EN 2009, UNA BATALLA DECISIVA

Por Rodrigo López Oviedo

Ojalá no esté equivocado: Todo parece indicar que las bancadas uribistas están abandonado esa incondicionalidad con que solían atender los caprichos de su Jefe. Ahora las vemos displicentes, haciéndose las remolonas y procurándose ruegos ante aquellos asuntos oficiales en los que ellas mismas no estén suficientemente interesadas.

Las largas que le dieron en la Cámara al proyecto de referendo no permiten una conclusión distinta. Con sus habilidosas maniobras, estas bancadas no solo obligaron a Uribe a desmentirse de su supuesta neutralidad e indiferencia ante el proyecto y a confesarse interesado en él, sino que lo sometieron a la vergüenza de tenerlas que convocar a sesiones extras, estando esta célula aún en sesiones ordinarias. Lo tardío del esfuerzo por concretar esa, hasta entonces remisa, voluntad de los honorables representantes hace pensar en lo equivocado que estaba Uribe respecto de la publicitada solidez de sus respaldos en el Congreso.

Como, de todas formas, lo que se aprobó en la Cámara no es lo que Uribe esperaba, ahora muy seguramente vendrá un vergonzoso proceso de amañada hermenéutica a través del cual sabremos que ese texto no dice lo que sus redactores quisieron decir ni lo que los callejeros firmantes quisieron respaldar; que los mandatos de los mandantes pueden interpretarse por los mandatarios de manera contraria a lo mandado, y que las caras son sellos y los sellos son caras, todo según el interés de quien recoja la moneda, que de seguro será el propio Mandatario.

Se trata de un galimatías al que el ministro Fabio Valencia Cossio le viene dando pábulo. Según este funcionario, el proyecto referendario, que tantos esfuerzos le costó para que la Cámara se lo aprobara, será objeto de especiales esmeros para que el Senado se lo modifique. De ser así, el texto que salga del Senado no será el mismo que muchos respaldaron con su firma, y que la Cámara aprobó, sino el que al Gobierno le plazca; lo cual configurará, además de un aberrante abuso de poder, la prueba reina de que la bicameralidad que adorna nuestra democracia, y la democracia misma, no son más que una farsa, pues lo que se aprueba en una célula puede ser torcido a voluntad de la otra, sin que se requiera de más requisito que el visto bueno de una comisión de conciliación, conformada al gusto de quienes quieren que solo prevalezca lo que le conviene al dueño del circo.

No será la primera vez que ocurra así. La única diferencia es la de que nunca las diferencias habían sido tan de cielo y tierra como en éste caso, donde 2014, por arte de birlibirloque, quedará convertido en 2010.

Tales son las argucias de unas oligarquías pura sangre que, acompañadas por uno que otro advenedizo impúdico, cabalgan sobre un pueblo al que le han impuesto, sin que chiste, las peores barbaridades. Ellos creen poder disfrutar de tan cómoda recua in sécula seculórum, pero olvidan que hay un sector de resueltos contestatarios que están en continuo crecimiento y que por siempre han vivido dispuestos a librar las batallas que sean necesarias por la causa popular, aún a costa de los mayores sacrificios. La que se librará en este 2009 será de marca mayor: impedir que quedemos sometidos, por cuatro años más, al oprobio de derecha que estamos padeciendo.

LA EXPERIENCIA DE COOPDESARROLLO

Por Rodrigo López Oviedo

Mediante resolución 538 del 18 de julio de 2008, la Superintendencia de la Economía Solidaria levantó el proceso de liquidación que pesaba sobre la Central Cooperativa de Desarrollo Social "Coopdesarrollo". Haberse sobrepuesto a ese proceso, que duró dos años y 9 meses, deja un sabor amargo, no obstante la recuperación de 153 mil millones de pesos para sus asociados.

En una importante investigación liderada por el representante a la Cámara Wilson Borja, la cual está disponible en libro que acaba de publicarse bajo el título Coopdesarrollo: ¿liquidación o despojo?, se explica cómo el hundimiento de Coopdesarrollo fue el resultado de un plan minuciosamente urdido por la banca tradicional, y desarrollado en connivencia con funcionarios oficiales.

Con la Ley 79 de 1988 se autorizó la conformación de bancos y otro tipo de entidades de naturaleza cooperativa, pero la reglamentación solo vino a expedirse en 1993. Después de ella, bastó un año para que se formaran tres bancos cooperativos (Bancoop, Uconal y Coopdesarrollo), una administradora de pensiones y cesantías y dos aseguradoras. En el mismo período, las cooperativas financieras más grandes lograron incrementar sus activos en el 67,6 por ciento, mientras que la banca tradicional solo logró hacerlo en el 43,7; y si bien ésta incrementó sus patrimonios en el 53,3 por ciento, las cooperativas lo hicieron en el 72 por ciento.

Como bien se deduce del libro de Borja, tan extraordinarias cifras le hicieron ver a la banca tradicional un preocupante competidor en el sector solidario, contra el cual tendría que fraguarse el más certero plan. Aprovechando que la crisis que ya se abatía sobre el mundo financiero también estaba afectando al sector solidario, estos sectores oligárquicos, a través de los organismos gubernamentales encargados de ejercer la fiscalización de la banca, le impusieron a Coopdesarrollo, por ser una de las pocas entidades financieras solidarias que se mostraban incólumes ante la crisis, que asumiera compromisos de salvamento que el propio Gobierno se negaba a asumir, pese a contar con los ingentes recursos que ya comenzaban a generarse a través del dos por mil o gravamen a las operaciones financieras.

Coopdesarrollo se vio entonces compelida a aceptar la fusión de entes cooperativos antes prestigiosos pero ya en profunda crisis, como Cupocrédito y Coopsibaté y a recibir en sesión el saldo negativo de activos y pasivos de Bancoop; pero también a recibir un préstamo del estatal Fogafín con el cual cancelaría los pasivos que los mismos organismos cooperativos habían contraído con el Estado, y que prácticamente se hallaban perdidos dada la crisis que los afectaba.

A consecuencia de las anteriores maniobras, el patrimonio de Coopdesarrollo pasó de 135 mil millones en diciembre de 1998 a 225 mil millones en enero de 1999; pero ante la imposibilidad de atender las obligaciones derivadas de ellas y la imposición de descomunales provisiones, el patrimonio se redujo a escasos cuatro mil millones en escasos diez meses. Lo que vino después fue su toma de posesión para liquidación, la conversión de Crecer S.A. (compañía de financiamiento comercial propiedad de Coopdesarrollo) en Megabanco y la venta de Megabanco al Grupo Aval.

El poderoso Banco Coopdesarrollo quedó finalmente incorporado a la Central Cooperativa Financiera "Coopcentral" pero sin que la suma de ambas instituciones puedan compararse con lo que representó el Coopdesarrollo anterior a estas fusiones, cesiones y despojos.

EL POLO Y LA ELECCIÓN DEL PROCURADOR

Por Rodrigo López Oviedo

Cada vez que hay elección de Procurador General de la Nación, el interés que suscitan los candidatos está determinado por la disposición que muestren para ejercer el control disciplinario, la protección del interés público y la defensa de los derechos humanos. Cuando en los sectores oficiales campea la intolerancia ante el pensamiento divergente, la importancia de este funcionario se magnifica, ya que puede erigirse en obstáculo a la represión de esas voces discrepantes o estimularlas con su negligencia.

La reciente elección de Alejandro Ordóñez Maldonado dejó un mal sabor, dados sus antecedentes en nada favorables al pensamiento democrático. Su elección fue el producto de una estrategia de Uribe, quien, al conocer que el Consejo de Estado candidatizaba a un personaje tan afín a sus concepciones, se abstuvo de postular a su propio candidato hasta cuando consideró consolidado el trabajo proselitista de Ordóñez y nula cualquier posibilidad de que otros le hicieran sombra. Curiosamente la Corte Suprema hizo lo mismo, sin saberse con qué intenciones.

Con cartas tan marcadas, el triunfo de Ordóñez estaba asegurado, pero nadie sospechaba que de manera tan apabullante. Y mucho menos que contara con el respaldo de siete senadores del Polo Democrático Alternativo. De ellos esperamos una explicación que vaya más allá de las babosadas con que se justificaron ante el Comité Ejecutivo del Partido.

Intentando explicar lo inexplicable, estos senadores nos trajeron una versión navideña del Sermón de las Siete Palabras, en la cual invitaron a superar los “extremismos ideológicos”, “los radicalismos enfermos” y a no utilizar la tesis de que, para construir “un acuerdo nacional”, “un bloque de mayorías” y “la paz en Colombia”, es imposible pactar con personas diferentes ideológicamente al Polo,.

Con estos argumentos se desconocen las luchas que han librado muchas de las corrientes que convergen en el Polo, así como que el Polo mismo se ha ido construyendo en lucha contra extremismos y radicalismos, y en procura de concertar acuerdos con amplios sectores, sustentados, eso sí, en su Ideario de Unidad.

Han manifestado también que su respaldo a Ordóñez estuvo fundamentado en la necesidad de construir un acuerdo nacional contra la guerra. En la búsqueda de tal acuerdo muchos convenimos, pero particularmente creo que respaldando al peor de la terna no se allana en lo más mínimo el camino a esa concreción. Para tal propósito estaba Camilo Gómez que ni mandado a hacer, como bien lo demostró este candidato de la Corte en los tiempos del Caguán. Y si, como también lo dicen, el acuerdo debe ser entre diferentes, no se qué hayan encontrado de parecido entre ellos y los otros dos candidatos.

El II Congreso del Polo deberá encarar esta problemática situación. Muy seguramente que el tiempo de sus discusiones estará en parte ocupado en la definición de los compromisos que asumen quienes resulten favorecidos con las distintas representaciones y dignidades del Partido y en las consecuencias que puede generar el no honrarlos. Pero también debe asumir una discusión muy seria acerca de la organización interna del Partido, a fin de que se creen los mecanismos que garanticen una pronta y eficaz reacción dentro de sus filas cada vez que la militancia sienta que está siendo burlada por sus representantes. Lo contrario es dejarle abiertas las puertas a toda suerte de cretinismos parlamentarios.

A LAS PUERTAS DE EL UBÉRRIMO

Por Rodrigo López Oviedo

Este nueve de noviembre de 2008 sale a la luz pública A las puertas de El Ubérrimo, el libro de Iván Cepeda Castro y Jorge Enrique Rojas, en el que se analiza uno de los períodos más oscuros de la historia colombiana, el de la narcoparapolítica, y del papel jugado en él por uno de sus más controvertidos protagonistas, el presidente Álvaro Uribe Vélez.

Por lo controversial del tema, es de esperar que la obra cuente con un sustento probatorio suficientemente sólido para que pueda salir airosa del embate de críticas que tendrá que enfrentar y demostrar sus clarificadoras conclusiones.

Iván Cepeda Castro es un destacado periodista que proviene de una familia comprometida en la lucha por las transformaciones revolucionarias de la sociedad. En vida, su madre, Yira Castro, como concejala de Bogotá, hizo época con sus denuncias contra el Estatuto de Seguridad de Turbay Ayala y los ya por ese entonces notorios crímenes de Estado. Su padre, el senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, fue asesinado como consecuencia de sus debates contra el paramilitarismo. Cómo extrañarnos entonces de las ejecutorias de este destacado vástago y particularmente de la entereza con que ha asumido la defensa de las víctimas de crímenes oficiales, sin importarle hacerse objeto de las amenazas paramilitares y de las iracundias presidenciales, de las cuales ha salido calificado como “farsante de los derechos humanos”.

Jorge Enrique Rojas, por su parte, es hoy reconocido por su trabajo al frente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - CODHES-. Pero quienes desde antes conocemos su trayectoria lo recordamos, aún imberbe, en las tarimas de la plaza pública, en tierras del Quindío, alentando a los contradictores del régimen con sus encendidos discursos bajo las banderas de la Unión Nacional de Oposición. Desde entonces, su accionar ha estado orientado hacia el logro del pleno respeto de los derechos humanos y a incidir en el fin negociado del conflicto armado.

Ya el diario El Espectador, reconociendo la calidad del trabajo de estos destacados luchadores, obsequió a sus lectores con el primer capítulo de esta obra, a la cual, desde la portada misma, serán muchas las lecturas que puedan dársele.

La primera de ellas la presenta de manera expresa el propio Cepeda, quien denuncia la innegable coincidencia en el tiempo entre el ascenso político de Álvaro Uribe Vélez y el nacimiento y desarrollo de las macabras Autodefensas Unidas de Colombia en Córdoba, departamento en el cual el actual Presidente de la República ha tenido una fuerte presencia patrimonial, además de un incuestionable ascendiente político.

En palabras del propio Cepeda, los hechos narrados tienen ocurrencia en las proximidades de la hacienda El Ubérrimo, propiedad de Álvaro Uribe, y cubren un período que va “desde los tiempos de las primeras masacres, a mediados de la década de 1980, pasando por la creación de las Convivir y el surgimiento de las AUC, hasta el control de la vida local por medio del Pacto de Santa Fe de Ralito”.

Ojalá que esta obra sirva para elevar la calidad analítica de quienes honestamente creen que el país puede resolver sus problemas manteniendo sus riendas en las manos de quien ha sido testigo, cómplice o protagonista de los hechos de sangre y muerte ocurridos durante los últimos 25 años.

COOPERAMOS EN CARICATURA

Por Rodrigo López Oviedo

Podría decirse que, en el género periodístico, la caricatura es la más eficiente de las artes. Ella logra, con unos pocos trazos, influir de manera inmediata sobre el ánimo de los lectores. Su esencia consiste en simplificar el rostro de los hombres, de las cosas o de los acontecimientos, o exagerar algunos de sus rasgos, con el fin de resaltar lo más significativo de ellos; todo de una manera amena y ocurrente, con una buena dosis de humor o de sarcasmo, y sin descuidar la calidad estética.

Quienes hemos encontrado deleitoso ese bello arte nos maravillamos de los extremos de simplicidad a los que llegan sus autores, sin dejar de ser todo lo expresivos que quieren y sin sacrificarle significados a lo que desean mostrar con sus tacaños trazos. Tacaños en el buen sentido, pues entre más pocas son las líneas que utilizan, más impactantes y risueños resultan sus efectos.

Claro, algunas veces el interés del caricaturista esta circunscrito a solo una parte de esa realidad, lo cual es aceptable. Lo que no lo es tanto es que lo mostrado distorsione esa realidad, sobre todo si ella versa sobre aspectos políticos o sociales.

En la edición del pasado 22 de noviembre, el periódico Tolima Siete Días presentó a su caricaturista habitual, Evar, engolfado en profundas meditaciones relacionadas con el tema de las pirámides. En medio de ellas, Evar se pregunta: “Ole ¿y los ocho mil millones que tiene la pirámide de Cooperamos?”.

Se trata por supuesto de una sátira tremendamente contraria a lo que está ocurriendo. No hay que culpar a Evar. Desde la toma de posesión de Cooperamos, ocurrida en agosto de 2000, han corrido muchas aguas bajo los puentes del Combeima sin que la ciudadanía tenga información suficiente sobre lo que pasó con el proceso de liquidación de la Cooperativa, ni de las luchas que hoy se libran para reactivarla, en cumplimiento de lo decidido en las dos últimas asambleas.

Cooperamos fue la principal empresa de gestación netamente tolimense del siglo XX. La grave crisis que sufrió el sistema financiero colombiano en las postrimerías de esa centuria degeneró en pánico y obligó al Gobierno a poner sobre las costillas populares gravosas políticas de salvamente que aún subsisten. Esa crisis llevó a Cooperamos a ser intervenida por la Superintendencia Bancaria de entonces.

En Cooperamos están comprometidos los intereses de 68 mil 529 tolimenses que tienen allí invertidos 25 mil 654 millones de pesos y de los cuales escasamente son recuperables, al día de hoy, seis mil 171 millones; es decir, ni siquiera los siete mil millones que todavía quedaban en patrimonio a diciembre 31 de 2006 y que traídos a valor presente podrían significar aproximados 8 mil 400 millones.

La situación apremia. Cooperamos demanda de su base social el mayor compromiso. Es de la única forma como podrían cumplirse las normas que le exigen un amplio quórum a la asamblea que emprenda su reactivación. Desgraciadamente no hemos hecho lo suficiente para motivarla y no creo que con el solo esfuerzo de la Junta Asesora sea suficiente. Todas las fuerzas vivas del departamento deberían vincularse a ello, incluyendo los medios, los gremios, las organizaciones sindicales y comunales y las personalidades que puedan influir en la terminación feliz de este propósito. También los artistas, con los caricaturistas entre ellos.

EL SESGO EMOCIONAL DE LA NOTICIA

Por Rodrigo López Oviedo

Decir que una imagen vale más que mil palabras se ha vuelto una perogrullada. Cuando El Caguán era noticia, los noticieros de televisión mostraron en pantalla a dos adoloridas mujeres en momentos en que se confundían en emocionado abrazo con algunos de los soldados y policías que estaban retenidos por las FARC y entre los cuales estaban sus hijos.

Para llevarles su saludo, ellas habían desafiado los peligros de una selva inhóspita y en guerra, lo cual cargaba la imagen de una particular emoción, al tiempo que suscitaba la natural admiración por la valentía y el desprendimiento de que hicieron gala esas mujeres.

Esa imagen valía más que mil palabras, y las palabras sobraban. Sin embargo, brotaron abundantes, pero no para encomiar a las abnegadas protagonistas ni para resaltar los mil significados de su gesta o reclamar una respuesta a sus justas demandas, todo lo cual hubiera sido válido, sino para refundir en la dialéctica de las emociones la racionalidad que exige el anhelado fin de un conflicto que reclama soluciones proporcionales a la inmensa tragedia que ha causado.

Tratamientos sentimentaloides como el que se le dio a esta noticia se repiten a miles. Interesados en llevar al corazón lo que debería llegar al entendimiento, los grandes medios, especialmente los de televisión, han procurado reemplazar el análisis por la exaltación de las pasiones. Por eso llevan a sus noticieros a obispos, políticos y generales a que desfilen con sus lágrimas cada vez que haya que celebrar una entrega unilateral de retenidos, una arriesgada fuga o un atinado rescate. Con los ojos anegados, estos personajes hacen llave con los medios en procura de conmover a una opinión pública que más bien debería ser orientada hacia el examen objetivo de los hechos.

En esa metodología deshonesta está comprometido también el alto Gobierno. De Uribe no hay necesidad de dar ejemplos. Cuando no está montado en tigre, da la impresión de ser la encarnación de la Madre Dolorosa, con quien estamos obligados a la más piadosa devoción. Y como si no fuera suficiente con el Presidente, otras veces es algún ministro el que se apresta a esgrimir su misericordiosa condición.

Ahora le correspondió el turno a Mindefensa. Con motivo del escándalo de las pirámides, lo vimos ponerse del lado de los humildes y sacar de la manga un cuantioso inventario de propiedades del fundador de DMG, con respecto al cual el doctor Santos, esa pobre viejecita sin nadita que comer, encuentra inconcebible que alguien en Colombia pudiera poseerlo. Mediante este expediente, el Ministro pretendió convertir en odio -peligroso mal del corazón- y reorientar contra el sospechoso empresario, las masivas protestas de que el Gobierno estaba siendo objeto por parte de unos clientes que culpan a éste del colapso de una empresa en la que nunca se sintieron engañados.

Definitivamente, no podemos aceptar que las desgracias patrias sean sustraídas del análisis sereno que ameritan, y convertidas en material de borrascosas emociones. Cuando es el concienzudo análisis el que se hace cargo de ellas, las soluciones pueden llegar. Pero si se las deja ocultar bajo el peso de una emoción ciega, en lugar de soluciones veremos desencadenar nuevas violencias, en medio de las cuales los verdaderos culpables lograrán ocultar su responsabilidad y apuntalar los privilegios de que siempre han gozado.

LAS PIRÁMIDES DE LA SALUD

Por Rodrigo López Oviedo

Pensaba referirme a las mal llamadas pirámides y a los miles de colombianos que ingenuamente pensaron resolver en ellas sus deseos de fortuna sin tener que sudar la frente. Para mi infortunio, la vida es más importante que los bolsillos, y mucho más si está afectada por otro tipo de pirámides: las que parecen conformar las entidades encargadas de atender las necesidades de salud de la población.

En el año 2000, por las calendas de diciembre, aproveché la hospitalidad de El Nuevo Día para consignar en su página de opinión un llamamiento a los trabajadores colombianos a fin de que defendiéramos al Seguro Social, afectado entonces por un decreto que lo obligaba a contratar con terceros la prestación de por lo menos el 50 por ciento de sus servicios.

Esta solo era una medida entre las muchas que venía dictando el Gobierno con el fin de cumplir las directrices originadas en el Fondo Monetario Internacional y en las desmedidas ambiciones de los mercaderes de la salud. Lo curioso es que hubiera sido adoptada por el Ministerio de Salud, y no por el de Trabajo, que era al cual estaba adscrito el ISS. La duda quedó debidamente aclarada con la posterior fusión de estos ministerios, pues ello dejó claro que los cambios que se vienen dando en el cuerpo del Estado corresponden a una agenda neoliberal de largo aliento, por la cual se camina con pausas o aceleres según sea mayor o menor la aquiescencia de quienes estén al frente del Gobierno y mayores o menores las resistencias populares.

Este solo hecho era suficiente para suscitar la más enconada oposición de todos los sectores populares, pero la exagerada debilidad de sus organizaciones hizo que esa oposición quedara restringida a lo que pudieran hacer, prácticamente solos, los sindicatos del Instituto. Los resultados están a la vista.

Álvaro Uribe llegó a la Presidencia de la República con el compromiso de solucionar los problemas de salud de los colombianos, en buena parte mal atendidos desde esta Entidad. Seis años después, esos problemas no solo no están resueltos, sino que han desembocado en consecuencias tan dramáticas como las que testimonió el periodista Guillermo Pérez Flórez, destacado columnista de El Nuevo Día y de Cidán - Cooperación Internacional -, a quien le tocó sufrir la pérdida de su padre merced a las desatenciones en la Clínica Manuel Elkin Patarroyo.

Algunos pensarán que esto ya no es culpa del ISS, pues la Entidad hace rato entregó sus bártulos a la Nueva EPS, entidad que creara Uribe para darse gusto en sus propósitos privatizadores. Pueden tener razón. Sin embargo, la culpa sigue siendo del Gobierno, pues no solo tiene la obligación constitucional de garantizarles la salud y la vida a los colombianos, sino que además es el responsable de una serie continuada de decisiones con las que no ha resuelto nada en estas materias, aunque sí mucho en el afán de ganancias de los mercaderes que convirtieron las EPS en un nuevo tipo de pirámides, a las cuales el pueblo tiene que aportar sus cuotas mensuales a cambio de unos servicios de salud restringidos al máximo para que sus dueños puedan maximizar los rendimientos.
A propósito de la Nueva EPS, ¿qué tendrá de nueva distinto a su nombre, a pintura y a sus dueños?

De pequeños culpables y grandes impunidades

Por Rodrigo López Oviedo

Se está volviendo inveterada la costumbre del Gobierno de tirar la piedra y esconder la mano; de negar los hechos en la tormenta y reconocerlos en aguas calmas; de aceptar que las cosas pasan solo cuando son incontrovertibles. Una evidencia de ello fue la de los humildes muchachos que fueron engañosamente reclutados y después asesinados con alevosía para cobrar los beneficios contenidos en un memorando militar al que hoy se le descubren sus criminales aristas.

Este lamentable episodio quedará gravado en la historia, pero no por el todavía incierto número de vidas que cegó cuando éstas apenas despuntaban, ni por las manifestaciones de dolor y de tristeza que causó en las familias directamente afectadas por la tragedia y en los muchos otros hogares donde la suerte del hermano se asume como si fuera la propia suerte. Tampoco por la omisiva actitud de los conductores del Estado, quienes en un alarde de valor civil hubieran podido asumir la responsabilidad política si no carecieran de la grandeza que se requiere para afrontar con vergüenza hechos tan lamentables como éste.

No, este episodio de nuestra historia será rememorado por haber dado lugar a la renuncia del General Montoya, Comandante del Ejército, y a la erguida decisión de un Presidente de la República que, intentando sacudirse de un fracaso más en su política de seguridad democrática, resolvió defenestrar a un nuevo grupo de oficiales de la fuerza pública, entre quienes se encontraban tres generales más, 11 coroneles y un mayor, luego de que se le hiciera imposible seguir sosteniendo el contra evidente embuste de las muertes en combate.

Pero también será recordado por haber hecho evidente un escandaloso encadenamiento de complicidades que de todas formas dejan en la sombra a los responsables de unas estrategias de seguridad que han sido asumidas como política gobierno y a través de las cuales se pretende eternizar un statu quo que solo beneficia a unas cuantas familias, de las cuales forman parte uno que otro de los muchos funcionarios que hoy se creen dueños del poder, no siendo en verdad más que ingenuos servidores de los verdaderos dueños, así finalmente saquen partido de las posiciones que ostentan.

En esa cadena de responsabilidades están los ordenadores tácticos de las decisiones estratégicas, que son los que asumen las responsabilidades por los fracasos en que se incurra. Allí siempre habrá oficiales de variada graduación, puestos todos en camino a un generalato al que podrán acercarse más o acercarse menos, e incluso llegar, según sea el grado de obsecuencia que observen en el cumplimiento de las estrategias. Están también los otros oficiales, los inmostrables, los del trabajo sucio, conocidos como paramilitares y parapolíticos, a quienes no se les ofrecen charreteras especiales ni rangos honoríficos, pero si poderes regionales libres de toda jurisdicción que no pueda someterse al imperio de las armas. Todos pagan sus responsabilidades con la impunidad; pero cuando algunas son evidentes, los primeros las pagan con el cargo, y algunas veces con las rejas; los segundos con las rejas, y si saben mucho, con la extradición. Ah, y todos con el riesgo de pagar también con el silencio de los camposantos.

Los que sí nada pagan son los responsables de todo: los grandes dueños del país, que son los mayores beneficiados con tan vergonzosos hechos.

CARTA DE COOPERAMOS A DANSOCIAL

Por Rodrigo López Oviedo

El pasado 30 de octubre, la Junta Asesora de COOPERAMOS aprobó enviar una comunicación al doctor Rósemberg Pabón, director de DANSOCIAL, instándolo a vincularse activamente al proceso de reactivación de esta importante empresa tolimense. Su contenido es el siguiente:

Respetado doctor Pabón:

El 13 de marzo de 2007, Ibagué tuvo la fortuna de contar con su honrosa visita. En tal ocasión, pudimos conocer su preocupación por el proceso de liquidación al que, desde siete años antes, venía siendo sometida COOPERAMOS por la Superintendencia Bancaria, hoy Superintendencia Financiera; pero también su deseo de colaborarnos en las actividades de reactivación en que nos encontrábamos comprometidos buena parte de sus 68 mil asociados.

Ya entonces, éramos concientes de las dificultades que le generaría a la reactivación el alto quórum de asamblea exigido en la normatividad financiera. Confirmada hoy esa preocupación, nos sentimos obligados a acudir a usted con el fin de solicitarle su acompañamiento en la búsqueda de otras alternativas legales.

Especialmente, quisiéramos revisar con el doctor Pabón el artículo 102 de la Ley 795 de 2003, modificatorio del artículo segundo del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la ley 454 de 1998. Este artículo, a nuestro juicio, nos permitiría escabullirnos legalmente hacia las normas cooperativas, especialmente hacia Ley 79 del 88, las cuales nos abrirían un camino más expedito hacia la reactivación, pues autoriza a las asambleas a tomar decisiones válidas con el diez por ciento de los asociados si dentro de la hora siguiente a su convocatoria no concurre por lo menos la mitad de ellos.

Señala dicho artículo que las cooperativas financieras son aquellas que adelantan actividades financieras; que su naturaleza jurídica se rige por la ley 79 del 88 y sus operaciones por la ley 795 de 2003, por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las demás normas que les sean aplicables. El parágrafo segundo del mismo artículo establece que el control de una cooperativa sometida a la Superintendencia Financiera puede pasar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, siempre que la cooperativa adopte “mecanismos tendientes a la devolución de dineros a terceros”.

No estando COOPERAMOS en posibilidad de adelantar ninguna actividad financiera y habiéndole hecho ya la devolución pertinente a terceros, podría acogerse a lo establecido en este parágrafo y solicitarle a la Superfinanciera que ceda su papel controlador a la Superintendencia de la Economía Solidaria, facilitándose de esta manera que la reactivación pueda hacerse con arreglo a la Ley Cooperativa.

Señor Director: Este es el camino que le rogamos prohijar. Queremos contar con su respaldo a esta interpretación normativa y con los acompañamientos que su Entidad pueda brindarnos en este propósito.

Atentamente,

COOPERAMOS en Liquidación, Junta asesora

Como puede observarse, se trata de un justo reclamo que al durmiente proceso de reactivación de COOPERAMOS podría significarle salir de una normativa que fue pensada para sociedades de capital, y no para sociedades de personas que, como en el caso de las cooperativas, tienen –o deben tener- al hombre en el centro de sus preocupaciones. Pero para que así sea, debemos acompañarlo de un gran plebiscito que se manifieste a través de cartas de respaldo dirigidas al Director de Dansocial, a la propia Junta Asesora de Cooperamos, a mi blog (http://rodrigolopezoviedo.blogspot.com) o al de Cooperamos que se ha creado para este propósito (http://cooperamosenaccion.blogspot.com).

MOTIVOS PARA LA INDIGNACIÓN

Por Rodrigo López Oviedo

Indigna que el Alto Gobierno se rasgue las vestiduras porque supuestamente las organizaciones indígenas colombianas han recibido “recursos del exterior” para financiar sus movilizaciones y porque los congresistas de la oposición van a la trinchera popular a respaldar las luchas de quienes fueron sus compañeros y camaradas de ayer.

Proviniendo de personajes como Álvaro Uribe, los primos Santos o Diego Palacio, tales comentarios debemos verlos simplemente como una consecuente posición de clase. Bien sabemos que ellos están en los actuales puestos de mando, no por gratificación ante los servicios que le hayan prestado a la patria –que para ello hubiera sido suficiente con alguna portería-, sino para que desde allí defiendan los intereses de su clase con el mismo enjundioso empeño con que han defendido los propios.

Lo que no está bien es que se olviden del debido respeto a la dignidad personal y a las buenas costumbres y que lancen sindicaciones contra personalidades y organizaciones que no han incurrido en conductas que resulten reprobables.

Porque si el propio Presidente Uribe mantiene humillándose en el exterior con una totuma y la rodilla en tierra a ver si consigue con qué financiar sus programas oligárquicos, cómo les censuran a las comunidades indígenas que reciban, si es que han recibido, recursos originados en la solidaridad de organizaciones hermanas que conservan vigentes los principios del internacionalismo.

¿Será que creen que no sabemos que el Plan Colombia se financia con oro gringo y bota militar estadounidense, y que con tal de que fluyan abundantes recursos para la guerra nos les importa cuánta sangre de colombianos haya que derramar y cuántas organizaciones desaparecer?

Indigna, igualmente, la persecución lanzada por el Gobierno contra el Polo Democrático. Bien sabemos que con ella solo busca castigarle que sus congresistas estén haciendo lo que deben hacer: intensificar su ligazón con las luchas del pueblo y utilizar la tribuna congresual como escenario de denuncia ante los continuos atropellos oligárquicos, mientras logran superar las limitaciones de aritmética parlamentaria que les impiden convertirla en instrumento para la creación de un nuevo ordenamiento normativo que sirva al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos.

Por eso debemos rechazar que el DAS sea convertido en instrumento de persecución política contra la oposición y que las denuncias del polista senador Gustavo Petro no tengan más consecuencia que la encubridora renuncia de la Directora de ese Organismo. El Presidente Uribe debe responder personalmente, pues en varias ocasiones se ha dejado descubrir en sus anhelos de ver judicializada a la oposición. Estando el DAS adscrito a su Despacho, entre tales anhelos y la persecución al Polo no queda más distancia que la que hay entre el corazón que desea, la cabeza que ordena y la mano que ejecuta.

Complementariamente, debemos exigir que se ponga fin a la persecución desatada contra los senadores Alexander López y Gustavo Petro, así como el inmediato retorno a la libertad de los dos asesores de López que, al igual que tres dirigentes corteros de caña, fueran injustamente sometidos a detención domiciliaria bajo la sindicación de terrorismo y asociación para delinquir, que es como se denomina ahora a toda acción social que esté orientada a reivindicar los derechos que están claramente consagrados en la Constitución Nacional.

Ser tolerantes con esas prácticas uribistas nos precipitará por el despeñadero fascista.

EL POLO QUE NECESITA COLOMBIA

Por Rodrigo López Oviedo

La agresiva campaña de desprestigio a que ha sido sometido el Polo Democrático Alternativo desde su nacimiento ha confundido a algunos cuantos simpatizantes. A estos camaradas hay que invitarlos a la calma. Los personeros del establecimiento siempre encontrarán motivos para venirse contra las organizaciones de izquierda, y más aun cuando éstas van calando en el sentimiento popular. Por eso, debemos estar tranquilos. Si las actuaciones del Polo, especialmente las de sus bancadas, no tuvieran la importancia que han tenido, su menguado éxito habría motivado iguales dardos, pero reforzados con el veneno de las inculpaciones.
Afortunadamente el Polo nació advertido de que en la lucha le esperan ásperos enfrentamientos. En sus ataques, algunos contradictores no ahorran esfuerzos ni recursos, incluidos los de la guerra sucia. Otros, más taimados, disimulan sus embates tras aparentes consejos, con los cuales pretenden que el Polo cambie sus propósitos de redención real por caricaturas de redención y entregue sus banderas a tales o cuales tendencias con el supuesto fin de garantizar su supervivencia. Unos y otros saben del peligro que representa el pueblo cuando va encontrando los causes de la unidad, y para impedirla cualquier pretexto les parece bueno, como bueno cualquier procedimiento.
La única respuesta válida para todos ellos es la de perseverar en el propósito que le dio origen al Polo, cual es el de convertirse, como lo viene logrando, en alternativa real de poder y en instrumento rector de los cambios revolucionarios que requiere el país. Esto implica romper con el protagonismo oligárquico en la toma de las decisiones estatales y poner en su lugar al hombre de a pié. Implica darle prioridad a las necesidades de las grandes masas antes que lucro al capital. Implica resolver los problemas generadores de la guerra para que los ciudadanos no tengan que acudir de nuevo a ella. E implica sentar las bases de una autentica democracia, que tenga en las organizaciones de los trabajadores, de los estudiantes y de las comunidades en general su basamento fundamental, y en las iniciativas de éstas el norte orientador de las acciones del Estado.
No se trata de compromisos fáciles de atender, sobre todo cuando se sabe que dentro del Polo conviven disímiles posturas ideológicas y políticas, así como prácticas caudillistas y clientelistas que son el reflejo de los viejos estilos de la política tradicional. Tratándose de un partido en formación, es lógica la existencia de ese tipo de manifestaciones. Lo grave sería no advertirlas ni reconocer en ellas el obstáculo que representan para los fines que se buscan.
Pero sería más grave aún no advertir la existencia paralela de auténticos bastiones revolucionarios que presionan para que el Polo asuma un papel que, yendo más allá de la simple oposición al Gobierno, ofrezca un programa de transformaciones democráticas orientadas al socialismo.
Es precisamente esa tendencia socialista y sus móviles la que motiva los ataques del establecimiento. Es esa tendencia socialista contra la que están cerrando filas quienes quisieran congelar la situación nacional en el estado de oprobio que hoy pesa sobre las grandes mayorías. Afortunadamente, importantes destacamentos de defensa de esa tendencia se vienen vertebrando y haciendo fuertes, y a la cabeza de ellos se encuentra el maestro Carlos Gaviria. Este domingo 26 de octubre, los colombianos tendremos la oportunidad de estimularla con nuestro voto.

REPERCUSIONES DEL DECRETO DE CONMOCIÓN INTERIOR

Por Rodrigo López Oviedo

Da risa ver cómo el presidente Uribe pretende mostrarse amigo de la pronta y cumplida justicia. Él, que ha participado en la violación de la Ley 4ª de 1992 al pretextar altos costos para no cumplirles a los empleados judiciales con la nivelación salarial que allí está ordenada, como si no fueran infinitamente superiores los costos en que recurrentemente incurre su Gobierno a través del Banco de la República para mantener el poder adquisitivo del dólar en provecho de las castas exportadoras, hoy viene a decretar el Estado de Conmoción Interior, presuntamente justificado en la impunidad en que quedarán no se sabe cuantos delitos, en los no se sabe cuántos criminales que están saliendo de las cárceles sin purgar su pena y en los otros muchos que no han podido entrar.

Olvida el señor Presidente que todos esos lamentables hechos no se dan a consecuencia de estas acciones reivindicativas, sino de la insuficiencia de recursos con que siempre ha sido dotada la Rama para la prestación de sus servicios y de la influencia en ella y en sus organismos auxiliares de algunos cuantos capos de la mafia.

En lugar de quejarse, Álvaro Uribe debería reconocer que Colombia ha sido siempre un santuario de la impunidad y que su propia reelección como Presidente de la República estuvo sustentada en actos de cohecho que, según parece, quedarán impunes para quienes delinquieron ofreciendo.

Uno de los grandes dueños del país, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, está feliz. Solo le bastó con insinuar la declaratoria del Estado de Conmoción Interior para que ese empleado sumiso que tienen las oligarquías en la Casa de Nariño expidiera, genuflexo, el decreto correspondiente, sin preguntarse si con este justo paro se estaba realmente alterando el orden público o atentando contra la seguridad nacional o haciendo peligrar la estabilidad de las instituciones.

Para qué preguntarse cosas de las cuales él sabía de antemano la respuesta negativa si de lo que se trataba era de ponerle fin a una justa acción reivindicativa que estaba exacerbando la paciencia de unos cuantos banqueros, a los que les resulta irritante tener que esperar por unos días más la solución de sus pleitos contra los ciudadanos que cayeron en sus garras crediticias.

Como este Decreto de Conmoción Interior se seguirá utilizando no solo para minar las posibilidades de lucha de los funcionarios judiciales, sino que también vendrá acompañado de nuevas medidas, ahora contra los corteros de caña que están levantados contra las oligarquías del azúcar y de los biocombustibles y luego contra cualesquiera otras manifestaciones de protesta social, derrumbarlo no puede ser tarea que se le deje exclusivamente a Asonal Judicial: se precisa de la acción de todas las fuerzas vivas, sindicales y democráticas de la nación, así como de las denuncias en la arena internacional. No hacerlo nos convierte en cómplices de que este instrumento dictatorial se siga utilizando para cercenar derechos cuyo respeto resulta fundamental para que los ciudadanos vean razonable mantener sus luchas dentro de los cánones de la razón y de las buenas costumbres y evitar que se desborden por caminos indeseados, muy seguramente no exentos de violencia, que a la postre resultaría justificada si se impide el uso de las herramientas civilistas que están consagradas en las leyes y en la misma Constitución.

CUBA: UNAS ELECCIONES EJEMPLARES

Por Rodrigo López Oviedo

Para ejemplo del mundo, el 96 por ciento de los cubanos mayores de 16 años salieron este domingo a cumplir con el deber ciudadano de elegir entre los candidatos de su predilección a los que habrán de desempeñarse como miembros de las Asambleas Provinciales y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Índices de participación de esta envergadura no pueden ser exhibidos por ningún otro país, a pesar de los ingentes recursos económicos que suelen derrocharse en las campañas.

La vida electoral en Cuba es sumamente atípica. Allí las campañas están orientadas a que los electores fijen su atención específicamente en la calidad intrínseca de los candidatos, en sus iniciativas y en las orientaciones generales que a su juicio deben dárseles a los destinos de la nación. Para los cubanos son desconocidas las promesas electoreras, la compra de votos, los derroches multimillonarios en campañas publicitarias y los demás distractores a través de los cuales es tan frecuente que se persiga entre nosotros enajenar la voluntad del elector.

Entre los candidatos cubanos no es frecuente que se escuchen diatribas o descalificaciones ni que se les vea hurgar en la vida privada de los demás competidores. Toda la parafernalia que es tan común en otros países, y con la cual se busca embolatar al ciudadano, se reduce en Cuba a asambleas esclarecedoras, celebradas en cada circunscripción electoral, en las cuales los ciudadanos postulan a sus candidatos. Ya en campaña, estos se dedican con exclusividad a la presentación y defensa de sus iniciativas, siendo indispensable que lo hagan en reuniones proselitistas a las cuales haya sido convocada la totalidad de los candidatos, pues no está autorizada la campaña de ninguno de ellos a espaldas de los demás.

La propaganda oficial, tanto la del Estado como la del Partido Comunista (que no está autorizado para candidatizar a nadie), se circunscribe exclusivamente a la presentación masiva de las fotografías y de los resúmenes biográficos de todos los candidatos y a animar la participación ciudadana, sin que se puedan hacer insinuaciones que vayan a favor o en contra de alguno de ellos.

A diferencia de lo que ocurre en Colombia, la actividad electoral entre los cubanos no está circunscrita al mero acto de votar por los candidatos que los cacaos de la política le impongan. Muy por el contrario, ese pueblo sabe y siente que su sistema electoral promueve verdaderamente su participación democrática al facultarlo para escoger a los candidatos, postularlos, elegirlos y controlarlos, pudiendo incluso revocarles el mandato cuando quiera que incurran en fallas en el desempeño de sus funciones. En esto aventajan a la casi totalidad de los países del mundo, en los cuales la elección se hace por períodos específicos, sin que pueda voluntad alguna oponerse a su culminación, salvo que existan fallos judiciales que así lo ordenen.

Las campañas son, entonces, una auténtica escuela de democracia. A través de ellas, los cubanos elevan su conciencia sobre los problemas, las alternativas y los recursos disponibles para resolverlos, lo cual les da fundamento sólido para decidir acerca de los candidatos que a su juicio han de conducir el país. Esto explica que la participación electoral, siendo libre, sobrepase los niveles de cualquier otra parte del mundo, llegando en esta ocasión, como ya se dijo, al 96 por ciento. ¡Qué envidia!

LA MINGA SOCIAL Y COMUNITARIA

Por Rodrigo López Oviedo

Son de tanta justeza los reclamos que vienen haciendo las comunidades indígenas, hoy movilizadas en lo que ellas han denominado La Minga Social y Comunitaria, que a cualquier Gobierno decente del mundo le daría vergüenza ser objeto de ellos.

Lo que hoy reclaman es nada en comparación con lo que merecen quienes fueron dueños exclusivos de lo que por aquí existía hasta cuando la diosa fortuna les llenó el vecindario de extraños jinetes que con cruces y espadas les expropiaron lo suyo.

El primero de esos reclamos está relacionado con el derecho a la vida. Según sus cuentas, en lo que va corrido de los dos mandatos de Uribe, el exterminio a que vienen siendo sometidos ha dejado sin vida a 1240 miembros de sus comunidades.

El segundo tiene que ver con sus propias comarcas, hoy sometidas, de un lado, a la presión de los grandes inversionistas, lícitos e ilícitos, que con sus megaproyectos buscan lucrarse de la ajena y rica biodiversidad del hábitat indígena, y del otro, a la presión del mismo Gobierno que, parapetado tras el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, la Ley de Aguas y el Código Minero, pretende mostrarse como protector de los indígenas, cuando realmente ha demostrado ser un poderoso instrumento al servicio de esos inversionistas.

Y están reclamando también el cumplimiento de acuerdos firmados e incumplidos por diferentes Gobiernos, no solo en materia de devolución y titulación de tierras ancestralmente poseídas por ellos, sino, además, en relación con inversiones en infraestructura, salud, y derechos humanos.

Por eso no se nos haga raro que, pese al notable triunfo que para ellos representa la reversa del Gobierno en su rechazo a atender estos justos reclamos, materializada en la decisión de acceder a la compra de algunas tierras (pero recateando el precio, Ministro, que ya la olla está raspada), no se nos haga raro que los indígenas se mantengan firmes en su Minga y en su decisión de hacerse respetar del Presidente Uribe y de su Jefe de Policía, quienes no ahorran en epítetos -como el de terroristas, apéndices de la guerrilla y siervos de potencias extranjeras (?)- ni en esfuerzos para infiltrarles agentes de las Fuerzas Armadas con el fin de hacerles montajes que permitan “demostrar” los propósitos terroristas y desestabilizadores que los acompañan en sus protestas.

A este propósito, como de seguro los comandantes del Ejercito van a negar que hayan ordenado infiltrar estas comunidades, la Fiscalía debería asumir la investigación del soldado profesional Jairo Danilo Chaparral Santiago, quien fue detenido por los indígenas en una de sus comunidades con un morral que contenía uniformes camuflados, radios de comunicación, manuales de instrucción y explosivos. Chaparral Santiago debe dar cuenta de las personas que le ordenaron infiltrarse y de las demás que estén implicadas en tan dañosa conducta. Una cosa es el trabajo de inteligencia y otra muy distinta este tipo de provocaciones.

Para que no queden dudas de que el interés de los indígenas no gira exclusivamente en torno a tierras y de que la credibilidad que le dan a las promesas presidenciales no es mucha, sus autoridades han resuelto llevar hoy su Minga a la ciudad de Cali, donde formarán frente común con los corteros de caña. Ojalá se encuentren con la compañía solidaria de buenos destacamentos populares.

JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE

Por Rodrigo López Oviedo

La Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se celebra este siete de octubre por convocatoria de la Confederación Sindical Internacional, tiene el propósito de promover una actitud empresarial que esté sustentada en la dignificación del trabajo y en la elevación del nivel de vida de los trabajadores.

Sobre el tema de “Trabajo decente” se viene hablando desde la Conferencia de la OIT que se celebró en Ginebra en 1999. Como miembro de ese Organismo, nuestro país está obligado a darles cumplimiento a sus conclusiones y, en consecuencia, a brindar oportunidades para que hombres y mujeres “puedan obtener un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana”, como lo rezan sus documentos.

No son muchas las diferencias que podríamos encontrar entre el “trabajo decente” que promueve la OIT y nuestras disposiciones constitucionales sobre “Trabajo en condiciones dignas”. Las características de ambos conceptos podríamos resumirlas en estabilidad laboral, en salarios justos, en el pago de las primas y las prestaciones de ley, en afiliación a las entidades de salud, de pensiones y de riesgos profesionales, en la erradicación de todo tipo de discriminación al enganche y durante la permanencia del vínculo laboral, en la especial protección al trabajador con minusvalías, en la prohibición del trabajo infantil, en indemnizaciones justas por despido injusto, en el derecho del trabajador a constituir sindicatos y a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.

Todas estas características del trabajo digno o decente están señaladas claramente en nuestro ordenamiento legal, pero por desgracia carecemos de las herramientas apropiadas para hacerlas cumplir. Además, como quien hace la ley hace la trampa, están acompañadas de otras normas que facilitan su violación. El caso más aberrante lo constituye la normatividad sobre cooperativas de trabajo asociado. En general, estas cooperativas no solo desvirtúan la esencia solidaria del cooperativismo, sino que atentan contra el movimiento obrero al crearle un sistema de paralelismo laboral que abarata la contratación, crea obstáculos tanto para la organización sindical como para la defensa de las condiciones laborales y deteriora la calidad del empleo.

Si a lo anterior se suma el hecho de que las bancadas del uribismo han impedido la expedición del Estatuto del Trabajo, que está ordenado en el artículo 53 de nuestra Constitución, no debemos extrañarnos de que solo el 40 por ciento de los trabajadores estén afiliados a entidades prestadoras de servicios de salud, el 32 por ciento a las de riesgos profesionales y el 26 a los fondos de pensiones, mientras que solo el 3,49 por ciento de nuestros ancianos goza de una pensión, el 4,79 de los trabajadores que cuentan con un contrato formal están afiliados a una organización sindical y los que están protegidos con contratos colectivos no sobrepasan el 1,32 por ciento.

Este oscuro panorama quedaría incompleto si no indicáramos que el salario mínimo en Colombia solo alcanza para atender el 51 por ciento del valor de la canasta familiar de estratos bajos, mientras que una familia de ingresos medios necesita de casi cinco de ellos para adquirir su propia canasta.

Como la inmensa mayoría de los colombianos está lejos de contar con un trabajo decente, necesitamos de profundos cambios, seguramente de carácter socialista, para conquistar tal derecho. Ah, y mientras tanto, de una participación masiva en este tipo de jornadas.

CUBA NECESITA DE COLOMBIA

Por Rodrigo López Oviedo

Si se hiciera un balance de lo que ha significado la solidaridad entre los pueblos del mundo y se elaborara el correspondiente escalafón de méritos, Cuba destacaría en lugares de preeminencia. Mucho ha sido lo que le ha aportado la Isla a los movimientos de liberación de diversos países del Tercer Mundo, pero infinitamente más lo que les ha entregado a numerosos pueblos, sin considerar las condiciones ideológicas o políticas de sus gobiernos. Incluso Estados Unidos ha recibido pruebas de esa generosidad desbordada cuando quiera que las iras de la naturaleza se han ensañado contra sus nacionales, como ocurrió con el huracán Katrina, que le causó la muerte a mil 836 norteamericanos y destrozos cuantificados en 75 mil millones de dólares.

La presencia médica desplegada por Cuba para atender a las víctimas del terremoto que dejó en ruinas a la ciudad de Armenia, las campañas que redujeron a cero el índice de analfabetismo en Boyacá y las becas que le han permitido a buena cantidad de compatriotas estudiar en la Isla dan cuenta del beneficio solidario que hemos recibido los colombianos de este hermano pueblo.

En aspectos relacionados con la salud, los cubanos han beneficiado gratuitamente a sectores marginados de más de 160 países, siendo especialmente importante destacar los aportes del programa “Operación Milagro”, realizado en alianza con el gobierno de Hugo Chávez, a través del cual incontable número de enfermos oculares han podido viajar a Cuba y recibir la intervención quirúrgica y el tratamiento postoperatorio que les han permitido regresar a sus patrias con la visión restablecida y sin haber tenido que sufragar un solo peso.

Gracias al programa cubano “Yo sí puedo”, miles de ciudadanos del mundo han logrado salir gratuitamente del analfabetismo, e incluso algunos países han obtenido con esta ayuda el reconocimiento de estar libres de tan lamentable flagelo. Así mismo, más de 45 mil humildes jóvenes de distintas partes del mundo han podido romper la desesperanza que en materia de educación universitaria les ofrecían sus respectivos países y adelantar en Cuba estudios en el campo de la salud especialmente, pero también en otras disciplinas profesionales.

Ese generoso pueblo está pasando en estos días por una dolorosa prueba. La naturaleza, que en el Caribe parece desplegar una peculiar rudeza, ha golpeado su geografía con especial saña, anegando campos y sembrando de destrucción pueblos enteros. Sólo ese sentido previsor, que únicamente es posible encontrar en un estado socialista, ha permitido que los últimos huracanes solo hayan ocasionado cuatro muertos, cuando los mismos fenómenos han dejado centenares de cadáveres en otras latitudes, incluyendo a Estados Unidos.

Desafortunadamente, ese cuadro positivo en lo humano no se repite en lo material. El valor económico de las pérdidas sobrepasa las posibilidades de un Estado que ha sufrido el bloqueo de Estados Unidos por casi 50 años, pese al cual ningún cubano ha dejado de satisfacer sus necesidades básicas, pero que sí le resta posibilidades al Gobierno de intervenir en la pronta reconstrucción de lo perdido.

La ocasión es propicia para que la humanidad entera, y por supuesto Colombia, exija, agradecida, el levantamiento de ese bloqueo imperial. Ello permitiría que los cubanos no solo pudieran atender las demandas derivadas de estos embates naturales, sino también contar con posibilidades de emulación que les permitieran demostrar libremente las bondades del socialismo.

HACIA UN MUNDO SIN DROGAS

Por Rodrigo López Oviedo

De la reunión de la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia, celebrada en Bogotá durante los pasados tres y cuatro de septiembre, se esperaban conclusiones que dieran cuenta no solo de la calidad de sus miembros, sino también de la gravedad del fenómeno bajo su estudio. Como bien se sabe, de esta Comisión hacen parte personalidades de la talla de los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, Alfonso Cedillo y Cesar Gaviria. Los resultados no fueron los esperados, pero debe abonárseles a los comisionados que hayan llegado a reconocer los mil fracasos con que está quedando empedrado el camino de la penalización de este flagelo.

Dice John Stuart Mill que “El único propósito para ejercer correctamente el poder sobre cualquier miembro de una comunidad civilizada, en contra de su voluntad, es evitar el daño a otros. (…) Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y mente, el individuo es soberano”. Si bien el tráfico de drogas afecta la vida en sociedad, los adictos no están animados del deseo de dañar a otros ni de impedirles el disfrute de los bienes y derechos creados por el hombre o apropiados de la naturaleza. Al contrario, siendo víctimas de una sociedad que no hace lo suficiente por preservar a sus miembros de lo que puede afectarlos, ellos ni siquiera se quejan de tal cosa; y si acaso terminan infringiendo alguna norma, es solo a consecuencia de las restricciones que encuentran y de la represión de que son víctimas.

No se crea por lo anterior que la sociedad deba permanecer impávida ante las nocivas manifestaciones de este fenómeno. Sin embargo, ha sido la represión la que menos triunfos le ha permitido mostrar, pues el problema a la larga se viene robusteciendo. Vale la pena estudiar la experiencia de países como Estados Unidos, en donde 34 de sus Estados han aprobado leyes permisivas al consumo de marihuana, dado su valor terapéutico; o como Suiza, en donde el gobierno de algunas de sus ciudades provee de heroína y otras drogas a los adictos; o como Holanda, donde se suministra metadona a los consumidores de opiáceos y jeringas para prevenir el SIDA.

Todo lo que se haga por acabar con la clandestinidad del consumo contribuirá a reducir sus manifestaciones criminales. Pero resultará insuficiente si no se rompe también con la clandestinidad a que está sometido el tráfico, ya que ninguna pena, de ningún país del mundo, ha resultado suficiente para disuadir a quienes persiguen las altas ganancias con que se premia a quienes logran burlar leyes y fronteras.

La cada vez más extendida mancha que cubre cuanta institución oficial pueda ser utilizada para irradiar su poder criminal y el cortejo de sangre que su represión exacerba se han convertido en grito desgarrador que demanda prontas y efectivas respuestas. Solo la despenalización internacional del tráfico puede reducir las conmociones propias de este negocio a las justas proporciones de su mercado. Y aunque esta política tienda a elevar el número de adictos, con certeza disminuirá la gravedad de las adicciones y el número de víctimas fatales.

Habría sido bueno que la Comisión Latinoamericana de Drogas y Democracia hubiera acordado abrir un debate internacional sobre la despenalización del tráfico de drogas. Un mundo sin este flagelo solo es posible alcanzarlo con soluciones que trasciendan las fronteras nacionales.

MARCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA

Por Rodrigo López Oviedo

Probablemente por estar interesado en rodearse de ese halo de niño terrible con el que nadie se mete, o tal vez deseoso de desviar el interés que han despertado las investigaciones de la narcoparapolítica o de silenciar los escándalos de algunos de sus valencia cossios o de ciertas visitas atendidas en Palacio, al Presidente Uribe lo hemos visto acentuar su condición de camorrero impenitente. Parece que confundiera la Casa de Nariño con un cuadrilátero desde el cual se pueden lanzar guantazos a diestra y siniestra, eso sí, sin permitirles opción de defensa a sus víctimas.

Los golpes preferidos por el Mandatario han sido los rectos de derecha; y aunque hasta el presente nadie se ha visto seriamente lesionado con ellos, salvo algunos cuantos generales amigos que dejaron colar alguna información impublicable, sus efectos sí se han hecho sentir en el rostro de la Justicia, en el hígado de la oposición y en el periodismo independiente, que han resultado ser los contendientes que prefiere vapulear.

Para fortuna del Presidente, no solo ha resultado victorioso en todos esos lances, sino que existe la posibilidad de obtener unas cuantas victorias más, pues el grupo de los que las corean y estimulan, el roscouribismo, se va haciendo más robusto en la medida en que aparecen nuevos sondeos de opinión que confirman su popularidad en ascenso, así sea solo entre los colombianos que, por poseer finca de recreo y carro para visitarla, tienen la posibilidad de recibir los beneficios de la seguridad democrática y garantías para la inversión.

Quienes no pertenecen a tan selecto grupo deben resignarse con las limosnas asistencialistas de Familias en Acción o con los servicios sisbenizados de salud, donde se les ofrece acceso a la cuarta parte o a la mitad de un POS que ni siquiera en su totalidad es suficiente para atender dignamente las necesidades de un paciente.

Claro que la resignación no es tanta, como lo prueban, por ejemplo, las luchas protagonizadas por la población indígena, las acciones de los viviendistas, los paros de los camioneros y las movilizaciones estudiantiles.

A propósito de luchas, en este momento recorre el país una vigorosa Marcha contra el Hambre y la Pobreza, que salió de Popayán el pasado 28 de agosto, rumbo a Bogotá, con el propósito de recoger, a su paso por las distintas localidades, las inquietudes de la población y consignarlas en un Pliego Nacional Unificado que le será entregado al Gobierno Nacional, luego de su consolidación en el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales que se realizará en Bogotá entre el 13 y el 14 de septiembre.

A su llegada a Ibagué, prevista para las diez de la mañana del ocho de septiembre, la Marcha será recibida en Boquerón y se la acompañará hasta la concentración popular que se efectuará en el Parque Murillo Toro, donde confluirá otro desfile que partirá a la misma hora de la Universidad del Tolima. A las tres de la tarde, en la misma Universidad del Tolima, las organizaciones sociales entregarán los aportes con que participarán los tolimenses en el Pliego Nacional.

Ojalá que muchos ibaguereños contribuyan a engrosar la Marcha. Solo con la movilización puede garantizarse que las iras del niño terrible no se descarguen contra ella y que el Pliego Unificado reciba la atención que merece.

PARAGUAY DESPIERTA

Por Rodrigo López Oviedo

No pudo ser más significativa la expresión con que Fernando Lugo, el nuevo presidente paraguayo, cerró la alocución que hubo de pronunciar con motivo de su posesión: ¡Despierta, Paraguay!

Durante prácticamente todo su discurso, pronunciado en sandalias de franciscano en lugar de las ostentaciones de costumbre, el nuevo Primer Mandatario hizo alusión a los grandes compromisos que tendrá que enfrentar con motivo de su elección del pasado 20 de abril, luego de una hegemonía oligárquica del Partido Colorado que duró 61 años, durante los cuales hubo espacio hasta para siete lustros de terror (1954 – 1989) a manos de la dictadura de Alfredo Stroessner Mattiauda.

Ese 20 de abril, al quedar ungido con el cargo más importante de la nación, Fernando Lugo se comprometió “a no desperdiciar el esfuerzo, a no fallar en el rumbo, a no bajar los sueños del supremo altar de la esperanza”. Se refería por supuesto al esfuerzo de los nueve partidos políticos, de las cinco centrales sindicales y de las innumerables organizaciones sociales que, un 17 de julio de 2007, se unieron en la Alianza Patriótica para el Cambio con el fin de llevar a la Presidencia de la República a éste ex obispo militante de la Teología de la Liberación, que desde el púlpito había encarnado el propósito de buscarles solución a los inmensos problemas que han hecho cayo en el alma paraguaya.

Esos esfuerzos deberán orientarse a que el país deje de ser de los más corruptos del continente, de los de menos transparencia en el manejo de la cosa pública, de los de mayor concentración latifundista, de los de saldo menos satisfactorio en las variables de desarrollo humano, de los más atrasados en las metas del milenio y de los más carentes de mejoría en el nivel de vida de sus pobladores, no obstante el crecimiento económico alcanzado en los últimos años.

Fernando Lugo, sin embargo, fue claro en señalar que, pese a los propios esfuerzos que pondrá en la tarea de conseguir tan importantes objetivos, necesitará del “ladrillo que cada paraguayo tiene en sus manos”. Tiene razón. La historia reciente de nuestra América, o al menos la de la América que está al sur del Río Bravo, ha demostrado que resulta imposible encontrar solución a sus males y carencias sin contar con el concurso organizado de todo el pueblo y sin orientarlo a acabar con el universo de privilegios que las minorías oligárquicas, amparadas en las ventajas que da el usufructo del gobierno, han logrado crear y defender.

Solo mediante ese concurso entusiasta puede el Mandatario sentir protección ante los riesgos que le son propios a un proceso que tiene que alcanzar connotaciones revolucionarias, si efectivamente busca los objetivos anotados. Pero debe ser un concurso vigilante y exigente; atento a la detección de cualquier halago proveniente de los usufructuarios del statu quo, que haga caer al líder en la tentación de trocar los intereses colectivos por los intereses personales y llevar a su pueblo a una lamentable frustración histórica. Por eso la mejor actitud que deben asumir los paraguayos en esta coyuntura que se les abre generosa es la de celebrarla con entusiasmo como lo vienen haciendo, al lado de sus organizaciones y de sus líderes, pero permaneciendo despiertos, como los ha invitado a que permanezcan su hoy presidente Fernando Lugo.

EL POLO PREPARA SUS CONGRESOS

Por Rodrigo López Oviedo

Estamos a menos de una semana de que el Polo Democrático Alternativo de inicio a las campañas de promoción de su II Congreso Nacional y del I Congreso Nacional de Jóvenes.

Estos eventos, que se realizarán entre el 26 y el 28 de febrero de 2009, prometen convertirse en punto de encuentro de lo más avanzado del pensamiento democrático del país y en el acontecimiento político partidista de mayor trascendencia ante las justas electorales de 2010.

De acuerdo con las condiciones establecidas en las convocatorias, a estos Congresos pueden asistir todas las personas que resulten elegidas en las elecciones internas que se realizarán el próximo 26 de octubre. Para el II Congreso, el Tolima elegirá 35 delegados por esta circunscripción y participará en la elección de 153 delegados de circunscripción nacional.

Muy seguramente que las deliberaciones girarán en torno a lo que debe hacer el Polo para convertirse en una opción tan real de poder que pueda servir de punto de atracción a todas las fuerzas que quieran comprometerse en el propósito de superar el hondo bache en que se encuentra la democracia colombiana y darle cumplimiento a un programa de transformaciones que redunden en bien de las grandes mayorías y de la construcción de una sociedad más incluyente, con mayor igualdad social y capaz de romper con ya 18 años de aplicación de las regresivas tesis neoliberales.

El abordaje de este temario resulta inaplazable. Por fortuna, no se parte de cero. La experiencia de gobierno que el Polo ha vivido en algunas regiones ha creado la convicción de que sus propuestas no solo son realistas, sino que cuentan con el empeño de sus líderes en materializarlas. Como evidencia de ello están los datos del PNUD sobre desarrollo humano en Bogotá, que demuestran, precisamente, cómo las dos alcaldías regentadas por el Polo han servido para elevar y nivelar, de manera sostenida, la calidad de vida de sus pobladores y para restarle espacio a la brecha entre el norte opulento y el sur de miserias.

Pero muy seguramente que los delegados también tendrán que ocuparse del tema de los compromisos unitarios de sus propios dirigentes. Algunos de éstos han comenzado a desentenderse de ellos, tal vez seducidos por los halagos que intencionadamente les brindan los grandes medios. El momento que está sufriendo el país, hábilmente maquillado por esos medios con argumentos que desconocen las inmensas carencias vitales de la población, demanda de quienes se dicen demócratas, cuando no revolucionarios, una actitud firme, carente de ambigüedades, como la pide el maestro Carlos Gaviria, pero también como la demandaba el también insigne maestro Fals Borda, en mala hora fallecido.

Actitud firme y carente de ambigüedades de parte de hombres orientados a la construcción del más sólido frente por la democracia y comprometidos con los mínimos programáticos del Ideario de Unidad, y no en el aprovechamiento de sus carismas personales, que, precisamente por valiosos, pueden querer ser aprovechados por los medios para avivar egos, alimentar apetitos y dificultar los procesos de real unidad.

Aprovechar y desarrollar lo bueno del Polo y contribuir a la solución de sus dificultades debe ser el compromiso resuelto de su militancia. Ello implica un trabajo tesonero en esta etapa de preparación de sus Congresos y la elección de los delegados más comprometidos con esos propósitos.

¡Y GANÓ EVO!

¡Y ganó Evo!
Por Rodrigo López Oviedo

Afortunadamente para el proceso de cambios que está viviendo nuestro hermano pueblo boliviano, las urnas salieron a socorrer a su presidente Evo Morales este pasado domingo, cuando se celebró el primer referendo revocatorio que registra la historia de este país y el segundo de América, y tal vez del mundo, si tenemos en cuenta el que se celebró en Venezuela con la pretensión de retirar del poder a Hugo Chávez Frías.

La votación a favor de Evo se calcula cercana al 67 por ciento de los ciudadanos participantes, con la cual supera el 53 por ciento que obtuvo en la elección que lo llevó a la Presidencia de la República. Se trata de un resultado amasado con grandes dificultades, en medio de la mayor agitación política de los últimos años, y representa un rechazo a las patrañas de las poderosas oligarquías que se resisten a perder los privilegios con que ancestralmente se han visto favorecidas, y de cuyo usufructo ha quedado como resultado una huella de penurias que hace de este pueblo, después de Haití, el más pobre de América Latina y del Caribe.

Pero ese triunfo, que se veía improbable a la luz de los informes de prensa salidos de la propia Bolivia, aumenta su significado al tomar en cuenta que vino acompañado de la revocatoria del mandato en dos de las seis prefecturas (gobernaciones) que están en manos de la oposición y a las cuales hay altas posibilidades de llevar a amigos del proceso en las elecciones de relevo que vendrán próximamente. Y si bien es cierto que una prefectura afecta a Evo Morales también fue objeto de revocatoria, ello no indica que pueda pasar a manos de la oposición, pues dentro de tal jurisdicción también ganaron las fuerzas amigas del Presidente indígena.

El actual período de agitaciones que está sufriendo nuestro hermano pueblo solo es un anuncio de que lo que allí ocurre sí está tocando privilegios indeseables y saldando deudas ancestrales con el grueso de la población. Y aunque lo que se haya hecho no tenga las características que podríamos esperar de un proceso revolucionario propiamente dicho, su importancia es de tal magnitud que ha empujado a las oligarquías de derecha a tan descomunales resistencias que hasta se han atrevido a invocar golpes de Estado y magnicidios, lo mismo que a acudir a estrategias separatistas, encubiertas en ropajes de autonomía. De ninguna de estas reprobables manifestaciones ha sido ajeno el gobierno de Estados Unidos y su embajada en ese país, con lo cual queda demostrado lo que verdaderamente significan los principios democráticos para los usufructuarios del poder cuando están en trance de perderlo.

Al celebrar este triunfo, el pensamiento democrático debe hacerse conciente de que lo que ocurra con el proceso boliviano debe comprometer aún más su solidaridad. Con todo y las limitaciones que cada quien pueda encontrarle, este proceso representa uno de los muchos caminos que pueden tomar nuestros pueblos en su lucha por alcanzar la soberanía, por el establecimiento de un poder distinto al de las oligarquías apátridas, aliadas al imperio, y por la construcción de una alternativa social diferente a la que ofrece el capitalismo y su fracasado modelo neoliberal. Lo que allí está sucediendo nos llena de mayor confianza en la tesis de que un mundo mejor sí es posible.

EL PROBLEMA DE LAS DROGAS

Por Rodrigo López Oviedo

Ante la reciente Cumbre Antinarcóticos de América Latina, en una disertación que debió hacer rabiar de contento a muchas madres, el presidente Uribe manifestó su rechazo al consumo de drogas, pues no quisiera que ninguno de sus hijos cayera en tan abominable flagelo.

Acompaño al Primer Mandatario en ese paternal sentimiento, y hasta podría manifestarle mi sincera adhesión a una cauda que levantara su nombre si existiera la seguridad de que ella tan solo se comprometiera a publicitar ese amor y a contagiar con él a los demás padres colombianos. Viéndolo tan amoroso de sus hijos como querendón de su camándula y de sus escapularios, los colombianos no podemos menos que envidiarle y emular con él hasta cuando podamos hacer profesión en nuestros hijos de un amor igual al que él se preocupa por hacernos creer que siente por los suyos.

Pero, bueno, más que de amores queremos hablar de drogas. Este problema es tan grave que no solo daña al que cae en sus redes, sino que también afecta a la sociedad al fraccionarla en bandas que se lucran con su tráfico ilegal; al incrementar exponencialmente la criminalidad producto del enfrentamiento entre tales bandas; al demandar esfuerzos de represión tan costosos como el tráfico que se pretende erradicar; al convertir en un problema de salud pública lo que dentro de ciertos límites podría considerarse un simple trastorno de conducta personal; al sustraer de la atención sanitaria a muchos afectados que podrían acudir a ella si no tuvieran que pasar por el estigma de los señalamientos sociales; y al convertirse en fuente de financiación guerrillera en respuesta a los astronómicos presupuestos oficiales destinados a combatirla.

Hasta dónde esos perversos efectos se puedan prevenir, controlar y erradicar con una política distinta a la penalización del tráfico es cosa que estamos en mora de definir, pues seguir por el camino trillado de la represión no solo no ha producido resultado que merezca la pena mostrarse, sino que ha resquebrajado la moral pública, como lo evidencian los muchos casos de infiltración que se han descubierto en prácticamente todas las instancias oficiales, al tiempo en que ha impactado negativamente el ecosistema, no solo por la tala de bosques para las nuevas siembras, sino también por las fumigaciones que éstas traen en respuesta.

Señalando su oposición a la legalización, Álvaro Uribe el presidente, no Álvaro el padre, dijo en la misma Cumbre Antinarcóticos que la legalización de la droga podría generar una reducción del precio, pero no de la oferta. Puede tener razón, pero ese no es el problema. El problema es la demanda. Y para atacar la demanda, la sociedad podría contar con los ingentes recursos que se liberarían de la represión del tráfico y destinarlos a atender el flagelo mediante medidas que estén más en sintonía con lo que nos han enseñado años y años de infructuosa represión.

Con los recursos que podrían liberarse de ésta fracasada política podrían emprenderse agresivas campañas de educación que prevengan y desestimulen el ingreso de los jóvenes a este bajo mundo, al tiempo que se ordena el mercado para los adictos y se les brinda a estos los servicios de salud médica y atención sicológica para salvarlos de tan aterrador flagelo. Una política de esta naturaleza también arrancaría muchos aplausos de madres agradecidas

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REFORMA POLÍTICA

Por Rodrigo López Oviedo

Se ha creído que una democracia auténtica debe tener en el derecho a la información uno de sus pilares fundamentales. Eso está bien, como lo está el que de tal creencia sean artífices los mismos medios de comunicación. Lo que no está tan bien es que éstos lo sean de una manera tan poco integral que solo defiendan su derecho a informar, lo cual implica escoger los contenidos y la forma de la información, y no el derecho de la sociedad a ser informada, lo que llevaría a que lo fuera de manera plena, pulcra y objetiva.

El generalizado respaldo que esos grandes medios le han dado al Gobierno, luego de los recientes desencuentros de éste con la Junta del Banco de la República por las medidas que deben adoptarse para controlar el crecimiento de la inflación y frenar la revaluación, ha puesto en evidencia, una vez más, el uso abusivo que han hecho de sus prerrogativas informativas.

Interesados como están en mantener y elevar el índice de aceptación de Uribe, porque al fin de cuentas el de los miembros de la Junta del Banco no importa tanto, se han puesto de su lado en el rechazo al alza de la tasa de interés, hoy ya en el diez por ciento, y en la defensa de mayores prerrogativas para la inversión extranjera, a la cual el Ejecutivo ve prácticamente como el único mecanismo importante de crecimiento, sin que importen los desbordes de la inflación en curso ni que esta siga erosionando los escasos recursos de quienes viven del trabajo.

Ello no debe sorprendernos. Es lo mismo que han hecho al ofrecernos su interpretación de los fenómenos que gravitan sobre el aparato productivo y de su efecto sobre el estado de ánimo de los colombianos. Mientras aquellos fueron favorables, procuraron hacerlos ver como una consecuencia del trabajo tesonero de esa “inteligencia superior” que nos gobierna desde la Casa de Nariño. Pero ahora que se observan preocupantes nubarrones en el cielo, que comienza a percibirse la desaceleración del crecimiento, que la confianza disminuida de los consumidores empieza a traducirse en menor demanda, que los indicadores de desempleo vuelven a empujar hacia las alturas y que evaluadores tan reputados como Fedesarrollo se atreven a calificar la coyuntura actual como una de las más inciertas y complejas de los últimos tiempos, ya no es esa infinita capacidad resolutoria de nuestro presidente Uribe la que se encuentra detrás de tales fenómenos, sino la mano nefasta de la economía mundial con sus negros influjos.

Solo por ese poder de los grandes medios y por su capacidad y propósito de distorsión, podemos hallarle explicación al hecho de que puedan coincidir en Uribe el mal gobierno y los altos índices de aceptación, y con ella la terrible posibilidad de que el pueblo yerre en sus decisiones políticas y respalde lo que no le conviene.

Esto no es más que una aberración de esa democracia que entendemos no solo como el gobierno del pueblo y por el pueblo, sino también, y muy especialmente, para el pueblo.

Una democracia de este tipo no puede construirse sobre la base del monopolio de la conciencia ciudadana. A prevenir y corregir tal monopolio debieran concurrir los esfuerzos ciudadanos, sobre todo ahora que estamos hablando de una reforma política.

RESPUESTA ANTE LAS MARCHAS

Por Rodrigo López Oviedo

Las marchas y concentraciones del 20 de Julio, que siempre han servido para conmemorar nuestra frustrada independencia, fueron convertidas este año en un clamor por la paz y por la libertad. De todos los rincones patrios surgieron emocionadas voces que expresaban el anhelo de encontrarle fin a un conflicto que ha ahogado la felicidad de la patria entera. Lo que sigue ahora es impedir que el Gobierno, embriagado como está con los recientes reveses de la guerrilla, a los cuales ve como contundentes triunfos suyos, quiera capitalizar tan monumentales manifestaciones y convertirlas en autorización para dar por clausurada toda discusión acerca del intercambio humanitario y de la paz negociada.

El intercambio humanitario y la paz negociada, que han sido los estandartes más sentidos de los sectores democráticos por ser los que más pronto y a menor costo garantizarían el cese de los derramamientos de sangre y el consecuente fin de nuestra cincuentenaria violencia, no solo han sido rechazados desde siempre por la derecha en el poder, sino que ahora, a raíz de estas marchas, querrán ser presentados como carentes del respaldo ciudadano.

Lo cierto es que muchos colombianos, seducidos por el enorme poder que la misma derecha ha logrado construir a través de sus grandes medios, han comenzado a ver en el secuestro el más execrable crimen, pasando por alto horrores peores para la condición humana como son el genocidio, la desaparición forzada, el descuartizamiento y muchos más, en los que ha resultado tan pródiga esa derecha.

Pero una cosa es que haya condena al secuestro y otra que el Gobierno se sienta autorizado por ello a emprender rescates a sangre y fuego, llámelos cercos humanitarios o como los llame, pero de los cuales solo puede esperarse más dolor y lágrimas para un pueblo que de ellas ya ha tenido bastantes.

Claro que algunos pensarán que el riesgo es mínimo, sobre todo al considerar el estado de debilidad en que suponen están las FARC. Suposición que ha sido el fruto de unos cuantos éxitos de inteligencia militar, de algunos otros golpes propinados con apoyo en la más alta tecnología, de una que otra deserción guerrillera, de una buena dosis de malicia y engaño y de la más eficiente utilización de la propaganda mediática. Hasta dónde una debilidad así construida pueda ser garantía de rescates sin riesgo es cosa que está por verse.

Por eso debemos seguir insistiendo en el intercambio humanitario y en la paz negociada, en lugar de estar reclamando, como lo hacen Uribe y algunos miembros de su gabinete, rendiciones incondicionales. El Gobierno está en la obligación de asumir una posición realista ante las condiciones que actualmente ofrece nuestro conflicto interno. Atraer a las FARC a posiciones de respeto de la institucionalidad solo puede ser el fruto de un propósito soportado en el reconocimiento de que ellas no nacieron para la violencia sino a consecuencia de la violencia oficial; y no como rechazo a la democracia sino ante la carencia de ésta. Ese realismo debe traducirse en propuestas concretas y sinceras que las hagan sentirse llamadas a participar en un proceso orientado en verdad a la paz con justicia social. Esa será la mejor señal de agradecimiento de parte del Gobierno a los miles y miles de colombianos que desfilaron el pasado 20 de Julio.

¿REELEGIR A URIBE?

Por Rodrigo López Oviedo

Nunca nadie en la historia del país ha recibido tantas presiones como Álvaro Uribe para que aclare de una vez si quiere continuar en la Presidencia de la República por un período más. Se lo preguntan en cuanto escenario esté, y su invariable respuesta termina siendo un “adivínalo Vargas” refundido en un advocatorio llamado de respaldo al programa de seguridad democrática.

Todos sabemos que un tercer mandato es la mayor aspiración de nuestro Presidente. Satisfechos durante ocho años sus sueños presidenciales de infancia, otros cuatro le coronarían las ansias de poder nacidas en su madurez y lo rodearían de un halo protector adicional al recibido de la Corte Constitucional cuando, en reciente fallo, lo confirmó en la creencia de que el delito puede ser fuente de derecho y de que es factible demorar el destape judicial de lo que le significó el fenómeno narcoparamilitar en su exitosa carrera política.

Solo que él se esfuerza por no reconocer tal aspiración, pese a que uno de los principales partidos que lo respaldan anda comprometido, con su anuencia, en el costoso proceso de recolección de firmas para impulsar un referendo que le permita satisfacerla. Es posible que tenga razón. Teme que con tal reconocimiento se puedan resentir Juan Manuel Santos, Germán Vargas Lleras, Martha Lucía Ramírez y unos cuantos más de sus amigos de ayer que hoy son potenciales candidatos a sucederlo en la Presidencia. Con estos adalides de su causa convertidos en frustrada competencia electoral, se resquebrajarían sus bancadas, o por lo menos se debilitarían más de lo que ya las han debilitado las investigaciones por parapolítica.

Tal vez esta preocupación sea la que lo lleve a darse una pausa y a cambiar de estrategia, lo cual viene haciendo de manera taimada a través de su hermano Santiago, a quien ya se le oyó manifestar la conveniencia de que la reforma constitucional en camino se oriente más bien a alargar el actual período presidencial por “dos añitos mas”, porque para intentar la enmienda constitucional que autorice un tercer mandato ya habrá tiempo.

El problema de estas reformas, tanto la que alargaría el actual período presidencial como la que autorizaría la nueva reelección, es que requieren de un Congreso menos encrespado que el que había cuando se requirió del cohecho para realizar la reforma que autorizó la primera reelección y de unos funcionarios estoicos o anestesiados, dispuestos a sortear, ya con pundonor, ya con indiferencia, los problemas que podrían sobrevenirles si, por andar ofreciendo halagos punibles, se les atraviesa otra Yidis Medina.

Valdría la pena imaginar a esta señora, desnuda o no, o a Teodolindo, enfermo o no, pero cargando a cuestas la experiencia de lo que les significó su participación en esa primera enmienda. Con tales imágenes, tratemos de intuir lo que podría suceder hoy con este Congreso si se lo pone a discutir estas nuevas reformas. ¿Será que la táctica del cohecho que se empleo tan persuasivamente sobre tales personajes puede contar ahora con nuevos ejecutores, activos y pasivos, que puedan asumir, por amor al Jefe o a las canonjías, conductas capaces de generar consecuencias tan incómodas como las que ya hemos visto? Creemos que no; pero en un país tan cargado de sorpresas como el nuestro, cualquier cosa puede suceder. Incluso que se nos alargue esta dolorosa noche.

UN TRIUNFO QUE CONDENA

Por Rodrigo López Oviedo

Para quienes hemos creído que el intercambio humanitario es el mejor camino para lograr la libertad de las personas que están retenidas por la guerrilla debiera resultar plausible que esa libertad también se pudiera alcanzar mediante otros métodos, siempre y cuando ellos no entrañaran riesgos de sangre o de muerte. Por desgracia, el ejemplo de la liberación de Ingrid Betancourt y de sus 14 compañeros no permite otorgar tan amplio aval.

Como bien lo dijo el ministro Juan Manuel Santos, este rescate, más que un éxito militar, “ha sido un triunfo de la inteligencia, para el cual no se necesitó disparar un solo tiro”. Sin embargo, pese a su enorme significado, lo único digno de resaltar en él, además de la liberación misma, fue el haberse llevado a cabo mediante una estrategia distinta a la de sangre y fuego, porque, por lo demás, fue un triunfo que se labró a base de estratagemas engañosas, las cuales indujeron a error al grupo guerrillero, por lo cual solo es viable esperar que conduzcan a esta organización a cerrar compuertas cada vez que se quieran intentar otras liberaciones no violentas.

Aunque la intención de engaño no ha sido negada por la cúpula militar, sí se la ha mostrado como meramente circunstancial, es decir, como si en torno a ella no hubiera girado toda la esencia del rescate. De todas formas, ese carácter engañoso es el que hizo tan dañino el operativo, ya que acabó con cualquier margen de credibilidad que las FARC pudieran conservar respecto de su contrincante, el Gobierno de Uribe, lo cual resulta sumamente grave si tenemos en cuenta el grueso número de personas que aún continúan en manos de la organización guerrillera y de lo necesario que se hace que exista algún grado de confianza con miras a futuros acercamientos.

Por eso resultan tan equivocadas las generalizadas manifestaciones de contento que, estimuladas por los medios, se presentaron a raíz de estas liberaciones. Si bien resultan naturales por lo que representan para las personas beneficiadas y sus familias, no lo son así para quienes aún permanecen en la selva, pues ahora tendrán que resignar toda esperanza a lo que buenamente pueda hacer por ellos la organización guerrillera, ya que cualquier otra expectativa puede resultar vana ilusión: El Gobierno, creyéndose respaldado en su política de rescate a sangre y fuego, no querrá volver a oír hablar de intercambio humanitario. La guerrilla, sabiéndose engañada y engañable, no volverá a prestar oídos a nada de lo que signifique acuerdos con el Gobierno.

Agravando lo anterior, también es posible que hayan perdido credibilidad las misiones internacionales: A las de Suiza y Francia, que coincidieron en sus acercamientos presuntamente humanitarios con el operativo de la liberación, les tocará cargar con la sospecha de haber sido instrumentos del engaño, lo cual las condenará, lo mismo que a otras misiones, al rechazo del grupo guerrillero mientras exista cualquier posibilidad de que se repitan hechos parecidos a los de este dos de julio.

Tales son las consecuencias de este triunfo: condenar a los colombianos que aún están retenidos y a sus familias a la incertidumbre más pavorosa y postergar las posibilidades de intercambio humanitario y la concreción de los anhelos de paz con justicia social para cuando logremos establecer un gobierno más sintonizado con su pueblo.

¿REPETIR LAS ELECCIONES?

Por Rodrigo López Oviedo

La decisión del presidente Uribe de presentarle al Congreso un proyecto de ley para que el pueblo decida si se repiten o no las elecciones de 2002 ha puesto en evidencia el deseo del Mandatario de utilizar su supuesta acogida popular para hacer de ella la santificadora de cuantos caprichos se le ocurran y la perdonavidas de sus errores del pasado.

Bien sabe Álvaro Uribe que lo que hay detrás del fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema no es un juicio al proceso electoral de 2002. Ya de lo ocurrido en tales comicios se ha hablado suficiente y adversamente dentro de los procesos de la parapolítica. Lo que tal fallo cuestiona es la forma como se aprobó la reforma constitucional que le permitió a Uribe jugar como candidato al tiempo que ejercía como Presidente de la República; es decir, la manera como se indujo al pueblo al error de creer que podía reelegirlo, ocultándosele el cohecho cometido en el trámite de la reforma constitucional.

¿Será que ese pueblo que votó por él reincidirá en su respaldo pese a conocer el engaño de que fue víctima en la primera ocasión y a que ahora lo haría a sabiendas del pecado que ello representaría? Resulta difícil creerlo, sobre todo teniendo en cuenta que ya no están Mancuso y compañía apuntando a la nuca de un electorado inerme.

¿Será que la Corte Constitucional permanecerá impávida al saber ahora que el “articulito” reeleccionista se aprobó a punta de cohechos? También parece improbable, sobre todo con tantas evidencias brotando de los hechos y con tantos ojos puestos en su decisión.

Uribe, sin embargo, cree que sí, y de ahí su proyecto de ley. Lo más grave es que pueda tener razón; y si la Corte Constitucional no se apresura a revisar su fallo, como se lo ha pedido la Sala Penal de la Corte Suprema, ese mismo pueblo podría ser víctima de un nuevo engaño, solo que ahora con todas las características de crimen de lesa patria, al ser sometido a dictar en las urnas una sentencia de absolución, para lo cual solo contaría con la presión de los grandes medios.

Para resolver este intríngulis solo tienen potestad los altos tribunales jurisdiccionales. Desprendidos de todo interés que no esté al servicio de la patria, sus magistrados deben proceder, por lo pronto, a impedir que un tema para cuya solución se requiere de las luces del derecho caiga en manos de los directorios uribistas, que desearían resolverlo en las urnas. Se precisa derogar la exequibilidad de la reforma que le abrió curso a la reelección y declarar nula la reelección lograda con soporte tan espurio. Pero también se requiere precisar responsabilidades en tan espinoso tema, muchas de las cuales deben ser coincidentes con las de la parapolítica, y procurar una pronta justicia.

Algunos articulistas, particularmente afines al uribismo, se han empeñado en mostrar este caso como un choque de trenes. Tal interpretación pretende cubrirle la espalda al Presidente, poniendo sus posiciones en pie de igualdad a las de la Sala Penal de la Corte. Corresponde al pensamiento democrático poner los énfasis en donde deben estar y hacer todo lo que esté a su alcance para que la solución que se logre represente un detente en este camino de degradación de la política.

CUESTIÓN DE INTERESES

Por Rodrigo López Oviedo

Los colombianos parecemos condenados a la burla constante de parte de nuestros dirigentes. Especialmente en el acontecer público las muestras son abundantes. Cuando la economía marcha bien, detrás de ella se encuentra el cerebro prodigioso del gobernante, siempre atento a orientar los destinos del país con la brújula de su inteligencia superior. Cuando marcha mal, son las circunstancias ajenas a su querer las que determinan los desafortunados resultados.

Así operan las cosas tanto en la economía como en la política. Si la inflación se mantiene dentro de los planes establecidos, allí está la mano providente de Uribe, que ha logrado extender a tal indicador los efectos de sus políticas de seguridad democrática. Pero si se sale de lo previsto, ninguna culpa debe buscarse en quien solo puede generar éxitos. La culpa está en la Junta del Banco de la República -de la cual el Gobierno es mayoría-, en los capitales golondrina o en las remesas de los colombianos en el exilio.

El caso de los subsidios es más diciente. La casi totalidad de ellos se han desmontado tras el mentiroso supuesto de que lo que en ellos se gasta quedaría mejor en educación, salud y otras inversiones de carácter social. Lo cierto es que, con la desaparición de los unos, las otras no se ven, y en cambio si hemos visto una explosión de asistencialismos al estilo de Familias en acción y Familias guardabosques, con los cuales se elevaron a dignidad y monopolio presidenciales los auxilios parlamentarios de antes de Uribe.

Claro que cuando se trata de los dueños del país, los subsidios ya no son tan malos; y si no existen, hay que crearlos. Así lo hemos visto ahora que estos sectores están quedando por fuera de los mercados internacionales a consecuencia, en parte, de la revaluación del peso. En lugar de aprovechar este fenómeno para recoger dólares baratos y prepagar la deuda externa, el Gobierno resuelve utilizar sus recursos para crearles un subsidio a los exportadores con el pretexto de evitar la pérdida de puestos de trabajo. Esta no es más que una forma disimulada de socializar pérdidas privatizando las arcas públicas.

Tratamiento contrario es el que se da al caso de la gasolina. Sin que exista justificación para que internamente se cotice a precios del golfo de México, los altos precios derivados de tal forma de cálculo están siendo agravados con la eliminación paulatina de los subsidios con que antes se beneficiaban. Lo lógico es que cada país maneje sus propios productos de acuerdo con los niveles de ingreso de sus habitantes. No existe razón alguna para que los colombianos estemos pagando el líquido al precio de Luisiana cuando nuestros niveles de ingreso no exceden en mucho los de Luanda. Si del crudo de producción nacional solo consumimos internamente el 25 por ciento, ¿no deberían aprovecharse los altos precios de exportación para beneficiar a los colombianos mediante la devolución de los subsidios del combustible destinado al menos al transporte público, tanto el de pasajeros como el de carga? Aunque tal medida repercutiría solo tímidamente en los precios de la canasta familiar, el solo saber de su existencia nos haría sentir un tanto partícipes de esa bonanza en los mercados del petróleo. Desafortunadamente, intereses son intereses, y los intereses oligárquicos no coinciden con los del pueblo.

LA MARCHA SINDICAL

Por Rodrigo López Oviedo

En un meritorio acto de reconocimiento a lo que representa la lucha popular, un aguerrido destacamento de sindicalistas del sector bancario está en la tarea de recorrer los caminos de la patria, desde Cali hasta Bogotá, con el propósito de hacerle saber al país que mientras los chupasangre de sus patronos se embolsillan las mayores tajadas del esfuerzo nacional, los trabajadores siguen condenados al empobrecimiento y a la violación de sus derechos. La fatigante marcha comenzó el pasado 10 de junio, y el 18 estará coronando las gélidas calles capitalinas.

Un aspecto que preocupa de este desplazamiento es la desigual acogida que ha suscitado. En especial, el recibimiento que se le prodigó a su paso por Ibagué, pese a lo entusiasta, dejó mucho que desear. El número de asistentes al acto cultural que, en honor de los marchantes, se desarrolló en el Parque de la Música, el pasado sábado, no guardó relación con el esfuerzo desplegado ni con la importancia de sus propósitos, ni mucho menos con la gran responsabilidad que le asiste al proletariado en momentos en que es víctima de una nueva ofensiva contra sus conquistas y derechos.

Particularmente preocupante es el sinnúmero de estrategias que están siendo empleadas por la patronal y el Gobierno para impedir el ejercicio de un derecho tan sustancial a la suerte de los trabajadores como es el de la organización sindical. Una de tales estrategias es la llamada flexibilización laboral, a través de la cual se ha “deslaboralizado” la relación obrero patronal y abaratado el despido de trabajadores. Otra, las recurrentes campañas de desprestigio con las que se ha pretendido descargar sobre los sindicatos la responsabilidad de las quiebras empresariales y de algunas entidades oficiales, que han sido causadas realmente por la incuria de los administradores y por las políticas burocráticas, clientelistas y privatizadoras del Régimen.

Pero, agravando lo anterior, el derecho a la sindicalización está seriamente lesionado por la práctica sistemática del desplazamiento, la desaparición forzada y el asesinato de los dirigentes sindicales, a través de lo cual no solo se cercena al movimiento de la experiencia de sus luchadores más consecuentes, sino que se lo deja sin posibilidades de crecimiento al horrorizar al conjunto social con tan criminales prácticas y hacerle ver que la organización sindical es un escenario de alto riesgo.

La combinación de todos estos factores, y otros más, han diezmado el movimiento al punto de que hoy solo el cuatro por ciento de la fuerza laboral se encuentra sindicalizada, con el agravante de que ahora se le agrede con una campaña “empresarista”, según la cual los sindicatos no deben ya preocuparse de la defensa de los derechos de los trabajadores ni de la conquista de nuevas reivindicaciones, sino de construir empresa, para lo cual el patrón les prestará el valioso concurso de contratarles para que cumplan como sindicato las tareas que, bajo la honda neoliberal, le estaban asignadas a las empresas y cooperativas de trabajo asociado.

Estas condiciones son las que hacen tan importante toda muestra de resistencia, como ésta que realizan los sindicalistas caleños. Pero son también las que obligan a rodearlas de la solidaridad que faltó en Ibagué, tal vez a causa del alarmante, pero afortunadamente superable retroceso en la conciencia de los trabajadores y en la capacidad de convocatoria de los sindicatos.