué estamos capacitando a nuestros jóvenes para que se vayan a generar riqueza a otras latitudes? ¡Por qué no invertir parte de esos recursos en capital semilla para que los capacitados creen empresas en nuestro país? ¿Qué recibimos a cambio de la capacitación que esos egresados se llevan al exterior?



Podríamos pensar que se trata de inquietudes válidas, sobre todo si consideramos que el SENA se ha venido preocupando en los últimos tiempos por lograr acuerdos internacionales para que las vacantes que no puedan cubrirse fácilmente con los nacionales en el exterior les sean ofrecidas a los trabajadores colombianos que estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo de la Entidad.



Sin embargo, la validez de esas inquietudes se esfuma al comprobar la carencia de respuestas efectivas de parte de los países a los que el SENA ha llegado con sus planteamientos. Tal vez ello obedezca al chovinismo que se ha exacervado como consecuencia del actual proceso recesivo y pese a los cantos que postulan una apertura total en tiempos de globalización y neoliberalismo. La excepción ha sido España, país en el que mejor se han atendido los llamados de la Entidad, pero cuyas vacantes no han logrado cubrirse como es lo deseable, dadas las grandes diferencias presentadas entre los perfiles de desempeño requeridos y los que ofrecen nuestros candidatos.



Estos aspectos no han permitido que los resultados alcanzados correspondan a los esfuerzos hechos, lo cual, para contento del doctor Bocanegra, hace que las fugas de nuestros cerebros made in SENA no tengan en verdad toda esa magnitud que a él le aflige.



De suerte que valdría la pena encontrar alguna razón para los anuncios de tanto enganche laboral en el extranjero. La única que podría ocurrírseme es que ellos solo representen un componente entre las estrategias propagandísticas orientadas a alimentar los índices de favorabilidad del Gobierno de Uribe, los cuales, según los promotores del tercer mandato, no solo son altos sino que jamás decrecen.


Qué bueno sería que los elementos nutricios de la alta acogida de Álvaro Uribe tuvieran origen en su real desempeño como Primer Mandatario, y no en los resultados de entidades que, como el SENA, jamás reciben nada de su Gobierno. Estos resultados no puede utilizarlos para abrillantar los deslucidos resultados alcanzados en otros frentes, pero este aspecto sólo puedo dejarlo servido como introito a la resolución de otra inquietud del doctor Bocanegra, la relacionada con las fuentes y usos de los recursos del SENA, que me tocará dejar en salmuera para otra oportunidad, pues las 555 palabras en que tengo tasado el tamaño de estos comentarios ya se han agotado