UN JUSTO RECLAMO

Por Rodrigo López Oviedo

Dada la inmensa deuda que el Gobierno nacional ha acumulado con prácticamente todos los sectores sociales, el título de este comentario puede parecer de perogrullo, pero es necesario calificar de alguna forma el eterno reclamo elevado por los estamentos básicos de la universidad pública colombiana al mismo Gobierno. Precisamente por estos días cayó en mis manos un juicioso documento de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), dirigido al Congreso de la República el 15 de octubre de 2009, a través del cual examinan normas, preceptos constitucionales, fallos de las Cortes, estadísticas y otros elementos que a su juicio constituyen plena prueba de los incumplimientos de los gobiernos central y territoriales con la educación superior.

Lo primero que llama la atención, aunque el documento no lo diga, es el alto grado de mentira oficial de que hemos venido siendo objeto los colombianos, pues con desbordada alharaca se ha pretendido hacernos creer que hay progreso en la universidad pública, según lo indican unos incrementos en su cobertura de no sé cuánta magnitud. Será posible tal progreso cuando lo que dicen otras estadísticas, las presupuestales, es que los recursos financieros se han desminuido en pesos constantes durante el período comprendido entre 2002 y 2010, precisamente el de mayor alharaca?

Claro que no es posible porque, con los recortes presupuestales sobrevinieron, el hacinamiento, el bajo rendimiento académico, la disminución de los espacios para la investigación, el arte, el deporte y la cultura y la mayor rotación de alumnos, dadas las altas tasas de deserción que el mismo Gobierno reconoce. Pero también, y esto es lo que más preocupa, el abandono de ese papel de primordial importancia que debe cumplir la universidad, cual es el de servir de faro a la sociedad para que no se distraiga por desechos que la separen de su humano norte, y al hombre para que alimente sus anhelos de utopías y encuentre los caminos para conquistarlas.

El sistema de educación superior está regulado por la ley 30 de 1992 y es la intensión del Gobierno nacional buscarle reemplazo mediante un nuevo estatuto normativo que, entre otros cambios, introduzca a la universidad pública en el universo de las entidades con ánimo de lucro. Esto agravaría la actual situación y por eso se han puesto en estado de alerta los estamantos universitarios básicos. La responsabilidad que a ellos les asiste en la presente coyuntura es inmensa, pues no solo deben aprovecharla para superar las limitaciones de la mencionada ley, sino también para evitar que al sistema se le meta chucha por guagua con argumentos que, más que evidenciar, encubren propósitos ajenos a las necesides de los colombianos.