Por Rodrigo López Oviedo
Ante la reciente Cumbre Antinarcóticos de América Latina, en una disertación que debió hacer rabiar de contento a muchas madres, el presidente Uribe manifestó su rechazo al consumo de drogas, pues no quisiera que ninguno de sus hijos cayera en tan abominable flagelo.
Acompaño al Primer Mandatario en ese paternal sentimiento, y hasta podría manifestarle mi sincera adhesión a una cauda que levantara su nombre si existiera la seguridad de que ella tan solo se comprometiera a publicitar ese amor y a contagiar con él a los demás padres colombianos. Viéndolo tan amoroso de sus hijos como querendón de su camándula y de sus escapularios, los colombianos no podemos menos que envidiarle y emular con él hasta cuando podamos hacer profesión en nuestros hijos de un amor igual al que él se preocupa por hacernos creer que siente por los suyos.
Pero, bueno, más que de amores queremos hablar de drogas. Este problema es tan grave que no solo daña al que cae en sus redes, sino que también afecta a la sociedad al fraccionarla en bandas que se lucran con su tráfico ilegal; al incrementar exponencialmente la criminalidad producto del enfrentamiento entre tales bandas; al demandar esfuerzos de represión tan costosos como el tráfico que se pretende erradicar; al convertir en un problema de salud pública lo que dentro de ciertos límites podría considerarse un simple trastorno de conducta personal; al sustraer de la atención sanitaria a muchos afectados que podrían acudir a ella si no tuvieran que pasar por el estigma de los señalamientos sociales; y al convertirse en fuente de financiación guerrillera en respuesta a los astronómicos presupuestos oficiales destinados a combatirla.
Hasta dónde esos perversos efectos se puedan prevenir, controlar y erradicar con una política distinta a la penalización del tráfico es cosa que estamos en mora de definir, pues seguir por el camino trillado de la represión no solo no ha producido resultado que merezca la pena mostrarse, sino que ha resquebrajado la moral pública, como lo evidencian los muchos casos de infiltración que se han descubierto en prácticamente todas las instancias oficiales, al tiempo en que ha impactado negativamente el ecosistema, no solo por la tala de bosques para las nuevas siembras, sino también por las fumigaciones que éstas traen en respuesta.
Señalando su oposición a la legalización, Álvaro Uribe el presidente, no Álvaro el padre, dijo en la misma Cumbre Antinarcóticos que la legalización de la droga podría generar una reducción del precio, pero no de la oferta. Puede tener razón, pero ese no es el problema. El problema es la demanda. Y para atacar la demanda, la sociedad podría contar con los ingentes recursos que se liberarían de la represión del tráfico y destinarlos a atender el flagelo mediante medidas que estén más en sintonía con lo que nos han enseñado años y años de infructuosa represión.
Con los recursos que podrían liberarse de ésta fracasada política podrían emprenderse agresivas campañas de educación que prevengan y desestimulen el ingreso de los jóvenes a este bajo mundo, al tiempo que se ordena el mercado para los adictos y se les brinda a estos los servicios de salud médica y atención sicológica para salvarlos de tan aterrador flagelo. Una política de esta naturaleza también arrancaría muchos aplausos de madres agradecidas
Ante la reciente Cumbre Antinarcóticos de América Latina, en una disertación que debió hacer rabiar de contento a muchas madres, el presidente Uribe manifestó su rechazo al consumo de drogas, pues no quisiera que ninguno de sus hijos cayera en tan abominable flagelo.
Acompaño al Primer Mandatario en ese paternal sentimiento, y hasta podría manifestarle mi sincera adhesión a una cauda que levantara su nombre si existiera la seguridad de que ella tan solo se comprometiera a publicitar ese amor y a contagiar con él a los demás padres colombianos. Viéndolo tan amoroso de sus hijos como querendón de su camándula y de sus escapularios, los colombianos no podemos menos que envidiarle y emular con él hasta cuando podamos hacer profesión en nuestros hijos de un amor igual al que él se preocupa por hacernos creer que siente por los suyos.
Pero, bueno, más que de amores queremos hablar de drogas. Este problema es tan grave que no solo daña al que cae en sus redes, sino que también afecta a la sociedad al fraccionarla en bandas que se lucran con su tráfico ilegal; al incrementar exponencialmente la criminalidad producto del enfrentamiento entre tales bandas; al demandar esfuerzos de represión tan costosos como el tráfico que se pretende erradicar; al convertir en un problema de salud pública lo que dentro de ciertos límites podría considerarse un simple trastorno de conducta personal; al sustraer de la atención sanitaria a muchos afectados que podrían acudir a ella si no tuvieran que pasar por el estigma de los señalamientos sociales; y al convertirse en fuente de financiación guerrillera en respuesta a los astronómicos presupuestos oficiales destinados a combatirla.
Hasta dónde esos perversos efectos se puedan prevenir, controlar y erradicar con una política distinta a la penalización del tráfico es cosa que estamos en mora de definir, pues seguir por el camino trillado de la represión no solo no ha producido resultado que merezca la pena mostrarse, sino que ha resquebrajado la moral pública, como lo evidencian los muchos casos de infiltración que se han descubierto en prácticamente todas las instancias oficiales, al tiempo en que ha impactado negativamente el ecosistema, no solo por la tala de bosques para las nuevas siembras, sino también por las fumigaciones que éstas traen en respuesta.
Señalando su oposición a la legalización, Álvaro Uribe el presidente, no Álvaro el padre, dijo en la misma Cumbre Antinarcóticos que la legalización de la droga podría generar una reducción del precio, pero no de la oferta. Puede tener razón, pero ese no es el problema. El problema es la demanda. Y para atacar la demanda, la sociedad podría contar con los ingentes recursos que se liberarían de la represión del tráfico y destinarlos a atender el flagelo mediante medidas que estén más en sintonía con lo que nos han enseñado años y años de infructuosa represión.
Con los recursos que podrían liberarse de ésta fracasada política podrían emprenderse agresivas campañas de educación que prevengan y desestimulen el ingreso de los jóvenes a este bajo mundo, al tiempo que se ordena el mercado para los adictos y se les brinda a estos los servicios de salud médica y atención sicológica para salvarlos de tan aterrador flagelo. Una política de esta naturaleza también arrancaría muchos aplausos de madres agradecidas
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