Por Rodrigo López Oviedo
Con la extradición de la cúpula narcoparamilitar se afectaron los desplazados, los familiares de los desaparecidos, las viudas, los huérfanos. En resumen, las víctimas de la violencia paramilitar. Todos quedarán burlados en sus esperanzas de verdad, justicia y reparación.
El Gobierno ha creído fácil convencernos de que su decisión se fundamentó en la necesidad de impartirles castigo a estos socios, que seguían delinquiendo o no colaboraban con la justicia o se negaban a resarcir a sus víctimas. Pero si tenemos en cuenta la enorme deuda de estos extraditados por crímenes de lesa humanidad, que es incomparablemente superior a la que tienen por tráfico de drogas, la retórica de castigo resulta falsa. Y resulta más falsa todavía al considerar que existía el camino, más disuasivo aún, de excluirlos de la Ley de justicia y paz y someterlos a la justicia ordinaria.
En verdad, el primer propósito del Gobierno fue el de recordarles a los protegidos con la ley de impunidad que los acuerdos que condujeron a ella y a la desmovilización posterior tenían implícita una cláusula de confidencialidad que debía inhibirlos de las delaciones que hoy lo atormentan. Pretendía alejarse así del peligro de verse en las mismas en que hoy están 65 amigos del Congreso, a quienes se les ha abierto causa judicial y a 33 las rejas carcelarias, sindicados de nexos con los que hoy pretende acallar.
Y el segundo propósito fue el de sacar de la escena a la Corte Suprema de Justicia y al aparato judicial, que con sus pesquisas estaban acercándose peligrosamente a la Casa de Nariño y a algunos de sus habituales visitantes. Como bien lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refiriéndose a la extradición, “este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares”.
Con esta decisión, el Presidente de los colombianos pasó a convertirse en deudor de la justicia, si es que no tenía ya algunas cuentas con ella. Sin consideración alguna con su condición de jefe de estado, descendió a la posición de mero y simple cancerbero de su propia libertad, y aprovechó las potestades de su cargo para acallar a quienes pudieran dar razón de sus pecaminosos nexos.
Las ganancias son entonces del Gobierno y de sus cómplices. Puestas las cabezas del paramilitarismo en lejana picota, donde sufrirán investigaciones por asuntos distintos a los que aquí motivaban sus enredos, será muy poco lo que puedan decir en perjuicio de quienes les patrocinaron en su criminal tarea. ¿Puede haber mayor justificación para esta torcida extradición?
¿Que es que los narcoparamilitares sí pagarán después sus crímenes de lesa humanidad? Es posible. ¿Pero hasta cuándo habrá que esperar? ¿Hasta que nos venza el olvido?
¿Que las víctimas pueden estar pendientes de lo que ocurra en los tribunales de Estados Unidos? También puede ser; ¿pero a qué costo, por cuenta de quién y con qué garantías de que les paren bolas?
No; definitivamente la extradición se está utilizando para poner tierra de por medio entre los ejecutores de los crímenes y sus cómplices y determinadores. Y para, de paso, dejar supeditada nuestra justicia a la de Norteamérica y reducida a condiciones meramente residuales. Ante semejante situación, solo una Asamblea Nacional Constituyente puede trazarnos el camino que nos devuelva la esperanza.
Con la extradición de la cúpula narcoparamilitar se afectaron los desplazados, los familiares de los desaparecidos, las viudas, los huérfanos. En resumen, las víctimas de la violencia paramilitar. Todos quedarán burlados en sus esperanzas de verdad, justicia y reparación.
El Gobierno ha creído fácil convencernos de que su decisión se fundamentó en la necesidad de impartirles castigo a estos socios, que seguían delinquiendo o no colaboraban con la justicia o se negaban a resarcir a sus víctimas. Pero si tenemos en cuenta la enorme deuda de estos extraditados por crímenes de lesa humanidad, que es incomparablemente superior a la que tienen por tráfico de drogas, la retórica de castigo resulta falsa. Y resulta más falsa todavía al considerar que existía el camino, más disuasivo aún, de excluirlos de la Ley de justicia y paz y someterlos a la justicia ordinaria.
En verdad, el primer propósito del Gobierno fue el de recordarles a los protegidos con la ley de impunidad que los acuerdos que condujeron a ella y a la desmovilización posterior tenían implícita una cláusula de confidencialidad que debía inhibirlos de las delaciones que hoy lo atormentan. Pretendía alejarse así del peligro de verse en las mismas en que hoy están 65 amigos del Congreso, a quienes se les ha abierto causa judicial y a 33 las rejas carcelarias, sindicados de nexos con los que hoy pretende acallar.
Y el segundo propósito fue el de sacar de la escena a la Corte Suprema de Justicia y al aparato judicial, que con sus pesquisas estaban acercándose peligrosamente a la Casa de Nariño y a algunos de sus habituales visitantes. Como bien lo dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refiriéndose a la extradición, “este acto interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares”.
Con esta decisión, el Presidente de los colombianos pasó a convertirse en deudor de la justicia, si es que no tenía ya algunas cuentas con ella. Sin consideración alguna con su condición de jefe de estado, descendió a la posición de mero y simple cancerbero de su propia libertad, y aprovechó las potestades de su cargo para acallar a quienes pudieran dar razón de sus pecaminosos nexos.
Las ganancias son entonces del Gobierno y de sus cómplices. Puestas las cabezas del paramilitarismo en lejana picota, donde sufrirán investigaciones por asuntos distintos a los que aquí motivaban sus enredos, será muy poco lo que puedan decir en perjuicio de quienes les patrocinaron en su criminal tarea. ¿Puede haber mayor justificación para esta torcida extradición?
¿Que es que los narcoparamilitares sí pagarán después sus crímenes de lesa humanidad? Es posible. ¿Pero hasta cuándo habrá que esperar? ¿Hasta que nos venza el olvido?
¿Que las víctimas pueden estar pendientes de lo que ocurra en los tribunales de Estados Unidos? También puede ser; ¿pero a qué costo, por cuenta de quién y con qué garantías de que les paren bolas?
No; definitivamente la extradición se está utilizando para poner tierra de por medio entre los ejecutores de los crímenes y sus cómplices y determinadores. Y para, de paso, dejar supeditada nuestra justicia a la de Norteamérica y reducida a condiciones meramente residuales. Ante semejante situación, solo una Asamblea Nacional Constituyente puede trazarnos el camino que nos devuelva la esperanza.
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