Por Rodrigo López Oviedo
La decisión del presidente Uribe de presentarle al Congreso un proyecto de ley para que el pueblo decida si se repiten o no las elecciones de 2002 ha puesto en evidencia el deseo del Mandatario de utilizar su supuesta acogida popular para hacer de ella la santificadora de cuantos caprichos se le ocurran y la perdonavidas de sus errores del pasado.
Bien sabe Álvaro Uribe que lo que hay detrás del fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema no es un juicio al proceso electoral de 2002. Ya de lo ocurrido en tales comicios se ha hablado suficiente y adversamente dentro de los procesos de la parapolítica. Lo que tal fallo cuestiona es la forma como se aprobó la reforma constitucional que le permitió a Uribe jugar como candidato al tiempo que ejercía como Presidente de la República; es decir, la manera como se indujo al pueblo al error de creer que podía reelegirlo, ocultándosele el cohecho cometido en el trámite de la reforma constitucional.
¿Será que ese pueblo que votó por él reincidirá en su respaldo pese a conocer el engaño de que fue víctima en la primera ocasión y a que ahora lo haría a sabiendas del pecado que ello representaría? Resulta difícil creerlo, sobre todo teniendo en cuenta que ya no están Mancuso y compañía apuntando a la nuca de un electorado inerme.
¿Será que la Corte Constitucional permanecerá impávida al saber ahora que el “articulito” reeleccionista se aprobó a punta de cohechos? También parece improbable, sobre todo con tantas evidencias brotando de los hechos y con tantos ojos puestos en su decisión.
Uribe, sin embargo, cree que sí, y de ahí su proyecto de ley. Lo más grave es que pueda tener razón; y si la Corte Constitucional no se apresura a revisar su fallo, como se lo ha pedido la Sala Penal de la Corte Suprema, ese mismo pueblo podría ser víctima de un nuevo engaño, solo que ahora con todas las características de crimen de lesa patria, al ser sometido a dictar en las urnas una sentencia de absolución, para lo cual solo contaría con la presión de los grandes medios.
Para resolver este intríngulis solo tienen potestad los altos tribunales jurisdiccionales. Desprendidos de todo interés que no esté al servicio de la patria, sus magistrados deben proceder, por lo pronto, a impedir que un tema para cuya solución se requiere de las luces del derecho caiga en manos de los directorios uribistas, que desearían resolverlo en las urnas. Se precisa derogar la exequibilidad de la reforma que le abrió curso a la reelección y declarar nula la reelección lograda con soporte tan espurio. Pero también se requiere precisar responsabilidades en tan espinoso tema, muchas de las cuales deben ser coincidentes con las de la parapolítica, y procurar una pronta justicia.
Algunos articulistas, particularmente afines al uribismo, se han empeñado en mostrar este caso como un choque de trenes. Tal interpretación pretende cubrirle la espalda al Presidente, poniendo sus posiciones en pie de igualdad a las de la Sala Penal de la Corte. Corresponde al pensamiento democrático poner los énfasis en donde deben estar y hacer todo lo que esté a su alcance para que la solución que se logre represente un detente en este camino de degradación de la política.
La decisión del presidente Uribe de presentarle al Congreso un proyecto de ley para que el pueblo decida si se repiten o no las elecciones de 2002 ha puesto en evidencia el deseo del Mandatario de utilizar su supuesta acogida popular para hacer de ella la santificadora de cuantos caprichos se le ocurran y la perdonavidas de sus errores del pasado.
Bien sabe Álvaro Uribe que lo que hay detrás del fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema no es un juicio al proceso electoral de 2002. Ya de lo ocurrido en tales comicios se ha hablado suficiente y adversamente dentro de los procesos de la parapolítica. Lo que tal fallo cuestiona es la forma como se aprobó la reforma constitucional que le permitió a Uribe jugar como candidato al tiempo que ejercía como Presidente de la República; es decir, la manera como se indujo al pueblo al error de creer que podía reelegirlo, ocultándosele el cohecho cometido en el trámite de la reforma constitucional.
¿Será que ese pueblo que votó por él reincidirá en su respaldo pese a conocer el engaño de que fue víctima en la primera ocasión y a que ahora lo haría a sabiendas del pecado que ello representaría? Resulta difícil creerlo, sobre todo teniendo en cuenta que ya no están Mancuso y compañía apuntando a la nuca de un electorado inerme.
¿Será que la Corte Constitucional permanecerá impávida al saber ahora que el “articulito” reeleccionista se aprobó a punta de cohechos? También parece improbable, sobre todo con tantas evidencias brotando de los hechos y con tantos ojos puestos en su decisión.
Uribe, sin embargo, cree que sí, y de ahí su proyecto de ley. Lo más grave es que pueda tener razón; y si la Corte Constitucional no se apresura a revisar su fallo, como se lo ha pedido la Sala Penal de la Corte Suprema, ese mismo pueblo podría ser víctima de un nuevo engaño, solo que ahora con todas las características de crimen de lesa patria, al ser sometido a dictar en las urnas una sentencia de absolución, para lo cual solo contaría con la presión de los grandes medios.
Para resolver este intríngulis solo tienen potestad los altos tribunales jurisdiccionales. Desprendidos de todo interés que no esté al servicio de la patria, sus magistrados deben proceder, por lo pronto, a impedir que un tema para cuya solución se requiere de las luces del derecho caiga en manos de los directorios uribistas, que desearían resolverlo en las urnas. Se precisa derogar la exequibilidad de la reforma que le abrió curso a la reelección y declarar nula la reelección lograda con soporte tan espurio. Pero también se requiere precisar responsabilidades en tan espinoso tema, muchas de las cuales deben ser coincidentes con las de la parapolítica, y procurar una pronta justicia.
Algunos articulistas, particularmente afines al uribismo, se han empeñado en mostrar este caso como un choque de trenes. Tal interpretación pretende cubrirle la espalda al Presidente, poniendo sus posiciones en pie de igualdad a las de la Sala Penal de la Corte. Corresponde al pensamiento democrático poner los énfasis en donde deben estar y hacer todo lo que esté a su alcance para que la solución que se logre represente un detente en este camino de degradación de la política.
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