Por Rodrigo López Oviedo
Los colombianos parecemos condenados a la burla constante de parte de nuestros dirigentes. Especialmente en el acontecer público las muestras son abundantes. Cuando la economía marcha bien, detrás de ella se encuentra el cerebro prodigioso del gobernante, siempre atento a orientar los destinos del país con la brújula de su inteligencia superior. Cuando marcha mal, son las circunstancias ajenas a su querer las que determinan los desafortunados resultados.
Así operan las cosas tanto en la economía como en la política. Si la inflación se mantiene dentro de los planes establecidos, allí está la mano providente de Uribe, que ha logrado extender a tal indicador los efectos de sus políticas de seguridad democrática. Pero si se sale de lo previsto, ninguna culpa debe buscarse en quien solo puede generar éxitos. La culpa está en la Junta del Banco de la República -de la cual el Gobierno es mayoría-, en los capitales golondrina o en las remesas de los colombianos en el exilio.
El caso de los subsidios es más diciente. La casi totalidad de ellos se han desmontado tras el mentiroso supuesto de que lo que en ellos se gasta quedaría mejor en educación, salud y otras inversiones de carácter social. Lo cierto es que, con la desaparición de los unos, las otras no se ven, y en cambio si hemos visto una explosión de asistencialismos al estilo de Familias en acción y Familias guardabosques, con los cuales se elevaron a dignidad y monopolio presidenciales los auxilios parlamentarios de antes de Uribe.
Claro que cuando se trata de los dueños del país, los subsidios ya no son tan malos; y si no existen, hay que crearlos. Así lo hemos visto ahora que estos sectores están quedando por fuera de los mercados internacionales a consecuencia, en parte, de la revaluación del peso. En lugar de aprovechar este fenómeno para recoger dólares baratos y prepagar la deuda externa, el Gobierno resuelve utilizar sus recursos para crearles un subsidio a los exportadores con el pretexto de evitar la pérdida de puestos de trabajo. Esta no es más que una forma disimulada de socializar pérdidas privatizando las arcas públicas.
Tratamiento contrario es el que se da al caso de la gasolina. Sin que exista justificación para que internamente se cotice a precios del golfo de México, los altos precios derivados de tal forma de cálculo están siendo agravados con la eliminación paulatina de los subsidios con que antes se beneficiaban. Lo lógico es que cada país maneje sus propios productos de acuerdo con los niveles de ingreso de sus habitantes. No existe razón alguna para que los colombianos estemos pagando el líquido al precio de Luisiana cuando nuestros niveles de ingreso no exceden en mucho los de Luanda. Si del crudo de producción nacional solo consumimos internamente el 25 por ciento, ¿no deberían aprovecharse los altos precios de exportación para beneficiar a los colombianos mediante la devolución de los subsidios del combustible destinado al menos al transporte público, tanto el de pasajeros como el de carga? Aunque tal medida repercutiría solo tímidamente en los precios de la canasta familiar, el solo saber de su existencia nos haría sentir un tanto partícipes de esa bonanza en los mercados del petróleo. Desafortunadamente, intereses son intereses, y los intereses oligárquicos no coinciden con los del pueblo.
Los colombianos parecemos condenados a la burla constante de parte de nuestros dirigentes. Especialmente en el acontecer público las muestras son abundantes. Cuando la economía marcha bien, detrás de ella se encuentra el cerebro prodigioso del gobernante, siempre atento a orientar los destinos del país con la brújula de su inteligencia superior. Cuando marcha mal, son las circunstancias ajenas a su querer las que determinan los desafortunados resultados.
Así operan las cosas tanto en la economía como en la política. Si la inflación se mantiene dentro de los planes establecidos, allí está la mano providente de Uribe, que ha logrado extender a tal indicador los efectos de sus políticas de seguridad democrática. Pero si se sale de lo previsto, ninguna culpa debe buscarse en quien solo puede generar éxitos. La culpa está en la Junta del Banco de la República -de la cual el Gobierno es mayoría-, en los capitales golondrina o en las remesas de los colombianos en el exilio.
El caso de los subsidios es más diciente. La casi totalidad de ellos se han desmontado tras el mentiroso supuesto de que lo que en ellos se gasta quedaría mejor en educación, salud y otras inversiones de carácter social. Lo cierto es que, con la desaparición de los unos, las otras no se ven, y en cambio si hemos visto una explosión de asistencialismos al estilo de Familias en acción y Familias guardabosques, con los cuales se elevaron a dignidad y monopolio presidenciales los auxilios parlamentarios de antes de Uribe.
Claro que cuando se trata de los dueños del país, los subsidios ya no son tan malos; y si no existen, hay que crearlos. Así lo hemos visto ahora que estos sectores están quedando por fuera de los mercados internacionales a consecuencia, en parte, de la revaluación del peso. En lugar de aprovechar este fenómeno para recoger dólares baratos y prepagar la deuda externa, el Gobierno resuelve utilizar sus recursos para crearles un subsidio a los exportadores con el pretexto de evitar la pérdida de puestos de trabajo. Esta no es más que una forma disimulada de socializar pérdidas privatizando las arcas públicas.
Tratamiento contrario es el que se da al caso de la gasolina. Sin que exista justificación para que internamente se cotice a precios del golfo de México, los altos precios derivados de tal forma de cálculo están siendo agravados con la eliminación paulatina de los subsidios con que antes se beneficiaban. Lo lógico es que cada país maneje sus propios productos de acuerdo con los niveles de ingreso de sus habitantes. No existe razón alguna para que los colombianos estemos pagando el líquido al precio de Luisiana cuando nuestros niveles de ingreso no exceden en mucho los de Luanda. Si del crudo de producción nacional solo consumimos internamente el 25 por ciento, ¿no deberían aprovecharse los altos precios de exportación para beneficiar a los colombianos mediante la devolución de los subsidios del combustible destinado al menos al transporte público, tanto el de pasajeros como el de carga? Aunque tal medida repercutiría solo tímidamente en los precios de la canasta familiar, el solo saber de su existencia nos haría sentir un tanto partícipes de esa bonanza en los mercados del petróleo. Desafortunadamente, intereses son intereses, y los intereses oligárquicos no coinciden con los del pueblo.
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