Los decretos de la emergencia social resultaron tan dañinos que las centrales obreras, Fecode y otras muchas organizaciones populares resolvieron convocar a la ciudadanía, para este jueves 18 de febrero, a una gran movilización nacional en procura de buscar su derogatoria.
En su afán de defender los decretos, el presidente Uribe ha utilizado su espesa labia para enredar y confundir. Algunas veces ha querido dar la impresión de estar en contravía de sus contenidos. Otras, ha pretendido que creamos que todo es culpa de los redactores, o incluso de las interpretaciones de sus opositores, pues lo que leen no es lo mismo que los decretos dicen. Y otras, pretende que no veamos tan odiosas disposiciones como de obligatorio cumplimiento ya que, por ejemplo, sin que nadie las derogue, podrían no cobrarse las multas a los médicos y odontólogos que no observen lo establecido en el POS.
Es como si estas normas, que tanto han chocado con el sentimiento de la ciudadanía y su comunidad médica, se pudieran atenuar con el simple blablablá presidencial y como si las reglamentaciones pudieran traer lo contrario de lo que dicen los decretos leyes, que es lo que él tanto desea que traigan y la ciudadanía tanto teme: mayores ganancias para los monopolios de la salud y peores servicios para los colombianos.
Cuando habla, al Presidente se le ve avergonzado con sus propias criaturas. Sin embargo, pudiendo derogarlas (al fin de cuentas, en derecho las cosas se deshacen como se hacen), ha preferido insinuarle al Congreso que no ratifique alguna de ellas. Estas son las consecuencias de haberse dejado engolosinar con una fementida popularidad (que ya le jugó una mala pasada cuando el referendo de los 18 puntos) y de creer que ella lo redimirá de cuantas perversidades se le ocurran.
La ciudadanía no puede pasar de agache ante intención de tan manifiesto engaño. Debemos llevar a Uribe a que derogue una legislación que ha resultado tan nociva que nos obligó a reconocer que la salud se ha convertido en una mercancía a la que solo se puede acceder mientras haya una masa laboral en condiciones de aportarle al régimen contributivo lo que este demande y los colombianos contemos con bienes patrimoniales, capacidad de endeudamiento y saldos en los fondos de cesantías suficientemente atrayentes para las EPS, y no los pírricos ahorros que nos dejan las constantes alternancias de empleo y desempleo a que nos han venido acostumbrando las políticas de tercerización y abaratamiento laboral.
De allí la importancia de la jornada de este 18 de febrero y tan imperiosa la necesidad de contribuir a su éxito. La entusiasta participación ciudadana puede servir para que no solo sean derogados los decretos de la emergencia social, sino también la ley 100 y todas las demás disposiciones que llevaron al sistema de salud a esta suerte de involución en que entró desde cuando nuestras castas plutocráticas aceptaron las imposiciones neoliberales del imperio, merced a las cuales también la salud cayó en las garras del gran capital, con su catastrófica ansia de ganancias, y quedó prácticamente sobre los trabajadores el sostenimiento de tan vital servicio.
Si esta emergencia social nos trajo el anuncio de cómo pueden ser reducidos nuestros derechos, con la movilización del jueves daremos muestra de estar en condiciones de impedirlo.
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