Se cumplió, y de qué forma, la jornada nacional de rechazo a las regresivas reformas que el Gobierno viene imprimiéndole al sistema nacional de salud. No valieron de nada los infatigables esfuerzos de disuasión del presidente Uribe, en los cuales no se habría comprometido de no saberse respaldado por los grandes medios. Por eso fue casi inexistente la información de estos sobre la preparación de la Jornada. Estando copados por Uribe, para los trabajadores solo quedó el silencio.
Sin embargo, ese silencio no importó. Son tan aberrantes los decretos que no hubo ciudad capital alguna en la que enormes contingentes de seres anónimos, pero plenamente concientes de lo que estaban haciendo, no hubieran inundado las calles con la alegría de sus banderas multicolores, con la caudalosa vocinglería de sus consignas, con los enfáticos gestos de sus rostros y, por sobre todo, con los anhelos reivindicativos que anunciaban el indoblegable propósito de defender sus derechos, pero que también le notificaban al Presidente Uribe que la emergencia social les había abierto los ojos respecto de la calidad de vida que han perdido durante la vigencia de regímenes neoliberales como el suyo.
Por supuesto que, hasta hace poco, manifestaciones como estas hubieran sido impensables en un ambiente tan enrarecido por el uribismo como el que actualmente pesa sobre nuestro conjunto social. Es la evidencia de que la historia no transcurre de manera lineal, y de que así como se dan ascensos, sobrevienen los descensos. Siendo esto válido a ambas orillas de la confrontación social, quienes antes creían inevitable un tercer período del actual inquilino de la casa de Nari hoy deben estar pensando que pueden estar equivocados.
Si miramos en retrospectiva, la derogatoria de los decretos de la salud es, tal vez, la tarea que más esfuerzos auténticamente populares ha congregado y en torno a la cual mejor ha respondido la ciudadanía. De tales decretos no solo son importantes la amenaza a la autonomía de médicos y odontólogos y la aceptación o no de las cesantías como fórmula de pago de los tratamientos de mediana y alta complejidad -que son los aspectos sobre los cuales ha venido girando la polémica con el Gobierno-, sino, en general, todo lo que los decretos significan como atentado contra el Estado Social de Derecho, profundización del modelo neoliberal y mecanismo de exacción a los ciudadanos para elevar las tasas de ganancia del capital. Así, pues, que de no lograrse su derogatoria, estaríamos ante una gran pérdida que nos mostraría cómo de la carta de derechos constitucionales solo va quedando un enunciado hueco.
Sin embargo, con la movilización del pasado 18 de febrero no es suficiente, y así lo está queriendo hacer ver el Gobierno con esa actitud de “prueba superada” que ha exhibido después de ella. Se necesitan muchas más iniciativas y pronto. El Gobierno debe ver claro que la protesta desencadenada por sus medidas puede germinar en un nuevo paro cívico nacional que le haga reconsiderar otras decisiones igualmente antipopulares. Ojalá, entendiéndolo así, actúe de conformidad. Pero si no lo hace, que los ciudadanos encontremos el camino para hacérselo entender. Ah, y que ojalá los militantes del Polo estemos más protagónicos en estas jornadas, porque, de lo contrario, correremos el riesgo de ser vistos como electoreros sin mayor compromiso con la práctica social.
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