De pequeños culpables y grandes impunidades

Por Rodrigo López Oviedo

Se está volviendo inveterada la costumbre del Gobierno de tirar la piedra y esconder la mano; de negar los hechos en la tormenta y reconocerlos en aguas calmas; de aceptar que las cosas pasan solo cuando son incontrovertibles. Una evidencia de ello fue la de los humildes muchachos que fueron engañosamente reclutados y después asesinados con alevosía para cobrar los beneficios contenidos en un memorando militar al que hoy se le descubren sus criminales aristas.

Este lamentable episodio quedará gravado en la historia, pero no por el todavía incierto número de vidas que cegó cuando éstas apenas despuntaban, ni por las manifestaciones de dolor y de tristeza que causó en las familias directamente afectadas por la tragedia y en los muchos otros hogares donde la suerte del hermano se asume como si fuera la propia suerte. Tampoco por la omisiva actitud de los conductores del Estado, quienes en un alarde de valor civil hubieran podido asumir la responsabilidad política si no carecieran de la grandeza que se requiere para afrontar con vergüenza hechos tan lamentables como éste.

No, este episodio de nuestra historia será rememorado por haber dado lugar a la renuncia del General Montoya, Comandante del Ejército, y a la erguida decisión de un Presidente de la República que, intentando sacudirse de un fracaso más en su política de seguridad democrática, resolvió defenestrar a un nuevo grupo de oficiales de la fuerza pública, entre quienes se encontraban tres generales más, 11 coroneles y un mayor, luego de que se le hiciera imposible seguir sosteniendo el contra evidente embuste de las muertes en combate.

Pero también será recordado por haber hecho evidente un escandaloso encadenamiento de complicidades que de todas formas dejan en la sombra a los responsables de unas estrategias de seguridad que han sido asumidas como política gobierno y a través de las cuales se pretende eternizar un statu quo que solo beneficia a unas cuantas familias, de las cuales forman parte uno que otro de los muchos funcionarios que hoy se creen dueños del poder, no siendo en verdad más que ingenuos servidores de los verdaderos dueños, así finalmente saquen partido de las posiciones que ostentan.

En esa cadena de responsabilidades están los ordenadores tácticos de las decisiones estratégicas, que son los que asumen las responsabilidades por los fracasos en que se incurra. Allí siempre habrá oficiales de variada graduación, puestos todos en camino a un generalato al que podrán acercarse más o acercarse menos, e incluso llegar, según sea el grado de obsecuencia que observen en el cumplimiento de las estrategias. Están también los otros oficiales, los inmostrables, los del trabajo sucio, conocidos como paramilitares y parapolíticos, a quienes no se les ofrecen charreteras especiales ni rangos honoríficos, pero si poderes regionales libres de toda jurisdicción que no pueda someterse al imperio de las armas. Todos pagan sus responsabilidades con la impunidad; pero cuando algunas son evidentes, los primeros las pagan con el cargo, y algunas veces con las rejas; los segundos con las rejas, y si saben mucho, con la extradición. Ah, y todos con el riesgo de pagar también con el silencio de los camposantos.

Los que sí nada pagan son los responsables de todo: los grandes dueños del país, que son los mayores beneficiados con tan vergonzosos hechos.