Publicado el 14 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo
Si se requiriera una prueba de lo inútiles que resultan para los países anfitriones las bases militares que Estados Unidos instala en territorios extranjeros, bastaría con recordar que Ecuador fue agredido militarmente por Colombia, sin que la base de Manta, allí emplazada desde hacía 10 años, advirtiera del hecho al gobierno de Rafael Correa o hiciera algo para impedirlo, en lugar de hacerse cómplice del agresor al confundirse con él en repugnante alianza. En respuesta, nuestro vecino país acudió a la comunidad internacional en procura de instrumentos que le permitan resarcirse del golpe, al tiempo que le notificó al compinche norteamericano que las autorizaciones que le permitían actuar desde Manta ya no serían renovadas.
Resulta inaudito que con tamaño antecedente, y sin tener la autorización del Congreso, Uribe ande buscando extenderle al gobierno del norte las autorizaciones necesarias para que continúe con las actividades de dominación imperial y de apoyo a las oligarquías locales que ya no podrá seguir atendiendo desde la base ecuatoriana. Se trata, por supuesto, de una autorización mejorada, ya que ahora podrá contar, no con uno, sino con cinco emplazamientos militares, y con posibilidad de otear no solo sobre la región andina y la cuenca del Pacífico, sino también sobre el Caribe.
Muchos creen, o dicen creer aunque crean lo contrario, que no se trata del traslado de la base de Manta a territorio colombiano. Y lo dicen dejándonos ver de ella solo un conjunto de instalaciones materiales sólidamente adheridas a un territorio, como resulta ser lo que las apariencias nos muestran. Pues es obvio que un traslado de tal naturaleza no puede darse. Sólo que una base militar, más que una infraestructura física y sofisticados equipos, es un conjunto de permisos para que tropas extranjeras se emplacen y circulen más o menos libremente por un territorio en procura de desarrollar labores de inteligencia que terminan desnudando las esencias nacionales del anfitrión. Por eso se hace necesario rechazar acuerdos tan nefastos para nuestra soberanía, y más aún si ellos llevan implícita la posibilidad de agredir a países con los cuales compartimos fronteras y en los cuales se desarrollan procesos de alto interés para sus pueblos y para la región.
Claro que hablar de soberanía no es más que una forma de expresar nuestro rechazo. Bien sabemos lo comprometida que ella ha mantenido desde los albores mismos de nuestra historia republicana. En el caso que comentamos, el gobierno de Uribe solo está reeditando viejas prácticas de nuestras clases dirigentes, y todo para congraciarse con un Obama al que confundió con el enemigo cuando estaba en campaña presidencial, pero de quien ahora necesita su respaldo para sacar adelante el TLC y de su vista gorda para que no se le vea contrario a un tercer mandato.
Lo grave es que los costos se están haciendo excesivamente gravosos: la reciente autorización para que un contingente militar se desplace a Afganistán fue solo una primera cuota. Resulta más grave aún que la segunda cuota se quiera pagar con autorizaciones como éstas, que de consumarse, no solo comprometerían la autonomía operativa de nuestras bases militares, sino que seguirían afectando, además de nuestra soberanía, el respeto de países hermanos, que se confirmarían en su derecho a vernos como la punta de lanza del Imperio contra sus procesos de cambio.
Por Rodrigo López Oviedo
Si se requiriera una prueba de lo inútiles que resultan para los países anfitriones las bases militares que Estados Unidos instala en territorios extranjeros, bastaría con recordar que Ecuador fue agredido militarmente por Colombia, sin que la base de Manta, allí emplazada desde hacía 10 años, advirtiera del hecho al gobierno de Rafael Correa o hiciera algo para impedirlo, en lugar de hacerse cómplice del agresor al confundirse con él en repugnante alianza. En respuesta, nuestro vecino país acudió a la comunidad internacional en procura de instrumentos que le permitan resarcirse del golpe, al tiempo que le notificó al compinche norteamericano que las autorizaciones que le permitían actuar desde Manta ya no serían renovadas.
Resulta inaudito que con tamaño antecedente, y sin tener la autorización del Congreso, Uribe ande buscando extenderle al gobierno del norte las autorizaciones necesarias para que continúe con las actividades de dominación imperial y de apoyo a las oligarquías locales que ya no podrá seguir atendiendo desde la base ecuatoriana. Se trata, por supuesto, de una autorización mejorada, ya que ahora podrá contar, no con uno, sino con cinco emplazamientos militares, y con posibilidad de otear no solo sobre la región andina y la cuenca del Pacífico, sino también sobre el Caribe.
Muchos creen, o dicen creer aunque crean lo contrario, que no se trata del traslado de la base de Manta a territorio colombiano. Y lo dicen dejándonos ver de ella solo un conjunto de instalaciones materiales sólidamente adheridas a un territorio, como resulta ser lo que las apariencias nos muestran. Pues es obvio que un traslado de tal naturaleza no puede darse. Sólo que una base militar, más que una infraestructura física y sofisticados equipos, es un conjunto de permisos para que tropas extranjeras se emplacen y circulen más o menos libremente por un territorio en procura de desarrollar labores de inteligencia que terminan desnudando las esencias nacionales del anfitrión. Por eso se hace necesario rechazar acuerdos tan nefastos para nuestra soberanía, y más aún si ellos llevan implícita la posibilidad de agredir a países con los cuales compartimos fronteras y en los cuales se desarrollan procesos de alto interés para sus pueblos y para la región.
Claro que hablar de soberanía no es más que una forma de expresar nuestro rechazo. Bien sabemos lo comprometida que ella ha mantenido desde los albores mismos de nuestra historia republicana. En el caso que comentamos, el gobierno de Uribe solo está reeditando viejas prácticas de nuestras clases dirigentes, y todo para congraciarse con un Obama al que confundió con el enemigo cuando estaba en campaña presidencial, pero de quien ahora necesita su respaldo para sacar adelante el TLC y de su vista gorda para que no se le vea contrario a un tercer mandato.
Lo grave es que los costos se están haciendo excesivamente gravosos: la reciente autorización para que un contingente militar se desplace a Afganistán fue solo una primera cuota. Resulta más grave aún que la segunda cuota se quiera pagar con autorizaciones como éstas, que de consumarse, no solo comprometerían la autonomía operativa de nuestras bases militares, sino que seguirían afectando, además de nuestra soberanía, el respeto de países hermanos, que se confirmarían en su derecho a vernos como la punta de lanza del Imperio contra sus procesos de cambio.
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