EL TERRORISMO NO ES DE IZQUIERDA

Por Rodrigo López Oviedo

El doctor Fernando Londoño no es santo de la devoción de la izquierda. Menos lo es el ex mandatario del poncho y el perrero. El discurso de estos personajes es profundamente reaccionario y su práctica política reñida con los postulados de la ética. Las célebres actuaciones en Invercolsa, a través de las cuales el primero quiso apropiarse de unos derechos patrimoniales de tal empresa que estaban destinados a los trabajadores, y el trasegar del segundo por varias entidades del Estado, incluida la presidencia de la República, desde las cuales hizo lo menos posible por diferenciarse de Hitler, dan una idea de la catadura moral de tales señores, y sin embargo ello no justifica el atentado que produjo algunas lesiones al de Invercolsa ni el que supuestamente le tenía preparado al segundo el “Frente Carlos Gardel, de las Farc”, como jocosamente lo apuntó un importante caricaturista.

Debo aclarar que si lo anterior quedó dicho como si yo pensara que ambas acciones se originaron en la izquierda no es porque así lo crea. Es porque así quisieron hacérselo creer al país los grandes medios, apoyados para ello en irresponsables declaraciones de algunos generales que ni siquiera fueron respaldadas por Santos. Antes por el contrario, lo que hemos venido constatando es la existencia de una izquierda cada vez más civilista y resuelta a evitar que hechos aislados de sangre y terror la distraigan de la construcción de un orden político, económico y social con más justicia y pródigo en felicidad para todos los colombianos.

Cosa distinta es la que pueden decir los personeros del establecimiento. Limitados a mostrar una fachada de democracia que se circunscribe a señalarles a los electores por quién hay que votar cada cuatro años, el día a día de sus prácticas sí está teñido de terror y muerte. Y no me refiero solo al terror del desempleo que les imponen a muchos y a los bajos salarios con que afectan a los demás, ni a los dispensarios de muerte en que convirtieron nuestras instituciones de salud mediante la expedición de la Ley 100. Me refiero a las mucho más concretas manifestaciones de terror y de muerte que hemos conocido, por ejemplo, a través de las desapariciones forzadas y las ejecuciones por fuera de combate, también conocidas como falsos positivos, las cuales no nos dejan más alternativa que reconocer que estamos ante la existencia de típicos casos de terrorismo de Estado.

Estando el Estado en manos de la derecha y siendo un Estado terrorista, no nos queda más que colegir que el terrorismo es de derecha, no de izquierda, y que merece nuestro rechazo.

DE INMUNIDADES E IMPUNIDADES

Por Rodrigo López Oviedo

Se volvió costumbre del Gobierno tirar la piedra y esconder la mano; negar los hechos en la tormenta y reconocerlos en aguas calmas; aceptar que las cosas pasan solo cuando son incontrovertibles. Así lo vimos en la historia de humildes muchachos que terminaron asesinados dentro de un alevoso plan para cobrar los beneficios ofrecidos en memorandos militares a los que pronto se les descubrieron sus aristas criminales.  

Episodios de tal naturaleza solo en una ocasión generaron el debido remezón. Por ese entonces, las evidencias se hicieron tan ostensibles, y las responsabilidades llegaron a tan altos niveles, que el comandante general del Ejército, tres generales más, 11 coroneles y un mayor tuvieron que verse defenestrados de sus cargos al hacérseles imposible demostrar el embuste de las muertes en combate.

Ese episodio en particular hizo notorio un escandaloso encadenamiento de complicidades que, por no siempre salir a la luz pública, dejan ocultos a los responsables de unas estrategias de seguridad orientadas a eternizar un statu quo que solo beneficia a unas cuantas familias, de las cuales forman parte uno que otro de los muchos funcionarios que hoy se creen dueños del poder, no siendo en verdad más que ingenuos servidores de los verdaderos dueños, así finalmente saquen un modesto partido de las posiciones que ostentan.

En esa cadena de responsabilidades están los ejecutores tácticos de las decisiones estratégicas, que son los que asumen las culpas por los fracasos en que se incurra. Allí siempre habrá oficiales de variada graduación, puestos todos en camino a un generalato al que podrán acercarse, o incluso llegar, según sea su grado de obsecuencia en el cumplimiento de las estrategias.

Están también los otros, los inmostrables, los del trabajo sucio, los mancusos, aquellos personajes siniestros que no reciben charreteras ni rangos honoríficos, pero sí poderes libres de toda jurisdicción que no pueda sustraerse al imperio de sus armas.

Todos pagan sus responsabilidades con la impunidad; pero cuando esa impunidad se les hace imposible, los primeros pagan con el cargo, y algunas veces con las rejas; los segundos con las rejas, y si saben mucho, con la extradición. Ah, y ambos con el riesgo de pagar también con el silencio de los camposantos.

Los que sí nada pagan son los responsables de todo: los grandes dueños del país, que son los mayores beneficiados con tan vergonzosas complicidades. Y entre ellos, el que nos ha sembrado de más vergüenza, el mandatario del poncho y el perrero, que aunque le sean señaladas sus culpas por los mancusos que ayer le sirvieron, continúa orondo enrostrándonos la impunidad a que le da lugar la inmunidad presidencial. ¡Por ahora!

LOS "CHILLIDOS" TRIBUTARIOS DE SANTOS

Por Rodrigo López Oviedo

El presidente Santos le ha anunciado al país una reforma tributaria “para que chillen los ricos”. Conocidos los primeros pronunciamientos de su ministro de Hacienda, parece que los chillidos no tendrán tal origen, pues se seguirá por los caminos de la postración del Estado ante el gran capital y de deterioro de los intereses populares.

Hace algo más de 30 años, las sociedades anónimas (fundamentalmente sociedades entre ricos) pagaban un impuesto de renta del 40 por ciento, sus accionistas tributaban por los dividendos que ganaban y, como parte de las políticas de protección a la industria nacional, se gravaban las mercancías extranjeras con altas tasas arancelarias. También por ese entonces, las sociedades de responsabilidad limitada (fundamentalmente, sociedades entre pobres) tributaban el 20 por ciento y las cooperativas estaban exentas de todo pago.

El panorama de hoy es completamente distinto, pero solo para bien del gran capital. A las sociedades anónimas se les redujo el impuesto al 33 por ciento, las tasas arancelarias a casi ceros, se eliminó el impuesto a los dividendos y se crearon zonas francas por doquier, con impuestos irrisorios. Y para compensar el daño causado al erario por tan nefastas reformas, a las sociedades de responsabilidad limitada se les niveló la tarifa con la de las sociedades anónimas, se creó el IVA, a las cooperativas se les estableció un impuesto del 20 por ciento y, con la flexibilización laboral, se impuso la retención en la fuente sobre las rentas de trabajo.

Como si semejante historial no diera suficientes evidencias del favoritismo oligárquico con que han sido manejados los tributos, con la nueva reforma se busca que siga cayendo en picada el impuesto al gran capital, mientras, compensatoriamente, se nos anuncia la creación de un IVA del cinco por ciento a los productos de la canasta familiar que estaban exentos, disque porque el 70 por ciento de tales exenciones solo beneficia a los ricos. Claro que con los niveles de consumo del resto de la población, esta afirmación sí resulta irrebatible.

Ahora Santos ha dicho que no respaldará la extensión del IVA a nuevos productos por la imposibilidad de devolverles a los estratos más humildes lo que paguen por tal concepto. Seguramente se imaginó a esos millones de pobres haciendo apretujadas colas para que les devuelvan los 15 o 20 mil pesos que les arrebataría la reforma. Esta es una buena razón, pero sería preferible que, antes que por ella, se preocupara por el paro cívico nacional que le “chilla” pierna arriba, según los anuncios hechos desde tantos eventos populares como los que se han realizado, y muy especialmente desde la Marcha Patriótica.

LIBERTAD DE PRENSA Y DERECHO A LA INFORMACIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Según el artículo 20 de nuestra Constitución Política, los colombianos tenemos garantizada la libertad de expresar y difundir nuestro pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de comunicación.

Se trata, por supuesto, de un conjunto de libertades con respecto a las cuales no tendríamos sino elogios, sobre todo si fueran conducentes a la formación de una opinión pública cada vez mejor informada y, lo que es muy parecido, menos dúctil a los intereses de los verdaderos dueños del país, que son los únicos que pueden fundar medios capaces de convertir en verdades aplastantemente aceptadas lo que solo es el reflejo periodístico de sus reales intereses de clase.    

Cuando fue proclamado el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, las Naciones Unidas no solo reconocieron en ella “un componente esencial de toda sociedad democrática”, sino también “un derecho humano fundamental”. El que las grandes mayorías estemos al margen de toda posibilidad de ejercerlo como derecho es apenas una de las consecuencias de no contar con un Estado capaz de deslindar campos con el gran capital y de garantizarle al conjunto social el acceso a la información veraz y oportuna, esto es, sin sesgos que desnaturalicen su contenido.

Por eso no dudamos en señalar que habría sido mucho mayor la contribución de los constituyentes del 91 al bienestar de los colombianos si, en lugar de otorgarnos tales libertades, que ya teníamos y que a pesar de ello les agradecemos, hubieran señalado con toda la fuerza derivada de un mandato constitucional el carácter de derecho inalienable de tales manifestaciones de libertad y se hubieran establecido mecanismos suficientes para garantizar que su ejercicio efectivo no se convierta en letra muerta, como ha venido ocurriendo para las inmensas mayorías con toda la carta de derechos establecida en la misma Constitución.

Y si a lo anterior agregáramos la mordaza, la persecución y las amenazas de muerte que penden sobre nuestros periodistas independientes, además de los numerosos casos en que tan anómalas circunstancias ya se han hecho efectivas, tendríamos que concluir que en este campo está todo por hacer si no fuera por el esfuerzo de cientos de compatriotas que se dan a la tarea de aportar lo mejor de sí a través de los denominados medios alternativos. Ellos, sobreponiéndose a las angustias de tan criminal acoso, son los verdaderos garantes de que tengamos algunos atisbos de información veraz, imparcial y oportuna, mientras el Gobierno, al tiempo que protege la libertad de prensa oligárquica, se dedica a perseguirlos. A ellos dedicamos estas modestas palabras.