TRAS EL CONFLICTO CON VENEZUELA

Por Rodrigo López Oviedo

Según algunos analistas, detrás de la nueva edición de El parto de los montes que dio al traste con lo que quedaba de relaciones con Venezuela está el deseo de Uribe de tender una cortina de humo sobre el espectáculo de horror que se descubrió en la Macarena, donde la apertura de una fosa común lanzó a los cuatro vientos una evidencia más de la putrefacción de su gobierno: dos mil cadáveres de inocentes colombianos, asesinados por la fuerza pública, según se puede deducir de las reacciones de Uribe, las declaraciones de testigos y la colindancia de la fosa con un cuartel del Ejército.

Al servir de obstáculo a las supuestas intensiones de Juan Manuel Santos de normalizar las relaciones con el hermano país, hay también quienes creen que esta burrada diplomática solo tenía por propósito notificarle al electo Presidente que tiene que ser más consultivo con el uribismo, sobre todo en materia de designaciones ministeriales, pues bien se sabe de las repercusiones que ello tendrá en la posterior ejecución de las políticas de gobierno, y a Uribe no le interesa ocupar en ellas un puesto marginal.

Pero otros encontramos en el hecho razones muchos más graves, aunque quisiéramos estar equivocados. Vemos con preocupación que este disparate coincide con muchas piezas de la política internacional del Imperio, todas relacionadas con las guerras de invasión que ha lanzado en procura de una riqueza, el petróleo, que al tiempo que escasea, se torna imprescindible para mantener sus ritmos de crecimiento.

Precisamente el hecho de tener Venezuela una de las mayores reservas del planeta es lo que la pone en riesgo de una agresión imperial. De allí que veamos preocupantes coincidencias entre las guerras del oriente medio y los desplazamientos de la IV Flota sobre el Caribe, los nuevos emplazamientos militares en Panamá, las siete bases militares en Colombia, la toma de las aguas continentales de Costa Rica por 35 buques norteamericanos con los debidos pertrechos de guerra y nuestra salida en falso ante la OEA.

Tan explosivo coctel está siendo servido por orden del Pentágono con la complicidad de algunos de países, entre ellos Colombia. Su objetivo es la invasión a Venezuela y lo que falta es que nuestro Gobierno active el pretexto, como intentó hacerlo Uribe a solo 12 días de entregar su mandato.

Por fortuna, la sumisión continental al Imperio parece ser ya cosa del pasado, salvo tres o cuatro excepciones. Sin embargo, no debemos descuidarnos. Venezolanos y colombianos somos pueblos hermanos y podemos estar temporalmente separados, pero jamás enfrentados, por fuertes que sean las órdenes del Pentágono y mucha la sumisión de nuestras oligarquías.

EL GRITO QUE NOS FALTA

Por Rodrigo López Oviedo

El país está de fiesta. Hoy hace 200 años salió de su marasmo la ciudadanía santafereña, luego del acicate recibido, no del chapetón González Llorente y su florero, sino de unas condiciones sociales cada vez más agravadas por "el suave yugo de su majestad", de unas circunstancias políticas que sacudían a la metrópoli desde 1808 y del ejemplo de varias poblaciones que venían levantándose tras reivindicaciones que ya excedían las simples protestas contra el mal gobierno.

Para ese 20 de Julio, el ambiente se hallaba favorecido por una serie de acontecimientos, varios de ellos inspirados en la independencia de Estados Unidos, pero todos de una importancia especialmente grande. Así fueron los levantamientos indígenas de Tupac Amarú y Tupac Katiri, la Revolución de los Comuneros, la Expedición Botánica, la publicación de los Derechos del Hombre y, por sobre todo, las rebeliones de Haití y de Coro, ésta en Venezuela, en las que miles de negros y mulatos se levantaron contra los terratenientes y proclamaron la primera independencia nacional y la libertad de los esclavos.

Los anteriores acontecimientos sirvieron para animar otros levantamientos, como los de Caracas, Barinas, Cumaná, Puerto Cabello, Guayana, Cartagena, Pamplona, Villa del Socorro y Quito, entre otros, los cuales estuvieron menos lastrados que el grito de Santafé, pues a diferencia de este, fueron expresión de los aires realmente independentistas que soplaban por el continente y no mera manifestación de rechazo al mal gobierno. En el levantamiento de Quito, por ejemplo, el Conde Ruiz de Castilla, presidente de la Audiencia de esa ciudad, fue sustituido con sus ministros por una Junta Suprema de criollos que levantaban contra España la consigna: "Pueblos de América: favoreced nuestros designios, seamos uno".

Los acontecimientos del 20 de julio no fueron tampoco una reyerta espontánea, producto de malquerencias entre españoles y criollos, como se nos ha querido hacer creer. En su desarrollo hubo premeditación, aunque en esta no estaba incluida la participación popular, a la que, por el contrario, se quería tener marginada. Y fue precisa e irónicamente la irrupción popular la que le dio a esta fecha la dimensión histórica que hoy se le atribuye. Gracias a personajes salidos de esa entraña popular, como José María Carbonell, las energías desatadas el 20 de julio se pudieron encausar hacia objetivos realmente independentistas.

Desafortunadamente no fue suficiente. El celo de las aristocracias criollas contra tales manifestaciones populares, y entre ellas mismas, llevó a lo que se conoció como la Patria Boba, luego a la reconquista española, después a la gesta acaudillada por Bolívar y, finalmente, a la actual forma neocolonial de dependencia. Estamos debiéndole a la patria la segunda emancipación.

¡BYE, BYE, MISTER DOLLAR!

Por Rodrigo López Oviedo

Con la llegada a la dirección de algunos países latinoamericanos de unas formas nuevas de conducir sus destinos, hemos comenzado a acariciar con mayor realismo la posibilidad de concretar el sueño bolivariano de una patria grande, libre de las imposiciones norteamericanas. Las manifestaciones de ese sueño, que antes se hallaban reducidas a ese faro solitario que era la Revolución Cubana, se han ampliado con el ascenso al poder de algunos líderes que están convencidos de que solo mediante la más férrea integración, basada en principios de complementariedad, solidaridad y soberanía, pueden nuestros pueblos concretar ese sueño.

Así han venido actuando Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa, y los logros comienzan a verse. La conformación de la Alternativa Bolivariana para América Latina –ALBA- es el primero, y con él, los países miembros no solo han comenzado a sentirse como una comunidad organizada y protegida contra las reacciones adversas que son tan propias del Imperio cuando se realizan acciones inconsultas en lo que él considera su patio trasero, sino que, además, han logrado elevar la participación política de sus pueblos, superar la reacción interna y, con altibajos, desarrollar políticas de mejoramiento de la calidad de vida. Hoy, por ejemplo, países como Venezuela y Bolivia pueden orgullosamente ostentar el privilegio, otrora exclusivamente cubano, de ser reconocidos por la Unesco como territorios libres de analfabetismo.

Solo en un escenario como el anotado ha sido posible que estos países empiecen a encontrar también su soberanía monetaria y financiera. Efectivamente, el patrón dólar, tan supuestamente imprescindible en sus operaciones comerciales, comienza a ser cosa del pasado: en reemplazo de él, ha surgido el SUCRE, la expresión monetaria del Sistema Único de Compensación Regional.

El Sistema Único de Compensación Regional, que fuera creado en Cumaná en abril de 2009, es un sistema de cuenta corriente que permite a los importadores de los países del Alba consignar en los bancos centrales de sus países, en su moneda nacional, el valor de cada importación y estos bancos les trasladan a los bancos centrales de los países exportadores el mismo valor, pero en sucres, para que allí efectúen los pagos a los exportadores en la moneda nacional de estos.

Claro, se trata de un avance lento, pero sin pausas. Hasta hoy, solo Cuba, Ecuador y Venezuela han comenzado a utilizar esta moneda, pero ella poco a poco se irá convirtiendo en la que sirva a todos los países del Alba a sus intercambios comerciales, a la reducción de sus vulnerabilidades y al pleno ejercicio de su soberanía monetaria. Cuando esto ocurra, tales países podrán decir: ¡bye, bye, mister dollar! La pregunta es: ¿Y nosotros cuando?

EL CASO CHILENO

Por Rodrigo López Oviedo

En la pasada campaña presidencial, escuchamos de algunos candidatos, especialmente del hoy electo Juan Manual Santos, algunas invocaciones a la actual situación de Chile, mediante las cuales presentaban logros a los cuales podríamos llegar los colombianos si acogíamos sus propuestas programáticas. En realidad, lo que se hace en Chile no es muy distinto de lo que se aplica en Colombia, solo que allá lo hacen con menos corrupción. De todas formas, sería bueno adelantar un debate acerca de si ese modelo común es el que conviene a nuestros pueblos, o en caso contrario, cuál es el que necesitamos.

Dentro del concierto latinoamericano, Chile ha sido el país más obediente a los mandatos del Consenso de Washington. Esto le ha permitido alcanzar y sostener por algunas décadas estándares macroeconómicos superiores al promedio de la región, pero al mismo tiempo le ha ocasionado el eclipse más rotundo del poco bienestar que sobrevivió al gobierno del inmolado presidente Salvador Allende.

Efectivamente, Chile es uno de los países que más se destacan en los índices de desigualdad social. Ya a comienzos del gobierno de Michelle Bachelet, el ingreso del cinco por ciento de la población más rica era 209 veces el ingreso del cinco por ciento de los más pobres. Hoy, el 80 por ciento del PIB está en manos de dieciséis grupos económicos, mientras para los más pobres hay enormes carencias en servicios vitales como el de la salud y el agua potable. Incluso, una de las más graves injusticias que puso en evidencia la catástrofe del pasado 27 de febrero fue la existencia de unas normas de ética para la construcción de viviendas para los ricos y otras distintas para las de los pobres.

Lo peor del anterior cuadro es que con el arribo de Sebastián Piñera a la presidencia de Chile no se avizora ningún cambio esperanzador. No en balde, al igual que ocurre en Colombia, los verdaderos dueños del país, a través de esos maquilladores de las desgracias populares que son sus propios grandes medios de comunicación, embellecieron sus propuestas e indujeron a los chilenos a respaldarlo, pues era la mejor opción de defensa de sus privilegios oligárquicos.

Lo anterior pone de presente la necesidad de que haya una regulación garantista del apego de tales medios a la verdad y de su sometimiento al interés público; de lo contrario, continuarán siendo ellos los que sigan señalando el derrotero a nuestros países. Pero igualmente, seguirán siendo uno de los primerísimos obstáculos en el propósito de avance hacia aspectos tan importantes como la mejor distribución de la riqueza y la elevación de la calidad de vida de nuestros pueblos.

EL CASO CEPEDA: UNA LECCIÓN SIN APRENDICES

Por Rodrigo López Oviedo

Casi desapercibida pasó la condena hecha al Estado colombiano por el asesinato del senador de la República Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el nueve de agosto de 1994, y con el cual se dio continuidad al más siniestro programa institucional que condujo al exterminio de la Unión Patriótica.

Lo deseable hubiera sido que fuera la justicia colombiana la que llegara a tan dramático reconocimiento. Desafortunadamente, el cúmulo de intereses que se entrecruzaron para torcer los hilos de la investigación arrojaron sus frutos, y tuvieron que ser las personas más cercanas al inmolado líder, las organizaciones de Derechos Humanos, las asociaciones de víctimas de la violencia y muchas otras de parecido carácter las que con sus valerosas gestiones evitaran que este crimen, como tantos otros, quedara en la impunidad. Finalmente fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que, con el cúmulo de pruebas presentadas, sentenció que la ejecución fue propiciada, o al menos permitida, por el Estado Colombiano al no adoptar las necesarias medidas de protección a un hombre al que se le sabía perseguido por su compromiso revolucionario.

El fallo rechazó la tesis gubernamental de que fueron las mafias del narcotráfico las causantes del asesinato, en lo cual coincidió con muchas organizaciones de derechos humanos que ven la mano del Estado en el genocidio que desapareció a la UP. Allí quedó claro que hubo una alianza nefasta entre paramilitares y miembros del Ejército, aunque lo que está por dilucidar aún es de quién provenían las órdenes que recibían quienes tan aviesamente actuaban. Muy seguramente que de los mismos que impidieron mediante triquiñuelas inverosímiles que fuera la justicia colombiana la que llegara al fin de las investigaciones y produjera su condena.

Ahora tendrá el Estado que indemnizar a los familiares de Manuel Cepeda, investigar a fondo los hechos, castigar a los responsables y “hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar y difundir una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y rol político del senador Cepeda”.

Lo más curioso es que, pese a la contundencia del fallo, el Gobierno aún esté negando que el crimen haya sido parte de una política de Estado y que los siniestros voceros de tan oscuro pasado continúen utilizando su presente poder para presionar cambios que lesionan aún más nuestra maltrecha justicia. Tales son los propósitos de las reclamaciones sobre el supuesto irrespeto al fuero militar, los continuos arrebatos pasionales de Uribe contra jueces, fiscales y magistrados y la propuesta de que la fiscalía dependa del ejecutivo.

En definitiva, el caso Cepeda es una valiosa lección que no contará con aplicados aprendices.