Por Rodrigo López Oviedo
En reciente debate al Ministro de Agricultura, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo, demostraba la justeza de las posiciones del sector democrático cuando, ad portas de la apertura económica, denunciaba la crisis que sobrevendría ante la avalancha de productos extranjeros que sustentaban sus precios en altos subsidios oficiales, en aprovechamiento óptimo de los avances tecnológicos y biotecnológicos, en amplia disponibilidad de capitales y de créditos para atender sus costos y en un clima político y social mucho más satisfactorio que el nuestro. Hoy, 18 años después, las 700 mil toneladas de alimentos que importábamos se nos han convertido en nueve millones ochocientas mil.
La situación es tan grave que ni siquiera los cafeteros están a salvo. Pese a que el precio internacional del grano está excepcionalmente alto, los beneficios no han llegado a sus parcelas, pues han tenido que lidiar con un peso revaluado que les encarece los costos de producción, amén de que las últimas cosechas han perdido considerable volumen. Como si ello fuera poco, últimamente han venido sufriendo, al igual que los algodoneros, de la hasta hace poco impensable pérdida de buenas porciones del mercado interno ante la competencia de granos llegados de otros países.
También es delicada la situación de los productores de leche, de oleaginosas y de panela, pero particularmente la de los arroceros, agravada por un contrabando de proporciones tan descomunales que solo puede darse con la complicidad de las autoridades.
Ahora al Gobierno le ha dado por expedir una serie de medidas supuestamente orientadas a defender la salud de los colombianos, pero con las que realmente ha llegado en socorro de los monopolios que se lucran del campo. Tal es el propósito de prohibir el mercadeo de la leche con personas distintas a los pasteurizadores y las exigencias de que los mataderos y los trapiches paneleros luzcan, respectivamente, como salas de cirugía y chocolaterías suizas, según lo señalado por el mismo senador Robledo.
Por supuesto que el Gobierno no ignora que las carencias viales en inmensas zonas del país impiden el arribo de los pesados carrotanques de las pasteurizadoras, ni que los problemas de crédito, de asistencia técnica, de comercialización, de carestía de los insumos, de concentración y especulación con la tierra, de violencia, etcétera, hacen imposible que la inmensa mayoría de nuestros campesinos puedan acudir a los mercados con una producción tan limpia como la que ahora se les está exigiendo.
Lo que según Robledo sí parece ignorar el mismo Gobierno es que, dada la estructura de nuestra balanza comercial alimentaria, si se presentaran fenómenos que impidieran el ingreso al país de trigo, maíz y cebada, nos veríamos en calzas prietas para consumir tales productos, pero también pollo y cerdo, que se alimentan con productos derivados de maíz importado.
En un país como el nuestro, en el que el 75 por ciento de los trabajadores rurales no alcanza a devengar el mínimo legal y el 27 por ciento está en la indigencia, y en el que la leche se bota para preservar su precio mientras hay niños muriendo de hambre, requerimos de unas políticas agropecuarias más centradas en los intereses del grueso de la población, antes que en los monopolios de la producción de alimentos, en los grandes especuladores de la tierra y en los megaproyectos de las transnacionales.
En reciente debate al Ministro de Agricultura, el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático Alternativo, demostraba la justeza de las posiciones del sector democrático cuando, ad portas de la apertura económica, denunciaba la crisis que sobrevendría ante la avalancha de productos extranjeros que sustentaban sus precios en altos subsidios oficiales, en aprovechamiento óptimo de los avances tecnológicos y biotecnológicos, en amplia disponibilidad de capitales y de créditos para atender sus costos y en un clima político y social mucho más satisfactorio que el nuestro. Hoy, 18 años después, las 700 mil toneladas de alimentos que importábamos se nos han convertido en nueve millones ochocientas mil.
La situación es tan grave que ni siquiera los cafeteros están a salvo. Pese a que el precio internacional del grano está excepcionalmente alto, los beneficios no han llegado a sus parcelas, pues han tenido que lidiar con un peso revaluado que les encarece los costos de producción, amén de que las últimas cosechas han perdido considerable volumen. Como si ello fuera poco, últimamente han venido sufriendo, al igual que los algodoneros, de la hasta hace poco impensable pérdida de buenas porciones del mercado interno ante la competencia de granos llegados de otros países.
También es delicada la situación de los productores de leche, de oleaginosas y de panela, pero particularmente la de los arroceros, agravada por un contrabando de proporciones tan descomunales que solo puede darse con la complicidad de las autoridades.
Ahora al Gobierno le ha dado por expedir una serie de medidas supuestamente orientadas a defender la salud de los colombianos, pero con las que realmente ha llegado en socorro de los monopolios que se lucran del campo. Tal es el propósito de prohibir el mercadeo de la leche con personas distintas a los pasteurizadores y las exigencias de que los mataderos y los trapiches paneleros luzcan, respectivamente, como salas de cirugía y chocolaterías suizas, según lo señalado por el mismo senador Robledo.
Por supuesto que el Gobierno no ignora que las carencias viales en inmensas zonas del país impiden el arribo de los pesados carrotanques de las pasteurizadoras, ni que los problemas de crédito, de asistencia técnica, de comercialización, de carestía de los insumos, de concentración y especulación con la tierra, de violencia, etcétera, hacen imposible que la inmensa mayoría de nuestros campesinos puedan acudir a los mercados con una producción tan limpia como la que ahora se les está exigiendo.
Lo que según Robledo sí parece ignorar el mismo Gobierno es que, dada la estructura de nuestra balanza comercial alimentaria, si se presentaran fenómenos que impidieran el ingreso al país de trigo, maíz y cebada, nos veríamos en calzas prietas para consumir tales productos, pero también pollo y cerdo, que se alimentan con productos derivados de maíz importado.
En un país como el nuestro, en el que el 75 por ciento de los trabajadores rurales no alcanza a devengar el mínimo legal y el 27 por ciento está en la indigencia, y en el que la leche se bota para preservar su precio mientras hay niños muriendo de hambre, requerimos de unas políticas agropecuarias más centradas en los intereses del grueso de la población, antes que en los monopolios de la producción de alimentos, en los grandes especuladores de la tierra y en los megaproyectos de las transnacionales.
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