La corrupción que hemos sufrido bajo la batuta de Álvaro Uribe será conocida por la historia como la de los mayores índices, pero también como la de mayor tolerancia social. Ni siquiera bajo Turbay este fenómeno alcanzó los niveles que hoy tiene ni los grados de permisividad que ostenta. Un buen ejemplo en contra es el que nos ofrece la sociedad española, donde recientemente viene dándose una formidable batalla contra tan aborrecible fenómeno, y más concretamente contra un caso al que se le conoce como la trama Gürtel.
La trama Gürtel se originó a raíz de una serie de contrataciones, tanto públicas como con el Partido Popular, que estuvieron antecedidas por untadas de mano de parte de un personaje al que le gusta que lo llamen don Vito, seguramente para inspirar los sentimientos que despertaba el Vito Corleone de Puzo. Aunque los corrompidos, 71 en total, eran todos militantes del Partido Popular, el mismo de Aznar, y alcanzaron a recibir dineros y regalos que en suma ascendieron aproximadamente a 16 mil millones de nuestros pesos, alteraron a tal grado el sentimiento íntimo de los españoles que ya muchos han sido destituidos de sus cargos y retirados del Partido
Notarán los lectores que esos casos ofrecen unas diferencias abismales, comparados con los que ocurren en Colombia. No solo por la cuantía sino también por los efectos: un desmedro del patrimonio público de 16 millardos de pesos no conmovería a nadie en nuestro país. La Fiscalía, la Procuraduría y el Zar Anticorrupción han coincidido en afirmar que este fenómeno nos cuesta a los colombianos cuatro billones de pesos anuales, y la cifra no ha despertado los merecidos pronunciamientos ciudadanos, pese a saberse que los autores, utilizando las más sorprendentes triquiñuelas, quedan sin castigo en unos altísimos porcentajes.
El ejemplo más reciente es el del programa Agro Ingreso Seguro. Este programa sirvió para que se feriara entre algunos amigos de las campañas de Álvaro Uribe y Andrés Felipe Arias buena parte de los multimillonarios recursos que estaban supuestamente destinados a prevenir y subsanar los destrozos que sobre las economías de los pequeños y medianos campesinos iría a producir el TLC. Pues bien, ya el Gobierno, gestor del programa y de su reglamentación y culpable de su mal uso, encontró que la forma de ganarse la impunidad era endosándole la culpa a otros o haciéndose pasar por víctima de supuestos tramposos, como lo viene haciendo.
Si al caso de Agro Ingreso Seguro le agregamos lo perdido en nóminas paralelas, sobrevaloración de predios afectados por la construcción de obras públicas, reconocimiento de obligaciones inexistentes por parte de jueces venales, establecimiento de zonas francas a la medida de determinados personajes, tráfico de subsidios y suplantación de beneficiarios, inauguración de obras inexistentes, fraccionamiento de contratos, sobreprecios y demás violaciones a las normas de contratación pública, en fin, si hacemos una sumatoria de todos estos tipos de anomalías, al igual que de muchas otras que se omiten por razónes de espacio, y los comparamos con los 16 millardos, la diferencia resulta tan abismal que la corrupción española parecería ser hechura de las hermanitas vicentinas.
Esto debe convencernos de que las luchas contra la corrupción y la impunidad deben ocupar los primeros lugares en las prioridades programáticas de los sectores democráticos. Con tales flagelos no hay futuro.
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