Por Rodrigo López Oviedo
Tal parece que los intereses que se mueven en torno a Carimagua son de una importancia tal que su defensa amenaza con deteriorar las imágenes del Ministro de Agricultura y de la Presidenta del Congreso.
Carimagua es una propiedad de 17 mil hectáreas que estaba destinada a reparar de tierras a uno de los grupos campesinos que han sido desplazados de las suyas. Contrariando elaborados estudios, el ministro Andrés Felipe Arias resolvió que Carimagua no les serviría a los campesinos, dados sus excesos de acidez y sus carencias de infraestructura, y en cambio sí a unos cuantos potentados del agro, que no tendrían ningún reparo en aceptarla, pese a esos factores supuestamente tan adversos al interés de los campesinos desplazados.
Siendo evidente que esta decisión representaba un nuevo despojo para los desplazados, la Contraloría y la Procuraduría ordenaron al ministro Arias mermarle a sus insaciables apetitos, o a los de sus amigos, y retornar Carimagua a sus iniciales propósitos. Lo que hubiera sido de esperarse es que el Ministro acogiera con respeto esta determinación, pero al contrario, decidió simplemente suspender con carácter provisional sus trámites de concesión mientras una comisión de amigos suyos, y de sus amigos, avalaba su sapiente decisión.
Esta inescrupulosa estrategia de Arias quiso ser denunciada al Congreso por la bancada del Polo Democrático Alternativo al considerarla causal suficiente para una moción de censura, pero desgraciadamente todo se quedó en deseos. La presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, se las ingenió para ignorar la bancada del Polo y decidir que entre los citantes del debate solo figuraran los conservadores copartidarios del Ministro. ¿No será esto una burla a la Constitución del 91, que estableció la censura, y a los colombianos en general que esperan que funcionen los pesos y contrapesos del Estado, como ingenuamente lo creen quienes piensan que nuestra dictadura oligárquica es una democracia?
Que sea una burla, es bien sabido; solo que a veces nos gusta evadir nuestra responsabilidad mirando para el otro lado. Pero lo traigo a colación simplemente para significar la importancia que tiene el ojo vigilante de la ciudadanía. Si nuestros gobernantes se sienten libres de inspección y avalados en todas sus decisiones, ellos mismos se creerán dueños de prerrogativas infinitas y terminarán utilizándolas en su beneficio. Ya ni siquiera el criterio de clase les determinará límites. Serán sus apetitos personales los que les definan el carácter de su actuación.
Por eso es tan importante que los ciudadanos tomemos las riendas del control como constituyentes primarios y asumamos con nuestra movilización cívica la defensa del interés colectivo. La marcha del seis de marzo es una gran oportunidad para hacernos sentir. Allí estaremos los que creemos que al poder oligárquico hay que imponerle límites y frenos y también prioridades, como ésta de la reparación a las víctimas de la violencia paramilitar y de los crímenes de Estado. Estaremos también para manifestar que siguen vigentes las exigencias de paz negociada y de intercambio humanitario, a las cuales no nos pueden obligar a renunciar. Pero esa marcha es también la ocasión para demandar de Hugo Chávez y de Piedad Córdoba su continuidad en las gestiones para que las FARC no abandonen sus exitosas liberaciones unilaterales mientras encontramos la forma de imponer el intercambio humanitario y la paz con justicia social.
Tal parece que los intereses que se mueven en torno a Carimagua son de una importancia tal que su defensa amenaza con deteriorar las imágenes del Ministro de Agricultura y de la Presidenta del Congreso.
Carimagua es una propiedad de 17 mil hectáreas que estaba destinada a reparar de tierras a uno de los grupos campesinos que han sido desplazados de las suyas. Contrariando elaborados estudios, el ministro Andrés Felipe Arias resolvió que Carimagua no les serviría a los campesinos, dados sus excesos de acidez y sus carencias de infraestructura, y en cambio sí a unos cuantos potentados del agro, que no tendrían ningún reparo en aceptarla, pese a esos factores supuestamente tan adversos al interés de los campesinos desplazados.
Siendo evidente que esta decisión representaba un nuevo despojo para los desplazados, la Contraloría y la Procuraduría ordenaron al ministro Arias mermarle a sus insaciables apetitos, o a los de sus amigos, y retornar Carimagua a sus iniciales propósitos. Lo que hubiera sido de esperarse es que el Ministro acogiera con respeto esta determinación, pero al contrario, decidió simplemente suspender con carácter provisional sus trámites de concesión mientras una comisión de amigos suyos, y de sus amigos, avalaba su sapiente decisión.
Esta inescrupulosa estrategia de Arias quiso ser denunciada al Congreso por la bancada del Polo Democrático Alternativo al considerarla causal suficiente para una moción de censura, pero desgraciadamente todo se quedó en deseos. La presidenta del Senado, Nancy Patricia Gutiérrez, se las ingenió para ignorar la bancada del Polo y decidir que entre los citantes del debate solo figuraran los conservadores copartidarios del Ministro. ¿No será esto una burla a la Constitución del 91, que estableció la censura, y a los colombianos en general que esperan que funcionen los pesos y contrapesos del Estado, como ingenuamente lo creen quienes piensan que nuestra dictadura oligárquica es una democracia?
Que sea una burla, es bien sabido; solo que a veces nos gusta evadir nuestra responsabilidad mirando para el otro lado. Pero lo traigo a colación simplemente para significar la importancia que tiene el ojo vigilante de la ciudadanía. Si nuestros gobernantes se sienten libres de inspección y avalados en todas sus decisiones, ellos mismos se creerán dueños de prerrogativas infinitas y terminarán utilizándolas en su beneficio. Ya ni siquiera el criterio de clase les determinará límites. Serán sus apetitos personales los que les definan el carácter de su actuación.
Por eso es tan importante que los ciudadanos tomemos las riendas del control como constituyentes primarios y asumamos con nuestra movilización cívica la defensa del interés colectivo. La marcha del seis de marzo es una gran oportunidad para hacernos sentir. Allí estaremos los que creemos que al poder oligárquico hay que imponerle límites y frenos y también prioridades, como ésta de la reparación a las víctimas de la violencia paramilitar y de los crímenes de Estado. Estaremos también para manifestar que siguen vigentes las exigencias de paz negociada y de intercambio humanitario, a las cuales no nos pueden obligar a renunciar. Pero esa marcha es también la ocasión para demandar de Hugo Chávez y de Piedad Córdoba su continuidad en las gestiones para que las FARC no abandonen sus exitosas liberaciones unilaterales mientras encontramos la forma de imponer el intercambio humanitario y la paz con justicia social.
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