Por Rodrigo López Oviedo
Se ha creído que una democracia auténtica debe tener en el derecho a la información uno de sus pilares fundamentales. Eso está bien, como lo está el que de tal creencia sean artífices los mismos medios de comunicación. Lo que no está tan bien es que éstos lo sean de una manera tan poco integral que solo defiendan su derecho a informar, lo cual implica escoger los contenidos y la forma de la información, y no el derecho de la sociedad a ser informada, lo que llevaría a que lo fuera de manera plena, pulcra y objetiva.
El generalizado respaldo que esos grandes medios le han dado al Gobierno, luego de los recientes desencuentros de éste con la Junta del Banco de la República por las medidas que deben adoptarse para controlar el crecimiento de la inflación y frenar la revaluación, ha puesto en evidencia, una vez más, el uso abusivo que han hecho de sus prerrogativas informativas.
Interesados como están en mantener y elevar el índice de aceptación de Uribe, porque al fin de cuentas el de los miembros de la Junta del Banco no importa tanto, se han puesto de su lado en el rechazo al alza de la tasa de interés, hoy ya en el diez por ciento, y en la defensa de mayores prerrogativas para la inversión extranjera, a la cual el Ejecutivo ve prácticamente como el único mecanismo importante de crecimiento, sin que importen los desbordes de la inflación en curso ni que esta siga erosionando los escasos recursos de quienes viven del trabajo.
Ello no debe sorprendernos. Es lo mismo que han hecho al ofrecernos su interpretación de los fenómenos que gravitan sobre el aparato productivo y de su efecto sobre el estado de ánimo de los colombianos. Mientras aquellos fueron favorables, procuraron hacerlos ver como una consecuencia del trabajo tesonero de esa “inteligencia superior” que nos gobierna desde la Casa de Nariño. Pero ahora que se observan preocupantes nubarrones en el cielo, que comienza a percibirse la desaceleración del crecimiento, que la confianza disminuida de los consumidores empieza a traducirse en menor demanda, que los indicadores de desempleo vuelven a empujar hacia las alturas y que evaluadores tan reputados como Fedesarrollo se atreven a calificar la coyuntura actual como una de las más inciertas y complejas de los últimos tiempos, ya no es esa infinita capacidad resolutoria de nuestro presidente Uribe la que se encuentra detrás de tales fenómenos, sino la mano nefasta de la economía mundial con sus negros influjos.
Solo por ese poder de los grandes medios y por su capacidad y propósito de distorsión, podemos hallarle explicación al hecho de que puedan coincidir en Uribe el mal gobierno y los altos índices de aceptación, y con ella la terrible posibilidad de que el pueblo yerre en sus decisiones políticas y respalde lo que no le conviene.
Esto no es más que una aberración de esa democracia que entendemos no solo como el gobierno del pueblo y por el pueblo, sino también, y muy especialmente, para el pueblo.
Una democracia de este tipo no puede construirse sobre la base del monopolio de la conciencia ciudadana. A prevenir y corregir tal monopolio debieran concurrir los esfuerzos ciudadanos, sobre todo ahora que estamos hablando de una reforma política.
Se ha creído que una democracia auténtica debe tener en el derecho a la información uno de sus pilares fundamentales. Eso está bien, como lo está el que de tal creencia sean artífices los mismos medios de comunicación. Lo que no está tan bien es que éstos lo sean de una manera tan poco integral que solo defiendan su derecho a informar, lo cual implica escoger los contenidos y la forma de la información, y no el derecho de la sociedad a ser informada, lo que llevaría a que lo fuera de manera plena, pulcra y objetiva.
El generalizado respaldo que esos grandes medios le han dado al Gobierno, luego de los recientes desencuentros de éste con la Junta del Banco de la República por las medidas que deben adoptarse para controlar el crecimiento de la inflación y frenar la revaluación, ha puesto en evidencia, una vez más, el uso abusivo que han hecho de sus prerrogativas informativas.
Interesados como están en mantener y elevar el índice de aceptación de Uribe, porque al fin de cuentas el de los miembros de la Junta del Banco no importa tanto, se han puesto de su lado en el rechazo al alza de la tasa de interés, hoy ya en el diez por ciento, y en la defensa de mayores prerrogativas para la inversión extranjera, a la cual el Ejecutivo ve prácticamente como el único mecanismo importante de crecimiento, sin que importen los desbordes de la inflación en curso ni que esta siga erosionando los escasos recursos de quienes viven del trabajo.
Ello no debe sorprendernos. Es lo mismo que han hecho al ofrecernos su interpretación de los fenómenos que gravitan sobre el aparato productivo y de su efecto sobre el estado de ánimo de los colombianos. Mientras aquellos fueron favorables, procuraron hacerlos ver como una consecuencia del trabajo tesonero de esa “inteligencia superior” que nos gobierna desde la Casa de Nariño. Pero ahora que se observan preocupantes nubarrones en el cielo, que comienza a percibirse la desaceleración del crecimiento, que la confianza disminuida de los consumidores empieza a traducirse en menor demanda, que los indicadores de desempleo vuelven a empujar hacia las alturas y que evaluadores tan reputados como Fedesarrollo se atreven a calificar la coyuntura actual como una de las más inciertas y complejas de los últimos tiempos, ya no es esa infinita capacidad resolutoria de nuestro presidente Uribe la que se encuentra detrás de tales fenómenos, sino la mano nefasta de la economía mundial con sus negros influjos.
Solo por ese poder de los grandes medios y por su capacidad y propósito de distorsión, podemos hallarle explicación al hecho de que puedan coincidir en Uribe el mal gobierno y los altos índices de aceptación, y con ella la terrible posibilidad de que el pueblo yerre en sus decisiones políticas y respalde lo que no le conviene.
Esto no es más que una aberración de esa democracia que entendemos no solo como el gobierno del pueblo y por el pueblo, sino también, y muy especialmente, para el pueblo.
Una democracia de este tipo no puede construirse sobre la base del monopolio de la conciencia ciudadana. A prevenir y corregir tal monopolio debieran concurrir los esfuerzos ciudadanos, sobre todo ahora que estamos hablando de una reforma política.
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