Buena maña se dieron los negociadores del Acuerdo que comprometió a Colombia a permitir que Estados Unidos utilizara siete bases militares y otras más. Buena maña para que su redacción fuera suficientemente enmarañada en cuanto a los propósitos de fondo, pero clara respecto de los beneficios concedidos al país del norte.
Lo que se suponía iría a ser un instrumento contra el terrorismo y el narcotráfico y estaría circunscrito a lo que pudiera hacerse dentro de nuestras fronteras, terminó siendo un “Acuerdo complementario para la Cooperación y la Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad”, inspirado en la intención de “fortalecer la relación estratégica de seguridad entre las Partes” y de “enfrentar las amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”.
Quien quiera entenderlo que lo entienda: defensa, seguridad, paz, libertad y democracia son palabras mayores. Al utilizarlas, se rebasaron los publicitados propósitos antinarcóticos y antiterroristas y Colombia quedó casada con el bando estadounidense para cuando quiera que se presenten fenómenos que, a juicio de este, afecten los intereses que se esconden tras tales palabras. Con el Acuerdo se protocolizó una entrega más de nuestra soberanía y se extendió una patente de corso contra nuestros vecinos latinoamericanos y caribeños, especialmente contra los que han demostrado no ser muy amigos de las políticas estadounidenses.
Salvo una cláusula inocua que obliga a las tropas norteamericanas a rendirles a las nuestras las debidas cortesías cuando por motivos del Acuerdo algunos miembros de estas traspasen sus fronteras, son los norteamericanos los únicos favorecidos en todas las esencias generales del Acuerdo, pero también en las particulares. Sus operadores y familiares a cargo tendrán para sí un sinnúmero de derechos, de los cuales, a manera de ejemplo, mencionemos el de la inmunidad penal; el de la exoneración del pago de tasas, aranceles y tributos; el del otorgamiento de visas preferenciales y de cortesía, y el de no tener que permitir la inspección de sus equipos de transporte y de los bienes que estén registrados en sus declaraciones de aduana.
Claro que algunas personas quedaron exceptuadas de tantos beneficios: los operadores colombianos, civiles y militares.
Rechazo especial merece el que los operadores extranjeros no se considerarán residentes o domiciliados en Colombia. Esto significa que los ingresos económicos que aquí perciban no estarán sometidos a ningún gravamen. Pero también merece seria crítica el que se les haya concedido autorización para que establezcan estaciones receptoras y difusoras de radio y televisión por satélite sin necesidad de tramitar licencias y sin que ello genere costos para Estados Unidos.
Una de las mayores críticas que antecedieron al Acuerdo estuvo relacionada con lo tardíos que resultarían para Colombia los informes sobre las operaciones realizadas. En respuesta, el Gobierno manifestó que, al contrario, los procedimientos se diseñarían de tal forma que podría conocer de tales operaciones en tiempo real. Leído el Acuerdo, la razón terminaron teniéndola los críticos, pues el texto señala claramente que las partes operativas “podrán” presentar a sus gobiernos un informe de las labores realizadas y logros alcanzados con una periodicidad… ¡anual! Es decir, que ni siquiera “tendrán” que presentarlos, y en caso de hacerlo, lo harán cuando ya todo pataleo resulte inútil.
Ante semejante Acuerdo, cualquier país digno llevaría ante los tribunales al gobernante que tan vergonzosamente lo entrega a intereses extranjeros.
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