lunes, 25 de enero de 2010

COLOMBIANOS EN VENEZUELA

Por Rodrigo López Oviedo

Muy comedido resultó el senador Hernán Andrade con los empresarios y trabajadores colombianos que viven en Venezuela. Los invitó a regresar al país, “en donde sí se les darán las garantías que están reclamando para vivir mejor”.

De dónde le haya nacido esta preocupación al Senador, es cosa que él debería aclarar; sobre todo porque podría presumirse que está acudiendo a falsas manifestaciones de nacionalismo para resolver algunos cuantos problemitas de la coyuntura electoral ya en curso, en la cual hay una creciente masa de despabilados uribistas que ya no ven tan claras las posiciones del Presidente -y más bien sí alto el riesgo de verlo ante los tribunales internacionales-, lo que les ha mermado su interés electoral de antaño.

Pero es posible también que el Senador esté haciéndose eco de algunos sectores oligárquicos que, conmovidos ante los profundos cambios que se están viviendo en Venezuela y asustados por la posibilidad de que puedan ser tomados de modelo por los colombianos, han optado por ocultarlos, cuando no por tergiversarlos. Es lógico. Tienen mucho que perder con el contagioso ejemplo de un gobierno que le ha puesto coto al modelo neoliberal -que tanta primacía le da al capital- y ha estimulado las capacidades transformadoras del pueblo venezolano en bien de un proceso que está llamado a convertirlo en el centro de las preocupaciones del Estado; ha recuperado la soberanía nacional y supeditado las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional a las necesidades nacionales; ha sometido al control del Estado las riquezas del subsuelo, y los recursos derivados de tales riquezas los ha traducido en programas de salud, educación, vivienda, cultura, que han hecho de la satisfacción de estas necesidades auténticos derechos populares y no meros nichos de mercado para la explotación capitalista. Y si estos ejemplos espantan a nuestras oligarquías, mucho más sus efectos generales, que preferirían verlos reflejados en mayores dividendos: mejoramiento constante en los índices de desarrollo humano y reducción de la pobreza del 50 al 32 por ciento.

Sin embargo, cualquiera sea su trasfondo, la actitud del senador Andrade es digna de encomio, sobre todo entre quienes vemos en esa diáspora de más de tres millones de colombianos una vergüenza que clama pronta solución. Lo que resulta extraño es que tan humana preocupación le haya surgido al cabo de tanto estar desentendido de ella, como también de la otra, la de los también aproximadamente tres millones de colombianos que fueron expulsados del campo por el narcotráfico, el paramilitarismo, los megaproyectos de las transnacionales y la alianza genocida de todos esos protagonistas. Antes que los de Venezuela, son estos colombianos los que reclaman la prioritaria atención del Estado, no solo por ser mucho más angustiosa su tragedia, sino porque esta desde hace mucho se convirtió en indigencia, sin que el Estado se haya preocupado por ofrecerles a sus víctimas algo más que limosnas.

Mientras tanto, el Senador debe informar dónde están las garantías que, según dice, pueden dárseles a quienes se repatríen de Venezuela y explicar por qué no ha activado las iniciativas correspondientes para beneficiar con ellas a nuestros desplazados del interior y a ese otro 20 por ciento de colombianos que están en la indigencia. No hacerlo confirmaría los términos de este comentario, además de darle méritos para el título de demagogo.

lunes, 18 de enero de 2010

EL CONCEPTO DEL PROCURADOR

Por Rodrigo López Oviedo

Pese a los graves errores cometidos dentro del proceso que dio lugar a la Ley de segunda reelección presidencial, la afinidad ideológica existente entre el presidente Uribe y el procurador Alejandro Ordóñez hacía presumir que el concepto de este funcionario sobre tan importante instrumento desembocaría en una solicitud de exequibilidad, como en efecto ocurrió. Sin embargo, el país esperaba los términos en que el Procurador la justificaría, pues ello dejaría ver el grado de sumisión del funcionario a los dictados del poder.

El resultado de la espera no favoreció en nada al funcionario. Al menos nos hubiera gustado verlo disimulando en la búsqueda de sus justificaciones; procurando evitar que se le viera cómplice de las laceraciones que viene sufriendo nuestra Carta Constitucional; pero avocó su pecado con descaro, como si no lo corroyera ninguna vergüenza y como queriendo decir que de presentársele de nuevo la ocasión, lo haría otra vez, con tal que se le reconociera comprometido con los intereses reinantes.

Porque precisamente eso es El Procurador: un hombre comprometido con los dueños del poder, que son los mismos dueños del capital. De allí que haya aceptado algunos de los vicios cometidos dentro del proceso, pero sin reconocer la posibilidad de que alguno pudiera comprometer la exequibilidad de la norma aprobada.

En el concepto, resulta como para enmarcar la limitación que el Jefe del Ministerio Público le pretende establecer al contenido de los pronunciamientos de la Corte. De manera acertada señala que solo puede referirse a aspectos procedimentales, en lo cual coincide con el mandato constitucional. Lo cuestionable es que hace ver como extrañas a tales aspectos las violaciones, por ejemplo, de los topes de financiación de la recolección de firmas, del contenido ideológico del texto del referendo y del mandato constitucional que ordena que este tipo de leyes sea tramitado en dos períodos congresuales ordinarios y consecutivos.

Y más allá de la permisividad del Procurador ante estas violaciones, se dieron muchos otros aspectos que deben alertar al pensamiento democrático, antes de tenerlos que ver convertidos en jurisprudencia de la Corte Constitucional. Uno de ellos es el de admitir que textos irreconciliables por lo diferentes, terminen conciliados por una comisión que resultó mayoritariamente proclive al despropósito plutocrático de mantener asido al poder a un hombre que garantiza con más eficacia que ningún otro el mantenimiento del statu quo.

Pero tal vez el más peligroso sea el de comparar e igualar al constituyente primario y al presidente en cuanto a potestades para generar normas. Según el Procurador, así como el Congreso puede introducirle cambios a las iniciativas del mandatario, también puede hacerlo a las del constituyente primario. Este fue el argumento con el que justificó el cambio de los participios “ejercido” y “elegido” en el texto del referendo y es el que ha dejado carente de esencias otras convocatorias, como el referendo del agua.

Por ahora nuestras esperanzas están cifradas en la Corte. Ella ha dicho: “si la Corte constata que en la aprobación de una pregunta hubo un vicio de procedimiento (…) es obvio que no puede permitir que dicha pregunta sea sometida al pueblo”. Pero como la vida nos da sorpresas, es bueno que nos preparemos para la pelea que vendrá, si la norma se declara exequible: Convocar a hundirla con la más activa abstención popular.

domingo, 10 de enero de 2010

DE DEFINICIONES, PANDEMIAS Y NEGOCIADOS

Por Rodrigo López Oviedo

Navegando por internet, me encontré con una perla colosal de la independiente Red Voltaire, sobre la cual nada han dicho los medios. Resulta que la forma como la OMS definía una pandemia en marzo del año pasado ya no es la misma de hoy. Pandemia era entonces un virus nuevo, de rápida propagación, para el cual no existía inmunidad y que provocaba una alta tasa de enfermos y de muertes. Curiosamente, a partir del 30 de abril del mismo año, para declararse una pandemia no se requiere que el virus traiga consigo un grueso número de enfermos o de muertos, porque muertos y enfermos, que eran los que le daban al término connotaciones de espanto, desaparecieron de la definición.

Según Red Voltaire, detrás de la modificación está la alianza de dos organizaciones muy importantes, la Organización Mundial de la Salud y su asesor Grupo Europeo de Trabajo Científico sobre la Gripe (ESWI), con unos laboratorios farmacéuticos productores de vacunas.

Según los términos de la alianza, los laboratorios farmacéuticos financian el ciento por ciento de los presupuestos del ESWI y las dos terceras partes del de la OMS; el ESWI asesora a la OMS sobre las pandemias que estén en riesgo de aparecer y de las vacunas con que se pueden atacar; y la OMS declara la pandemia y recomienda al mundo los medicamentos respectivos. Obviamente que para que siga habiendo financiación, las recomendaciones deben coincidir con los productos que estos laboratorios estén en condiciones de ofrecer al mercado, pues tal financiación depende de lo obtenido por ellos con la venta de las vacunas recomendadas.

Tan abigarrado entrecruce de intereses fue el que llevó a que en Abril, sin mucha publicidad, se hiciera la modificación de la definición anotada, y a que el 30 del mismo mes se le diera carácter de pandemia a la gripe A (H1N1). En tal fecha, todos nos asustamos, la OMS recomendó el tamiflú y los laboratorios que lo producen y distribuyen, miembros del conjunto empresarial en mención, encontraron cómo redimir sus costos de producción, resarcirse de sus “filantrópicos” gastos y elevar a cantidades exponenciales sus tradicionales ganancias.

Para fortuna de la humanidad, en todo el mundo hay ojos avizores. El parlamento de los Países Bajos ya puso el grito en el cielo y el gobierno de Rusia ha pedido a la propia OMS las explicaciones pertinentes.

Mientras tanto, el ministro de la Desprotección Social en Colombia, siete meses después de que se anunciara la pandemia, salió a comunicarle al país que invertirá 30 mil millones de pesos en la compra de un millón 999 mil 930 vacunas de tamiflú para repartirlas gratuitamente entre la población de alto riesgo. Parece no haberse dado cuenta de que la A H1N1 no pasó de ser una simple epidemia a la que se le bautizó pandemia con el solo fin estrenar la definición, y de la que, antes que mayor número de muertos y enfermos, solo es dable esperar grandes ganancias para los productores y distribuidores del tamiflú y, hasta de pronto, alguna apreciable suma en comisiones para los compradores. ¿O tal vez sí…?

Por lo que a mí respecta, mi condición de alto riesgo es inexistente y del susto ya me curó la Red Voltaire. El Ministerio puede ahorrarse los dólares de mi vacuna.

domingo, 3 de enero de 2010

OJO CON LOS ARCHIVOS DE REYES

Por Rodrigo López Oviedo

Si pudiéramos creerle a lo divulgado de los supuestos archivos de Raúl Reyes, deduciríamos que no era mucho el aprecio que este comandante guerrillero le profesaba al senador Jorge Enrique Robledo. Sería de esperarse. Desde muy joven, el hoy Senador se hizo conciente del ya opresivo estado de cosas que se vivía en el país, y asumió el compromiso que, a su entender, ello demandaba: participar en la conformación de un frente capaz de arrebatarle al capital el predominio en las decisiones estatales para dejarlo en manos del pueblo, sin que ello implicara participar de la combinación de las formas de lucha con que otros sectores, buscando el mismo fin, respondían a las prácticas genocidas de la oligarquía, de las cuales no escapaban siquiera los más importantes líderes populares. El país aún llora a Jorge Eliécer Gaitán, asesinado hace 61 años en pleno centro de Bogotá.

De esa vocación pacifista, de su convicción de que el camino de las armas no es el indicado para llegar con el pueblo al poder, muchas han sido las manifestaciones públicas que ha hecho este Senador. La academia, el periodismo, la lucha gremial y la partidaria han recibido pruebas reiteradas de que tal ha sido su pensamiento; pruebas tan irrefutables como la que se deduce del hecho de tener vida militante desde siempre en una organización política, el MOIR, que se ha caracterizado, entre muchas otras cosas, por una táctica política en que no tiene cabida la lucha armada.

Pese a tan probada línea de conducta, el senador Robledo está hoy enfrentando un procedimiento disciplinario de la Procuraduría, que lo investiga por el simple hecho de que su nombre figura en los susodichos archivos de Reyes, sin importar que esa supuesta figuración evidencie signos adversos, tanto en el pensamiento como en el sentimiento de un comandante guerrillero del que era lógico esperar un conocimiento bien informado del Congreso y de sus protagonistas.

Esta investigación, por supuesto, es una farsa más, como las que con el supuesto mismo origen se han montado contra prestantes personalidades de la vida nacional, especialmente del Polo Democrático Alternativo, como Gloria Inés Ramírez y Carlos Lozano, e incluso contra otras ajenas al Partido, como la que comprometió al candidato conservador Álvaro Leyva Durán,

Sin embargo, esta investigación debe preocupar de una manera muy especial al movimiento democrático del país, pues parece orientada específicamente a crear una idea de credibilidad en los computadores de Reyes mediante el procedimiento de presentar datos de público conocimiento como originados en él, así lleven una interpretación contraria a su contenido, como viene ocurriendo en el caso Robledo.

De esta manera queda sembrada en el subconsciente colectivo la idea de que como la información objeto de la investigación es cierta, ciertos deben ser los computadores y ciertos los datos que de allí nos digan que salieron. Logrado este objetivo, la nueva etapa consistirá en hacer montajes aún peores, entregándole a la ciudadanía las conclusiones que les interese y con la cobertura que les convenga, solo que ya anunciando simplemente la fuente (los archivos de los dichosos computadores), pero sin necesidad de dar a conocer los textos probatorios; la imaginación pública los dará por conocidos y, sin saberlo, se pondrá en el juego. A tal estado nos puede llevar la seguridad democrática.