UN JUSTO RECLAMO

Por Rodrigo López Oviedo

Dada la inmensa deuda que el Gobierno nacional ha acumulado con prácticamente todos los sectores sociales, el título de este comentario puede parecer de perogrullo, pero es necesario calificar de alguna forma el eterno reclamo elevado por los estamentos básicos de la universidad pública colombiana al mismo Gobierno. Precisamente por estos días cayó en mis manos un juicioso documento de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), dirigido al Congreso de la República el 15 de octubre de 2009, a través del cual examinan normas, preceptos constitucionales, fallos de las Cortes, estadísticas y otros elementos que a su juicio constituyen plena prueba de los incumplimientos de los gobiernos central y territoriales con la educación superior.

Lo primero que llama la atención, aunque el documento no lo diga, es el alto grado de mentira oficial de que hemos venido siendo objeto los colombianos, pues con desbordada alharaca se ha pretendido hacernos creer que hay progreso en la universidad pública, según lo indican unos incrementos en su cobertura de no sé cuánta magnitud. Será posible tal progreso cuando lo que dicen otras estadísticas, las presupuestales, es que los recursos financieros se han desminuido en pesos constantes durante el período comprendido entre 2002 y 2010, precisamente el de mayor alharaca?

Claro que no es posible porque, con los recortes presupuestales sobrevinieron, el hacinamiento, el bajo rendimiento académico, la disminución de los espacios para la investigación, el arte, el deporte y la cultura y la mayor rotación de alumnos, dadas las altas tasas de deserción que el mismo Gobierno reconoce. Pero también, y esto es lo que más preocupa, el abandono de ese papel de primordial importancia que debe cumplir la universidad, cual es el de servir de faro a la sociedad para que no se distraiga por desechos que la separen de su humano norte, y al hombre para que alimente sus anhelos de utopías y encuentre los caminos para conquistarlas.

El sistema de educación superior está regulado por la ley 30 de 1992 y es la intensión del Gobierno nacional buscarle reemplazo mediante un nuevo estatuto normativo que, entre otros cambios, introduzca a la universidad pública en el universo de las entidades con ánimo de lucro. Esto agravaría la actual situación y por eso se han puesto en estado de alerta los estamantos universitarios básicos. La responsabilidad que a ellos les asiste en la presente coyuntura es inmensa, pues no solo deben aprovecharla para superar las limitaciones de la mencionada ley, sino también para evitar que al sistema se le meta chucha por guagua con argumentos que, más que evidenciar, encubren propósitos ajenos a las necesides de los colombianos.



CAMBIOS PARA EMPEORAR

Por Rodrigo López Oviedo

Con la reestructuración que se propone hacerle al sistema público de educación superior, el Gobierno nacional le dará una evidencia clara al país de que lo malo puede empeorar. En palabras del presidente Juan Manuel Santos, la mencionada reestructuración permitirá convertir a las universidades públicas en entidades con ánimo de lucro y facilitar el arribo a ellas de la inversión privada.

Lo que verdaderamente se esconde tras este anuncio es la intensión del Gobierno nacional de seguir debilitando el apoyo oficial a la formación superior y continuar por los fracasados caminos de las políticas neoliberales, en desmedro de los intereses de los más necesitados. No es una política nueva. En ella ha venido trabajando el establecimiento desde siempre. La historia recuerda, por ejemplo, los agresivos planes de principios de los años setenta, que obligaron al movimiento estudiantil a levantarse en defensa de lo que se conoció como el Programa Mínimo y al ministro de Educación del gobierno de Misael Pastrana, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, a esgrimir el garrote que hábilmente escondería después para hacer más creíbles sus poses de demócrata.

Con Juan Manuel Santos esas mismas políticas se seguirán imponiendo, solo que ahora, a partir de esta reestructuración, de una forma más cínica y desbordada, toda vez que ante cada intensión de reclamo de presupuesto para la universidad podrá dar respuestas relacionadas con eficiencia, eficacia, rentabilidad o cualquiera otra de las variables tan en boga en la empresa privada, pero que resultan sofísticas y agresivas si se le lanzan a una población que, como la que carece de recursos para cursar su formación en la universidad privada, espera con justa razón que sea la pública la que le atienda en tan sentida necesidad.

El capitalista privado que quiera tantear posibilidades de rentabilidad en la educación superior tiene un escenario extenso para hacerlo en las actuales universidades privadas. Es más, si estas no le ofrecen suficiente retorno, puede crear nuevas universidades. Incluso, si lo que le está picando es un avispón verdaderamente altruista, también puede invertir en la universidad pública, pero sin que pretenda tener injerencia en el manejo de los destinos de la universidad, sin que su inversión implique que el centro superior tenga que perder su condición de entidad sin ánimo de lucro y sin que la autonomía de este se vea afectada en lo más mínimo. Mientras no sean tales las condiciones que estén en condiciones de aceptar los inversionistas privados, lo mejor es que ellos y sus mandaderos del alto Gobierno desistan de sus intensiones si no quieren que vuelva la comunidad universitaria a izar las banderas de un Nuevo Programa Mínimo.

POR UNA NUEVA POLÍTICA PETROLERA

Por Rodrigo López Oviedo

Aunque las crisis políticas de los países árabes no han sido utilizadas aún por nuestro Gobierno para justificar una nueva alza en los combustibles, no demorará en hacerlo. Para ello cualquier pretexto es bueno y estas crisis lo son más.

Nuestra política petrolera está diseñada para que, pase lo que pase en los mercados internacionales, el precio interno suba. En primer lugar, porque si este se incrementa en el exterior, el gobierno no puede dejar de percibir lo que recibiría si el combustible de producción nacional se vendiera fuera de las fronteras nacionales. Y, en segundo lugar, y esto es lo que hace aberrante tan curiosa política, porque si cae el precio en aquellos mercados, el gobierno tampoco puede permitir que por tal caída entren en déficit el Fondo de Estabilización para los Precios de los Combustibles (FEPC) y el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). Lo cierto es que ninguno de tales fondos ha servido para estabilizar nada. A lo sumo, para paliar el creciente déficit fiscal.

En el párrafo anterior hice alusión al precio del consumo interno porque otra perla de esta política es que la venta del crudo que se les hace a las trasnacionales para su distribución en el exterior es a precios inferiores a los que pagamos los colombianos en los expendios, ya que apenas incluyen variables que resultan apenas razonables, como son los costos de exploración y extracción, los fletes internos, los impuestos y un margen razonable de ganancias, aunque estos dos últimos tienen un carácter ciertamente leonino.

Para el consumo interno hay en cambio otras variables adicionales que no merecen otro calificativo que el de expoliantes ya que corresponden a costos que jamás se presentan, como es el caso de los fletes desde las costas de Estados Unidos a puerto colombiano, los seguros marítimos y reaseguros y los aranceles de importación. Con la inclusión de estos factores, el Gobierno pretende hacernos creer que lo que se está haciendo es eliminar los subsidios a los estratos medio y alto de la población, que son los que tienen carro, cuando todos sabemos que finalmente los precios de los combustibles caen en cascada sobre los artículos de la canasta familiar de todo el mundo, tengase o no vehículo.

Con semejante política, Ecopetrol liquidó utilidades en el año 2010 por 8.3 billones de pesos, pero por razón de la pasada venta del diez por ciento de su patrimonio accionario, 830 mil millones tendrán que pasar a manos privadas. Pese a ello, el Gobierno sacará al mercado otro diez por ciento. Así de grande es la angurria de los conmilitones del régimen.



TODOS CON LIBIA

Por Rodrigo López Oviedo

En contraste con el silencio actual del gobierno colombiano, que terminará por convertirse en postración a los designios norteamericanos, los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina –ALBA-, en una declaración que no es de extrañar en ellos, pero que tampoco tiene muchos antecedentes, resolvieron rechazar los intentos de Estados Unidos y la OTAN de pescar en el río revuelto de las convulsiones de Libia y, con pretextos humanitarios, tomarse por asalto la soberanía de ese país para ponerlo bajo el mando de un gobierno títere. Además de su rechazo, los países del Alba proponen conformar una comisión internacional de paz que ayude al pueblo libio a salir del trance actual.

La situación de Libia es muy compleja. Desde hace 42 años viene siendo gobernada por Muamar Al Gadafi, un líder beduino que, con 27 años de edad, logró movilizar a su pueblo hacia el derrocamiento de un monigote, el rey Idris, impuesto por Inglaterra y Francia, lo cual posibilitó la expulsión de las fuerzas coloniales, la recuperación de las ingentes riquezas del subsuelo patrio, el impulso de la nación hacia grados de desarrollo y nivel de vida antaño impensables y la inauguración del camino a lo que denominó socialismo islámico, un híbrido entre Islam, socialismo y democracia directa a través de los Consejos Populares. Ese mismo líder lamentablemente viró años después hacia políticas neoliberales y coqueteos con occidente, buscando ciertas satisfacciones narcisistas de reconocimiento internacional, con las cuales perdió parte de los afectos conquistados en sus primeros años de poder y dio motivos al imperio para azuzar el actual levantamiento.

Pero coincidiendo con estas revueltas sociales, las grandes cadenas internacionales de comunicación se han dado a la tarea de exagerar el drama, al punto de obligar a un gobierno, el ruso, a desmentir la ocurrencia de supuestos bombardeos a poblaciones civiles, pues tales hechos, de haberse presentado, habrían sido detectados desde sus satélites, lo cual nunca ocurrió. Estamos, entonces, ante un plan concebido para vencer anticipadamente cualquier resistencia que pudiera darse ante el desarrollo de políticas de invasión.

Definitivamente, al lado del mundo real existe un mundo mediático creado al impulso de las necesidades del imperio. Ello eleva la importancia del pronunciamiento de los países del Alba y hace imperiosa la necesidad de que cerremos filas en rechazo a este proyecto invasivo, cualquiera que sea el criterio que tengamos de Gadafi, pues es a los libios a quienes corresponde dirimir sus diferencias. Que no ocurra en Libia lo que ya hemos visto en Irak, Afganistán y otros países, donde las fauces del imperio se abren, primero, para justificar y, luego, para engullir.

BALANCE DE UNA JORNADA

Por Rodrigo López Oviedo

Pese a la carencia de recursos con que contó la Veeduría Cívica contra el Predial para financiar la movilización del pasado jueves, al silencio de los medios de comunicación, salvo el Canal 20 de Global TV, y a la apatía con que la convocatoria misma fue acogida por organizaciones sociales que tradicionalmente han sido motor de la protesta ciudadana, los habitantes de Ibagué pudimos rechazar los incrementos exagerados que se le han hecho a tan lesivo impuesto, al igual que a todos los servicios públicos.

Claro, no se trató de una participación que generara parálisis (no se trataba de eso), pero sí suficiente para hacer ver que todavía hay quienes defienden los derechos de la ciudadanía de las absurdas imposiciones de un Alcalde y un Concejo municipal que solo parecen reconocer sus propios intereses.

No se trató de una participación que causara grandes traumatismos, pero sí suficiente para notificarle a la administración municipal que sin recursos, sin la participación de los medios, y aún con la apatía de muchas organizaciones sociales, la Veeduría tiene audiencia y un poder de convocatoria que puede ir en ascenso si siguen sordos los administradores de la cosa pública al clamor ciudadano.

En fin, no se trató de una participación siquiera proporcional a la magnitud del problema que se denunció, pero sí suficiente para que los organizadores se sientan estimulados en el papel que vienen jugando y convencidos de que el caudal que se vio en esta jornada, aunque pequeño, seguirá creciendo y cada vez con mayores posibilidades de éxito, máxime en una temporada electoral como la actual, en la que muchos politiqueros de pacotilla, especialmente los actuales concejales, comienzan a sentir de nuevo la necesidad del apoyo ciudadano.

Lo que viene ahora no es otra cosa que la continuidad en la lucha. El camino legal para el desmonte del dañino incremento no es otro que el que sirvió para imponerlo. El señor Alcalde debe enmendar su error presentándole al Concejo municipal un proyecto de acuerdo que establezca unas tarifas menos lesivas para los años venideros y una política de descuentos por pronto pago que pueda ser efectivamente aprovechada por la ciudadanía.

Pero para que así suceda, el mismo Alcalde debe ser estimulado por una Veeduría igual de activa, pero más sintonizada con la realidad social de Ibagué, mejor concertada con las organizaciones sociales y más dispuesta a trabajar en alianza con ellas. Solo así podrá garantizar que el Burgomaestre y sus concejales de bolsillo sientan el justificado enojo de una ciudadanía que, para poder atender las exacciones a que ellos la someten, tiene que negarle el pan a sus hijos.