Por
Rodrigo López Oviedo
Numerosos
han sido los escándalos protagonizados por la Fuerza Pública colombiana, muchos
de ellos como consecuencia de la formación que han recibido sus oficiales en la
Escuela de las Américas, un centro de adoctrinamiento militar a través del cual
el gobierno de los Estados Unidos imparte su filosofía de represión a los
ejércitos al sur del Río Bravo con el fin garantizarse la hegemonía en el
Continente.
Ahora
resulta que a esos escándalos se pretende ponerles sordina mediante el
procedimiento de reformar los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución
Nacional, con lo cual se lograría que la justicia ordinaria opere de manera
meramente residual ante el aparato coercitivo del Estado, pues la generalidad
de las conductas anómalas de sus miembros serían conocidas por la justicia
penal militar.
Obviamente
que tan aviesos propósitos no pueden contar con el beneplácito de ningún
demócrata, pues bien conocidos son los múltiples ardides de que ha sido víctima
la llamada savia y cumplida justicia, ardides con los cuales se ha logrado el
execrable disfrute de la impunidad por parte de los autores intelectuales y
materiales de más de dos mil casos delictivos investigados, de los cuales solo
tres han terminado en sanciones ejemplarizantes.
Ni
siquiera organismos internacionales que se han caracterizado por su condición
de simples correveidiles de la política norteamericana, como lo es la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se han declarado al margen de esta
preocupación y, por el contrario, han formulado sus reparos a una reforma
constitucional que está llamada a extenderle velos de impunidad a cuantos
crímenes de Estado sean ejecutados mediante órdenes reproducidas en los
cuarteles.
Quienes
al igual que José de Jesús Orozco, presidente de la CIDH, consideramos que la
competencia de la justicia penal militar debe ser considerada “excepcional y
restrictiva" y no la regla universal, que es en lo que la convierte la
actual reforma, debemos movilizarnos en procura de evitar que sigan
prevaleciendo los intereses de la peor reacción en el manejo de las políticas
militares, como hasta hoy ha venido ocurriendo.
El aparato de justicia en Colombia requiere de
profundas transformaciones democráticas que acerquen la justicia al pueblo, que
permitan conocer la verdad sobre tantos crímenes que contra las organizaciones
y dirigentes populares se han cometido, que garanticen una justa reparación por
ellos y, sobre todo, que hagan inocuo cualquier intento de impunidad. Una
reforma de esta naturaleza no puede debilitar aún más la administración de
justicia mediante el robustecimiento de instancias que favorezcan a aparatos
que, como los de las Fuerzas Armadas y de Policía, no han permanecido al margen
de las estadísticas criminales del país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario