MINERIA Y VIDA

Por Rodrigo López Oviedo

Uno de los grandes peligros que se ciernen sobre el Tolima, y desde nuestro territorio sobre los departamentos que son bañados por el río Magdalena, es el peligro representado por la explotación de la mina de oro la Colosa, en la reserva forestal de Cajamarca.

Cajamarca no solo es una importante despensa agrícola del país, sino también una generosa fuente hídrica del río Magdalena a través de su río Coello. Estas dos características las perdería el Municipio si deja que la Colosa entre en explotación, pues ello obligaría a remover las entrañas de la montaña a través de toneladas de explosivos y a usar miles de barriles de cianuro que, luego de ayudar en la separación del mineral de oro, quedarían expuestos a su vertimiento desde la mina a las cuencas de los ríos mencionados, poniendo en peligro el suministro de agua potable de Cajamarca, Guamo, Espinal, los distritos de riego del plan del Tolima y la actividad productiva de todos ellos.

Pero, además, su población campesina se vería sometida a un desplazamiento hacia la minería, actividad que nada tiene que ver con su idiosincrasia, y desde la cual tendría que regresar cuando la mina deje de darle empleo por agotamiento del mineral de oro y en la suya tampoco lo encuentre porque esa misma explotación habrá hecho desaparecer las tierras cultivables.

Y mientras se llega a tal situación, nuestra región estaría aportando un nuevo grado de arena al estado de inseguridad alimentaria del país y este podría ser objeto de sanciones comerciales internacionales por permitir que su actividad agrícola, acuífera y pecuaria se desarrolle en condiciones de contaminación inaceptables.

Estos son solo algunos de los muchos inconvenientes que podría traernos el que se le autorice a Anglo Gold Ashanti la explotación de la Colosa. Por eso, el pueblo tolimense debe decirle no a esa explotación y sí a la vida; no a la negligencia gubernamental y sí a un modelo de desarrollo sostenible; no a la depredación de la naturaleza y sí a la seguridad alimentaria; no a las multinacionales de la minería y sí a la soberanía del país.

Y para decirlo, debemos acompañar a todas las organizaciones de ambientalistas que se han unido para tal fin y que este viernes, tres de junio, a partir de las nueve de la mañana, desfilarán desde las instalaciones de Cortolima hasta el centro de la ciudad,.

La naturaleza es la base de la vida y, al defenderla, estamos defendiendo el derecho de las nuevas generaciones a vivir en un ambiente sano y propiciatorio de condiciones que les permitan superar las limitaciones que les estamos dejando de herencia.



SINDESENA, 40 AÑOS

Por Rodrigo López Oviedo

El pasado 18 de mayo cumplió sus primeros 40 años la organización sindical que ha sido pilar de oro en la defensa del SENA. Nos refirimos, por supuesto, a SINDESENA, su sindicato de empleados públicos.

El nacimiento de SINDESENA tuvo lugar en los tiempos en que el presidente Carlos Lleras Restrepo, llevado por esa pasión “democrática” y ese “amor a los trabajadores” que tantos elogios le merecieron en vida y proyectaron su memoria a la posteridad, resolvió dividir a los servidores del Estado entre trabajadores oficiales y empleados públicos y cercenarles a estos últimos el derecho a presentar pliegos de peticiones. De esta manera, el “eximio demócrata” hizo tábula raza del derecho a la contratación colectiva del grueso de estos trabajadores, al tiempo que pretrendió convertir en chorriaderos de babas sus organizaciones sindicales. En cierta forma, esta estrategia fue una de las primeras causas de la obstencible debilidad de las organizaciones sindicales estatales de hoy.

Con la manifiesta parcelación de los empleados en estos dos grupos y la pérdida de derechos que sobre uno de ellos se cernía, lo aconsejable para los trabajadores del SENA resultó ser responder con un combativo paro, y así se hizo. Dos meses en huelga fueron necesarios para que se expidiera por decreto el Estatuto de Personal y se evitara para los ahora denominados empleados públicos la pérdida de los derechos que antes tenían. Lo demás fue la creación, el 18 de mayo de 1971, del hoy conocido Sindicato de Empleados Públicos del SENA, SINDESENA.

Muchas son las luchas que SINDESENA ha librado para garantizarles a los colombianos la supervivencia del SENA, primera y única institución de formación profesional que haya sido fundada en Colombia por los trabajadores. Algunas de ellas están realacionadas con la defensa de las rentas parafiscales que le dan sustento y de la integralidad y gratuidad de la formación profesional que imparte. Pero es obligatorio indicar que sus mayores conquistas están en haber logrado la expedición de la primera Ley de Iniciativa Popular, la 119 de 1994, que le sirve de marco jurídico a la Entidad, y haber evitado la masacre laboral del 2004.

Hoy, cuando la bancada de la Unidad Nacional le acaba de entregar facultades extraordinarias al presidente Santos para que adelante una nueva masacre laboral escudándose en la necesaria reestructuración del Estado, SINDESENA continuará al frente de los intereses de sus afiliados y, en unidad con ellos, con los aprendices y los contratistas, procurará que esa reestructuración sea lo menos nefasta para todos. Esa será la mejor forma de refrendar las razones que tuvieron sus fundadores al constituir la organización y sus continuadores en mantenerla.

SOBRE LA CRISIS DEL POLO

Por Rodrigo López Oviedo

Dice la gran prensa que el Polo Democrático Alternativo está en crisis. El Polo Democrático Alternativo, con tan solo cinco años de fundación, está viviendo las vicisitudes propias de todo organismo en desarrollo, pero de ellas no puede deducirse que esté en crisis. Las últimas evidencias de no estarlo son contundentes. Aprovechando su influencia en las organizaciones sociales, quiso dar respuesta al nefasto Plan de Desarrollo y a la agenda legislativa del presidente Santos, y todos fuimos testigos de la forma como las masas concurrieron a las marchas del siete de abril, que se convocaron para tal fin. Aprovechando esa misma influencia, convocó a una conmemoración en grande del Día Internacional de los Trabajadores, y también fuimos testigos de las multitudes que marcharon por pueblos y ciudades haciendo saber que en el seno popular bulle la inconformidad con un régimen que pretende darle continuidad a políticas fracasadas en el continente, pero también de manera particular en nuestro país.

No. El Polo Democrático Alternativo no está en crisis. No puede estarlo una organización política que, pese a haberse constituido en respuesta a una reforma política que amenazaba la existencia jurídica de todo partido que no contara con un respaldo electoral suficiente para garantizarse un umbral caprichosamente determinado por la aplanadora congresual del uribismo, supo sumar los elementos positivos de todas esas fuerzas y ofrecerle al país una plataforma ideológica clara, su Ideario de Unidad, en torno a la cual se han hecho cada vez más estrechos los lazos de las fuerzas coaligadas.

Es la gran prensa, en especial la que responde a los intereses de la oligarquía bogotana, la que ha querido hacer ver como una crisis las deserciones de uno que otro dirigente, así como la puesta entre rejas del senador Iván Moreno y la suspensión temporal del Alcalde de Bogotá, Samuel Moreno. Olvida esa gran prensa que hoy están en prisión decenas y decenas de ex congresistas del uribismo; que son muchos los ex funcionarios públicos de esa misma filiación que están siendo sometidos a investigaciones penales, y que con el burgomaestre bogotano también fueron suspendidos algunos cuantos funcionarios que no son del Polo, sino del uribismo. ¿Significará esto que, mientras tales detenciones y suspenciones ocurrían, el uribismo estaba en crisis? ¿Lo estará ahora? Pues esa gran prensa oligárquica no lo ha reconocido así, como sí, por el contrario, se empeña en reconocer de esa manera lo que ve en el Polo.

No, apreciados amigos. El Polo Democrático Alternativo no está en crisis. Lo que está en crisis es ese periodismo amañado que solo actúa en función de apuntalar los intereses del régimen oligárquico.

EL REFERENDO ECUATORIANO Y LA LIBERTAD DE PRENSA

Por Rodrigo López Oviedo

Muy intensas han sido las preocupaciones que a lo largo del continente han despertado los resultados del referendo ecuatoriano del pasado sábado, particularmente el relacionado con el visto bueno a la propuesta gubernamental de cancelar toda autorización a banqueros y similares para participar de la propiedad accionaria en los medios de comunicación. Como tal decisión ha hecho correr la especie de que esta medida atenta contra la libertad de prensa, vale la pena reflexionar un poco sobre sus fundamentos.

Cada vez es más evidente que en países socio-económicamente tan desiguales como los nuestros, los medios de comunicación son los defensores a ultranza de los sectores sociales que los patrocinan. Esto los lleva a defender intereses encontrados, aunque no es raro que se presenten eventuales coincidencias entre ellos, sobre todo cuando las condiciones políticas los obligan a participar mancomunadamente del juego defensivo de los intereses de la clase en la que están insertos.

La libertad de prensa en sí es defendida con especial ahínco por los dueños del capital, que son los principales beneficiarios del statu quo. Mientras más estable sea este, tanto mejor para ellos. Y si de evitarle alteraciones se trata, ellos están dispuestos a hacer lo que sea, incluso a utilizar la libertad de prensa para distorsionar la verdad de los hechos, acomodarlos a lo que más les convenga e, incluso, a movilizar a la masa en contra de los intereses de ella misma, pues siempre habrá una argucia para hacerle ver como favorable lo que en verdad la perjudica. Así está sucediendo, por ejemplo, con el problema de los bajos salarios, pues no es que con ellos el capitalista pueda acumular más capital, sino que él, noblemente, podrá generar más puestos de trabajo.

Antes que libertad de prensa, lo que conviene al pueblo es tener el derecho a estar informado de una forma oportuna, imparcial y veraz. Se trata, por cierto, de tres virtudes que solo puede garantizarlas el pueblo mismo. Pero requiere que esté organizado, que se eduque ideológica y políticamente y que esté dispuesto a aportar en el esclarecimiento de los fenómenos sociales que lo afectan. Solo sobre estas bases podrá contar con medios desde los cuales pueda trazar las orientaciones capaces de ayudarlo en la solución de los problemas del momento y en la construcción de derroteros para que el mañana sea mejor que el presente de miseria que les toca vivir a tantos y tantos. Así lo entendió el presidente Correa, y por ello buscó y encontró en las urnas, aunque con justificadas resistencias, los avales para que su Revolución Ciudadana adopte los cambios respectivos.

UNA SEGUIDILLA INJUSTA

Por Rodrigo López Oviedo

Es innegable que nuestras oligarquías están comprometidas en una lucha integral contra el movimiento armado. Ningún resquicio quieren dejarle abierto a sus protagonistas, y están en su derecho. Lo inaceptable es que tan extremo celo las haya llevado a excesos tan graves como el de perseguir a otros luchadores que, al igual que aquellos, enfrentan las injusticias del sistema e impulsan cambios revolucionarios, aunque utilizando, con grandes riesgos, los procedimientos legales.

Cuando en tiempos de Belisario Betancur el movimiento insurgente salio a la plaza pública a defender sus tesis, logró conquistar numerosos escenarios de representación popular en una inédita alianza que se conoció como la Unión Patriótica. El resultado final no pudo retratar mas claramente el carácter criminal del sector más derechista de esa oligarquía: los candidatos presidenciales de la UP, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa, calleron asesinados por el paramilitarismo, al igual que ocho congresistas, 13 diputos, 70 concejales, 11 alcaldes y cerca de cinco mil militantes de base, firmemente ligados a organizaciones de masas.

Y con todo lo que de amargo hay en el cuadro anterior, en él no están todas las calamidades de la Unión Patriótica ni de las frustradas intensiones del movimiento armado de reintegrarse a la vida ciudadana. También miles de militantes de la UP tuvieron que buscar el exilio, sin que aún hoy haya dejado de pesar sobre ellos el peligro de perder la vida o la libertad, o la de sus familiares más cercanos.

Precisamente uno de ellos es el periodista Joaquín Pérez Becerra, a quien el Gobierno de Venezuela, en una decisión que le ha valido rechazos de todo el mundo, entregó a las autoridades colombianas, que lo sindican de ser el Canciller europeo de las FARC.

Pérez Becerra ejercía como concejal de la UP en el municipio caucano de Corinto cuando, a consecuencia del exterminio a que fue sometida esta organización, se vió obligado a buscar el exilio. Suecia no solo lo acogió, sino que, años después, al valorar sus actitudes ciudadanas, le confirió la nacionalidad. Resulta difícil imaginar a Joaquín Perez en actividades que fueran más allá de su condición de periodista y al gobierno de aquel país equivocarse en materia tan grave como la de otorgarle su nacionalidad sin merecerla. Su único pecado ha sido el de querer llenar desde Anncol la carencia de verdades objetivas que exhibimos en Colombia, donde lo que abunda es el periodismo sometido al régimen.

A Pérez Becerra ya le concedió la embajada sueca la asistencia jurídica necesaria. Eso habla bien de lo que él representa para su segunda patria. Igual debería representar para nosotros, sus compatriotas de nacimiento.