Por Rodrigo López Oviedo
El interés que está cobrando la propuesta de una nueva Asamblea Nacional Constituyente demanda definiciones prontas sobre la manera de activar su convocatoria y garantizarle una representación adecuada a los sectores populares, pero especialmente sobre el temario que debe avocar para que efectivamente contribuya a la superación de los problemas que obligan a su realización.
Habiendo expertos en tácticas y estrategias, dejémosles a ellos los dos primeros puntos y concentrémonos en el temario, no sin antes reconocerle al doctor Carlos Gaviria Díaz, presidente del Polo Democrático Alternativo, el cabezazo de esta propuesta, pues ella representa la única salida posible a la desbordada crisis en que cayeron nuestras instituciones al no querer sacudirse de sus ancestrales lacras de corrupción y politiquería y ser copadas por los carteles de la droga y el paramilitarismo.
Semejante crisis no puede ser sorteada por el Congreso, ya que es el organismo que más comprometido está con ella, dada la elevada presencia de votos mal habidos en la elección de sus miembros, al igual que en la del presidente Álvaro Uribe. De tal imposibilidad da cuenta el actual proyecto de reforma política, del cual solo quedarán unas sillas vacías y un umbral que dificultará más la expresión democrática de las minorías.
Esta Constituyente debe orientarse a erradicar los nexos de la política con el narcotráfico y a impedir la influencia de éste en las instituciones estatales; a buscarle fin a la violencia y a sembrar la paz. En tales aspectos, Uribe solo muestra fracasos; y los seguirá mostrando si se empecina en su autismo, en desacreditar la lucha de la Cortes contra la narcoparapolítica y en perseverar en su guerrerismo extremo, que solo le ha servido para golpear a la oposición y construirse una falsa imagen de triunfos contra el terrorismo.
Por eso la Constituyente debe atenuarle las exageradas prerrogativas al presidencialismo en Colombia. Para atender los temas de paz y de política internacional, por ejemplo, deben crearse organismos plurales de alto nivel, capaces de auscultar el pensamiento nacional sobre tan espinosos temas y fijar políticas de Estado.
En el campo electoral se precisa erradicar toda práctica que afecte la libertad ciudadana o que contribuya a la alteración de los resultados electorales. Se deben proscribir definitivamente los dineros privados en las campañas y establecer una jurisdicción electoral con tribunales y dientes suficientes para disuadir a quienes se sientan tentados a participar en tales prácticas, además de ordenar la expedición de una legislación que reglamente la suspensión de personerías a los partidos, la revocatoria de mandatos a todo nivel y la devolución de dietas y recursos electorales recibidos del Estado.
Igual necesidad hay de regular la información oficial que se brinda a la ciudadanía. Todas las potestades relacionadas con este tema deberían centralizarse en un organismo que no dependa del ejecutivo y que administre y difunda la información de todos los entes estatales, incluidos los de defensa y seguridad del Estado. No de otra forma se puede poner fin al cúmulo de fraudes informativos que, a través de falsos positivos, de mentirosas ejecutorias y de encuestas de opinión, enajenan la conciencia ciudadana y la llevan a respaldar gestiones que más merecen una revocatoria.
En fin, hay muchos aspectos más que esta Constituyente podría conocer, pero para hablar de ellos necesitaremos otras 555 palabras.
El interés que está cobrando la propuesta de una nueva Asamblea Nacional Constituyente demanda definiciones prontas sobre la manera de activar su convocatoria y garantizarle una representación adecuada a los sectores populares, pero especialmente sobre el temario que debe avocar para que efectivamente contribuya a la superación de los problemas que obligan a su realización.
Habiendo expertos en tácticas y estrategias, dejémosles a ellos los dos primeros puntos y concentrémonos en el temario, no sin antes reconocerle al doctor Carlos Gaviria Díaz, presidente del Polo Democrático Alternativo, el cabezazo de esta propuesta, pues ella representa la única salida posible a la desbordada crisis en que cayeron nuestras instituciones al no querer sacudirse de sus ancestrales lacras de corrupción y politiquería y ser copadas por los carteles de la droga y el paramilitarismo.
Semejante crisis no puede ser sorteada por el Congreso, ya que es el organismo que más comprometido está con ella, dada la elevada presencia de votos mal habidos en la elección de sus miembros, al igual que en la del presidente Álvaro Uribe. De tal imposibilidad da cuenta el actual proyecto de reforma política, del cual solo quedarán unas sillas vacías y un umbral que dificultará más la expresión democrática de las minorías.
Esta Constituyente debe orientarse a erradicar los nexos de la política con el narcotráfico y a impedir la influencia de éste en las instituciones estatales; a buscarle fin a la violencia y a sembrar la paz. En tales aspectos, Uribe solo muestra fracasos; y los seguirá mostrando si se empecina en su autismo, en desacreditar la lucha de la Cortes contra la narcoparapolítica y en perseverar en su guerrerismo extremo, que solo le ha servido para golpear a la oposición y construirse una falsa imagen de triunfos contra el terrorismo.
Por eso la Constituyente debe atenuarle las exageradas prerrogativas al presidencialismo en Colombia. Para atender los temas de paz y de política internacional, por ejemplo, deben crearse organismos plurales de alto nivel, capaces de auscultar el pensamiento nacional sobre tan espinosos temas y fijar políticas de Estado.
En el campo electoral se precisa erradicar toda práctica que afecte la libertad ciudadana o que contribuya a la alteración de los resultados electorales. Se deben proscribir definitivamente los dineros privados en las campañas y establecer una jurisdicción electoral con tribunales y dientes suficientes para disuadir a quienes se sientan tentados a participar en tales prácticas, además de ordenar la expedición de una legislación que reglamente la suspensión de personerías a los partidos, la revocatoria de mandatos a todo nivel y la devolución de dietas y recursos electorales recibidos del Estado.
Igual necesidad hay de regular la información oficial que se brinda a la ciudadanía. Todas las potestades relacionadas con este tema deberían centralizarse en un organismo que no dependa del ejecutivo y que administre y difunda la información de todos los entes estatales, incluidos los de defensa y seguridad del Estado. No de otra forma se puede poner fin al cúmulo de fraudes informativos que, a través de falsos positivos, de mentirosas ejecutorias y de encuestas de opinión, enajenan la conciencia ciudadana y la llevan a respaldar gestiones que más merecen una revocatoria.
En fin, hay muchos aspectos más que esta Constituyente podría conocer, pero para hablar de ellos necesitaremos otras 555 palabras.
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