Por Rodrigo López Oviedo
Ya nos habíamos referido anteriormente a la extraordinaria suerte del presidente Álvaro Uribe. Cada día aparecen nuevas evidencias de ello, con el agravante de que todas coinciden en su propósito distractor y en su capacidad de impedir que los esfuerzos de los sectores democráticos puedan concentrarse en la tarea de una eficaz oposición.
De esa evidente suerte hacen parte los supuestos computadores de Reyes, ahora convertidos en una especie de Caja de Pandora, de los cuales podrá salir todo lo que se quiera utilizar contra el pensamiento democrático del país y los gobernantes vecinos, sin que se pueda esperar para el final el hálito de esperanza que quedó como contenido postrero de la consabida Caja.
En su última sacudida, de los computadores salieron supuestas referencias que comprometen con las FARC a un ex candidato presidencial, tres congresistas, tres periodistas y cuatro extranjeros. Lo cierto es que para tales sindicaciones no hacía falta ningún computador. Hubiera bastado con espulgar en los archivos oficiales y periodísticos para encontrar evidencias acerca de la participación de la mayoría de estas personalidades en procesos de paz o de intercambio humanitario, que es por lo que se les quiere criminalizar, y en los cuales estuvieron en compañía de funcionarios del Estado o con su previa autorización, o motivados por la labor que demandan el ejercicio congresual y el periodístico.
Obviamente que de la prensa o de los archivos oficiales no hubiera podido esperarse el impacto que se buscó mediante estos computadores, que –manipulados, según el informe escrito de INTERPOL, o no manipulados, según el informe verbal de su Secretario General- nadie podrá demostrar que pertenecieran realmente a Raúl Reyes y menos que de ellos no puedan salir cuantas “pruebas” se requieran para someter judicialmente a quienes le resulten incómodos al ejecutivo.
Tal vez los casos que resultan más aberrantes, precisamente por lo notoriamente contraevidentes, son el de la senadora Piedad Córdoba, el del ex candidato presidencial Álvaro Leyva Durán y el de Carlos Lozano Guillén, director del semanario Voz. Estas tres personalidades, en diversas oportunidades, han recibido encargos oficiales para acercarse a la guerrilla en temas relacionados con el conflicto. Con su ominosa vinculación no puede haber más propósito que el de elevar a delito la búsqueda del intercambio humanitario, criminalizar la lucha por la paz, como se ha criminalizado la lucha social y sindical, y seguir descolgando cortinas de humo ante los escándalos de la narcoparapolítica, agudizados ahora por las extradiciones con que se pretenden entrabar las delaciones de la cúpula paramilitar, pero también ante las escandalosas irregularidades presentadas en el trámite del acto legislativo que prorrogó la presencia de Álvaro Uribe en la Presidencia de la República a cambio de puestos y recursos oficiales.
El mundo entero bien conoce las consecuencias que puede traer una cacería de brujas como la que se insinúa si no se interpone la pronta cortapisa a sus instigadores. Esta búsqueda de chivos expiatorios nadie sabe a dónde puede llegar. De tal manera que lo mejor es que el pensamiento democrático se disponga a dar una nueva y noble batalla por la preservación y conservación para la lucha democrática de estas figuras que hoy están en el banquillo de los acusados. De paso, servirá para blindar de tan nefasta suerte a otros dirigentes populares igualmente valiosos.
Ya nos habíamos referido anteriormente a la extraordinaria suerte del presidente Álvaro Uribe. Cada día aparecen nuevas evidencias de ello, con el agravante de que todas coinciden en su propósito distractor y en su capacidad de impedir que los esfuerzos de los sectores democráticos puedan concentrarse en la tarea de una eficaz oposición.
De esa evidente suerte hacen parte los supuestos computadores de Reyes, ahora convertidos en una especie de Caja de Pandora, de los cuales podrá salir todo lo que se quiera utilizar contra el pensamiento democrático del país y los gobernantes vecinos, sin que se pueda esperar para el final el hálito de esperanza que quedó como contenido postrero de la consabida Caja.
En su última sacudida, de los computadores salieron supuestas referencias que comprometen con las FARC a un ex candidato presidencial, tres congresistas, tres periodistas y cuatro extranjeros. Lo cierto es que para tales sindicaciones no hacía falta ningún computador. Hubiera bastado con espulgar en los archivos oficiales y periodísticos para encontrar evidencias acerca de la participación de la mayoría de estas personalidades en procesos de paz o de intercambio humanitario, que es por lo que se les quiere criminalizar, y en los cuales estuvieron en compañía de funcionarios del Estado o con su previa autorización, o motivados por la labor que demandan el ejercicio congresual y el periodístico.
Obviamente que de la prensa o de los archivos oficiales no hubiera podido esperarse el impacto que se buscó mediante estos computadores, que –manipulados, según el informe escrito de INTERPOL, o no manipulados, según el informe verbal de su Secretario General- nadie podrá demostrar que pertenecieran realmente a Raúl Reyes y menos que de ellos no puedan salir cuantas “pruebas” se requieran para someter judicialmente a quienes le resulten incómodos al ejecutivo.
Tal vez los casos que resultan más aberrantes, precisamente por lo notoriamente contraevidentes, son el de la senadora Piedad Córdoba, el del ex candidato presidencial Álvaro Leyva Durán y el de Carlos Lozano Guillén, director del semanario Voz. Estas tres personalidades, en diversas oportunidades, han recibido encargos oficiales para acercarse a la guerrilla en temas relacionados con el conflicto. Con su ominosa vinculación no puede haber más propósito que el de elevar a delito la búsqueda del intercambio humanitario, criminalizar la lucha por la paz, como se ha criminalizado la lucha social y sindical, y seguir descolgando cortinas de humo ante los escándalos de la narcoparapolítica, agudizados ahora por las extradiciones con que se pretenden entrabar las delaciones de la cúpula paramilitar, pero también ante las escandalosas irregularidades presentadas en el trámite del acto legislativo que prorrogó la presencia de Álvaro Uribe en la Presidencia de la República a cambio de puestos y recursos oficiales.
El mundo entero bien conoce las consecuencias que puede traer una cacería de brujas como la que se insinúa si no se interpone la pronta cortapisa a sus instigadores. Esta búsqueda de chivos expiatorios nadie sabe a dónde puede llegar. De tal manera que lo mejor es que el pensamiento democrático se disponga a dar una nueva y noble batalla por la preservación y conservación para la lucha democrática de estas figuras que hoy están en el banquillo de los acusados. De paso, servirá para blindar de tan nefasta suerte a otros dirigentes populares igualmente valiosos.
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