El Gobierno nacional acaba de expedir un ramillete bastante frondoso de decretos bajo el amparo de la emergencia social que dictara con las supuestas intenciones de enjugar el déficit del sector de la salud, universalizar la prestación de este servicio y unificar los beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado.
El de la salud es tal vez el sector con el que más se han ensañado los adalides del neoliberalismo. Por eso puede asegurarse que fueron ellos los que estuvieron detrás de esta emergencia, y no los aceptables propósitos antes mencionados. Particularmente la ACEMI (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral) aprovechó la crisis generada por la soterrada política de cesación de pagos en que han incurrido algunas instancias oficiales para amenazar con el cierre de 15 EPS si no se les facilitaban mejores tasas de ganancia a sus empresas socias.
Hoy, con los decretos a la vista, se hace fácil comprobar que la presión de la ACEMI dio los frutos esperados, y los colombianos tendremos que pagar sus efectos con más IVA, más escasos y peores servicios de salud, mayores dificultades de acceso a él y más privatización del sistema, mientras los mercachifles aglutinados en ACEMI podrán aprovecharse de la demostrable complicidad del Gobierno para seguir llenando sus faltriqueras.
A partir de los decretos expedidos, los médicos que quieran mantenerse fieles al juramento hipocrático se encontrarán con la barrera de unos estándares médicos que harán imposible, en muchos casos, llegar a la cura del paciente; pero a cuya observancia estarán obligados so pena de ser sometidos a sanciones que van de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Tal será una de las consecuencias que les sobrevendrán con la redefinición del concepto de POS, el cual llevará al médico a atender solamente enfermedades de “baja complejidad”, es decir, de bajo costo, pues las que requieran del concurso de especialistas solo podrán ser atendidas previa valoración de las “evidencias científicas” por un equipo profesional especialmente establecido para ello.
Pero no se crea que la valoración positiva de la evidencia científica permitirá la atención inmediata del paciente. La atención queda sometida a la demostración por parte de este o de sus familiares de tener recursos suficientes para atender el respectivo pago. En caso contrario, deberán demostrar que tienen otras fuentes de financiación, incluidos créditos hipotecarios, recursos en fondos de pensiones y cesantías o, incluso, acceso al extinguible Fondo de Prestaciones Excepcionales, que para el efecto se crea, pues de lo contrario no se podrá recibir el tratamiento respectivo. Esta es la condena a muerte de quienes no tengan condiciones de garantizarse los créditos para acceder al servicio, o la quiebra de quienes sí dispongan de tales condiciones, pero estén sometidos a una enfermedad catastrófica.
En fin, son tales los horrores que producirá esta emergencia que ya la CUT está convocando a la ciudadanía para una primera jornada, el próximo 26 de febrero, con miras a procurar la derogatoria de los decretos. Todos debemos comprometernos a su éxito, pero especialmente el Polo, que está obligado como el que más a aprovechar todas sus tribunas electorales para poner en evidencia lo lesivo de estos decretos y alentar la participación ciudadana hacia su derogación. Los militantes no podemos conformarnos con menos, como tampoco con menos dejar de comprometernos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario