Por Rodrigo López Oviedo
El interés por la supervivencia de algunos retenidos de las FARC ha rebasado tantos límites que ya ha llegado a sugerirse que entre las víctimas del conflicto colombiano hay rehenes de primera, de segunda y de otras categorías. La evidencia más reciente la tenemos en la misión médica que desplazó el gobierno de Francia con el supuesto fin de atender a todos los retenidos por la guerrilla: ¿Habría llegado tal misión si entre los cautivos no estuviera Ingrid Betancourt?
La respuesta negativa al anterior interrogante puede servir para confirmar la veracidad de la crítica en cuanto hace a nuestro alto Gobierno y a la comunidad internacional; pero no así a la organización guerrillera y a sus miembros, para quienes resulta indiferente que los cautivos se llamen Ingrid o José o que su nacionalidad sea criolla o extranjera. No de otra manera se explica que hayan permanecido imperturbables ante las gigantescas campañas a favor de la colombo francesa mientras que a los reclamos de libertad de otros rehenes de menos campanillas sí han respondido favorablemente.
El mayor interés de las FARC por los cautivos está fundamentado en la posibilidad de aprovecharlos para sacar de las prisiones a sus combatientes y retornarlos a las filas. Es entendible que, en ese propósito, solo quieran el regreso de quienes conserven intacto su compromiso revolucionario, para lo cual les resulta insoslayable el procedimiento del intercambio consensuado antes que las liberaciones unilaterales que maliciosamente Uribe les ofrece. Ese intercambio solo puede lograrse a través de apropiados canales de comunicación.
El desafortunado fracaso de la misión médica también confirma la necesidad de que exista ese canal. Además de provocar un justificado pesar por el desperdicio de recursos que implicó, y que bien aprovechados hubieran servido para aligerar los dolores de algunos cautivos y para mermarle decibeles a la vocinglería guerrerista, ese fracaso debería motivar la apertura de una discusión franca acerca de la conveniencia de activar tal canal, de manera que sirva para establecer contactos cada vez que se haga inaplazable llegar a algún grado de entendimiento, como el que demandó esta coyuntura.
Desafortunadamente el Gobierno ha resultado ser el menos interesado. Solo piensa en montar talanqueras de hecho cuando de palabra anuncia lo contrario. Nuestro mal llamado Comisionado de Paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, sirve de ejemplo. No solo resolvió enterrar definitivamente cualquier posibilidad de despeje de Florida y Pradera con el argumento absurdo y populachero de que no se les puede entregar a las FARC “la vida y los bienes de unos ciudadanos”, sino que prácticamente vetó la participación de todo mundo en los esfuerzos de paz, pues, según lo dijo en un rechazo expreso a Piedad Córdoba, que debe entenderse extendido a todos los demás colombianos, "el manejo del proceso de paz es competencia del Gobierno” y “un ciudadano, por más importante que sea, no puede estar arrogándose funciones que están en cabeza del Presidente”.
Se trata, por supuesto, de argumentaciones con las cuales el uribismo busca ponerse a salvo de acercamientos con la guerrilla que lo pongan en peligro de tener que abandonar las armas con las cuales se comprometió a terminar un conflicto que bien sabe él que con ellas solo se perpetúa, y al cual los ciudadanos debemos buscarle otros caminos si queremos que, por el contrario, termine.
El interés por la supervivencia de algunos retenidos de las FARC ha rebasado tantos límites que ya ha llegado a sugerirse que entre las víctimas del conflicto colombiano hay rehenes de primera, de segunda y de otras categorías. La evidencia más reciente la tenemos en la misión médica que desplazó el gobierno de Francia con el supuesto fin de atender a todos los retenidos por la guerrilla: ¿Habría llegado tal misión si entre los cautivos no estuviera Ingrid Betancourt?
La respuesta negativa al anterior interrogante puede servir para confirmar la veracidad de la crítica en cuanto hace a nuestro alto Gobierno y a la comunidad internacional; pero no así a la organización guerrillera y a sus miembros, para quienes resulta indiferente que los cautivos se llamen Ingrid o José o que su nacionalidad sea criolla o extranjera. No de otra manera se explica que hayan permanecido imperturbables ante las gigantescas campañas a favor de la colombo francesa mientras que a los reclamos de libertad de otros rehenes de menos campanillas sí han respondido favorablemente.
El mayor interés de las FARC por los cautivos está fundamentado en la posibilidad de aprovecharlos para sacar de las prisiones a sus combatientes y retornarlos a las filas. Es entendible que, en ese propósito, solo quieran el regreso de quienes conserven intacto su compromiso revolucionario, para lo cual les resulta insoslayable el procedimiento del intercambio consensuado antes que las liberaciones unilaterales que maliciosamente Uribe les ofrece. Ese intercambio solo puede lograrse a través de apropiados canales de comunicación.
El desafortunado fracaso de la misión médica también confirma la necesidad de que exista ese canal. Además de provocar un justificado pesar por el desperdicio de recursos que implicó, y que bien aprovechados hubieran servido para aligerar los dolores de algunos cautivos y para mermarle decibeles a la vocinglería guerrerista, ese fracaso debería motivar la apertura de una discusión franca acerca de la conveniencia de activar tal canal, de manera que sirva para establecer contactos cada vez que se haga inaplazable llegar a algún grado de entendimiento, como el que demandó esta coyuntura.
Desafortunadamente el Gobierno ha resultado ser el menos interesado. Solo piensa en montar talanqueras de hecho cuando de palabra anuncia lo contrario. Nuestro mal llamado Comisionado de Paz, el doctor Luis Carlos Restrepo, sirve de ejemplo. No solo resolvió enterrar definitivamente cualquier posibilidad de despeje de Florida y Pradera con el argumento absurdo y populachero de que no se les puede entregar a las FARC “la vida y los bienes de unos ciudadanos”, sino que prácticamente vetó la participación de todo mundo en los esfuerzos de paz, pues, según lo dijo en un rechazo expreso a Piedad Córdoba, que debe entenderse extendido a todos los demás colombianos, "el manejo del proceso de paz es competencia del Gobierno” y “un ciudadano, por más importante que sea, no puede estar arrogándose funciones que están en cabeza del Presidente”.
Se trata, por supuesto, de argumentaciones con las cuales el uribismo busca ponerse a salvo de acercamientos con la guerrilla que lo pongan en peligro de tener que abandonar las armas con las cuales se comprometió a terminar un conflicto que bien sabe él que con ellas solo se perpetúa, y al cual los ciudadanos debemos buscarle otros caminos si queremos que, por el contrario, termine.
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