UN RECONOCIMIENTO

Por Rodrigo López Oviedo

Aunque, en general, ningún medio de comunicación descuida el fin último de toda empresa capitalista, el de generar utilidades, la gran mayoría de ellos orienta su artillería al propósito de amarrar a los usuarios a las concepciones ideológicas y políticas de los dueños, casi todas coincidentes en la defensa de los beneficios de las clases dominantes.    

En realidad, a los grandes medios nada les importa el deber de tener bien informada a la ciudadanía. Lo importante es explotar el derecho a informar conforme a los intereses mencionados, así haya que disimularlos mediante prácticas que  generen apariencias de objetividad, como las que realizan al criticar uno que otro desliz de esas clases dominantes o de alguno de sus miembros, pero sin que ello implique cuestionamiento alguno al conjunto de políticas relacionadas con el sostenimiento del sistema imperante.

Pero en medio de tan malsanos objetivos, se están consolidando alternativas de información que si bien no circulan de manera tan masiva como los medios oligárquicos, sí cumplen con la responsabilidad de informar objetiva, oportuna, clara y verazmente, en muchos casos con heroísmo, como es el caso del semanario Voz, la Verdad del Pueblo, que ha visto caer asesinados no solo a cientos de sus distribuidores, sino también a uno de sus directores, el inolvidable senador Manuel Cepeda Vargas.

Por eso resultó tan conmovedor el acto de reconocimiento que se le hiciera a Voz el 15 de diciembre en Ibagué cuando el Cabildo Municipal, a través del Concejal William Rosas, le entregara a su actual director, el doctor Carlos Lozano Guillén, una resolución aprobada por el Cabildo ibaguereño a instancias del mismo Concejal.         

El semanario Voz ha sido considerado el periódico independiente y revolucionario por antonomasia. Y no solo por la cantidad de mártires que le ha entregado a la historia del país. También, y fundamentalmente, porque ha sabido conjugar la  información objetiva, clara, veraz y oportuna con el análisis clasista de la realidad, al tiempo que ha servido como instrumento de educación de las masas, de su unidad y de su organización, en medio de tantas fuerzas repelentes como son las que gravitan en torno al movimiento popular.

Este semanario está cumpliendo 55 años de existencia. Lo menos que podemos hacer es unirnos solidariamente a tan magna celebración y expresarles nuestro agradecimiento a todos los que están vinculados a sus páginas, incluidos los cientos de obreros y campesinos que arriesgan su libertad, y hasta su vida, en la empeñosa tarea de distribuirlo. El solo esfuerzo que tal distribución conlleva vale un potosí. Y ni se diga lo que valen los esfuerzos de redacción y edición. A todos, mil gracias y felicitaciones.

LA REFORMA AL FUERO MILITAR

Por Rodrigo López Oviedo

Numerosos han sido los escándalos protagonizados por la Fuerza Pública colombiana, muchos de ellos como consecuencia de la formación que han recibido sus oficiales en la Escuela de las Américas, un centro de adoctrinamiento militar a través del cual el gobierno de los Estados Unidos imparte su filosofía de represión a los ejércitos al sur del Río Bravo con el fin garantizarse la hegemonía en el Continente.

Ahora resulta que a esos escándalos se pretende ponerles sordina mediante el procedimiento de reformar los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Nacional, con lo cual se lograría que la justicia ordinaria opere de manera meramente residual ante el aparato coercitivo del Estado, pues la generalidad de las conductas anómalas de sus miembros serían conocidas por la justicia penal militar.

Obviamente que tan aviesos propósitos no pueden contar con el beneplácito de ningún demócrata, pues bien conocidos son los múltiples ardides de que ha sido víctima la llamada savia y cumplida justicia, ardides con los cuales se ha logrado el execrable disfrute de la impunidad por parte de los autores intelectuales y materiales de más de dos mil casos delictivos investigados, de los cuales solo tres han terminado en sanciones ejemplarizantes.         

Ni siquiera organismos internacionales que se han caracterizado por su condición de simples correveidiles de la política norteamericana, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se han declarado al margen de esta preocupación y, por el contrario, han formulado sus reparos a una reforma constitucional que está llamada a extenderle velos de impunidad a cuantos crímenes de Estado sean ejecutados mediante órdenes reproducidas en los cuarteles.

Quienes al igual que José de Jesús Orozco, presidente de la CIDH, consideramos que la competencia de la justicia penal militar debe ser considerada “excepcional y restrictiva" y no la regla universal, que es en lo que la convierte la actual reforma, debemos movilizarnos en procura de evitar que sigan prevaleciendo los intereses de la peor reacción en el manejo de las políticas militares, como hasta hoy ha venido ocurriendo.

El aparato de justicia en Colombia requiere de profundas transformaciones democráticas que acerquen la justicia al pueblo, que permitan conocer la verdad sobre tantos crímenes que contra las organizaciones y dirigentes populares se han cometido, que garanticen una justa reparación por ellos y, sobre todo, que hagan inocuo cualquier intento de impunidad. Una reforma de esta naturaleza no puede debilitar aún más la administración de justicia mediante el robustecimiento de instancias que favorezcan a aparatos que, como los de las Fuerzas Armadas y de Policía, no han permanecido al margen de las estadísticas criminales del país.

EL CAMINO EQUIVOCADO DEL PRESIDENTE SANTOS

Por Rodrigo López Oviedo

Nada de orgullo nos produce la reacción del gobierno colombiano ante el fallo de La Haya. Nos hace acordar del muchacho riquito de la cuadra que, cuando alguna decisión no le gustaba, amenazaba con echar mano a su balón e irse.

Retirar al país del Alto Tribunal no puede ser la respuesta: ya lo hecho, hecho está, y el fallo es inapelable. Tal retiro solo va a dejar a nuestro país por fuera de un concierto inmenso de naciones que han entendido que para preservar la paz se requiere de mecanismos idóneos e imparciales a los que se pueda acudir en caso de conflictos que no puedan resolverse directamente entre las partes.

Pero con atizar la hoguera bélica tampoco puede responderse. El pueblo nicaragüense, al igual que el colombiano, ha tenido que trasegar por duros años de una violencia en la que los únicos beneficiados han sido los empresarios de la guerra, amén de unas oligarquías que han aprovechado tal ambiente para perpetuarse en el poder y hacerlo garante de su posición dominante dentro de la sociedad. Sólo ahora, con la revolución sandinista en marcha, nuestros hermanos han comenzado a vislumbrar un horizonte de luces, y mal haría Colombia con convertirse en el instrumento del Imperio que impida la consolidación de tan importante proceso.

Cómo contrasta la posición del gobierno Santos con la que ha asumido Daniel Ortega. A las soterradas agresiones del primero, el segundo ha respondido con una invitación al diálogo, todo con el más generoso ánimo de garantizarles a los pescadores de la zona, nuestros compatriotas sanandresanos, unas condiciones de trabajo que en nada demeriten las actuales y que, por el contrario, tiendan a mejorar, como vienen mejorando, en general, las del propio pueblo nicaragüense.

Y no se trata de nada nuevo. Recordemos que Nicaragua hace parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América –ALBA-, un tratado mediante el cual los ocho países integrantes buscan colaborarse y complementarse política, económica y socialmente, en pie de igualdad, como medio para superar los desequilibrios que los afectan. Gracias a ese tratado, el mundo ha visto cómo circulan médicos cubanos por entre la Alianza ofreciendo su formación científica, cómo el petróleo venezolano irriga sus industrias a precios subsidiados, en fin, cómo estos países brindan con desprendimiento, y a la vez reciben, la expresión de sus ventajas comparativas, todo en función del bien común y no de los apetitos del gran capital.

Ese es el camino que el presidente Santos debe tomar, en lugar de soltarles las riendas a los arrebatos bélicos de algunos personajillos que ya han demostrado su peligrosa condición.

¿SOBERANÍA EN LAS ISLAS?

Por Rodrigo López Oviedo

El que gana es el que goza. Eso es lo que popularmente decimos, y en esas anda el pueblo nicaragüense. Si los triunfadores en la Corte Internacional de Justicia de La Haya hubiéramos sido nosotros, la fiesta habría sido en nuestros lares. Lo cierto es que en Nicaragua creen que la decisión fue justa, como acá se cree que no lo fue. Incluso un ex presidente, de ingrata recordación, asegura que lo dictado no fue un fallo sino un despojo.

¿Quién tiene la razón? Mis luces no me alcanzan para tal discernimiento. Tan solo quiero llamar la atención sobre la machacona invocación a la soberanía que ahora corean nuestras oligarquías y su gobierno, los mismos que desde siempre la han dejado embolatada en manos del Imperio; son los mismos que la desconocieron al pueblo argentino cuando este la defendía a sangre y fuego en las Malvinas y los mismos que se la desconocen al pueblo cubano, al venezolano, al ecuatoriano, al boliviano, y a cualquiera otro que quiera tomar distancia de las imposiciones imperiales.

En las vecindades sanandresanas, tal soberanía solo ha sido ejercida a través de la humilde presencia de nuestros pescadores, los cuales siempre han visto en su personal pobreza, que cada vez se hunde más en espiral en busca de la miseria, la prueba fehaciente de un Gobierno al que, además de ausente, siempre se le ve trabajando en función de unos intereses que no son los suyos. De resto, quienes realmente han ejercido señorío en esas aguas que nos fueron borradas de nuestros mapas, y reconocidas a Nicaragua, son las mafias de la droga y los traficantes de armas.

De allí que se les sienta un tufillo de patrioterismo tardío y altanero a los altos mandos militares y funcionarios del gobierno colombiano que hoy hablan de desconocer el fallo como primer paso para entrar a defender por otros medios esa tan mal entendida soberanía.

Antes que tambores de guerra,  con el ingratamente recordado ex presidente en el bastón de mando, lo que necesitan los isleños, pero especialmente los cientos de pescadores directamente afectados con la pérdida de los 75 mil kilómetros cuadrados, son políticas oficiales como las que en su tiempo favorecieron al sector financiero, o las que hoy benefician a las castas agroindustriales, minero energéticas y terratenientes, pero sin las trampas de Agro Ingreso Seguro. Entre las primeras políticas, las de empleo deben descollar. No de otra forma  podrá evitarse que los problemas de la Isla se sigan empeorando, con el agravante de que pueda incrementarse la posibilidad de que le lleguen brotes de inseguridad que hagan inocuo su atractivo turístico.

LA CRISIS EUROPEA

Por Rodrigo López Oviedo

Cuando los trabajadores de varios países, todos a una, se dan a la tarea de preparar una huelga general y la llevan a cabo con descomunal éxito, es porque en tales países se ha llegado a una crisis de mayúsculas proporciones, acompañada de la pretensión de los respectivos gobiernos oligárquicos de descargarla sobre su masa laboral.

La crisis europea es tal que, el pasado 14 de noviembre, cientos de miles de trabajadores se vieron obligados a parar en España, Italia y Portugal, y a realizar otras acciones de protesta en Francia, Alemania, Polonia, Rumania, Bélgica, Inglaterra y Austria. Por su parte, los trabajadores checos y eslovenos pararon el 17 de noviembre, y más huelgas se siguen preparando en otros países de la eurozona. Así de grande es la necesidad de impedir que se sigan deteriorando las condiciones de vida de estos pueblos por las decisiones de unos gobiernos que cada vez disimulan menos el ser los defensores a ultranza del gran capital.

La literatura marxista es prolija en el análisis de esas crisis, que periódicamente sacuden al capitalismo, y sabia al advertir que tarde o temprano desembocarán en el derrumbe de ese sistema. En los últimos tiempos, se han hecho más frecuentes y duraderas, y sobre todo, acompañadas de mayores dosis de agresividad contra los trabajadores y la población en general. Esos agravamientos son, en parte, la consecuencia de políticas neoliberales que, al debilitar el poder de compra de los consumidores, terminan agigantando los niveles de inventario en las bodegas de las grandes compañías, provocando el desempleo y generando recesión económica.

A veces se cree que las políticas neoliberales, que en últimas se materializan en recortes a los derechos económicos, sociales, políticos y medioambientales, son una simple manifestación del deseo de mayores índices de ganancia de las oligarquías. Aunque ello es cierto, también  tienen el propósito de responder a las crisis descargando su peso sobre los hombros de los trabajadores. De allí que, además, vengan acompañadas de respuestas cada  vez más combativas de parte de quienes no tienen lugar en el selecto clan de los más ricos, como lo evidencian todas estas acciones de la masa obrera del continente europeo, orientadas a evitar que esas crisis desencadenen mayor desempleo, desinversión social, pérdida de valiosas conquistas laborales y el acabose del Estado de bienestar que reinaba cuando los avances sociales alcanzados en el llamado campo  socialista amenazaban con convertirse en un poderoso acicate para que los obreros de otros lares se inspiraran en ellos y buscaran instaurar su propio poder.

Propio poder que no es una quimera, como lo demuestran estos nuevos niveles de unidad y de protesta.

UN COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Por Rodrigo López Oviedo

En pasado comentario, me referí a las largas que le estaba dando el Gobernador del Tolima a la firma de los acuerdos a que había llegado con los campesinos e indígenas para que levantaran el paro que por casi una semana se adelantó en el departamento. Por fortuna para todos, el documento respectivo se suscribió y lo que queda es esperar que se cumpla.

Uno de tales acuerdos compromete al Mandatario seccional a poner de su parte para que los megaproyectos de la locomotora minero energética de Santos  tengan el menor impacto medioambiental posible, lo cual implica la supervivencia de nuestra fauna y de nuestra flora, la soberanía alimentaria, el disfrute paisajístico y cultural de la comarca, la permanencia de los tolimenses en los que han sido sus ambientes vitales, su salud y hasta su vida misma.

Es este un compromiso de bastas proporciones, pues bien es sabido que más de un 70 por ciento del territorio tolimense se halla bajo la amenaza de la mega minería, incluida buena parte de sus cascos urbanos. Con decir que un municipio como el Líbano ya tiene concesionado hasta el terreno que pisa su catedral.

Se trata, claro, de una preocupación no solo de nuestros campesinos e indígenas. Si bien son ellos los primeros afectados por estos proyectos, pues su desarrollo los obligaría a cambiar de vocación productiva, la población urbana también ha venido haciéndose consciente de la necesidad de repudiarlos, dados los nefastos efectos que producirán sobre la calidad de las aguas de la región, la salubridad, el abastecimiento de alimentos, el costo de vida y demás fenómenos inherentes a proyectos de esta naturaleza.

De allí que se hayan producido expresiones de rechazo popular tan   gigantescas como las cuatro Marchas Carnaval realizadas en Ibagué contra La Colosa. Para un funcionario con la responsabilidad que atañe a un gobernador, sopesar estas circunstancias y actuar en consonancia con ellas es lo menos que puede hacer, máxime si ha sido un compromiso expreso, rubricado en documentos que ya se han hecho públicos.

Y a propósito: ¿A cuento de qué migajas se ha convertido a la fanaticada del vino tinto y oro en valla publicitaria ambulante? ¿Serán más importantes unos billetes untados de cianuro y mercurio que la tranquilidad de unos colombianos de los que el ex senador Camargo ha recibido tanto? ¿No existirá poder humano que haga retirar de las camisetas del equipo la odiosa insignia de AngloGold Ashanti? Algunos dirán que se trata de aspectos meramente cosméticos, y puede que tengan razón; sin embargo, encarnan un simbolismo de dignidad terrígena, que debe ser en últimas una preocupación de todas las instituciones.

¡TODOS A FIRMAR!

Por Rodrigo López Oviedo

Contrario a lo que afirma el presidente Juan Manuel Santos, la reforma tributaria que está en curso ampliará la brecha que nos ha convertido en la tercera potencia mundial de la desigualdad.

Son tantas las gabelas que esta reforma le concede al sector empresarial, y tan negativos sus efectos sobre los pensionados, las capas medias y los trabajadores, que ya están circulando memoriales de rechazo y anunciándose paros indefinidos en entidades tan entrañables para nuestro pueblo como El SENA y Bienestar Familiar, las cuales, al igual que nuevamente el sistema de salud, saldrán severamente golpeadas.

Claro, son muchas las razones de los trabajadores para defender a estas entidades. Al fin de cuentas, ellas nacieron, y se han sostenido, gracias a tesoneras luchas, con las cuales han enfrentado los dictámenes del Imperio, orientados a elevar las tasas de ganancia del capital transnacional en los países subalternos.

Desaparecida la parafiscalidad, las entidades que se nutren de ella quedarán sometidas a recoger las migajas que caigan de la mesa presupuestal de la nación, cuyos bocados mas apetitosos seguirán destinados a saciar el apetito de los empresarios de la guerra y de la banca, al igual que de los corruptos, que han hecho del patrimonio público una fuente de enriquecimiento.

Por eso nos alegra ver el inmenso compromiso con el que nuestra muchachada se ha dado a la tarea de recoger firmas para hundir esta parte del proyecto, y con ella decimos: ¡a firmar todos!

Sin embargo, no es suficiente. Esta reforma continúa desarrollando el propósito de beneficiar a los pocos dueños del país, a quienes, además del descuento de los parafiscales, se les rebaja el impuesto de renta del 33 al 25 por ciento, lo cual es una rebaja cierta, a cambio de una hipotética sobretasa del ocho por ciento. Pareciera ignorar el Gobierno las incontables triquiñuelas que utilizan nuestros empresarios para evadir el pago de sus impuestos. Son las mismas que emplearán para birlar esta sobretasa, hundiendo con ello lo poco que nos queda del derecho a la salud y a la formación profesional integral y, el de los niños, a vivir al menos decorosamente sus primeros años.

Reformas tributarias como esta solo servirán para ampliar la extrema desigualdad existente en nuestra configuración social y para señalarnos que la solución solo puede venir de una nueva estructura de poder, en la cual puedan jugar papel predominante las organizaciones sociales y políticas que auténticamente representen los intereses de los marginados de siempre. Pero para ello se precisa del más sincero compromiso de sus líderes con la unidad real, en la cual no hay cabida para intereses personales ni de grupo.   

¡CUMPLA, SEÑOR GOBERNADOR!

Por Rodrigo López Oviedo

Al momento de redactar este comentario, cunde la inquietud entre los campesinos e indígenas del Tolima ante el incumplimiento de que vienen siendo objeto por parte del doctor Luis Carlos Delgado Peñón, Gobernador del departamento.

Como se recordará, los campesinos e indígenas, después de las agotadoras jornadas que realizaron bajo la inspiración de las orientaciones relacionadas con la Semana de la Indignación, que culminó en el paro nacional del 12 de octubre, lograron doblegar la resistencia oficial y sentar a la mesa de negociaciones al Gobierno departamental, inicialmente en cabeza del propio Gobernador, y luego a través de los funcionarios delegados por este.

Se suponía que lo que en esa mesa se acordara comprometería al Gobierno departamental. Tal parece que no, si nos atenemos a esa actitud dilatoria de la primera autoridad del departamento, quien, quince días después, no se ha dignado rubricar el respectivo documento.

Parecería más bien que este funcionario estuviera esperando que los campesinos e indígenas más próximos, así como los más alejados de la capital del departamento, le repitieran su visita para recordarle que los problemas de violencia que se han dado entre nosotros son la consecuencia de esos otros problemas de hambre, de salud, de desempleo, de carencias en educación, de tenencia de la tierra, de la pérdida de soberanía alimentaria, del desplazamiento que propician las grandes transnacionales minero energéticas; en fin, de problemas que él no puede solucionar en todo su contenido, pero que si se comprometió de palabra a palearlos de alguna forma, como representante de todos los tolimenses debe cumplir.

 

Otra cosa es que el señor Gobernador sea uno más de los muchos enemigos agazapados de la paz que buscan quebrar toda esperanza de la ciudadanía en las instituciones públicas y arrojarla de nuevo a formas de lucha que los colombianos demócratas quisiéramos ver superadas a través de acuerdos como los que la insurgencia pretende alcanzar con el Gobierno nacional en La Habana.

 

Entre otras cosas, uno de los puntos más importantes que se acordaron con los campesinos e indígenas fue el relacionado con la realización de 47 Constituyentes municipales por la paz, las cuales, si el acuerdo sigue en firme, habrán de desembocar el 12 de abril de 2013 en una gran Constituyente Departamental y a la cual se espera que concurran varios gobernadores más, pues en tal fecha se celebra un cumpleaños más del Tolima. ¿Será que el señor Gobernador también  pretende sacarle el cuerpo a este compromiso? Sería esta una salida en falso que, sumada al desconocimiento de los demás acuerdos, haría perder lo que queda de confianza en este funcionario. Por eso, ¡cumpla, señor Gobernador!             

¡MAL COMIENZO!

Por Rodrigo López Oviedo

Comenzó la segunda de las tres fases en que se ha dividido el proceso conducente a la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC. La importancia de esta nueva etapa radica en que en ella se discutirán los temas de la agenda convenida durante la primera fase, pero lo observado hasta el momento no da mayores motivos para la esperanza.

Quienes esperábamos con un optimismo moderado estos inicios hoy debemos reconocer que incluso tanta moderación representaba un exceso de candidez. Lo que estamos viendo es que los anhelos de cambio que embargan a los colombianos no serán representados por los delegados del Gobierno, pues estos, en particular su vocero, el doctor Humberto de la Calle Lombana, lo que han manifestado en la práctica es que no están dispuestos a negociar con las FARC-EP ninguna reivindicación que vaya más allá de permitirles salir del monte a seguir exponiendo sus ideales políticos, pero sin el acompañamiento de las armas, y a darles la cara a las víctimas y a la justicia (porque para ellos no puede haber impunidad), aunque olvidando, eso sí, los crímenes de Estado y que estos deben quedar bajo la égida del Código Penal.

¿Que el país está viendo cómo cunde la crisis en la salud, en la educación, en los servicios públicos domiciliarios a causa de unas políticas neoliberales que han fracasado en todo el mundo? No importa. El doctor de la Calle ha dicho que ese modelo no estará para la discusión en la Mesa de Diálogos.

¿Que lo que le sobrevendrá al país a consecuencia de los megaproyectos minero energéticos y agroindustriales será la devastación medioambiental y la pérdida de la soberanía alimentaria? No importa. La inversión extranjera, como principal responsable de esos flagelos, tampoco será objeto de discusión.   

¿Qué la escuela en que han venido siendo formadas nuestras tropas ha sido la responsable en parte de que ellas se hayan visto comprometidas en actos violatorios de los derechos humanos, que desdoran su honor y su legitimidad? No importa. El Gobierno no está dispuesto a discutir el tipo de doctrinas que deben imperar en los cuarteles.

En fin: lo que en la práctica nos está diciendo el doctor De la Calle es que en la Mesa de La Habana él no será quien represente las angustias de los colombianos, ni lo serán los demás integrantes de la delegación del Gobierno. Que quienes aspiramos a obtener reivindicaciones como las anteriores, y otras derivadas del preámbulo de la agenda, debemos consignar nuestra esperanza en lo que puedan hacer los negociadores de las FARC o resignarnos a otros 50 años de violencia.