PROBLEMAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

Por Rodrigo López Oviedo

En frase que patentiza bien lo que es la picaresca de nuestro pueblo, y que además refleja la gravedad del problema que se pretende denunciar, “ahora resulta más barato enviar las basuras a través de Servientrega que mediante los servicios de Interaseo”.

Claro que lo de basuras es un decir, pues bien sabemos que entre las empresas prestadoras de servicios públicos hay una reñida competencia para ver quién se queda con el primer lugar, no solo en mayores tarifas, sino también en cuanto a abusos con los usuarios.

El nuestro es un país de leyes, pero de leyes y jurisprudencias burladas.

La sentencia de la Corte Constitucional C-150 de 2003 señaló que, antes de la suspensión de un servicio público, al usuario se le debe notificar el acto administrativo que lo ordena y correrle el traslado correspondiente para que haga los descargos e interponga los recursos respectivos antes de proceder al corte del respectivo servicio. ¿Será que esto se cumple?

Según sentencia 16850 del Consejo de Estado, los costos del alumbrado público deben correr por cuenta de los municipios en lugar de  cargarse a la factura del servicio de energía eléctrica. ¿Estará alguna autoridad sancionando por la inobservancia de este fallo?

Según el artículo 144 de la Ley 142, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los instrumentos necesarios para medir su consumo “a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas” adecuadas. ¿Será que esta regla funciona así entre nosotros?

La Corte Constitucional expidió la Sentencia Unificadora SU-1010 del 16 de octubre de 2008, en la cual se reitera que los prestadores de servicios públicos domiciliarios carecen de toda potestad para imponer sanciones pecuniarias a sus usuarios, en razón a que dicha facultad no tiene sustento legal. Con fundamento en tal fallo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se pronunció el 24 de febrero de 2009 mediante la resolución SSPD–20091300004765 informándoles a las prestadoras de servicios públicos que les quedaba “terminantemente prohibido” imponer tal tipo de sanciones a sus usuarios. ¿Será que los cortes y cobros por reconexión de estos servicios no constituyen sanciones, y sanciones dobles, a unos usuarios que a lo sumo han incurrido en la falta de no contar con los recursos para el pago oportuno de tales servicios?

Como las respuestas a estas preguntas son obvias, los ciudadanos que se las han formulado ya vienen forjando movimientos de rechazo a tan malos procederes de las prestadoras y a la connivencia con ellas de los entes de control. Hacemos votos porque esos procesos continúen y porque pronto se encuentren haciendo parte de un torrente común.

ACERCA DEL SISTEMA ELECTORAL

Por Rodrigo López Oviedo

Un aspecto al que se le ha reconocido particular importancia en el “Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” es el relacionado con el de la participación política. De ello hablan los puntos segundo y tercero de la agenda, lo cual hace prever que, de concluir felizmente los diálogos, las condiciones que en tal campo queden dibujadas no serán iguales a las del régimen de falsa democracia y de exclusión que rigen actualmente.

La participación política es un derecho al que en teoría podemos acceder todos los colombianos. Sin embargo, el sinnúmero de magnicidios pre y poselectorales que nos ha tocado sufrir, los continuos escándalos de fraude que acompañan cada elección, la falsificación de cédulas, el voto de los difuntos, los dineros de las mafias, las campañas ventajosas y plagadas de engaño, la compra-venta de jurados, de testigos electorales y de respaldo ciudadano, para solo mencionar algunos procedimientos con los cuales se tuerce la voluntad de los electores, nos permiten afirmar que tal derecho solo existe como caricatura, y que también en ese campo se está necesitando de todo un revolcón institucional que haga real y creíble nuestra falsa democracia.  

Tal revolcón debe partir del reconocimiento de que, en gran medida, el conflicto armado ha sido alimentado por la extrema desconfianza que el establecimiento despierta en sus elecciones. Un botón basta de muestra: nadie creyó en el triunfo presidencial de Misael Pastrana Borrero, y esa incredulidad le dio vida al Movimiento M-19. Por eso necesitamos con urgencia de un sistema electoral que sea capaz de ofrecer plenas garantías a la ciudadanía de que los resultados que se emitan en cada contienda electoral son el reflejo auténtico de su voluntad.

Ese nuevo sistema electoral debe partir de una base de datos debidamente depurada, blindarse con avances tecnológicos tan importantes como el voto electrónico y montarse bajo la supervisión y asistencia científica y técnica de un grupo de expertos internacionales que, además de su comprobada probidad, esté rodeado de las garantías que se  hagan necesarias para que al final pueda emitir un dictamen claro y detallado acerca de las calidades alcanzadas con el nuevo sistema. No de otra forma podremos concurrir a las urnas (y urnas pasará a ser simplemente un decir) con el convencimiento de que la voluntad que colectivamente depositemos en ellas sea la que finalmente termine siendo reconocida. 

Si queremos que lo que sobrevenga a los acuerdos Gobierno-FARC sea un plan estructurado para la paz, como lo queremos todos los colombianos de bien, debemos presionar para que esos acuerdos tomen en cuenta aspectos como los anotados.

UNIDAD CONTRA EL DESANGRE

Por Rodrigo López Oviedo

Pese a que los primeros acercamientos para alcanzar la paz parecían indicar que estaban acompañados de las mejores intensiones entre las partes, ya comenzaron a presentarse desencuentros que obligan a prender alarmas a quienes queremos que esta valiosa oportunidad cuaje debidamente.

Siendo una de las más importantes motivaciones de este proceso la de ponerle fin al desangre nacional, no se entiende que haya posiciones tan contrarias a ese propósito como la de rechazar un cese de las confrontaciones militares hasta tanto no se llegue a pactos sobre los demás temas de la agenda. Con tal actitud, se está evidenciando un temor reverencial hacia los sectores más extremos de la derecha, del militarismo y de quienes se lucran con la sangre de nuestro pueblo, que es la forma más ominosa del pasivo social con que quedan balanceadas las utilidades producidas por la guerra a tan abyectos personajes.

De esas posiciones debe retirarse el presidente Santos. Él bien sabe que unas discusiones bajo la confrontación armada, con todo el torvo aprovechamiento mediático a que da lugar, solo pueden beneficiar a quienes están, no con el deseo del pronto fin de la guerra, sino de abortar las conversaciones.

Por fortuna, como lo han manifestado las propias FARC, su propuesta de cese bilateral de las acciones militares no es prerrequisito para el inicio de las conversaciones, como tampoco lo es la presencia de Simón Trinidad en la mesa de negociaciones. Ellas son conscientes de que un empecinamiento en tales ideas sería un terrible obstáculo para un proceso que cuenta con la debilidad propia de todo lo que está en ciernes, pero en cuya feliz culminación están llamadas a ser las primeras comprometidas.

Sin embargo, una cosa es que las negociaciones se adelanten en medio del fuego cruzado y otra que la llamada sociedad civil, apropiándose del papel activo que como víctima le corresponde, no exija el alto temporal al baño de sangre ni presione el abordaje sin mezquindades del contenido de la agenda acordada, al tiempo que levanta sus propias exigencia de solución a los múltiples problemas que hoy padecemos.

Se trata de empeños en los que, por cierto, debemos estar concertados los colombianos de bien, pero muy especialmente las dirigencias de las organizaciones, movimientos y partidos que se han manifestado proclives a la solución política del conflicto armado, así como los que de manera reiterada han rechazado el uso de las armas con fines políticos. En esta coyuntura política podemos encontrarnos todos. El Paro Nacional del 12 de octubre y la Constituyente por la Paz, en preparación, son dos buenas oportunidades para demostrar que estamos inspirados en tal voluntad.

EL PROCESO DE PAZ NECESITA BLINDARSE

Por Rodrigo López Oviedo

Confirmados por el presidente Santos los acercamientos que ha hecho con las guerrillas, conocida la agenda de los diálogos que vendrán y establecida la forma en que se realizarán, a los colombianos nos corresponde rodear y defender el proceso para que lo que de él salga, incluida la salida política del conflicto, sea de la mayor conveniencia para los intereses de las inmensas mayorías.

Se trata de unas conversaciones nada fáciles, pues bien es sabido el carácter estructural de las causas que nos han mantenido en guerra por más de cincuenta años y las grandes transformaciones políticas, económicas y sociales que deben operarse para que no solo cese este desangre, sino también para que no vuelva a repetirse.

Para infortunio de nuestro país, en esos propósitos transformadores no nos encontramos todos. Ya son muchos los personeros de oscuras ideologías que se han manifestado en su contra. En esa actitud, el país ha comenzado a ver a los usufructuarios de los 26 billones de pesos del presupuesto anual que se destina a la guerra, que no querrán desprenderse de tan carnosa tajada. Y verá también a quienes se benefician de un statu quo que tendría que alterarse, así sea solo en parte, si se quisiera que este proceso en ciernes pudiera transformarse en hechos verdaderamente generadores de condiciones para la paz, que son las que el país espera que sobrevengan a estas conversaciones prontas a iniciarse.

Pero incluso a los propios representantes del alto Gobierno que se sentarán a la mesa con los representantes guerrilleros habremos de verlos en resistencia obstinada a los cambios que les abrirían las páginas de la historia por ser los que se necesitan para sacar al país de esta cincuentenaria violencia. Fieles representantes de lo más atrasado de su clase oligárquica, se empecinarán en utilizar los diálogos para exigir rendiciones unilaterales, entregas de armas, olvidos de los camaradas en las cárceles, tolerancias ante los actuales remedos de democracia, etcétera, y ofreciendo solo a cambio las más parcas interpretaciones de lo consignado en la agenda de conversaciones.      

De allí que estemos necesitados de que, como ciudadanos que nos ha tocado poner los muertos en ambas filas del conflicto, nos comprometamos a cerrar filas a favor de un buen desenlace, en lugar de permitir que por no proporcionar el blindaje que solo las masas con su accionar pueden aportar, se vuelvan a repetir viejas frustraciones. Si la mesa está por servirse, de nosotros depende que el plato fuerte no dé cuenta de que se nos volvió a sacrificar la paloma de la paz, pues hoy, más que nunca, necesitamos de sus arrullos.