Según conceptos surgidos y puestos en práctica ante las tareas de reconstrucción que quedaron de la 2ª Guerra Mundial, el Estado social de derecho es la forma como debe organizarse la sociedad para que las distintas ramas del poder público puedan armonizarse y garantizar la justicia social y la dignidad humana.
El Polo Democrático Alternativo ha incorporado ese concepto a su Ideario de Unidad. Allí se define que un Estado social de derecho es el que, además de ser soberano y pluralista, hace efectivos los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de la población, así como los de protesta, organización y huelga, y asegura el respeto de las libertades y garantías democráticas consagradas en la Constitución.
La Constitución del 91 establece que Colombia es un Estado Social de derecho, al cual le corresponde: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos los ciudadanos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”.
Como puede observarse, no es por carencia de conceptos ni de normas por lo que nuestra población está tan separada de las satisfacciones que se derivarían de un Estado Social de Derecho. Ha sido más bien por falta de gobernantes comprometidos con tales satisfacciones, de una conciencia que la haga sentirse con derecho a exigirlas y de un grado de organización que le garantice posibilidades de éxito en su lucha por reivindicarlas.
Lo que puede conseguir con tantas privaciones es la violación sistemática de sus derechos, como viene ocurriendo, por ejemplo, con el derecho al trabajo. Los dueños del capital esperan obtener altas tasas de ganancia y eso les hace deseable que exista un ejército de desempleados capaz de generar entre los ocupados el temor a ser reemplazados si se dan a cuestionar las condiciones de empleo con que cuentan. Este temor propicia bajos niveles de organización y de lucha y altos grados de impunidad.
Tal vez por ello, el Polo plantea la conveniencia de una reforma a fondo de la justicia. No porque la justicia sea más importante que el empleo, la salud o los demás derechos, sino porque su carencia genera impunidad y autorización para nuevas violaciones. El Ideario de Unidad del Polo aboga por una administración de justicia imparcial, independiente, gratuita y eficaz, al servicio de todos los colombianos. Y así como defiende algunos mecanismos del sistema actual, insta a que sean enriquecidos con procedimientos que los hagan más efectivos.
La acción de tutela es uno de tales instrumentos, pero requiere acompañarse de una escala de castigos crecientes para que no se persista en el incumplimiento de derechos tutelados, como lo hacen, por ejemplo, el Gobierno y las EPS. Ambos saben que son pocos los ciudadanos que se atreven a tutelar, y saben también que de esa indiferencia ante el instrumento se derivan ganancias inmensas para él y para ellas. Establecida esa escala de castigos, el Gobierno quedaría obligado a incluir en el POS los procedimientos y medicamentos tutelados y las EPS a suministrarlos, pues lo contrario los haría objeto de castigos cada vez más severos.
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