Publicado el 4 de agosto de 2009
Por Rodrigo López Oviedo
Si tenemos en cuenta la singular importancia de las conclusiones del II Encuentro Nacional por el Estatuto Único Docente y el haber sido alcanzadas en medio de la más fraternal y madura discusión, este evento, que se celebró en Bogotá durante los pasados 30 y 31 de julio a instancias de FECODE y al cual concurrieron más de 500 docentes de todo el país, habrá de convertirse en el más importante referente para las luchas del magisterio durante los próximos meses.
Aunque prácticamente se lograron todos los cometidos previstos para el Encuentro, su logro más importante lo constituye el respaldo que alcanzó el proyecto de Ley por medio de la cual se establece el Estatuto Único de la Profesión Docente, instrumento legal que para el magisterio colombiano adquiere tanta significación como la que tiene para el conjunto de los trabajadores colombianos el tantas veces aplazado Estatuto del Trabajo a que alude el artículo 53 de la Constitución Nacional. Sin embargo, y a diferencia de éste, el Estatuto Único Docente ya tiene andado el camino de la amplia discusión entre las bases, además del importante respaldo de las bancadas congresuales del Polo Democrático Alternativo y del Partido Liberal, a las cuales han mostrado disposición de sumarse algunos sectores del uribismo que quieren marchar a tono con las conveniencias nacionales antes que seguir sirviendo al exclusivo capricho del Presidente.
Con este Estatuto, se pretende obtener un instrumento normativo que reivindique la dignidad magisterial, le restablezca al gremio la estabilidad laboral, que resultara tan severamente lesionada con la expedición del decreto 1278 de 2002, y le procure una salvaguarda efectiva a derechos laborales tan importantes como el de tener una carrera docente con claras normas sobre condiciones de ingreso, permanencia y retiro; traslados, ascensos y promociones; régimen disciplinario, actualización profesional, salario digno y demás condiciones académicas y laborales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida de los docentes y sustraigan su actividad de la condición de cenicienta que hoy tiene en el universo profesional del país.
Desde hace más de diez años, la educación en Colombia ha venido trasegando por un azaroso camino que la ha llevado a que sus presupuestos se conviertan en instrumento para corregir los desajustes fiscales de los distintos gobiernos. Tal fue el propósito del acto legislativo 001 de 2001, por medio del cual se le puso freno al mejoramiento presupuestal que con noble interés había sido acordado por los constituyentes del 91. El resultado ha sido el desmedro de los derechos de la niñez y de la juventud a una educación que los haga partícipes del progreso científico técnico alcanzado por la humanidad y beneficiarios de las mejores condiciones de vida que tal progreso podría traer consigo si no se lo apropiaran los dueños del gran capital. Pero también, a consecuencia de la misma política, los maestros han visto cómo se deterioran sus condiciones laborales, personales y sociales, al igual que las del personal administrativo ligado al aparato educativo.
A corregirle el rumbo a tales políticas está orientado este Estatuto, pero su aprobación requerirá una vez más de la demostrada combatividad del magisterio colombiano y de la solidaridad en que debemos comprometernos todos los que reconozcamos en la educación el instrumento más valioso que pueda emplearse en la construcción de un mundo mejor.
Por Rodrigo López Oviedo
Si tenemos en cuenta la singular importancia de las conclusiones del II Encuentro Nacional por el Estatuto Único Docente y el haber sido alcanzadas en medio de la más fraternal y madura discusión, este evento, que se celebró en Bogotá durante los pasados 30 y 31 de julio a instancias de FECODE y al cual concurrieron más de 500 docentes de todo el país, habrá de convertirse en el más importante referente para las luchas del magisterio durante los próximos meses.
Aunque prácticamente se lograron todos los cometidos previstos para el Encuentro, su logro más importante lo constituye el respaldo que alcanzó el proyecto de Ley por medio de la cual se establece el Estatuto Único de la Profesión Docente, instrumento legal que para el magisterio colombiano adquiere tanta significación como la que tiene para el conjunto de los trabajadores colombianos el tantas veces aplazado Estatuto del Trabajo a que alude el artículo 53 de la Constitución Nacional. Sin embargo, y a diferencia de éste, el Estatuto Único Docente ya tiene andado el camino de la amplia discusión entre las bases, además del importante respaldo de las bancadas congresuales del Polo Democrático Alternativo y del Partido Liberal, a las cuales han mostrado disposición de sumarse algunos sectores del uribismo que quieren marchar a tono con las conveniencias nacionales antes que seguir sirviendo al exclusivo capricho del Presidente.
Con este Estatuto, se pretende obtener un instrumento normativo que reivindique la dignidad magisterial, le restablezca al gremio la estabilidad laboral, que resultara tan severamente lesionada con la expedición del decreto 1278 de 2002, y le procure una salvaguarda efectiva a derechos laborales tan importantes como el de tener una carrera docente con claras normas sobre condiciones de ingreso, permanencia y retiro; traslados, ascensos y promociones; régimen disciplinario, actualización profesional, salario digno y demás condiciones académicas y laborales que contribuyan a la elevación de la calidad de vida de los docentes y sustraigan su actividad de la condición de cenicienta que hoy tiene en el universo profesional del país.
Desde hace más de diez años, la educación en Colombia ha venido trasegando por un azaroso camino que la ha llevado a que sus presupuestos se conviertan en instrumento para corregir los desajustes fiscales de los distintos gobiernos. Tal fue el propósito del acto legislativo 001 de 2001, por medio del cual se le puso freno al mejoramiento presupuestal que con noble interés había sido acordado por los constituyentes del 91. El resultado ha sido el desmedro de los derechos de la niñez y de la juventud a una educación que los haga partícipes del progreso científico técnico alcanzado por la humanidad y beneficiarios de las mejores condiciones de vida que tal progreso podría traer consigo si no se lo apropiaran los dueños del gran capital. Pero también, a consecuencia de la misma política, los maestros han visto cómo se deterioran sus condiciones laborales, personales y sociales, al igual que las del personal administrativo ligado al aparato educativo.
A corregirle el rumbo a tales políticas está orientado este Estatuto, pero su aprobación requerirá una vez más de la demostrada combatividad del magisterio colombiano y de la solidaridad en que debemos comprometernos todos los que reconozcamos en la educación el instrumento más valioso que pueda emplearse en la construcción de un mundo mejor.
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