Por Rodrigo López Oviedo
Son de tanta justeza los reclamos que vienen haciendo las comunidades indígenas, hoy movilizadas en lo que ellas han denominado La Minga Social y Comunitaria, que a cualquier Gobierno decente del mundo le daría vergüenza ser objeto de ellos.
Lo que hoy reclaman es nada en comparación con lo que merecen quienes fueron dueños exclusivos de lo que por aquí existía hasta cuando la diosa fortuna les llenó el vecindario de extraños jinetes que con cruces y espadas les expropiaron lo suyo.
El primero de esos reclamos está relacionado con el derecho a la vida. Según sus cuentas, en lo que va corrido de los dos mandatos de Uribe, el exterminio a que vienen siendo sometidos ha dejado sin vida a 1240 miembros de sus comunidades.
El segundo tiene que ver con sus propias comarcas, hoy sometidas, de un lado, a la presión de los grandes inversionistas, lícitos e ilícitos, que con sus megaproyectos buscan lucrarse de la ajena y rica biodiversidad del hábitat indígena, y del otro, a la presión del mismo Gobierno que, parapetado tras el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, la Ley de Aguas y el Código Minero, pretende mostrarse como protector de los indígenas, cuando realmente ha demostrado ser un poderoso instrumento al servicio de esos inversionistas.
Y están reclamando también el cumplimiento de acuerdos firmados e incumplidos por diferentes Gobiernos, no solo en materia de devolución y titulación de tierras ancestralmente poseídas por ellos, sino, además, en relación con inversiones en infraestructura, salud, y derechos humanos.
Por eso no se nos haga raro que, pese al notable triunfo que para ellos representa la reversa del Gobierno en su rechazo a atender estos justos reclamos, materializada en la decisión de acceder a la compra de algunas tierras (pero recateando el precio, Ministro, que ya la olla está raspada), no se nos haga raro que los indígenas se mantengan firmes en su Minga y en su decisión de hacerse respetar del Presidente Uribe y de su Jefe de Policía, quienes no ahorran en epítetos -como el de terroristas, apéndices de la guerrilla y siervos de potencias extranjeras (?)- ni en esfuerzos para infiltrarles agentes de las Fuerzas Armadas con el fin de hacerles montajes que permitan “demostrar” los propósitos terroristas y desestabilizadores que los acompañan en sus protestas.
A este propósito, como de seguro los comandantes del Ejercito van a negar que hayan ordenado infiltrar estas comunidades, la Fiscalía debería asumir la investigación del soldado profesional Jairo Danilo Chaparral Santiago, quien fue detenido por los indígenas en una de sus comunidades con un morral que contenía uniformes camuflados, radios de comunicación, manuales de instrucción y explosivos. Chaparral Santiago debe dar cuenta de las personas que le ordenaron infiltrarse y de las demás que estén implicadas en tan dañosa conducta. Una cosa es el trabajo de inteligencia y otra muy distinta este tipo de provocaciones.
Para que no queden dudas de que el interés de los indígenas no gira exclusivamente en torno a tierras y de que la credibilidad que le dan a las promesas presidenciales no es mucha, sus autoridades han resuelto llevar hoy su Minga a la ciudad de Cali, donde formarán frente común con los corteros de caña. Ojalá se encuentren con la compañía solidaria de buenos destacamentos populares.
Son de tanta justeza los reclamos que vienen haciendo las comunidades indígenas, hoy movilizadas en lo que ellas han denominado La Minga Social y Comunitaria, que a cualquier Gobierno decente del mundo le daría vergüenza ser objeto de ellos.
Lo que hoy reclaman es nada en comparación con lo que merecen quienes fueron dueños exclusivos de lo que por aquí existía hasta cuando la diosa fortuna les llenó el vecindario de extraños jinetes que con cruces y espadas les expropiaron lo suyo.
El primero de esos reclamos está relacionado con el derecho a la vida. Según sus cuentas, en lo que va corrido de los dos mandatos de Uribe, el exterminio a que vienen siendo sometidos ha dejado sin vida a 1240 miembros de sus comunidades.
El segundo tiene que ver con sus propias comarcas, hoy sometidas, de un lado, a la presión de los grandes inversionistas, lícitos e ilícitos, que con sus megaproyectos buscan lucrarse de la ajena y rica biodiversidad del hábitat indígena, y del otro, a la presión del mismo Gobierno que, parapetado tras el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, la Ley de Aguas y el Código Minero, pretende mostrarse como protector de los indígenas, cuando realmente ha demostrado ser un poderoso instrumento al servicio de esos inversionistas.
Y están reclamando también el cumplimiento de acuerdos firmados e incumplidos por diferentes Gobiernos, no solo en materia de devolución y titulación de tierras ancestralmente poseídas por ellos, sino, además, en relación con inversiones en infraestructura, salud, y derechos humanos.
Por eso no se nos haga raro que, pese al notable triunfo que para ellos representa la reversa del Gobierno en su rechazo a atender estos justos reclamos, materializada en la decisión de acceder a la compra de algunas tierras (pero recateando el precio, Ministro, que ya la olla está raspada), no se nos haga raro que los indígenas se mantengan firmes en su Minga y en su decisión de hacerse respetar del Presidente Uribe y de su Jefe de Policía, quienes no ahorran en epítetos -como el de terroristas, apéndices de la guerrilla y siervos de potencias extranjeras (?)- ni en esfuerzos para infiltrarles agentes de las Fuerzas Armadas con el fin de hacerles montajes que permitan “demostrar” los propósitos terroristas y desestabilizadores que los acompañan en sus protestas.
A este propósito, como de seguro los comandantes del Ejercito van a negar que hayan ordenado infiltrar estas comunidades, la Fiscalía debería asumir la investigación del soldado profesional Jairo Danilo Chaparral Santiago, quien fue detenido por los indígenas en una de sus comunidades con un morral que contenía uniformes camuflados, radios de comunicación, manuales de instrucción y explosivos. Chaparral Santiago debe dar cuenta de las personas que le ordenaron infiltrarse y de las demás que estén implicadas en tan dañosa conducta. Una cosa es el trabajo de inteligencia y otra muy distinta este tipo de provocaciones.
Para que no queden dudas de que el interés de los indígenas no gira exclusivamente en torno a tierras y de que la credibilidad que le dan a las promesas presidenciales no es mucha, sus autoridades han resuelto llevar hoy su Minga a la ciudad de Cali, donde formarán frente común con los corteros de caña. Ojalá se encuentren con la compañía solidaria de buenos destacamentos populares.
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