UN PRIMERO DE MAYO EN RESPUESTA A LA CRISIS

Por Rodrigo López Oviedo

Que los trabajadores seamos las primeras víctimas en los períodos de crisis es verdad sabida y por casi todos aceptada, además de deseada por los dueños del capital. Esta afirmación no entraña novedad alguna, pero sí demuestra la irracionalidad a la que llegan los capitalistas.

Comparando a burgueses y proletarios, o digamos, más bien, a burgueses y asalariados, para que no se resientan algunos proletarios vergonzantes que preferirían ser vistos como burgueses; comparando a burgueses y asalariados, repito y mitigo, nos encontramos con que los primeros explotan a los segundos no solo a través de la plusvalía que les arrebatan en el proceso productivo, sino también mediante las tasas de ganancia que les sustraen en el mercado. Y si el asalariado corre la suerte de caer en el desempleo, continuará siendo explotado como consumidor, pues en tal condición deberá atender al pago de no solo los costos de producción de lo que consuma, sino también de los correspondientes márgenes de utilidad.

A nadie le conviene más que a los burgueses que haya suficiente capacidad de compra en el mercado, porque si bien es en el proceso productivo donde se genera la ganancia, es en el mercado donde la hacen efectiva. Ocupando como consumidores una posición minoritaria en el mercado, a ellos les conviene que los demás demandantes ostenten un poder compra que se pueda traducir en grandes ganancias. Estando ese poder de compra ligado, fundamentalmente, al valor de los salarios que pagan, una actitud sensata sería la de garantizar salarios decorosos, con lo cual estimularían la demanda, activarían el aparato productivo, generarían nuevos puestos de trabajo y, con la llave del salario, abrirían las compuertas del mercado a nuevos consumidores.

Claro que ese círculo virtuoso lo entiende bien cada capitalista por separado; sin embargo, cada quien aspira a que sean los demás los que se decidan a mejorar los salarios de sus trabajadores, que para los propios ya habrá tiempo. Mientras tanto, la destorcida económica avanza en medio de un desfallecimiento social que las presentes generaciones apenas comenzamos a conocer, pero que la historia de los primeros años 30 del siglo XX nos pinta con caracteres dramáticos para todos, aunque muy especialmente para los trabajadores.

En este próximo Primero de Mayo debemos dar evidencias renovadas de nuestro compromiso a no dejar que se descargue el peso de la actual crisis sobre nuestras espaldas. La presente coyuntura exige como nunca antes del tesón y de la disposición de lucha de todos los trabajadores, además de que demanda el fortalecimiento de nuestras organizaciones, no solo a través del crecimiento numérico de sus afiliados sino también mediante el acato más entusiasta de sus directrices.

En homenaje a los mártires de Chicago, debemos reforzar nuestra unidad en torno a la defensa y conquista del derecho a un empleo digno, a salarios justos, a educación, a salud y a la paz; también a un gobierno sintonizado en los intereses de las mayorías, defensor de los derechos humanos, que propugne por una democracia real y que aproveche las coyunturas para elevar la calidad de vida de los ciudadanos o, si es del caso, para evitar que se deteriore. En fin, en este Día Internacional de los Trabajadores tenemos muchos motivos para manifestarnos en la calle. Que nadie falte.

LA EUTANASIA

Por Rodrigo López Oviedo

Si usted, amable lector, está convencido de que la muerte es solo un paso que lo llevará a un paraíso donde podrá encontrar compensación a los sufrimientos que tuvo en vida o seguir en el disfrute aumentado de sus dichas terrenales; si cree que los dolores de la muerte solo representan un costo que vale la pena pagar para merecer el cielo eterno, la eutanasia puede no serle un tema de interés. Pero si considera que no hay vida después de la muerte y que vida y muerte son fenómenos naturales que usted debe afrontar de manera personal e intransferible; si le repugna el poder ser objeto de un "ensañamiento terapéutico" que le alargue su agonía sin quererlo e injustificadamente, pues considera que la vida solo está hecha para el racional disfrute, muy seguramente le parecerá que a los seres humanos debería reconocérsenos algún grado de autonomía para decidir lo que hayamos de hacer con nuestra vida si ella nos pone en condiciones de insoportable sufrimiento.

Precisamente a eso se orientan las acciones de quienes luchan por la eutanasia: al reconocimiento del derecho del ciudadano a decidir, con arreglo a la voluntad que se derive de sus personales creencias, lo que crea conveniente hacer, y permitirle hacer a su médico, en caso de que la edad, la enfermedad o una lesión lo pongan a las puertas de la muerte y en condiciones de insoportable padecimiento. La eutanasia es, entonces, una decisión del paciente, aunque suele creerse que lo es del médico, tal vez por ser este el que tiene que sufrir las consecuencias penales que puedan presentarse en caso de desenlaces de muerte que no resulten claros a los familiares del paciente.

La literatura sobre el tema distingue entre la eutanasia activa y la eutanasia pasiva. Mediante la activa, el paciente le permite al médico orientar su servicio profesional a facilitarle la muerte que lo alivie de padecimientos ya incurables e irreversibles; mediante la pasiva, lo autoriza para que se desentienda de aplicarle tratamientos que se sepan inútiles y se limite simplemente a hacerle más amables los últimos momentos de su ya ingrata vida. Para cualquiera de los dos casos, el médico debiera contar con autorización de la ley para actuar conforme a la voluntad del paciente sin verse comprometido por ello en procesos judiciales.

En Colombia no existe tal posibilidad. Nuestra ley tipifica tales conductas como homicidio por piedad y las castiga con prisión de seis meses a tres años. Sin embargo, no dice nada respecto de las que se orientan con saña a diferir la muerte, pese a no haber posibilidad ninguna de derrotarla.

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Como no podemos pasar por alto la noticia de la reactivación de Cooperamos, dejemos para después el redondeo final de tan mortuorio tema y pasemos a la celebración. Efectivamente, la reactivación se aprobó el pasado sábado en una audiencia a la que concurrieron aproximadamente 280 personas en representación de mil 465 acreedores internos y de mil 212 millones de pesos en acreencias. La decisión fue unánime (un solo asociado en contra), lo cual puede favorecer el proceso de reconocimiento que deberá abocar la Superintendencia de Economía Solidaria. Pese a las dudas de legalidad, nos alegra esta decisión, que por tercera vez se toma, y quedamos a la espera de su ratificación oficial.

ESTE 18 DE ABRIL, TODOS A LA AUDIENCIA DE COOPERAMOS

Por Rodrigo López Oviedo

A la Agente Liquidadora de Cooperamos, doctora Ángela Parra, No hubo poder humano que la hiciera mover de su empeño en realizar, este 18 de abril, la Audiencia de Acreedores Internos de Cooperamos.

Siendo el propósito manifiesto de ésta Audiencia el de lograr que los 68 mil 529 asociados de la Cooperativa se pronuncien por su reactivación, el evento debió estar antecedido de un intenso plan propagandístico capaz de estimular el interés de los gremios, de las organizaciones sindicales, de los líderes sociales, de los medios y, en general, de cuantas personalidades e instituciones, públicas y privadas, pudieran influir sobre tantos asociados y estimularlos hacia su participación efectiva.

Para la ejecución de tal plan se requería de por lo menos un par de meses de propaganda orientada a ambientar la realización de seis asambleas de asociados en los municipios donde Cooperamos conserva oficinas abiertas. Estas asambleas deberían desembocar en la Gran Audiencia de Ibagué, donde se analizarían las conclusiones municipales y se tomarían las decisiones definitivas. Desafortunadamente la doctora Parra, sin ninguna explicación, cerró su entendimiento a estas propuestas, tal vez porque nunca ha sido de su interés el garantizarle sólidos respaldos a las decisiones relacionadas con la reactivación, y ni siquiera el quórum mínimo que les exige el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y lo reiteran los decretos 4030 de 2006, 1533 de 2008 y 557 y 558 de 2009.

Pero bueno, la suerte está echada y hoy estamos ante un evento de cuyo fracaso no solo la Liquidadora sería culpable, sino también todos los que habiendo podido hacer algo para impedirlo no lo hicimos. Solo queda buscar la manera de que ese fracaso no se dé, y en caso de darse, que quede tan bien disimulado que la Superintendencia de la Economía Solidaria pueda encubrir su propio disimulo al revisar el acta respectiva e impartirle su conformidad a los acuerdos en ella registrados, si es cierto, como dicen por ahí, que lo único que le importa al Superintendente es ver reactivada a Cooperamos, sin que le interese el cómo.

Quien como yo ha estado interesado como el que más en esta reactivación, no puede menos que hacer nudos con sus dedos y procurar que las conclusiones de este 18 de abril garanticen de la mejor manera la más pronta reapertura de Cooperamos. Me pondré al servicio de que lo que suceda en tal evento contribuya a ese fin, e invitaré a todos los asistentes a la Audiencia a asumir una actitud igual, incluyendo a los asociados que no estén de acuerdo con la reactivación por preferir que se les devuelvan sus aportes. También a estos asociados conviene el transito ordenado de las deliberaciones e, incluso, la aprobación de la reactivación, pues ello traería consigo la conformación de un Consejo de Administración que, a diferencia de la actual Junta Asesora, sí les podría atender su decisión de retiro y la cancelación de la parte de los aportes no afectada por las pérdidas.

Eso sí, habrá que procurar que este último grupo de asociados sea lo más pequeño posible, pues nada nos ganaríamos con la reactivación si ella viniera acompañada de una avalancha de retiros. Esto solo haría de la Cooperativa, ahora reactivada, un triste remedo de lo que antes fue.

DECRETO 535: MACHACANDO SOBRE EL ENGAÑO

Por Rodrigo López Oviedo

Resulta curioso: Mediante el decreto 535 del 24 de febrero de 2009, el Gobierno nacional reglamentó un artículo del Código Sustantivo del Trabajo, el 416, que está próximo a cumplir, ríanse, ¡59 años de existencia! 59 años que dan una idea de lo paquidérmicas que son nuestras instituciones, pero también de lo dispuestos que están a defender los intereses de las castas oligárquicas quienes los representan en ellas.

El 416 es un artículo esencialmente denegatorio de derechos laborales. Su contenido excluye a los empleados públicos de las posibilidades de presentar pliegos de peticiones, de celebrar convenciones colectivas y de declarar la huelga, que sí son reconocidas a los demás trabajadores, aunque se los reprime con saña cada vez que hacen uso de ellas.

También resulta curioso que en el decreto se hayan invocado las leyes 411 de 1997 y 524 de 1999. Estas leyes fueron expedidas con la intención de incorporar formalmente a nuestra legislación laboral los Convenios 151 y 154 de la OIT, y son mucho más favorables a la actividad sindical en el sector público. Sin embargo, tal invocación es un engaño. No tiene más propósito que distraer a la opinión pública con supuestas buenas intenciones, pues bien se sabe que una norma reglamentaria no puede ir más allá de lo autorizado por la reglamentada, siendo ésta la que le marca la pauta al funcionario reglamentador. Si las intenciones del Gobierno hubieran sido realmente buenas, hubiera hecho más reglamentando las leyes 411 y 524, con lo cual habría dejado superado el lesivo marco del mencionado artículo 416.

¿Qué pretendió el Gobierno con esta reglamentación? Indudablemente, debilitar la resistencia ofrecida por la bancada demócrata del Congreso estadounidense a la aprobación del TLC, induciéndola al error de creer que está dispuesto a sepultar en el pasado las prácticas antisindicales que lo han caracterizado y que ahora le resultan un obstáculo para la aprobación del Tratado.

Pero también buscó recordarles a los trabajadores estatales la existencia de una norma que los ha excluido de todo derecho a negociar con su patrón, y ahora especialmente en aspectos relacionados con “la estructura organizacional, las plantas de personal, las competencias de dirección, administración y fiscalización del Estado, los procedimientos administrativos y el principio del mérito como presupuesto esencial de la carrera administrativa”, pues ya sobre aspectos salariales y prestacionales estaba excluida, por otras normas, toda posible discusión.

Sobre lo demás, si algo queda, sí se podrá concertar, siempre que existan disponibilidades presupuestales y no se contradigan los lineamientos del CONPES. Si hay acuerdo, lo acordado se elevará a ley entre las partes, pero si no, a los trabajadores les quedará el recurso de acudir, por toda acción reivindicativa, a la lectura de la “respuesta motivada de las razones por las cuales (el Gobierno) no accede a la petición”.

Este Decreto es solo un elemento más de la dictadura hacia la cual el uribismo ha ido empujando al país y de los disimulos que se toma para hacerlo. Por estos días, expidió otro par de decretos con el supuesto fin de facilitar la reactivación de las cooperativas que están en liquidación, pero solo reafirmó con ellos las dificultades que existían para hacerlo desde ante de su expedición. Estamos, entonces, ante una estrategia engañosa que ojalá no dejemos convertir en maña.