En su Asamblea del pasado 24 de octubre, Cooperamos obtuvo un triunfo de características mayúsculas al protocolizar su reactivación. La región podrá contar nuevamente con la más importe empresa que se haya levantado con el esfuerzo de los tolimenses y sus casi 60 mil afiliados podrán volver a sus oficinas a disipar las penas de sus bolsillos y a disfrutar de los muchos otros servicios allí dispuestos para atenderles.
Se trata, por supuesto, de un hito que nos regocija, pero del cual no podemos olvidar que se hizo posible gracias a unos cuantos ciudadanos que se dedicaron con denuedo a concretarlo, no obstante que algunos ni siquiera eran asociados. Los tiempos que vienen recuperarán sus nombres para rendirles el homenaje que aún hoy no tenemos conciencia de deberles.
Pero tampoco podemos dejar que esta experiencia pase sin que nos percatemos de que se concretó sin haber resuelto algunos problemas presentados durante el proceso, los cuales pudieron haberse convertido en escollos insalvables de no haber sido por la Superintendencia de Economía Solidaria. Esta Entidad eludió pronunciarse sobre las irregularidades de las tres audiencias de acreedores internos que antecedieron a la Asamblea, no obstante que la ley solo autorizaba la realización de una sola y que ninguna se dio con el quórum exigido por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
No haber aprendido de esa experiencia nos llevó a nuevos errores, de los cuales tal vez el más craso haya sido el de cambiar el objeto social. Cooperamos no seguirá siendo la cooperativa de “ahorro y crédito” que todos conocimos, sino la de “aporte y crédito” que algunos equivocadamente creyeron que tenía que ser.
Esta decisión transgrede el contenido del decreto 557 de febrero de 2009, el cual señala: “Solo aquellas cooperativas con actividad financiera que se encuentren en liquidación y se sometan al procedimiento de reactivación previsto en el presente decreto, podrán ejercer nuevamente el objeto social que venían desarrollando con anterioridad a la orden de disolución y liquidación”. Esto quiere decir que solo las cooperativas que ejercían el objeto social de “aporte y crédito” podrán ejercer nuevamente ese objeto; no así Cooperamos, ya que el que ejercía era el de “Ahorro y crédito”. De este nuevo error solo podrá salvarnos la Supersolidaria, haciéndose nuevamente la de la vista gorda.
Lo lamentable es que ese error no solo es jurídico. Ahora los asociados, muchos de ellos de salario mínimo o desempleados, solo podrán conservar su condición si aceptan privarse de un bocado, mes a mes, para poder entregarle a Cooperamos, como aporte, el cinco por ciento de ese salario.
Ahora bien, quienes vimos a la Agente Liquidadora deseosa de perpetuarse en la dirección de la Cooperativa perdimos toda duda. Hizo circular por internet la idea de que el período del gerente fuera de cuatro años. Afortunadamente, a la Asamblea no se le presentó esa idea, que de haber sido aprobada habría puesto a la Entidad en alto riesgo.
Tristemente, su propuesta de disminuir el Consejo de Administración a cinco miembros sí fue discutida y aprobada. ¡Felicitaciones! Para redondear semejante esperpento antidemocrático, solo le faltó agregar que fueran cinco miembros incondicionales, como los que tuvo en la pasada Junta Asesora, con la sola excepción de la señora Margarita Enciso.
¡Lástima que esta alegría nos llegue con tantos bemoles!
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