UN RECONOCIMIENTO

Por Rodrigo López Oviedo

Aunque, en general, ningún medio de comunicación descuida el fin último de toda empresa capitalista, el de generar utilidades, la gran mayoría de ellos orienta su artillería al propósito de amarrar a los usuarios a las concepciones ideológicas y políticas de los dueños, casi todas coincidentes en la defensa de los beneficios de las clases dominantes.    

En realidad, a los grandes medios nada les importa el deber de tener bien informada a la ciudadanía. Lo importante es explotar el derecho a informar conforme a los intereses mencionados, así haya que disimularlos mediante prácticas que  generen apariencias de objetividad, como las que realizan al criticar uno que otro desliz de esas clases dominantes o de alguno de sus miembros, pero sin que ello implique cuestionamiento alguno al conjunto de políticas relacionadas con el sostenimiento del sistema imperante.

Pero en medio de tan malsanos objetivos, se están consolidando alternativas de información que si bien no circulan de manera tan masiva como los medios oligárquicos, sí cumplen con la responsabilidad de informar objetiva, oportuna, clara y verazmente, en muchos casos con heroísmo, como es el caso del semanario Voz, la Verdad del Pueblo, que ha visto caer asesinados no solo a cientos de sus distribuidores, sino también a uno de sus directores, el inolvidable senador Manuel Cepeda Vargas.

Por eso resultó tan conmovedor el acto de reconocimiento que se le hiciera a Voz el 15 de diciembre en Ibagué cuando el Cabildo Municipal, a través del Concejal William Rosas, le entregara a su actual director, el doctor Carlos Lozano Guillén, una resolución aprobada por el Cabildo ibaguereño a instancias del mismo Concejal.         

El semanario Voz ha sido considerado el periódico independiente y revolucionario por antonomasia. Y no solo por la cantidad de mártires que le ha entregado a la historia del país. También, y fundamentalmente, porque ha sabido conjugar la  información objetiva, clara, veraz y oportuna con el análisis clasista de la realidad, al tiempo que ha servido como instrumento de educación de las masas, de su unidad y de su organización, en medio de tantas fuerzas repelentes como son las que gravitan en torno al movimiento popular.

Este semanario está cumpliendo 55 años de existencia. Lo menos que podemos hacer es unirnos solidariamente a tan magna celebración y expresarles nuestro agradecimiento a todos los que están vinculados a sus páginas, incluidos los cientos de obreros y campesinos que arriesgan su libertad, y hasta su vida, en la empeñosa tarea de distribuirlo. El solo esfuerzo que tal distribución conlleva vale un potosí. Y ni se diga lo que valen los esfuerzos de redacción y edición. A todos, mil gracias y felicitaciones.

LA REFORMA AL FUERO MILITAR

Por Rodrigo López Oviedo

Numerosos han sido los escándalos protagonizados por la Fuerza Pública colombiana, muchos de ellos como consecuencia de la formación que han recibido sus oficiales en la Escuela de las Américas, un centro de adoctrinamiento militar a través del cual el gobierno de los Estados Unidos imparte su filosofía de represión a los ejércitos al sur del Río Bravo con el fin garantizarse la hegemonía en el Continente.

Ahora resulta que a esos escándalos se pretende ponerles sordina mediante el procedimiento de reformar los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Nacional, con lo cual se lograría que la justicia ordinaria opere de manera meramente residual ante el aparato coercitivo del Estado, pues la generalidad de las conductas anómalas de sus miembros serían conocidas por la justicia penal militar.

Obviamente que tan aviesos propósitos no pueden contar con el beneplácito de ningún demócrata, pues bien conocidos son los múltiples ardides de que ha sido víctima la llamada savia y cumplida justicia, ardides con los cuales se ha logrado el execrable disfrute de la impunidad por parte de los autores intelectuales y materiales de más de dos mil casos delictivos investigados, de los cuales solo tres han terminado en sanciones ejemplarizantes.         

Ni siquiera organismos internacionales que se han caracterizado por su condición de simples correveidiles de la política norteamericana, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se han declarado al margen de esta preocupación y, por el contrario, han formulado sus reparos a una reforma constitucional que está llamada a extenderle velos de impunidad a cuantos crímenes de Estado sean ejecutados mediante órdenes reproducidas en los cuarteles.

Quienes al igual que José de Jesús Orozco, presidente de la CIDH, consideramos que la competencia de la justicia penal militar debe ser considerada “excepcional y restrictiva" y no la regla universal, que es en lo que la convierte la actual reforma, debemos movilizarnos en procura de evitar que sigan prevaleciendo los intereses de la peor reacción en el manejo de las políticas militares, como hasta hoy ha venido ocurriendo.

El aparato de justicia en Colombia requiere de profundas transformaciones democráticas que acerquen la justicia al pueblo, que permitan conocer la verdad sobre tantos crímenes que contra las organizaciones y dirigentes populares se han cometido, que garanticen una justa reparación por ellos y, sobre todo, que hagan inocuo cualquier intento de impunidad. Una reforma de esta naturaleza no puede debilitar aún más la administración de justicia mediante el robustecimiento de instancias que favorezcan a aparatos que, como los de las Fuerzas Armadas y de Policía, no han permanecido al margen de las estadísticas criminales del país.

EL CAMINO EQUIVOCADO DEL PRESIDENTE SANTOS

Por Rodrigo López Oviedo

Nada de orgullo nos produce la reacción del gobierno colombiano ante el fallo de La Haya. Nos hace acordar del muchacho riquito de la cuadra que, cuando alguna decisión no le gustaba, amenazaba con echar mano a su balón e irse.

Retirar al país del Alto Tribunal no puede ser la respuesta: ya lo hecho, hecho está, y el fallo es inapelable. Tal retiro solo va a dejar a nuestro país por fuera de un concierto inmenso de naciones que han entendido que para preservar la paz se requiere de mecanismos idóneos e imparciales a los que se pueda acudir en caso de conflictos que no puedan resolverse directamente entre las partes.

Pero con atizar la hoguera bélica tampoco puede responderse. El pueblo nicaragüense, al igual que el colombiano, ha tenido que trasegar por duros años de una violencia en la que los únicos beneficiados han sido los empresarios de la guerra, amén de unas oligarquías que han aprovechado tal ambiente para perpetuarse en el poder y hacerlo garante de su posición dominante dentro de la sociedad. Sólo ahora, con la revolución sandinista en marcha, nuestros hermanos han comenzado a vislumbrar un horizonte de luces, y mal haría Colombia con convertirse en el instrumento del Imperio que impida la consolidación de tan importante proceso.

Cómo contrasta la posición del gobierno Santos con la que ha asumido Daniel Ortega. A las soterradas agresiones del primero, el segundo ha respondido con una invitación al diálogo, todo con el más generoso ánimo de garantizarles a los pescadores de la zona, nuestros compatriotas sanandresanos, unas condiciones de trabajo que en nada demeriten las actuales y que, por el contrario, tiendan a mejorar, como vienen mejorando, en general, las del propio pueblo nicaragüense.

Y no se trata de nada nuevo. Recordemos que Nicaragua hace parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –ALBA-, un tratado mediante el cual los ocho países integrantes buscan colaborarse y complementarse política, económica y socialmente, en pie de igualdad, como medio para superar los desequilibrios que los afectan. Gracias a ese tratado, el mundo ha visto cómo circulan médicos cubanos por entre la Alianza ofreciendo su formación científica, cómo el petróleo venezolano irriga sus industrias a precios subsidiados, en fin, cómo estos países brindan con desprendimiento, y a la vez reciben, la expresión de sus ventajas comparativas, todo en función del bien común y no de los apetitos del gran capital.

Ese es el camino que el presidente Santos debe tomar, en lugar de soltarles las riendas a los arrebatos bélicos de algunos personajillos que ya han demostrado su peligrosa condición.

¿SOBERANÍA EN LAS ISLAS?

Por Rodrigo López Oviedo

El que gana es el que goza. Eso es lo que popularmente decimos, y en esas anda el pueblo nicaragüense. Si los triunfadores en la Corte Internacional de Justicia de La Haya hubiéramos sido nosotros, la fiesta habría sido en nuestros lares. Lo cierto es que en Nicaragua creen que la decisión fue justa, como acá se cree que no lo fue. Incluso un ex presidente, de ingrata recordación, asegura que lo dictado no fue un fallo sino un despojo.

¿Quién tiene la razón? Mis luces no me alcanzan para tal discernimiento. Tan solo quiero llamar la atención sobre la machacona invocación a la soberanía que ahora corean nuestras oligarquías y su gobierno, los mismos que desde siempre la han dejado embolatada en manos del Imperio; son los mismos que la desconocieron al pueblo argentino cuando este la defendía a sangre y fuego en las Malvinas y los mismos que se la desconocen al pueblo cubano, al venezolano, al ecuatoriano, al boliviano, y a cualquiera otro que quiera tomar distancia de las imposiciones imperiales.

En las vecindades sanandresanas, tal soberanía solo ha sido ejercida a través de la humilde presencia de nuestros pescadores, los cuales siempre han visto en su personal pobreza, que cada vez se hunde más en espiral en busca de la miseria, la prueba fehaciente de un Gobierno al que, además de ausente, siempre se le ve trabajando en función de unos intereses que no son los suyos. De resto, quienes realmente han ejercido señorío en esas aguas que nos fueron borradas de nuestros mapas, y reconocidas a Nicaragua, son las mafias de la droga y los traficantes de armas.

De allí que se les sienta un tufillo de patrioterismo tardío y altanero a los altos mandos militares y funcionarios del gobierno colombiano que hoy hablan de desconocer el fallo como primer paso para entrar a defender por otros medios esa tan mal entendida soberanía.

Antes que tambores de guerra,  con el ingratamente recordado ex presidente en el bastón de mando, lo que necesitan los isleños, pero especialmente los cientos de pescadores directamente afectados con la pérdida de los 75 mil kilómetros cuadrados, son políticas oficiales como las que en su tiempo favorecieron al sector financiero, o las que hoy benefician a las castas agroindustriales, minero energéticas y terratenientes, pero sin las trampas de Agro Ingreso Seguro. Entre las primeras políticas, las de empleo deben descollar. No de otra forma  podrá evitarse que los problemas de la Isla se sigan empeorando, con el agravante de que pueda incrementarse la posibilidad de que le lleguen brotes de inseguridad que hagan inocuo su atractivo turístico.

LA CRISIS EUROPEA

Por Rodrigo López Oviedo

Cuando los trabajadores de varios países, todos a una, se dan a la tarea de preparar una huelga general y la llevan a cabo con descomunal éxito, es porque en tales países se ha llegado a una crisis de mayúsculas proporciones, acompañada de la pretensión de los respectivos gobiernos oligárquicos de descargarla sobre su masa laboral.

La crisis europea es tal que, el pasado 14 de noviembre, cientos de miles de trabajadores se vieron obligados a parar en España, Italia y Portugal, y a realizar otras acciones de protesta en Francia, Alemania, Polonia, Rumania, Bélgica, Inglaterra y Austria. Por su parte, los trabajadores checos y eslovenos pararon el 17 de noviembre, y más huelgas se siguen preparando en otros países de la eurozona. Así de grande es la necesidad de impedir que se sigan deteriorando las condiciones de vida de estos pueblos por las decisiones de unos gobiernos que cada vez disimulan menos el ser los defensores a ultranza del gran capital.

La literatura marxista es prolija en el análisis de esas crisis, que periódicamente sacuden al capitalismo, y sabia al advertir que tarde o temprano desembocarán en el derrumbe de ese sistema. En los últimos tiempos, se han hecho más frecuentes y duraderas, y sobre todo, acompañadas de mayores dosis de agresividad contra los trabajadores y la población en general. Esos agravamientos son, en parte, la consecuencia de políticas neoliberales que, al debilitar el poder de compra de los consumidores, terminan agigantando los niveles de inventario en las bodegas de las grandes compañías, provocando el desempleo y generando recesión económica.

A veces se cree que las políticas neoliberales, que en últimas se materializan en recortes a los derechos económicos, sociales, políticos y medioambientales, son una simple manifestación del deseo de mayores índices de ganancia de las oligarquías. Aunque ello es cierto, también  tienen el propósito de responder a las crisis descargando su peso sobre los hombros de los trabajadores. De allí que, además, vengan acompañadas de respuestas cada  vez más combativas de parte de quienes no tienen lugar en el selecto clan de los más ricos, como lo evidencian todas estas acciones de la masa obrera del continente europeo, orientadas a evitar que esas crisis desencadenen mayor desempleo, desinversión social, pérdida de valiosas conquistas laborales y el acabose del Estado de bienestar que reinaba cuando los avances sociales alcanzados en el llamado campo  socialista amenazaban con convertirse en un poderoso acicate para que los obreros de otros lares se inspiraran en ellos y buscaran instaurar su propio poder.

Propio poder que no es una quimera, como lo demuestran estos nuevos niveles de unidad y de protesta.

UN COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Por Rodrigo López Oviedo

En pasado comentario, me referí a las largas que le estaba dando el Gobernador del Tolima a la firma de los acuerdos a que había llegado con los campesinos e indígenas para que levantaran el paro que por casi una semana se adelantó en el departamento. Por fortuna para todos, el documento respectivo se suscribió y lo que queda es esperar que se cumpla.

Uno de tales acuerdos compromete al Mandatario seccional a poner de su parte para que los megaproyectos de la locomotora minero energética de Santos  tengan el menor impacto medioambiental posible, lo cual implica la supervivencia de nuestra fauna y de nuestra flora, la soberanía alimentaria, el disfrute paisajístico y cultural de la comarca, la permanencia de los tolimenses en los que han sido sus ambientes vitales, su salud y hasta su vida misma.

Es este un compromiso de bastas proporciones, pues bien es sabido que más de un 70 por ciento del territorio tolimense se halla bajo la amenaza de la mega minería, incluida buena parte de sus cascos urbanos. Con decir que un municipio como el Líbano ya tiene concesionado hasta el terreno que pisa su catedral.

Se trata, claro, de una preocupación no solo de nuestros campesinos e indígenas. Si bien son ellos los primeros afectados por estos proyectos, pues su desarrollo los obligaría a cambiar de vocación productiva, la población urbana también ha venido haciéndose consciente de la necesidad de repudiarlos, dados los nefastos efectos que producirán sobre la calidad de las aguas de la región, la salubridad, el abastecimiento de alimentos, el costo de vida y demás fenómenos inherentes a proyectos de esta naturaleza.

De allí que se hayan producido expresiones de rechazo popular tan   gigantescas como las cuatro Marchas Carnaval realizadas en Ibagué contra La Colosa. Para un funcionario con la responsabilidad que atañe a un gobernador, sopesar estas circunstancias y actuar en consonancia con ellas es lo menos que puede hacer, máxime si ha sido un compromiso expreso, rubricado en documentos que ya se han hecho públicos.

Y a propósito: ¿A cuento de qué migajas se ha convertido a la fanaticada del vino tinto y oro en valla publicitaria ambulante? ¿Serán más importantes unos billetes untados de cianuro y mercurio que la tranquilidad de unos colombianos de los que el ex senador Camargo ha recibido tanto? ¿No existirá poder humano que haga retirar de las camisetas del equipo la odiosa insignia de AngloGold Ashanti? Algunos dirán que se trata de aspectos meramente cosméticos, y puede que tengan razón; sin embargo, encarnan un simbolismo de dignidad terrígena, que debe ser en últimas una preocupación de todas las instituciones.

¡TODOS A FIRMAR!

Por Rodrigo López Oviedo

Contrario a lo que afirma el presidente Juan Manuel Santos, la reforma tributaria que está en curso ampliará la brecha que nos ha convertido en la tercera potencia mundial de la desigualdad.

Son tantas las gabelas que esta reforma le concede al sector empresarial, y tan negativos sus efectos sobre los pensionados, las capas medias y los trabajadores, que ya están circulando memoriales de rechazo y anunciándose paros indefinidos en entidades tan entrañables para nuestro pueblo como El SENA y Bienestar Familiar, las cuales, al igual que nuevamente el sistema de salud, saldrán severamente golpeadas.

Claro, son muchas las razones de los trabajadores para defender a estas entidades. Al fin de cuentas, ellas nacieron, y se han sostenido, gracias a tesoneras luchas, con las cuales han enfrentado los dictámenes del Imperio, orientados a elevar las tasas de ganancia del capital transnacional en los países subalternos.

Desaparecida la parafiscalidad, las entidades que se nutren de ella quedarán sometidas a recoger las migajas que caigan de la mesa presupuestal de la nación, cuyos bocados mas apetitosos seguirán destinados a saciar el apetito de los empresarios de la guerra y de la banca, al igual que de los corruptos, que han hecho del patrimonio público una fuente de enriquecimiento.

Por eso nos alegra ver el inmenso compromiso con el que nuestra muchachada se ha dado a la tarea de recoger firmas para hundir esta parte del proyecto, y con ella decimos: ¡a firmar todos!

Sin embargo, no es suficiente. Esta reforma continúa desarrollando el propósito de beneficiar a los pocos dueños del país, a quienes, además del descuento de los parafiscales, se les rebaja el impuesto de renta del 33 al 25 por ciento, lo cual es una rebaja cierta, a cambio de una hipotética sobretasa del ocho por ciento. Pareciera ignorar el Gobierno las incontables triquiñuelas que utilizan nuestros empresarios para evadir el pago de sus impuestos. Son las mismas que emplearán para birlar esta sobretasa, hundiendo con ello lo poco que nos queda del derecho a la salud y a la formación profesional integral y, el de los niños, a vivir al menos decorosamente sus primeros años.

Reformas tributarias como esta solo servirán para ampliar la extrema desigualdad existente en nuestra configuración social y para señalarnos que la solución solo puede venir de una nueva estructura de poder, en la cual puedan jugar papel predominante las organizaciones sociales y políticas que auténticamente representen los intereses de los marginados de siempre. Pero para ello se precisa del más sincero compromiso de sus líderes con la unidad real, en la cual no hay cabida para intereses personales ni de grupo.   

¡CUMPLA, SEÑOR GOBERNADOR!

Por Rodrigo López Oviedo

Al momento de redactar este comentario, cunde la inquietud entre los campesinos e indígenas del Tolima ante el incumplimiento de que vienen siendo objeto por parte del doctor Luis Carlos Delgado Peñón, Gobernador del departamento.

Como se recordará, los campesinos e indígenas, después de las agotadoras jornadas que realizaron bajo la inspiración de las orientaciones relacionadas con la Semana de la Indignación, que culminó en el paro nacional del 12 de octubre, lograron doblegar la resistencia oficial y sentar a la mesa de negociaciones al Gobierno departamental, inicialmente en cabeza del propio Gobernador, y luego a través de los funcionarios delegados por este.

Se suponía que lo que en esa mesa se acordara comprometería al Gobierno departamental. Tal parece que no, si nos atenemos a esa actitud dilatoria de la primera autoridad del departamento, quien, quince días después, no se ha dignado rubricar el respectivo documento.

Parecería más bien que este funcionario estuviera esperando que los campesinos e indígenas más próximos, así como los más alejados de la capital del departamento, le repitieran su visita para recordarle que los problemas de violencia que se han dado entre nosotros son la consecuencia de esos otros problemas de hambre, de salud, de desempleo, de carencias en educación, de tenencia de la tierra, de la pérdida de soberanía alimentaria, del desplazamiento que propician las grandes transnacionales minero energéticas; en fin, de problemas que él no puede solucionar en todo su contenido, pero que si se comprometió de palabra a palearlos de alguna forma, como representante de todos los tolimenses debe cumplir.

 

Otra cosa es que el señor Gobernador sea uno más de los muchos enemigos agazapados de la paz que buscan quebrar toda esperanza de la ciudadanía en las instituciones públicas y arrojarla de nuevo a formas de lucha que los colombianos demócratas quisiéramos ver superadas a través de acuerdos como los que la insurgencia pretende alcanzar con el Gobierno nacional en La Habana.

 

Entre otras cosas, uno de los puntos más importantes que se acordaron con los campesinos e indígenas fue el relacionado con la realización de 47 Constituyentes municipales por la paz, las cuales, si el acuerdo sigue en firme, habrán de desembocar el 12 de abril de 2013 en una gran Constituyente Departamental y a la cual se espera que concurran varios gobernadores más, pues en tal fecha se celebra un cumpleaños más del Tolima. ¿Será que el señor Gobernador también  pretende sacarle el cuerpo a este compromiso? Sería esta una salida en falso que, sumada al desconocimiento de los demás acuerdos, haría perder lo que queda de confianza en este funcionario. Por eso, ¡cumpla, señor Gobernador!             

¡MAL COMIENZO!

Por Rodrigo López Oviedo

Comenzó la segunda de las tres fases en que se ha dividido el proceso conducente a la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC. La importancia de esta nueva etapa radica en que en ella se discutirán los temas de la agenda convenida durante la primera fase, pero lo observado hasta el momento no da mayores motivos para la esperanza.

Quienes esperábamos con un optimismo moderado estos inicios hoy debemos reconocer que incluso tanta moderación representaba un exceso de candidez. Lo que estamos viendo es que los anhelos de cambio que embargan a los colombianos no serán representados por los delegados del Gobierno, pues estos, en particular su vocero, el doctor Humberto de la Calle Lombana, lo que han manifestado en la práctica es que no están dispuestos a negociar con las FARC-EP ninguna reivindicación que vaya más allá de permitirles salir del monte a seguir exponiendo sus ideales políticos, pero sin el acompañamiento de las armas, y a darles la cara a las víctimas y a la justicia (porque para ellos no puede haber impunidad), aunque olvidando, eso sí, los crímenes de Estado y que estos deben quedar bajo la égida del Código Penal.

¿Que el país está viendo cómo cunde la crisis en la salud, en la educación, en los servicios públicos domiciliarios a causa de unas políticas neoliberales que han fracasado en todo el mundo? No importa. El doctor de la Calle ha dicho que ese modelo no estará para la discusión en la Mesa de Diálogos.

¿Que lo que le sobrevendrá al país a consecuencia de los megaproyectos minero energéticos y agroindustriales será la devastación medioambiental y la pérdida de la soberanía alimentaria? No importa. La inversión extranjera, como principal responsable de esos flagelos, tampoco será objeto de discusión.   

¿Qué la escuela en que han venido siendo formadas nuestras tropas ha sido la responsable en parte de que ellas se hayan visto comprometidas en actos violatorios de los derechos humanos, que desdoran su honor y su legitimidad? No importa. El Gobierno no está dispuesto a discutir el tipo de doctrinas que deben imperar en los cuarteles.

En fin: lo que en la práctica nos está diciendo el doctor De la Calle es que en la Mesa de La Habana él no será quien represente las angustias de los colombianos, ni lo serán los demás integrantes de la delegación del Gobierno. Que quienes aspiramos a obtener reivindicaciones como las anteriores, y otras derivadas del preámbulo de la agenda, debemos consignar nuestra esperanza en lo que puedan hacer los negociadores de las FARC o resignarnos a otros 50 años de violencia.

UN 12 PARA NO OLVIDAR

Por Rodrigo López Oviedo

Un 12 para el recuerdo. ¡Qué hermoso 12! Los campesinos e indígenas, venidos de todos los rincones del Tolima, hicieron de este pasado 12 de octubre una fecha para la historia. En cumplimiento de las tareas del Paro Nacional, lograron colmar en número de miles (tal vez casi 4 mil) las principales calles de Ibagué, mientras nos arengaban con sus consignas de esperanza, nos animaban con sus pancartas multicolores y su espíritu rebosante de fe en sus propias fuerzas, pero sobre todo, con ese entusiasmo capaz de devolverles la confianza en un futuro mejor a quienes, habiéndola profesado en el pasado, hoy actúan como si la hubieran perdido.

Estos campesinos e indígenas salieron desde La Francia hacia el centro de la ciudad, pero antes quisieron visitar ese crisol de ideas llamado Universidad del Tolima, de donde han salido tantos líderes populares. El recibimiento allí recibido erizó  la piel de los marchantes. Formando calle de honor, los estudiantes les hicieron saber que entendían la justeza de sus reivindicaciones; que su lucha también era la del movimiento estudiantil, y que los acompañarían hasta el destino final. Para probarlo, unieron su paso al de ellos y con ellos llegaron a la Gobernación, siempre con la alegría de sus zanqueros y la vocinglería de sus consignas que, aunque no muy coincidentes con las maneras hipócritas que a veces se esconden tras el buen decir, sí reflejaban el espíritu de la marcha.

En total podríamos decir que, ahora con los estudiantes, la movilización alcanzó a unas 5000 personas; de ahí que el primer triunfo llegara pronto y que estuviera representado en el recibimiento que les hiciera el gobernador, Delgado Peñón, y en el compromiso ante la comisión que para el caso se había conformado de atender cinco problemas que les son comunes a campesinos e indígenas: El agro; la tierra y el territorio; los derechos humanos; la paz con justicia social y la inversión social.

Estos temas corresponden a las principales exigencias formuladas, y desde este sábado se vienen reuniendo los delegados de parte y parte para concertar soluciones a tan espinosos problemas. Lamentablemente, no todo es positivo. Pese a la buena voluntad que se ha observado en el curso de las conversaciones, algunos temas no han podido ser atendidos por la ausencia de los representantes de dos entidades a las que les corresponde una buena cuota de compromiso en la solución de los contenidos de la agenda en estudio: Incoder y Cortolima. Ojalá que al momento de salir a la luz este comentario, los representantes de estas entidades hayan comprendido la magnitud de su responsabilidad y actúen de conformidad.

EL VECINDARIO ENSEÑA

Por Rodrigo López Oviedo

El pueblo venezolano acaba de ofrecerle al mundo un nuevo triunfo electoral, con el cual le ha agradecido a su presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, los denodados esfuerzos que ha venido realizando para hacer de Venezuela un país distinto al que recibió de las oligarquías hace 14 años.

A diferencia de tales gobiernos, los de Chávez se han orientado a resolver las necesidades más angustiantes de la población, con resultados de excelencia en varios campos: El desempleo, por ejemplo, lo redujo al 7,9 por ciento; acabó con el analfabetismo y llevó al país al quinto lugar en el mundo en cobertura universitaria; los planes de vivienda marchan de manera sostenida; la atención en salud básica es total y gratuita y se trabaja en lograr que la medicina especializada adquiera igual cobertura y calidad.

Tales logros no son obstáculo para reconocer que subsisten problemas que dan motivo a la maledicencia de los medios, como el de la corrupción, la violencia callejera y la inflación, que aún bordea el 27 por ciento. Pero se les están aplicando correctivos, al igual que a otros que también comprometen la tranquilidad ciudadana.   

A propósito de medios, este triunfo tiene el mérito adicional de haberse logrado en medio de la jauría desatada por la mayoría de ellos, que aún están en manos oligárquicas. Quienes algunas veces nos torturamos con Globovisión sabemos de la saña con que actúan. No obstante, Chávez pudo salir airoso para seguir defendiendo un proyecto político orientado a verter sobre el pueblo ese “máximo de felicidad” de que hablara el Libertador Simón Bolívar. ¿Cuál fue su secreto? Simplemente haber logrado superar años y años de división en una izquierda que de palabra se decía simpatizar con la unidad y de hecho se negaba a impulsarla.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿y a nosotros cuándo nos toca? ¿qué debemos hacer para superar esos oleajes que de pronto elevan nuestro estado de ánimo a las crestas unitarias para dejarlo caer luego en el desaliento de la desunión? La respuesta nos la da nuestro vecindario: la de supeditar a los intereses generales los intereses personalistas de los robledos, los dusanes, las claras, que han llegado incluso a calificar como un triunfo los exiguos 170 mil votos de la pasada consulta del Polo, en lugar de ver en tales resultados un llamado a la rectificación.

Si los replanteamientos no se dan entre los dirigentes de esta especie, nuestra propia respuesta tendremos que seguirla buscando en organizaciones como la Marcha Patriótica, la Minga Indígena y el Congreso de los Pueblos, que buena muestra nos han venido dando de estar inspirados en ideales menos egoístas.

LA SEMANA DE LA INDIGNACIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Los problemas que azotan al país se están haciendo tan insoportables  que, para exigirle soluciones al Gobierno a los más acuciantes, las organizaciones que mejor interpretan los intereses populares, y que siempre han estado dispersas, se han visto obligadas a ponerse de acuerdo en realizar un conjunto de movilizaciones entre el 4 y el 12 de octubre, período al que han denominado “Semana de la Indignación”.

No es para menos. La calamitosa situación de los trabajadores, el abandono a que fueron sometidos sus sistemas de salud y educación, las inexistentes posibilidades de solución bajo el actual régimen de las oligarquías, la caída en cascada de la calidad de vida, las nefastas locomotoras del plan de desarrollo, entre muchos otros problemas, obligaron a los mismos trabajadores, pero también a estudiantes, artistas, deportistas, intelectuales, indígenas, afro descendientes, y a las organizaciones de mujeres, de derechos humanos, de los barrios y demás sectores sociales y populares a organizar esta importante jornada.

La Semana de la Indignación será la respuesta de una población que ha comenzado a ver en las políticas del régimen la causa de que los ricos sean cada vez más pocos y más ricos mientras los pobres elevan su número en espiral al tiempo que se hacen cada vez más pobres y más negados en garantías para el ejercicio de sus derechos de asociación, movilización, huelga, participación electoral, e incluso a la integridad física y sicológica y a la vida.

Y será la respuesta también de quienes han comenzado a entender que necesitamos de una verdadera soberanía, es decir, soberanía que funcione sin embajadores que se creen virreyes, sin imposiciones de la banca imperial, sin bases militares extranjeras y sin consorcios minero-energéticos transnacionales que, asociados con las mafias, despojan a los campesinos de sus tierras y los fuerzan al desplazamiento.

En desarrollo de la jornada, el cuatro de octubre se realizará la movilización por el trabajo digno; el ocho, las movilizaciones en respaldo de la Mesa de Diálogos por la Paz con Agenda Social y en defensa de la universidad pública; y del 9 al 11, los campamentos por la salud y la Seguridad social.

Los anteriores son solo algunos ejemplos de las muchas actividades que se realizarán, y se aspira a que desemboquen en el Paro Nacional del 12 de octubre que están  organizado cientos de organizaciones. Sin embargo, se sabe de las dificultades que hay para que así ocurra, lo cual no será obstáculo para que tales organizaciones continúen con la iniciativa.

Del vigor demostrado en estas movilizaciones dependerá en buena medida el afianzamiento de los reclamos populares en la Mesa de la Habana.

PROBLEMAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Por Rodrigo López Oviedo

En frase que patentiza bien lo que es la picaresca de nuestro pueblo, y que además refleja la gravedad del problema que se pretende denunciar, “ahora resulta más barato enviar las basuras a través de Servientrega que mediante los servicios de Interaseo”.

Claro que lo de basuras es un decir, pues bien sabemos que entre las empresas prestadoras de servicios públicos hay una reñida competencia para ver quién se queda con el primer lugar, no solo en mayores tarifas, sino también en cuanto a abusos con los usuarios.

El nuestro es un país de leyes, pero de leyes y jurisprudencias burladas.

La sentencia de la Corte Constitucional C-150 de 2003 señaló que, antes de la suspensión de un servicio público, al usuario se le debe notificar el acto administrativo que lo ordena y correrle el traslado correspondiente para que haga los descargos e interponga los recursos respectivos antes de proceder al corte del respectivo servicio. ¿Será que esto se cumple?

Según sentencia 16850 del Consejo de Estado, los costos del alumbrado público deben correr por cuenta de los municipios en lugar de  cargarse a la factura del servicio de energía eléctrica. ¿Estará alguna autoridad sancionando por la inobservancia de este fallo?

Según el artículo 144 de la Ley 142, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los instrumentos necesarios para medir su consumo “a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas” adecuadas. ¿Será que esta regla funciona así entre nosotros?

La Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificadora SU-1010 del 16 de octubre de 2008, en la cual se reitera que los prestadores de servicios públicos domiciliarios carecen de toda potestad para imponer sanciones pecuniarias a sus usuarios, en razón a que dicha facultad no tiene sustento legal. Con fundamento en tal fallo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se pronunció el 24 de febrero de 2009 mediante la resolución SSPD–20091300004765 informándoles a las prestadoras de servicios públicos que les quedaba “terminantemente prohibido” imponer tal tipo de sanciones a sus usuarios. ¿Será que los cortes y cobros por reconexión de estos servicios no constituyen sanciones, y sanciones dobles, a unos usuarios que a lo sumo han incurrido en la falta de no contar con los recursos para el pago oportuno de tales servicios?

Como las respuestas a estas preguntas son obvias, los ciudadanos que se las han formulado ya vienen forjando movimientos de rechazo a tan malos procederes de las prestadoras y a la connivencia con ellas de los entes de control. Hacemos votos porque esos procesos continúen y porque pronto se encuentren haciendo parte de un torrente común.

ACERCA DEL SISTEMA ELECTORAL

Por Rodrigo López Oviedo

Un aspecto al que se le ha reconocido particular importancia en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” es el relacionado con el de la participación política. De ello hablan los puntos segundo y tercero de la agenda, lo cual hace prever que, de concluir felizmente los diálogos, las condiciones que en tal campo queden dibujadas no serán iguales a las del régimen de falsa democracia y de exclusión que rigen actualmente.

La participación política es un derecho al que en teoría podemos acceder todos los colombianos. Sin embargo, el sinnúmero de magnicidios pre y poselectorales que nos ha tocado sufrir, los continuos escándalos de fraude que acompañan cada elección, la falsificación de cédulas, el voto de los difuntos, los dineros de las mafias, las campañas ventajosas y plagadas de engaño, la compra-venta de jurados, de testigos electorales y de respaldo ciudadano, para solo mencionar algunos procedimientos con los cuales se tuerce la voluntad de los electores, nos permiten afirmar que tal derecho solo existe como caricatura, y que también en ese campo se está necesitando de todo un revolcón institucional que haga real y creíble nuestra falsa democracia.  

Tal revolcón debe partir del reconocimiento de que, en gran medida, el conflicto armado ha sido alimentado por la extrema desconfianza que el establecimiento despierta en sus elecciones. Un botón basta de muestra: nadie creyó en el triunfo presidencial de Misael Pastrana Borrero, y esa incredulidad le dio vida al Movimiento M-19. Por eso necesitamos con urgencia de un sistema electoral que sea capaz de ofrecer plenas garantías a la ciudadanía de que los resultados que se emitan en cada contienda electoral son el reflejo auténtico de su voluntad.

Ese nuevo sistema electoral debe partir de una base de datos debidamente depurada, blindarse con avances tecnológicos tan importantes como el voto electrónico y montarse bajo la supervisión y asistencia científica y técnica de un grupo de expertos internacionales que, además de su comprobada probidad, esté rodeado de las garantías que se  hagan necesarias para que al final pueda emitir un dictamen claro y detallado acerca de las calidades alcanzadas con el nuevo sistema. No de otra forma podremos concurrir a las urnas (y urnas pasará a ser simplemente un decir) con el convencimiento de que la voluntad que colectivamente depositemos en ellas sea la que finalmente termine siendo reconocida. 

Si queremos que lo que sobrevenga a los acuerdos Gobierno-FARC sea un plan estructurado para la paz, como lo queremos todos los colombianos de bien, debemos presionar para que esos acuerdos tomen en cuenta aspectos como los anotados.

UNIDAD CONTRA EL DESANGRE

Por Rodrigo López Oviedo

Pese a que los primeros acercamientos para alcanzar la paz parecían indicar que estaban acompañados de las mejores intensiones entre las partes, ya comenzaron a presentarse desencuentros que obligan a prender alarmas a quienes queremos que esta valiosa oportunidad cuaje debidamente.

Siendo una de las más importantes motivaciones de este proceso la de ponerle fin al desangre nacional, no se entiende que haya posiciones tan contrarias a ese propósito como la de rechazar un cese de las confrontaciones militares hasta tanto no se llegue a pactos sobre los demás temas de la agenda. Con tal actitud, se está evidenciando un temor reverencial hacia los sectores más extremos de la derecha, del militarismo y de quienes se lucran con la sangre de nuestro pueblo, que es la forma más ominosa del pasivo social con que quedan balanceadas las utilidades producidas por la guerra a tan abyectos personajes.

De esas posiciones debe retirarse el presidente Santos. Él bien sabe que unas discusiones bajo la confrontación armada, con todo el torvo aprovechamiento mediático a que da lugar, solo pueden beneficiar a quienes están, no con el deseo del pronto fin de la guerra, sino de abortar las conversaciones.

Por fortuna, como lo han manifestado las propias FARC, su propuesta de cese bilateral de las acciones militares no es prerrequisito para el inicio de las conversaciones, como tampoco lo es la presencia de Simón Trinidad en la mesa de negociaciones. Ellas son conscientes de que un empecinamiento en tales ideas sería un terrible obstáculo para un proceso que cuenta con la debilidad propia de todo lo que está en ciernes, pero en cuya feliz culminación están llamadas a ser las primeras comprometidas.

Sin embargo, una cosa es que las negociaciones se adelanten en medio del fuego cruzado y otra que la llamada sociedad civil, apropiándose del papel activo que como víctima le corresponde, no exija el alto temporal al baño de sangre ni presione el abordaje sin mezquindades del contenido de la agenda acordada, al tiempo que levanta sus propias exigencia de solución a los múltiples problemas que hoy padecemos.

Se trata de empeños en los que, por cierto, debemos estar concertados los colombianos de bien, pero muy especialmente las dirigencias de las organizaciones, movimientos y partidos que se han manifestado proclives a la solución política del conflicto armado, así como los que de manera reiterada han rechazado el uso de las armas con fines políticos. En esta coyuntura política podemos encontrarnos todos. El Paro Nacional del 12 de octubre y la Constituyente por la Paz, en preparación, son dos buenas oportunidades para demostrar que estamos inspirados en tal voluntad.

EL PROCESO DE PAZ NECESITA BLINDARSE

Por Rodrigo López Oviedo

Confirmados por el presidente Santos los acercamientos que ha hecho con las guerrillas, conocida la agenda de los diálogos que vendrán y establecida la forma en que se realizarán, a los colombianos nos corresponde rodear y defender el proceso para que lo que de él salga, incluida la salida política del conflicto, sea de la mayor conveniencia para los intereses de las inmensas mayorías.

Se trata de unas conversaciones nada fáciles, pues bien es sabido el carácter estructural de las causas que nos han mantenido en guerra por más de cincuenta años y las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que deben operarse para que no solo cese este desangre, sino también para que no vuelva a repetirse.

Para infortunio de nuestro país, en esos propósitos transformadores no nos encontramos todos. Ya son muchos los personeros de oscuras ideologías que se han manifestado en su contra. En esa actitud, el país ha comenzado a ver a los usufructuarios de los 26 billones de pesos del presupuesto anual que se destina a la guerra, que no querrán desprenderse de tan carnosa tajada. Y verá también a quienes se benefician de un statu quo que tendría que alterarse, así sea solo en parte, si se quisiera que este proceso en ciernes pudiera transformarse en hechos verdaderamente generadores de condiciones para la paz, que son las que el país espera que sobrevengan a estas conversaciones prontas a iniciarse.

Pero incluso a los propios representantes del alto Gobierno que se sentarán a la mesa con los representantes guerrilleros habremos de verlos en resistencia obstinada a los cambios que les abrirían las páginas de la historia por ser los que se necesitan para sacar al país de esta cincuentenaria violencia. Fieles representantes de lo más atrasado de su clase oligárquica, se empecinarán en utilizar los diálogos para exigir rendiciones unilaterales, entregas de armas, olvidos de los camaradas en las cárceles, tolerancias ante los actuales remedos de democracia, etcétera, y ofreciendo solo a cambio las más parcas interpretaciones de lo consignado en la agenda de conversaciones.      

De allí que estemos necesitados de que, como ciudadanos que nos ha tocado poner los muertos en ambas filas del conflicto, nos comprometamos a cerrar filas a favor de un buen desenlace, en lugar de permitir que por no proporcionar el blindaje que solo las masas con su accionar pueden aportar, se vuelvan a repetir viejas frustraciones. Si la mesa está por servirse, de nosotros depende que el plato fuerte no dé cuenta de que se nos volvió a sacrificar la paloma de la paz, pues hoy, más que nunca, necesitamos de sus arrullos.

DIÁLOGOS EN CIERNES

Por Rodrigo López Oviedo

Si fuera cierto que el Gobierno nacional y las guerrillas de las FARC se encuentran en tanteos serios y sinceros para comenzar la búsqueda de una solución política al ya casi cincuentenario conflicto social y armado que ha azotado al país, la sociedad en pleno debería mostrar su regocijo y apoyar tan noble propósito.

Han sido muchos los sufrimientos que el pueblo colombiano ha padecido por culpa de esa atroz combinación de diversas formas de violencia que desde siempre han ejercido en su contra las castas oligárquicas más reaccionarias, las mismas que hoy se empeñan en cubrir de estigmas una iniciativa de cuyo curso tienen sospechas y que, de ser cierta, a todos los demás debería alborozarnos.

Lo más curioso es que quien más estigmatiza hoy los presuntos diálogos es el mismo personaje que, estando en las postrimerías del primero de sus dos mandatos, anunció con bombo y platillos haber llevado a la guerrilla al principio de su fin, todo para justificar el cambio de un articulito de la Constitución que le garantizaría un nuevo período presidencial, durante el cual remataría su obra. Seis años después, esa guerrilla no solo no muestra ningún signo de decaimiento, sino que sigue hablando y dando de qué hablar, al tiempo que nuestro pueblo se sigue desangrando y sufriendo de desplazamientos, desapariciones y extremas privaciones.

El balance no da entonces para loas. Se requiere hacer de la sensatez la perpetua compañera de un proceso en el cual debe partirse del reconocimiento de la probada ineficacia militar y que no se oriente exclusivamente al silencio de los fusiles. Las guerrillas no estarían dispuestas a aceptar tal cosa después de tantos años de haber estado en lucha tras un programa que hoy conserva plena vigencia, así su conquista les haya resultado esquiva. Aceptarían, sí, una solución que les garantice algunas reivindicaciones contenidas en él (reforma agraria, por ejemplo), al igual que posibilidades para continuar su accionar político a través de mecanismos que vayan más allá de los actuales remedos de democracia.

Por eso se hace necesario desarrollar un gran movimiento que parta de la experiencia de organizaciones como Colombianas y Colombianos por la Paz, que ya tienen andado algún camino en ese propósito. Una de las tareas principales de tal movimiento debe ser la de contrarrestar las engañifas y escepticismos que urdan contra la paz quienes se lucran con el multimillonario negocio de la guerra y que con triquiñuelas y trapisondas pretenderán reeditar fracasos como los que produjeron en procesos que bien conocemos, como el de El Caguán, e impedir que la llamada sociedad civil se movilice para hacer realidad esta nueva esperanza.

ANTE LA CRISIS DEL POLO

Por Rodrigo López Oviedo

Con la decisión de excluir a los comunistas del Polo Democrático Alternativo, 16 miembros  Comité Ejecutivo Nacional han hecho evidente su intención de atravesársele al propósito del Partido de abanderar la unidad de la izquierda y de orientar a los necesitados hacia el establecimiento de un nuevo poder.

Tal decisión ha merecido el rechazo de buena parte de las bases partidarias, las cuales ven en ella un contrasentido, pues pone al partido en contravía de las señales del momento presente, caracterizadas por el fortalecimiento de diversos núcleos de izquierda, hoy en camino de unidad.

Como argumento central se esgrimió el de la doble militancia, dado el apoyo del Partido Comunista a la Marcha Patriótica. Tal justificación no ha convencido mucho, pues aunque hay gran cantidad de militantes que no hacen parte de ninguna organización aparte del Polo mismo, otros muchos militan además en los partidos que conforman el Polo, a los que nunca se les ha exigido disolverse, pues lo lógico es que conserven su integridad orgánica si el Ideario de Unidad no agota todas las expectativas políticas contenidas en sus particulares programas.

Tal es el caso del Moir, una de las organizaciones que abanderó la exclusión del Partido Comunista. El Polo no le ha avalado al Moir su táctica de alianzas con la burguesía nacional ni su rechazo a la reforma agraria, pero el Moir no ve en ello ningún obstáculo para permanecer en el Polo, ni el Polo ha visto en tales tácticas impedimento para mantenerlo en sus filas mientras defienda el Ideario de Unidad y los estatutos. 

Y si se menciona al Moir es solo para dar cuenta de uno de los casos más emblemáticos de lo que, en concepto de esta organización, podría denominarse doble militancia, ya que los ejemplos son tantos cuantas tendencias políticas hay en el Polo. La propia presidenta, doctora Clara López, milita en la organización política de su esposo. De allí que si la decisión de excluir se aplicara con el rigor que se le aplicó al Partido Comunista, tendríamos a un Polo posiblemente más puro, pero ideológicamente enclenque, cuantitativamente diezmado y sin ninguna posibilidad de ponerse a la cabeza de las transformaciones que requiere el país.

El Comité Ejecutivo Nacional del Polo está en la obligación de rectificar decisiones como esta, y varias más, que han llevado al Partido a los niveles más bajos de aceptación social, pese a ser la única organización de oposición institucional al régimen. No hacerlo podría conducir a que fueran las propias bases las que adelantaran la rectificación, removiendo de sus cargos a quienes de manera tan torcida los vienen ejerciendo.

LA CRISIS DEL POLO

Por Rodrigo López Oviedo

Con el alborozo propio de quien da una noticia deseada por siempre, uno de los medios que se precian de mayor independencia, el Noticiero CM&, dio a conocer a través de su sección Uno, dos, tres que el Polo había “expulsado” de sus filas a uno de sus bastiones más importantes, el Partido Comunista Colombiano, por respaldar a la Marcha Patriótica y estar en la actividad política legal y en la vía armada.

Sacudido por el impacto de la novedad, me dirigí a la página del Polo a conocer de primera mano tan trascendental decisión y me encontré con que no existía resolución en tal sentido. Hallé, sí, una declaración  política a través de la cual el “Comité Ejecutivo Nacional considera que la práctica de doble militancia asumida por el Partido Comunista Colombiano, excluye  a sus miembros del Polo Democrático Alternativo”.

Sin desconocer la trascendencia de esta declaración, como tampoco los desarrollos que pueda tener ni los efectos que le traiga al Partido, lo cierto es que de su contenido no se puede colegir la existencia de ninguna sanción, pues “considerar” no es lo mismo que “resolver”, y en caso de sobrevenir alguna, esta tendría que adoptarse mediante las reglas del debido proceso, como corresponde hacerlo a una organización democrática.

Lo que sí resulta claro es el empeño de los medios en mostrar de la izquierda tan solo sus dificultades, sin intentar entregar un panorama siquiera aproximado de la realidad para que sean los lectores, escuchas o televidentes mismos los que saquen sus propias conclusiones. El Partido Comunista, por ejemplo, ante la mencionada declaración, expidió su propio comunicado dejando claro su rechazo a la sindicación de doble militancia y explicando que ella “es el pretexto que utilizan quienes quieren adueñarse del aparato partidario (es decir, del Polo) para convertirlo en una fábrica de avales e instrumento de alianzas sin principios”. Tal comunicado no tuvo ninguna difusión.

De todas formas, el Polo está afectado por graves problemas y eso no lo podemos negar. Sin embargo, esperamos que, haciendo un uso sincero de la crítica y la autocrítica, se fortalezca en la búsqueda de una pronta y adecuada solución, como fue el querer de la reciente Conferencia Ideológica Nacional celebrada en Bogotá, y como parece quererlo el propio Ejecutivo Nacional, según se deduce del texto de su mencionada declaración política, mediante la cual se comprometió a “trabajar intensa y consecuentemente en el impulso para forjar el más amplio frente de todas las fuerzas de izquierda y democráticas del país”. Fuerzas de izquierda y democráticas respecto de las cuales no puede haber ninguna exclusión que no esté sólidamente justificada.

GRAN CABILDO AGRARIO Y CAFETERO

Por Rodrigo López Oviedo

Tal vez la mayor perversidad que le ha tocado sufrir al pueblo colombiano ha sido la de tener que convivir con unas castas oligárquicas que han prescindido de todo escrúpulo en su propósito de hacerse al mayor cúmulo de riquezas. Ni siquiera les preocupa que haya que desplazar comunidades enteras, derramar sangre o tener que utilizar las fuerzas del Estado en tan avieso propósito. Lo importante es elevar las tasas de ganancia en la explotación del trabajo ajeno y de la naturaleza.

Los megaproyectos son buena prueba de ello. A donde quiera que lleguen quienes han de desarrollarlos, llámense AngloGold Ashanti, Pacific Rubiales, Gran Colombia Gold, Greystar, etc., los pobladores respectivos pueden estar seguros de que comenzarán a ser víctimas de las peores formas de presión para que dejen sus territorios. Quienes no ceden a la tentación del oro tendrán que atenerse a la persuasión del plomo o salir a engrosar las filas del desplazamiento en las cabeceras municipales. De todas formas, y cualquiera que sea el medio, el resultado no será otro que el más execrable despojo.

Tan escabroso cuadro cuenta con el agravante de que la fuerza pública, en lugar de ponerse del lado de nuestros campesinos, forma unidad de cuerpo con los poderosos, y todo dentro del propósito de garantizarles la prevalencia de las políticas de la confianza inversionista y el desarrollo de las orientaciones contenidas en la llamada locomotora minero-energética, así enmascaren su presencia con alguna que otra obra reclamada por la comunidad, como viene ocurriendo en desarrollo del llamado Plan Consolidación.

Pero los campesinos no duermen. Al igual que lo hace el resto de nuestro pueblo, ellos han venido fortaleciendo su conciencia y buscando soluciones de fondo. Por eso en Chaparral, en Cabildo Abierto, se reúnen este siete de agosto a discutir la penosa situación por la que atraviesa su economía agraria, fundamentalmente cafetera, y las implicaciones que son de esperar de obras como la hidroeléctrica del Amoyá y del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Este Cabildo Abierto fue programado por El Comité Departamental de la Marcha Patriótica y hace parte de un conjunto de actividades que se irán cumpliendo en la medida en que las condiciones se muestren propicias. Su éxito dependerá del grado de madurez y compromiso con que las reciban las demás organizaciones sociales y políticas, ante las cuales la Marcha misma habrá también de hacer compromisos de respaldo a las iniciativas que de ellas vengan. En resumidas cuentas, la unidad no es más que una constante sumatoria de esfuerzos a través de los cuales se fortalecen las iniciativas de quienes están comprometidos en desarrollarla.

¡POBRE PIEDAD!

Por Rodrigo López Oviedo

Sí, ¡pobre negra! Nada de lo que diga será del gusto de los dueños del poder. Todo lo que mencione será motivo de escándalo. Por más razonables que sean sus críticas, por más acierto que haya en sus apreciaciones y más entrados en razón sus señalamientos, todos ellos serán motivo de la más agresiva campaña en su contra.

¡Pobre Piedad! Lo que hizo en el Cauca, visto dentro del marco objetivo de sus propósitos, no fue más que defender a comunidades por siempre violentadas, a las cuales les asiste el derecho a vivir en paz, como nos asiste a los demás colombianos, solo que a diferencia de casi todos nosotros, ellas sí han venido cumpliendo la más férrea defensa de ese derecho.

Las exhortaciones de la negra no tuvieron más intensión que la de animar a las  comunidades indígenas en su lucha por la paz. “No queremos más guerra, no queremos bases militares y, sobre todo, no queremos que desprecien a la comunidad con el argumento de una base militar, que se gasta la plata de los impuestos en una guerra que la gente no quiere y no necesita”. Tal fue el reclamo planteado, según transcripción hecha por el diario El Tiempo en su registro de lo ocurrido.

El problema es que entre los demás ciudadanos también cunden las bases militares y de policía. Visitar cualquier poblado es encontrar a solo una o dos cuadras de su parque principal la respectiva sede, debidamente rodeada de sacos de arena para proteger de un ataque a los efectivos de esos cuerpos. La pregunta es: ¿Y a la ciudadanía, que se encuentra al rededor de tales instalaciones, quién la defiende? Como la respuesta es nadie, lo mejor es que también nosotros nos pongamos firmes para que la guerra salga de los cascos urbanos al tiempo que nos vamos fortaleciendo en el propósito de sacar de los cuarteles esa llave de la paz que Santos dice tener, pero que él mismo niega estar utilizando.

La ex senadora Piedad Córdoba merece nuestro respaldo. Toda la actividad que esta valerosa mujer ha realizado ha estado inspirada en la creación de mejores condiciones de vida para sus compatriotas. Al frente de Colombianas y Colombianos por la Paz, desempeñó un destacado papel en el retorno a  la libertad de muchos civiles, policías y soldados víctimas de la guerra. Como senadora, impulsó importantes debates e iniciativas, como la del Estatuto del Trabajo, derrotada por la bancada uribo-santista. Como activista en general, viene jugando un destacado papel al frente de la Marcha Patriótica. Esa es la negra que queremos y a la que debemos rodear con nuestra solidaridad.

BAUTIZO EN LAS CALLES

Por Rodrigo López Oviedo

El pueblo sigue reclamando en las calles, y con qué vigor, soluciones inmediatas a un sinnúmero de problemas. Tal vez el más importante sea el del desempleo. Quien lo padece no puede resolver otros problemas que podrían solventarse con un salario. Pero a la par que empleo digno, es decir, bien remunerado y con todos los derechos prestacionales y de seguridad social que se merecen los productores de la riqueza nacional y que una sociedad democrática debe garantizarles, este pueblo también está reclamando las contraprestaciones que es lógico esperar de un Estado que no solo le cobra impuestos, sino que también debería ser el administrador eficiente de las riquezas de la nación.

El problema es que las ingentes sumas originadas en los impuestos se destinan en elevadísimo porcentaje a la defensa de los intereses de las clases oligárquicas, y las riquezas patrias le vienen siendo entregadas al capital extranjero a precios de gallina flaca.

Por eso las protestas callejeras se estén convirtiendo en pan de cada día, y cada día cobran mayor esplendor y fuerza. Las del pasado 19 de julio, realizadas en todo el país, estuvieron orientadas a la derogatoria de la Ley 100, de la cual fue ponente un señor que después terminó luciendo poncho y perrero desde la Presidencia de la República y al que le debemos que la salud esté saliendo de cuidados intensivos rumbo a la morgue. Varias de estas protestas contaron, como casi nunca había ocurrido, con la presencia de autoridades oficiales en varias ciudades, lo cual deja traslucir que el descontento no está solo entre los gobernados.

Pero, además de lo anotado,  tuvo otro ingrediente especial, del cual lo único lastimoso es que, como suele suceder, haya terminado siendo silenciado por los grandes medios. En medio del multitudinario despliegue de camisetas blancas con que se adornaron los concurrentes, otros cientos de ciudadanos se hicieron sentir con otras camisetas, blancas también, pero con un Bolívar desnudo al pecho que empuñaba el tricolor nacional. Eran hombres y mujeres que salieron de los más diversos confines de la patria a  constituir los Consejos, los Comités y las Juntas Patrióticas departamentales, es decir, las instancias de dirección regional que han de replicar en cada departamento las orientaciones nacionales de la Marcha Patriótica, y que quisieron recibir su bautismo en esta jornada.

Ese es el camino que viene trasegando nuestro pueblo: el camino de la organización al calor de sus propias movilizaciones. Es el camino que debe recorrerse cualquiera que sea el altar en el que se comulgue, especialmente si es en el del Polo, si no se quiere quedar desbordado por la historia.

LOS USUARIOS SE ORGANIZAN

Por Rodrigo López Oviedo

En una acción defensiva que ha sido provocada por los abusos de las empresas prestadoras y comercializadoras de los servicios públicos domiciliarios, los usuarios hemos emprendido una acción organizativa en Ibagué, en la cual estamos echando mano de las mismas normas que regulan la prestación de tan importantes servicios.

Los problemas de los servicios públicos fueron mayúsculos en la ciudad cuando los prestaba el Gobierno directamente, pero se  agravaron, sobre todo en costos para el usuario, cuando sobrevinieron las soluciones derivadas del Consenso de Washington, que sirvió de soporte a las fracasadas tesis neoliberales y a las normas privatizadoras.

De allí que, a la larga, los usuarios terminaremos dándonos cuenta de que debemos ir más allá de la defensa de nuestros intereses y buscar incluso la derogatoria de algunas de tales normas, pues, en la práctica, solo han servido para apuntalar un régimen de iniciativa privada que ha resultado hostil a los propósitos de servicio, que deberían ser los que gobiernen el corazón de las empresas que los prestan.

La derogatoria debe comenzar por la Ley 142 de 1994. Esta ley le estableció tantas garantías al capital privado que prácticamente lo blindó de la competencia oficial. El organismo oficial que le quiera hacer competencia debe hacerlo bajo las mismas condiciones de rentabilidad del inversionista privado; es decir, procurándose una utilidad por lo menos equivalente a la que le sería viable obtener a ese inversionista. Se trata, por supuesto, de una exigencia absurda, pues si algo debe buscar el sector oficial es procurar el buen servicio a la sociedad antes que los rendimientos al capital.  

Lo anterior no quiere decir que la nueva organización, a la que se le conocerá como ASODEUSUARIOS, no deba salir en defensa del IBAL, el único establecimiento ibaguereño que logró salvarse de la racha privatizadora. Aunque sabemos que sus servicios, especialmente el de acueducto, siguen la senda del marchitamiento, este Instituto debe protegerse de cualquier iniciativa privatizadora, franca o soterrada, y a ello debe orientarse la inteligencia y el esfuerzo ciudadanos, debidamente encausados a través de su organización.

Por fortuna, este nuevo proceso organizativo ha girado en torno a probados dirigentes salidos de la entraña popular, con demostrada solvencia moral y que ya han tenido ocasión de demostrar en otras luchas su vocación de entrega a la causa de los más necesitados; causa que por lo demás, en este caso, nos cobija a todos. Por eso están extendiendo una invitación amplia a la Asamblea de aprobación de estatutos que se realizará este martes 17 de julio, a partir de las 6 P.M., en el quiosco comunal del barrio Departamental. Allí nos veremos.