Casi desapercibida pasó la condena hecha al Estado colombiano por el asesinato del senador de la República Manuel Cepeda Vargas, ocurrido el nueve de agosto de 1994, y con el cual se dio continuidad al más siniestro programa institucional que condujo al exterminio de la Unión Patriótica.
Lo deseable hubiera sido que fuera la justicia colombiana la que llegara a tan dramático reconocimiento. Desafortunadamente, el cúmulo de intereses que se entrecruzaron para torcer los hilos de la investigación arrojaron sus frutos, y tuvieron que ser las personas más cercanas al inmolado líder, las organizaciones de Derechos Humanos, las asociaciones de víctimas de la violencia y muchas otras de parecido carácter las que con sus valerosas gestiones evitaran que este crimen, como tantos otros, quedara en la impunidad. Finalmente fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que, con el cúmulo de pruebas presentadas, sentenció que la ejecución fue propiciada, o al menos permitida, por el Estado Colombiano al no adoptar las necesarias medidas de protección a un hombre al que se le sabía perseguido por su compromiso revolucionario.
El fallo rechazó la tesis gubernamental de que fueron las mafias del narcotráfico las causantes del asesinato, en lo cual coincidió con muchas organizaciones de derechos humanos que ven la mano del Estado en el genocidio que desapareció a la UP. Allí quedó claro que hubo una alianza nefasta entre paramilitares y miembros del Ejército, aunque lo que está por dilucidar aún es de quién provenían las órdenes que recibían quienes tan aviesamente actuaban. Muy seguramente que de los mismos que impidieron mediante triquiñuelas inverosímiles que fuera la justicia colombiana la que llegara al fin de las investigaciones y produjera su condena.
Ahora tendrá el Estado que indemnizar a los familiares de Manuel Cepeda, investigar a fondo los hechos, castigar a los responsables y “hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y realizar y difundir una publicación y un documental audiovisual sobre la vida política, periodística y rol político del senador Cepeda”.
Lo más curioso es que, pese a la contundencia del fallo, el Gobierno aún esté negando que el crimen haya sido parte de una política de Estado y que los siniestros voceros de tan oscuro pasado continúen utilizando su presente poder para presionar cambios que lesionan aún más nuestra maltrecha justicia. Tales son los propósitos de las reclamaciones sobre el supuesto irrespeto al fuero militar, los continuos arrebatos pasionales de Uribe contra jueces, fiscales y magistrados y la propuesta de que la fiscalía dependa del ejecutivo.
En definitiva, el caso Cepeda es una valiosa lección que no contará con aplicados aprendices.
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