CAMBIOS PARA EMPEORAR

Por Rodrigo López Oviedo

Con la reestructuración que se propone hacerle al sistema público de educación superior, el Gobierno nacional le dará una evidencia clara al país de que lo malo puede empeorar. En palabras del presidente Juan Manuel Santos, la mencionada reestructuración permitirá convertir a las universidades públicas en entidades con ánimo de lucro y facilitar el arribo a ellas de la inversión privada.

Lo que verdaderamente se esconde tras este anuncio es la intensión del Gobierno nacional de seguir debilitando el apoyo oficial a la formación superior y continuar por los fracasados caminos de las políticas neoliberales, en desmedro de los intereses de los más necesitados. No es una política nueva. En ella ha venido trabajando el establecimiento desde siempre. La historia recuerda, por ejemplo, los agresivos planes de principios de los años setenta, que obligaron al movimiento estudiantil a levantarse en defensa de lo que se conoció como el Programa Mínimo y al ministro de Educación del gobierno de Misael Pastrana, el doctor Luis Carlos Galán Sarmiento, a esgrimir el garrote que hábilmente escondería después para hacer más creíbles sus poses de demócrata.

Con Juan Manuel Santos esas mismas políticas se seguirán imponiendo, solo que ahora, a partir de esta reestructuración, de una forma más cínica y desbordada, toda vez que ante cada intensión de reclamo de presupuesto para la universidad podrá dar respuestas relacionadas con eficiencia, eficacia, rentabilidad o cualquiera otra de las variables tan en boga en la empresa privada, pero que resultan sofísticas y agresivas si se le lanzan a una población que, como la que carece de recursos para cursar su formación en la universidad privada, espera con justa razón que sea la pública la que le atienda en tan sentida necesidad.

El capitalista privado que quiera tantear posibilidades de rentabilidad en la educación superior tiene un escenario extenso para hacerlo en las actuales universidades privadas. Es más, si estas no le ofrecen suficiente retorno, puede crear nuevas universidades. Incluso, si lo que le está picando es un avispón verdaderamente altruista, también puede invertir en la universidad pública, pero sin que pretenda tener injerencia en el manejo de los destinos de la universidad, sin que su inversión implique que el centro superior tenga que perder su condición de entidad sin ánimo de lucro y sin que la autonomía de este se vea afectada en lo más mínimo. Mientras no sean tales las condiciones que estén en condiciones de aceptar los inversionistas privados, lo mejor es que ellos y sus mandaderos del alto Gobierno desistan de sus intensiones si no quieren que vuelva la comunidad universitaria a izar las banderas de un Nuevo Programa Mínimo.