domingo, 23 de noviembre de 2008

EL SESGO EMOCIONAL DE LA NOTICIA

Por Rodrigo López Oviedo

Decir que una imagen vale más que mil palabras se ha vuelto una perogrullada. Cuando El Caguán era noticia, los noticieros de televisión mostraron en pantalla a dos adoloridas mujeres en momentos en que se confundían en emocionado abrazo con algunos de los soldados y policías que estaban retenidos por las FARC y entre los cuales estaban sus hijos.

Para llevarles su saludo, ellas habían desafiado los peligros de una selva inhóspita y en guerra, lo cual cargaba la imagen de una particular emoción, al tiempo que suscitaba la natural admiración por la valentía y el desprendimiento de que hicieron gala esas mujeres.

Esa imagen valía más que mil palabras, y las palabras sobraban. Sin embargo, brotaron abundantes, pero no para encomiar a las abnegadas protagonistas ni para resaltar los mil significados de su gesta o reclamar una respuesta a sus justas demandas, todo lo cual hubiera sido válido, sino para refundir en la dialéctica de las emociones la racionalidad que exige el anhelado fin de un conflicto que reclama soluciones proporcionales a la inmensa tragedia que ha causado.

Tratamientos sentimentaloides como el que se le dio a esta noticia se repiten a miles. Interesados en llevar al corazón lo que debería llegar al entendimiento, los grandes medios, especialmente los de televisión, han procurado reemplazar el análisis por la exaltación de las pasiones. Por eso llevan a sus noticieros a obispos, políticos y generales a que desfilen con sus lágrimas cada vez que haya que celebrar una entrega unilateral de retenidos, una arriesgada fuga o un atinado rescate. Con los ojos anegados, estos personajes hacen llave con los medios en procura de conmover a una opinión pública que más bien debería ser orientada hacia el examen objetivo de los hechos.

En esa metodología deshonesta está comprometido también el alto Gobierno. De Uribe no hay necesidad de dar ejemplos. Cuando no está montado en tigre, da la impresión de ser la encarnación de la Madre Dolorosa, con quien estamos obligados a la más piadosa devoción. Y como si no fuera suficiente con el Presidente, otras veces es algún ministro el que se apresta a esgrimir su misericordiosa condición.

Ahora le correspondió el turno a Mindefensa. Con motivo del escándalo de las pirámides, lo vimos ponerse del lado de los humildes y sacar de la manga un cuantioso inventario de propiedades del fundador de DMG, con respecto al cual el doctor Santos, esa pobre viejecita sin nadita que comer, encuentra inconcebible que alguien en Colombia pudiera poseerlo. Mediante este expediente, el Ministro pretendió convertir en odio -peligroso mal del corazón- y reorientar contra el sospechoso empresario, las masivas protestas de que el Gobierno estaba siendo objeto por parte de unos clientes que culpan a éste del colapso de una empresa en la que nunca se sintieron engañados.

Definitivamente, no podemos aceptar que las desgracias patrias sean sustraídas del análisis sereno que ameritan, y convertidas en material de borrascosas emociones. Cuando es el concienzudo análisis el que se hace cargo de ellas, las soluciones pueden llegar. Pero si se las deja ocultar bajo el peso de una emoción ciega, en lugar de soluciones veremos desencadenar nuevas violencias, en medio de las cuales los verdaderos culpables lograrán ocultar su responsabilidad y apuntalar los privilegios de que siempre han gozado.

lunes, 17 de noviembre de 2008

LAS PIRÁMIDES DE LA SALUD


Por Rodrigo López Oviedo

Pensaba referirme a las mal llamadas pirámides y a los miles de colombianos que ingenuamente pensaron resolver en ellas sus deseos de fortuna sin tener que sudar la frente. Para mi infortunio, la vida es más importante que los bolsillos, y mucho más si está afectada por otro tipo de pirámides: las que parecen conformar las entidades encargadas de atender las necesidades de salud de la población.

En el año 2000, por las calendas de diciembre, aproveché la hospitalidad de El Nuevo Día para consignar en su página de opinión un llamamiento a los trabajadores colombianos a fin de que defendiéramos al Seguro Social, afectado entonces por un decreto que lo obligaba a contratar con terceros la prestación de por lo menos el 50 por ciento de sus servicios.

Esta solo era una medida entre las muchas que venía dictando el Gobierno con el fin de cumplir las directrices originadas en el Fondo Monetario Internacional y en las desmedidas ambiciones de los mercaderes de la salud. Lo curioso es que hubiera sido adoptada por el Ministerio de Salud, y no por el de Trabajo, que era al cual estaba adscrito el ISS. La duda quedó debidamente aclarada con la posterior fusión de estos ministerios, pues ello dejó claro que los cambios que se vienen dando en el cuerpo del Estado corresponden a una agenda neoliberal de largo aliento, por la cual se camina con pausas o aceleres según sea mayor o menor la aquiescencia de quienes estén al frente del Gobierno y mayores o menores las resistencias populares.

Este solo hecho era suficiente para suscitar la más enconada oposición de todos los sectores populares, pero la exagerada debilidad de sus organizaciones hizo que esa oposición quedara restringida a lo que pudieran hacer, prácticamente solos, los sindicatos del Instituto. Los resultados están a la vista.

Álvaro Uribe llegó a la Presidencia de la República con el compromiso de solucionar los problemas de salud de los colombianos, en buena parte mal atendidos desde esta Entidad. Seis años después, esos problemas no solo no están resueltos, sino que han desembocado en consecuencias tan dramáticas como las que testimonió el periodista Guillermo Pérez Flórez, destacado columnista de El Nuevo Día y de Cidán - Cooperación Internacional -, a quien le tocó sufrir la pérdida de su padre merced a las desatenciones en la Clínica Manuel Elkin Patarroyo.

Algunos pensarán que esto ya no es culpa del ISS, pues la Entidad hace rato entregó sus bártulos a la Nueva EPS, entidad que creara Uribe para darse gusto en sus propósitos privatizadores. Pueden tener razón. Sin embargo, la culpa sigue siendo del Gobierno, pues no solo tiene la obligación constitucional de garantizarles la salud y la vida a los colombianos, sino que además es el responsable de una serie continuada de decisiones con las que no ha resuelto nada en estas materias, aunque sí mucho en el afán de ganancias de los mercaderes que convirtieron las EPS en un nuevo tipo de pirámides, a las cuales el pueblo tiene que aportar sus cuotas mensuales a cambio de unos servicios de salud restringidos al máximo para que sus dueños puedan maximizar los rendimientos.
A propósito de la Nueva EPS, ¿qué tendrá de nueva distinto a su nombre, a pintura y a sus dueños?

lunes, 10 de noviembre de 2008

De pequeños culpables y grandes impunidades


Por Rodrigo López Oviedo

Se está volviendo inveterada la costumbre del Gobierno de tirar la piedra y esconder la mano; de negar los hechos en la tormenta y reconocerlos en aguas calmas; de aceptar que las cosas pasan solo cuando son incontrovertibles. Una evidencia de ello fue la de los humildes muchachos que fueron engañosamente reclutados y después asesinados con alevosía para cobrar los beneficios contenidos en un memorando militar al que hoy se le descubren sus criminales aristas.

Este lamentable episodio quedará gravado en la historia, pero no por el todavía incierto número de vidas que cegó cuando éstas apenas despuntaban, ni por las manifestaciones de dolor y de tristeza que causó en las familias directamente afectadas por la tragedia y en los muchos otros hogares donde la suerte del hermano se asume como si fuera la propia suerte. Tampoco por la omisiva actitud de los conductores del Estado, quienes en un alarde de valor civil hubieran podido asumir la responsabilidad política si no carecieran de la grandeza que se requiere para afrontar con vergüenza hechos tan lamentables como éste.

No, este episodio de nuestra historia será rememorado por haber dado lugar a la renuncia del General Montoya, Comandante del Ejército, y a la erguida decisión de un Presidente de la República que, intentando sacudirse de un fracaso más en su política de seguridad democrática, resolvió defenestrar a un nuevo grupo de oficiales de la fuerza pública, entre quienes se encontraban tres generales más, 11 coroneles y un mayor, luego de que se le hiciera imposible seguir sosteniendo el contra evidente embuste de las muertes en combate.

Pero también será recordado por haber hecho evidente un escandaloso encadenamiento de complicidades que de todas formas dejan en la sombra a los responsables de unas estrategias de seguridad que han sido asumidas como política gobierno y a través de las cuales se pretende eternizar un statu quo que solo beneficia a unas cuantas familias, de las cuales forman parte uno que otro de los muchos funcionarios que hoy se creen dueños del poder, no siendo en verdad más que ingenuos servidores de los verdaderos dueños, así finalmente saquen partido de las posiciones que ostentan.

En esa cadena de responsabilidades están los ordenadores tácticos de las decisiones estratégicas, que son los que asumen las responsabilidades por los fracasos en que se incurra. Allí siempre habrá oficiales de variada graduación, puestos todos en camino a un generalato al que podrán acercarse más o acercarse menos, e incluso llegar, según sea el grado de obsecuencia que observen en el cumplimiento de las estrategias. Están también los otros oficiales, los inmostrables, los del trabajo sucio, conocidos como paramilitares y parapolíticos, a quienes no se les ofrecen charreteras especiales ni rangos honoríficos, pero si poderes regionales libres de toda jurisdicción que no pueda someterse al imperio de las armas. Todos pagan sus responsabilidades con la impunidad; pero cuando algunas son evidentes, los primeros las pagan con el cargo, y algunas veces con las rejas; los segundos con las rejas, y si saben mucho, con la extradición. Ah, y todos con el riesgo de pagar también con el silencio de los camposantos.

Los que sí nada pagan son los responsables de todo: los grandes dueños del país, que son los mayores beneficiados con tan vergonzosos hechos.

miércoles, 5 de noviembre de 2008

CARTA DE COOPERAMOS A DANSOCIAL

Por Rodrigo López Oviedo
El pasado 30 de octubre, la Junta Asesora de COOPERAMOS aprobó enviar una comunicación al doctor Rósemberg Pabón, director de DANSOCIAL, instándolo a vincularse activamente al proceso de reactivación de esta importante empresa tolimense. Su contenido es el siguiente:
Respetado doctor Pabón:
El 13 de marzo de 2007, Ibagué tuvo la fortuna de contar con su honrosa visita. En tal ocasión, pudimos conocer su preocupación por el proceso de liquidación al que, desde siete años antes, venía siendo sometida COOPERAMOS por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera; pero también su deseo de colaborarnos en las actividades de reactivación en que nos encontrábamos comprometidos buena parte de sus 68 mil asociados.
Ya entonces, éramos concientes de las dificultades que le generaría a la reactivación el alto quórum de asamblea exigido en la normatividad financiera. Confirmada hoy esa preocupación, nos sentimos obligados a acudir a usted con el fin de solicitarle su acompañamiento en la búsqueda de otras alternativas legales.
Especialmente, quisiéramos revisar con el doctor Pabón el artículo 102 de la Ley 795 de 2003, modificatorio del artículo segundo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la ley 454 de 1998. Este artículo, a nuestro juicio, nos permitiría escabullirnos legalmente hacia las normas cooperativas, especialmente hacia Ley 79 del 88, las cuales nos abrirían un camino más expedito hacia la reactivación, pues autoriza a las asambleas a tomar decisiones válidas con el diez por ciento de los asociados si dentro de la hora siguiente a su convocatoria no concurre por lo menos la mitad de ellos.
Señala dicho artículo que las cooperativas financieras son aquellas que adelantan actividades financieras; que su naturaleza jurídica se rige por la ley 79 del 88 y sus operaciones por la ley 795 de 2003, por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas que les sean aplicables. El parágrafo segundo del mismo artículo establece que el control de una cooperativa sometida a la Superintendencia Financiera puede pasar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, siempre que la cooperativa adopte “mecanismos tendientes a la devolución de dineros a terceros”.
No estando COOPERAMOS en posibilidad de adelantar ninguna actividad financiera y habiéndole hecho ya la devolución pertinente a terceros, podría acogerse a lo establecido en este parágrafo y solicitarle a la Superfinanciera que ceda su papel controlador a la Superintendencia de la Economía Solidaria, facilitándose de esta manera que la reactivación pueda hacerse con arreglo a la Ley Cooperativa.
Señor Director: Este es el camino que le rogamos prohijar. Queremos contar con su respaldo a esta interpretación normativa y con los acompañamientos que su Entidad pueda brindarnos en este propósito.
Atentamente,
COOPERAMOS en Liquidación, Junta asesora
Como puede observarse, se trata de un justo reclamo que al durmiente proceso de reactivación de COOPERAMOS podría significarle salir de una normativa que fue pensada para sociedades de capital, y no para sociedades de personas que, como en el caso de las cooperativas, tienen –o deben tener- al hombre en el centro de sus preocupaciones. Pero para que así sea, debemos acompañarlo de un gran plebiscito que se manifieste a través de cartas de respaldo dirigidas al Director de Dansocial, a la propia Junta Asesora de Cooperamos, a mi blog (http://rodrigolopezoviedo.blogspot.com) o al de Cooperamos que se ha creado para este propósito (http://cooperamosenaccion.blogspot.com).