EL PUEBLO LA TUMBÓ

Por Rodrigo López Oviedo

Solo se requirió una semana para que las gabelas y la impunidad que campeaban en la reforma a la justicia, y que beneficiaban a los representantes de la casta oligárquica en el Congreso, las Cortes, el generalato y el alto Gobierno, cayeran demolidas por la respuesta popular, que bien pronto les notificó a los tres poderes que los aires que hoy oxigenan al movimiento social son aires de resistencia y de cambio, parecidos a los que despeinan el paisaje en otros lares.

Lo bueno de este trance es que, además, le ha servido al país para evidenciar que su Presidente carece de la entereza suficiente para reconocer la responsabilidad mayúscula que ha tenido en el estercolero suscitado, no solo por haber contado con una polea de transmisión permanente en las discusiones del Congreso, su ministro de Justicia, sino por haber estado atizando a su bancada de la Unidad Nacional para que desconociera los justos reparos de la oposición y le aprobara el adefesio que finalmente sacó a las calles a las vanguardias democráticas del país en procura de dar inicio a los procedimientos  revocatorios.

Ojalá que eso tan bueno continúe siéndolo. Y seguirá siendo bueno si no nos conformamos con ver por los suelos este nefasto proyecto y, al contrario, avanzamos hacia el entendimiento de que solo mediante transformaciones revolucionarias, orientadas a la creación de un Estado democrático, amigo de la paz, cimentado en los intereses de los ciudadanos y comprometido en avanzar hacia la abolición de toda explotación del hombre, podremos hacer de Colombia el paraíso que está llamado a ser por tener los recursos naturales y humanos que para ello se necesitan.

Por supuesto que no se trata de una bagatela. Es una tarea descomunal, revolucionaria, que sin embargo podemos cumplir si entendemos e interiorizamos la importancia de tres ingredientes que ya han demostrado su eficacia en otras luchas: La unidad para juntar recursos humanos y materiales, la organización para que no se desperdicien y la movilización para sacarles el provecho que a todos convenga.

Son ingredientes teóricamente compartidos por el PDA, la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la Mane, la Minga Indígena, la CUT y muchas otras organizaciones sociales y políticas. Desafortunadamente, y esto es lo malo, sin que se hayan visto materializados en acciones conjuntas. Si viéramos que la alegría de haber logrado el archivo del nefasto Acto Legislativo sirviera de estímulo a todas estas organizaciones, sería de esperar que se pusieran de acuerdo para sacar adelante, por ejemplo, un paro cívico nacional que le hiciera entender al Gobierno que le llegó la hora de poner sus barbas en remojo. 

¡QUÉ VERGUENZA DE REFORMA!

 Por Rodrigo López Oviedo

Fue tanta la desfachatez con que actuó la aplanadora santista en el Congreso, y tan aberrantes los cambios que terminaron por introducirle los conciliadores de Senado y Cámara a la que era una insulsa reforma a la justicia, que el propio jefe de la banda, perdón… de la bancada, el presidente Santos, no pudo resistir el desbordado cúmulo de rechazos que tan vergonzoso acto legislativo generó, tanto nacional como internacionalmente, y se vio obligado a objetar el proyecto.

No era para menos. La impunidad y las gabelas campeaban en el texto aprobado. La violación al régimen de inhabilidades, por ejemplo, ya no causaría la pérdida de la investidura a los congresistas, y, por toda sanción, los infractores solo serían objeto de una suspensión por el término de un año.   

En igual sentido, el filo de la justicia quedaba pendiendo exclusivamente sobre el ciudadano del común, pues, a partir del acto legislativo, los organismos de investigación y acusación nada tendrían que hacer ante gobernadores, generales, ministros, representantes, senadores y magistrados, quienes solo podrían ser detenidos después de unos engorrosos trámites, siempre y cuando concluyeran en una resolución de acusación. Lo de esperarse entonces no sería otra cosa que la suspensión de más de mil quinientas investigaciones que en el momento se adelantan contra funcionarios aforados, la inmediata preclusión de buena parte de tales investigaciones y la excarcelación de los sindicados, ya que ni siquiera fue aprobado un régimen de transición que preservara lo actuado.

Si todo lo anterior no es legislar para la impunidad, ¿cómo puede llamársele?  

El país debe permanecer alerta. No sabemos hasta dónde el presidente Santos tan solo esté aparentando lavarse las manos con su arrebato de objeciones, y en lo íntimo de su ser tenga el deseo de aprovecharse del berenjenal jurídico en que quedó el país para transmitirle un mensaje contrario a su bancada, todo con el ánimo de que prevalezcan los aberrantes entuertos que contiene el Acto Legislativo.

Pero el pueblo ha venido tomando consciencia de que la solución está en su más activa participación, pero ahora orientada a derogar la reforma y revocarles el mandato a los congresistas que tan aviesamente le dieron su voto favorable. En tal sentido, el Polo Democrático Alternativo ya acogió el referendo como procedimiento para lograrlo. Puede ser, y de ponerse en curso, hay que apoyarlo. Pero también está ocupando sitial de honor en la agenda popular el paro cívico nacional, hacia el cual está trabajando la Marcha Patriótica. Son procedimientos que, al contrario de contraponerse, se complementan, y sobre los cuales nuestro pueblo sabrá ponerse de acuerdo. Ojalá no haya obstáculos en las alturas.

LA RESPUESTA

Por Rodrigo López Oviedo

Como los trabajadores siempre hemos sido los trompos de poner, ahora debemos prepararnos para recibir una nueva agresión o disponernos a enfrentarla.

El Senado acaba de aprobar en primer debate un proyecto de Ley con el supuesto fin de crearnos un seguro contra el desempleo. No se trata, por supuesto, de devolvernos la estabilidad laboral perdida en los forcejeos con el neoliberalismo ni de concedernos un auxilio de supervivencia mientras conseguimos un nuevo trabajo. Al contrario, se busca restringirnos a un 50 por ciento el uso de las cesantías que recibimos cuando perdemos el empleo, pues el otro 50 entrará a hacer parte de un fondo que no reconoce intereses, y que solo llegará a nuestras manos en seis cuotas mensuales a partir de esa pérdida, siempre y cuando permanezcamos desempleados.

Lo que pretende el Gobierno es agregarle una derrota más a las mil que ya hemos sufrido los trabajadores colombianos. Para no ir muy atrás, recordemos las históricas luchas que se libraron en tiempos de la Junta Militar que sucedió a Rojas Pinilla. Interesados en elevar su capacitación, los trabajadores de entonces se dieron a la tarea de lograr que el Gobierno y los empresarios financiaran la creación y sostenimiento de un ente de formación profesional para el trabajo. Ese propósito no fue posible, y el movimiento obrero terminó renunciando a un punto de lo que recibía de las Cajas de Compensación para fundar y sostener, con los recursos liberados, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Y a pesar de que el 22 de junio de 1957 los trabajadores creamos el SENA para nuestra propia capacitación, sus recursos han sido objeto de desviaciones aberrantes. El 25 por ciento de su presupuesto, por ejemplo, se destina a las arcas de Colciencias,  así como muchos otros de sus recursos se desvían hacia programas de fomento empresarial, competitividad, desarrollo tecnológico, entre otros, de cuya importancia nadie duda, pero cuya financiación debería hacerse con recursos empresariales.

El proyecto analizado va por la misma línea de muchos servicios que el Estado debe atender con sus recursos, y no con los de los trabajadores. No está bien que las Cajas de Compensación Familiar se dediquen, por ejemplo, a programas de educación, existiendo un ministerio para atender las necesidades en ese campo. O que se hubiera desmontado el Inscredial para trasladar parte de sus responsabilidades a las mismas Cajas. Ni que las obligaciones tributarias del gran capital se reduzcan en desmedro de la inversión social o trasladando el valor reducido a mayores coberturas del IVA. Por fortuna, ya estamos dándonos cuenta de todos esos raponazos y preparando la respuesta: un vigoroso paro cívico nacional.

MARCO CONSTITUCIONAL CONTRA LA PAZ

Por Rodrigo López Oviedo

Del marco constitucional para la paz que actualmente discute el Congreso no pueden esperarse ofertas seductoras que les hagan sentir  a las fuerzas insurgentes que valió la pena estar 50 años en el monte, sufriendo privaciones, arriesgando la vida y orientando luchas, y que llegó la hora de la reinserción. Lo que saldrá será una engañosa oferta orientada a quebrar la lealtad de los guerrilleros de base, a quienes con melosas propagandas se les hará creer que reinsertarse es todo cuanto  necesitan para poner el cielo en sus manos, pues a los jefes ni siquiera se les reconocerá el derecho ciudadano a acceder a cargos de elección popular.

Así de mezquina es la condición de nuestras oligarquías. La confrontación social y armada existente en el país, cuya existencia ahora cuenta por fortuna con el reconocimiento del Gobierno, no surgió por el alma negra de quienes han estado al mando de las distintas organizaciones guerrilleras, sino por haber sido expulsados los campesinos de sus tierras y proscritos los líderes populares de toda representación social y política.

Esa condición no ha cambiado en lo más mínimo. Todavía siguen en curso viejos procesos de expulsión de los campesinos de sus tierras en una alevosa contrarreforma agraria a la que el Gobierno no se compromete a ponerle fin; continúan vulnerándose los derechos a la sindicalización, a la representación, a la integridad personal y a la vida; los dirigentes populares tienen que desarrollar su actividad bajo esquemas de seguridad que les restan eficacia a sus liderazgos, y en cuanto a los derechos fundamentales, estos han sido transformados en mercancías, como bien lo pueden constatar quienes requieran servirse de los establecimientos de salud, educación o agua potable, para mencionar solo algunos ejemplos.

Entonces, siguen sin solución, y agravándose, los problemas que dieron origen a las organizaciones guerrilleras. Por eso, si se quiere que estas se  reintegren a la vida civil, se necesitará de gestos que, antes que de ellas, provengan del establecimiento, y que estén representados en principios de acuerdos de solución a tales problemas, comenzando por el reconocimiento de espacios desde los cuales las guerrillas puedan interactuar con las ramas del poder público y la sociedad civil.

Lamentablemente, esos gestos no se ven en el proyecto de acto legislativo. Al contrario, lo que ha dejado  ver el Congreso durante las sesiones en curso es no estar interesado en replantear viejas posturas. Lo que saldrá de sus deliberaciones es un nudo gordiano de dificultades que solo podrá ser desatado por la ciudadanía si resuelve ponerse en pié, como parece estarlo haciendo a través de la Marcha Patriótica y otras estructuras organizativas.

INDIGNACIÓN A LA COLOMBIANA

Por Rodrigo López Oviedo

Las vigorosas marchas de los trabajadores estatales, realizadas bajo el cálido sol del pasado 30 de mayo y el pesado silencio de los grandes medios, representan una ratificación de la indignación que hemos venido evidenciando durante los últimos años y a la que nos están conduciendo todas las políticas neoliberales de las castas oligárquicas en el poder.

Podría decirse que los colombianos, mediante tales movilizaciones, nos estamos sintonizando con muchos otros pueblos del mundo, otrora poderosos y estables, como los europeos y de Estados Unidos, de los cuales resultaba impensable verlos en el estado de conmoción en que hoy se encuentran, exigiendo el fin de políticas que a nosotros también nos han sido impuestas y que al igual que a nosotros los están dejando sin pan y sin techo, sin educación y salud.

Sin  embargo, a diferencia de tales movilizaciones, las nuestras no obedecen a inciertas convocatorias que llegan por las redes y de las que se desconocen sus orígenes, aunque hayan tenido garantizado su éxito por tocar las fibras más sentidas  por esas sociedades, que  ya habían sido estimuladas por políticas neoliberales  impuestas con el fin de exacerbar la explotación en provecho de los dividendos del gran capital o buscando la solución de la profunda crisis capitalista.

No, nuestras movilizaciones, ya sean las adelantadas por los corteros de caña, por los trabajadores de la salud o de la educación, por los indígenas con su Minga, por los estudiantes universitarios con su MANE, por los luchadores contra la megaminería, por quienes salen en defensa del medio ambiente y la soberanía, o bien sean las movilizaciones del Congreso de los Pueblos o de la Marcha Patriótica, todas esas movilizaciones sociales han tenido en común que se sabe a cierta quienes las han convocado y con qué propósitos y, lo que es más importante, que casi todas han dejado estructuras de organización que les permiten proyectar nuevas movilizaciones en procura de sus objetivos, tanto los específicos como los generales.

Tal vez el factor de menor progreso, pero que a las claras nos muestra un derrotero hacia el que debemos avanzar, es el relacionado con la sincronización de todas esas iniciativas y organizaciones. Seguimos todavía sometidos al espíritu de capilla, aunque con obispos y arzobispos menos dados a los dogmatismos del pasado y más llamados a dialogar. Eso es lo que se está logrando a través de la Coordinación de Movimientos Sociales y Políticos de Colombia y lo que quedó corroborado con la movilización de la Marcha Patriótica.

Ojalá que ese espíritu prevalezca y se desarrolle. Nuestros indignados hermanos, los trabajadores europeos y estadounidenses, recibirían agradecidos nuestro aleccionador ejemplo.