En la pasada campaña presidencial, escuchamos de algunos candidatos, especialmente del hoy electo Juan Manual Santos, algunas invocaciones a la actual situación de Chile, mediante las cuales presentaban logros a los cuales podríamos llegar los colombianos si acogíamos sus propuestas programáticas. En realidad, lo que se hace en Chile no es muy distinto de lo que se aplica en Colombia, solo que allá lo hacen con menos corrupción. De todas formas, sería bueno adelantar un debate acerca de si ese modelo común es el que conviene a nuestros pueblos, o en caso contrario, cuál es el que necesitamos.
Dentro del concierto latinoamericano, Chile ha sido el país más obediente a los mandatos del Consenso de Washington. Esto le ha permitido alcanzar y sostener por algunas décadas estándares macroeconómicos superiores al promedio de la región, pero al mismo tiempo le ha ocasionado el eclipse más rotundo del poco bienestar que sobrevivió al gobierno del inmolado presidente Salvador Allende.
Efectivamente, Chile es uno de los países que más se destacan en los índices de desigualdad social. Ya a comienzos del gobierno de Michelle Bachelet, el ingreso del cinco por ciento de la población más rica era 209 veces el ingreso del cinco por ciento de los más pobres. Hoy, el 80 por ciento del PIB está en manos de dieciséis grupos económicos, mientras para los más pobres hay enormes carencias en servicios vitales como el de la salud y el agua potable. Incluso, una de las más graves injusticias que puso en evidencia la catástrofe del pasado 27 de febrero fue la existencia de unas normas de ética para la construcción de viviendas para los ricos y otras distintas para las de los pobres.
Lo peor del anterior cuadro es que con el arribo de Sebastián Piñera a la presidencia de Chile no se avizora ningún cambio esperanzador. No en balde, al igual que ocurre en Colombia, los verdaderos dueños del país, a través de esos maquilladores de las desgracias populares que son sus propios grandes medios de comunicación, embellecieron sus propuestas e indujeron a los chilenos a respaldarlo, pues era la mejor opción de defensa de sus privilegios oligárquicos.
Lo anterior pone de presente la necesidad de que haya una regulación garantista del apego de tales medios a la verdad y de su sometimiento al interés público; de lo contrario, continuarán siendo ellos los que sigan señalando el derrotero a nuestros países. Pero igualmente, seguirán siendo uno de los primerísimos obstáculos en el propósito de avance hacia aspectos tan importantes como la mejor distribución de la riqueza y la elevación de la calidad de vida de nuestros pueblos.
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