CASTILLOS POR EL SUELO

Publicado el 28 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Para mayor claridad del electorado, poco a poco han ido cayendo, como castillos de arena, los llamados procesos de la farc-política que ciertos personajillos del alto Gobierno montaron contra destacados periodistas y dirigentes de la oposición política. Si de algo pudieran ser sindicadas estas personalidades, es de haber ofrendado lo mejor de sus vidas a la tarea de hallarle solución al mar de iniquidades que las clases oligárquicas han ido derramando sobre la geografía colombiana a lo largo de su historia.

Lo característico de todos estos procesos judiciales, tanto los que cayeron ante los refrescantes vientos de la resistencia democrática como los que caerán bajo los mismos influjos, es que fueron concebidos como una retaliación ante la caída en manos de la justicia de decenas de barones del uribismo, entre los cuales fue fácil encontrar a una que otra baronesa, e incluso al propio primo del Presidente, luego de evidenciarse que estaban untados de nexos mutuamente ventajosos con el narco-para-militarismo.

Pero también resulta característico que los sindicados sean destacados defensores y animadores de los anhelos de paz que bullen en el corazón de la mayoría de los colombianos.

Y esa es, precisamente, una de las marcas más odiosas que tiene el proceso de violencia que nos ha tocado sufrir: que son precisamente los luchadores por la paz quienes terminan acusados de ser enemigos de ella, proclives al terrorismo y militantes de la farcpolítica. Así se procura espantar de los contingentes que buscan un acuerdo negociado a quienes vean necesario superar esta etapa de violencia para poder concretar otros cambios que requiere el país.

La primera exonerada de responsabilidades en este malhadado piélago de acusaciones fue la senadora del Polo Gloria Inés Ramírez. De la aparición de su nombre en los computadores de Reyes, la Corte dijo que solo probaba sus esfuerzos en procura de la paz. Parecidos pronunciamientos de la Fiscalía favorecieron a Carlos Lozano, director del Semanario Voz y directivo del Polo, y al ex ministro conservador Álvaro Leyva Durán. Se espera que con argumentos de igual tenor se cierren los expedientes que amargan injustamente la vida de los congresistas Jorge Enrique Robledo y Wilson Borja, así como los que cursan contra el concejal de Bogotá Jaime Caicedo, todos del Polo, y contra la senadora liberal Piedad Córdoba y el periodista Holman Morris, entre otros, lo cual serviría para dejar sin dudas los argumentos del movimiento democrático en el sentido de que los supuestos registros tomados de los computadores de Raúl Reyes y de otros miembros de la guerrilla más parecen ser montajes de los organismos de inteligencia del Estado.

Y mientras lo anterior ocurre, algunos comunicadores, seguramente pedaleados por sus casas patronales, andan procurando incendiar nuestras fronteras con supuestos videos que probarían la participación económica de las FARC en la campaña que llevó a Rafael Correa a la presidencia del Ecuador. Muy seguramente que estos periodistas y medios no cuentan con patrocinadores que se afecten con los dañosos resultados que una mala relación con nuestros vecinos tendría sobre la balanza comercial; o tal vez le están haciendo el mandado a los carteles de las armas, que jugoso negocio harían en medio de una confrontación armada; o tal vez preferirían que los dineros del grupo guerrillero no se distrajeran de la guerra. Vaya uno a saber.

MICHELETTI: POR LOS CAMINOS DEL GORILATO

Publicado el 21 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Honduras está cumpliendo la tercera semana del golpe de Estado que depuso al presidente constitucional, doctor José Manuel Zelaya Rosales, sin que las grandes movilizaciones de rechazo que tal hecho ha generado y el total desconocimiento de la comunidad internacional a la nueva cúpula hayan servido para mover a los golpistas de sus aviesos propósitos.

Manuel Zelaya, hombre de privilegiado origen socio económico, quiso virar las naves del Estado hacia posiciones más favorables a los sectores populares, pero temprano hubo de chocar con las infranqueables limitaciones que la Constitución ofrecía a tales propósitos, comenzando por el hecho de que la Constitución misma solo permite cambios meramente cosméticos, con el agravante de no poderlos hacer a través de la voluntad popular, sino mediante el Congreso.

No solo lo anterior. Para garantizar su validez, las reformas debían contar con un respaldo no inferior al de las dos terceras partes del Congreso y ser ratificadas en la legislatura siguiente por un número de congresistas no inferior al inicial.

Tamañas dificultades quisieron ser sorteadas por Zelaya en las elecciones venideras, para lo cual apelaría a una cuarta urna, en la que el pueblo libremente indicaría su complacencia o no con la citarción a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta. Solo fue manifestar esto para que la peor reacción de derecha conformara una trinca con lo más oscuro del Congreso, la Corte Suprema y las Fuerzas Armada, depusiera al Presidente y lo pusiera de patitas y en pijama en tierras extranjeras.

Lo curioso es que a esta trinca golpista y al presidente del Congreso, doctor Roberto Micheletti, hoy amanuense de gorilas y presidente de facto, les ha tocado jugar solos en el concierto internacional, ya que lo insólito del golpe, supuestamente originado en un fallo de los tribunales de justicia, y lo impresentable de su ejecución, no les dejó espacio a las derechas internacionales para ofrecer la más mínima solidaridad. Esto no implica, desde luego, que quienes simpatizan con el golpe no estén haciendo lo posible para que salga avante. Solo que buscan no verse comprometidos en un respaldo que puede ser más lo que les quite, si termina fracasado el golpe, que lo que éste les dé con su triunfo.

La hasta hoy infructuosa Mesa de Negociaciones que se desarrolla a instancias del desteñido Óscar Arias, presidente de Costa Rica, es una prueba de ello. Quienes llegaron a ella a nombre del golpismo lo hicieron con el claro propósito de darle largas a la discusión y atemperar el rechazo. En primer lugar, ni siquiera aceptaron que se instalara en suelo hondureño, pues por tales tierras, dicen, el presidente Zelaya solo puede acercarse a responder ante los jueces por las 10 sindicaciones delictivas de que lo acusan los golpistas. Y en segundo lugar, solo puede haber acuerdos sobre la base de que Zelaya renuncie a su investidura y desista de la intención plebiscitaria.

Bajo tal panorama, lo único sensato que las actuales circunstancias permiten es el ultimátum de la comunidad internacional orientado al restablecimiento del Presidente constitucional en el poder, so pena de iniciar un abierto boicot en todos los órdenes a las acciones de gobierno de los golpistas. Con tal bandera de presión debe orientarse el movimiento democrático internacional, que ya el pueblo hondureño está haciendo lo suyo.

UN PROBLEMA DE SOBERANÍA

Publicado el 14 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Si se requiriera una prueba de lo inútiles que resultan para los países anfitriones las bases militares que Estados Unidos instala en territorios extranjeros, bastaría con recordar que Ecuador fue agredido militarmente por Colombia, sin que la base de Manta, allí emplazada desde hacía 10 años, advirtiera del hecho al gobierno de Rafael Correa o hiciera algo para impedirlo, en lugar de hacerse cómplice del agresor al confundirse con él en repugnante alianza. En respuesta, nuestro vecino país acudió a la comunidad internacional en procura de instrumentos que le permitan resarcirse del golpe, al tiempo que le notificó al compinche norteamericano que las autorizaciones que le permitían actuar desde Manta ya no serían renovadas.

Resulta inaudito que con tamaño antecedente, y sin tener la autorización del Congreso, Uribe ande buscando extenderle al gobierno del norte las autorizaciones necesarias para que continúe con las actividades de dominación imperial y de apoyo a las oligarquías locales que ya no podrá seguir atendiendo desde la base ecuatoriana. Se trata, por supuesto, de una autorización mejorada, ya que ahora podrá contar, no con uno, sino con cinco emplazamientos militares, y con posibilidad de otear no solo sobre la región andina y la cuenca del Pacífico, sino también sobre el Caribe.

Muchos creen, o dicen creer aunque crean lo contrario, que no se trata del traslado de la base de Manta a territorio colombiano. Y lo dicen dejándonos ver de ella solo un conjunto de instalaciones materiales sólidamente adheridas a un territorio, como resulta ser lo que las apariencias nos muestran. Pues es obvio que un traslado de tal naturaleza no puede darse. Sólo que una base militar, más que una infraestructura física y sofisticados equipos, es un conjunto de permisos para que tropas extranjeras se emplacen y circulen más o menos libremente por un territorio en procura de desarrollar labores de inteligencia que terminan desnudando las esencias nacionales del anfitrión. Por eso se hace necesario rechazar acuerdos tan nefastos para nuestra soberanía, y más aún si ellos llevan implícita la posibilidad de agredir a países con los cuales compartimos fronteras y en los cuales se desarrollan procesos de alto interés para sus pueblos y para la región.

Claro que hablar de soberanía no es más que una forma de expresar nuestro rechazo. Bien sabemos lo comprometida que ella ha mantenido desde los albores mismos de nuestra historia republicana. En el caso que comentamos, el gobierno de Uribe solo está reeditando viejas prácticas de nuestras clases dirigentes, y todo para congraciarse con un Obama al que confundió con el enemigo cuando estaba en campaña presidencial, pero de quien ahora necesita su respaldo para sacar adelante el TLC y de su vista gorda para que no se le vea contrario a un tercer mandato.

Lo grave es que los costos se están haciendo excesivamente gravosos: la reciente autorización para que un contingente militar se desplace a Afganistán fue solo una primera cuota. Resulta más grave aún que la segunda cuota se quiera pagar con autorizaciones como éstas, que de consumarse, no solo comprometerían la autonomía operativa de nuestras bases militares, sino que seguirían afectando, además de nuestra soberanía, el respeto de países hermanos, que se confirmarían en su derecho a vernos como la punta de lanza del Imperio contra sus procesos de cambio.

EL SENA Y SUS PROGRAMAS

Publicado el 7 de julio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Quiero poner punto final a estos comentarios sobre el SENA refiriéndome al uso que debe dárseles a sus recursos. Estos, como dije anteriormente, no provienen del Gobierno, tampoco de remesas ni de créditos y mucho menos de donaciones internacionales. Son parte del subsidio familiar a la que nos vimos obligados a renunciar los trabajadores, dada la resistencia que hace 52 años opusieron Gobierno y patronos a la iniciativa obrera de fundar un establecimiento que impartiera formación profesional a la masa laboral colombiana. Las luchas obreras que vinieron después de la fundación, permitieron que esos recursos se doblaran, completando los dos puntos porcentuales sobre la nómina, con los cuales hoy sobrevive y se desarrolla la Entidad.

Ese historial de renunciaciones y luchas permitía esperar que al SENA se lo considerara patrimonio de los trabajadores y que sus actividades giraran exclusivamente en torno a los propósitos para los cuales había sido fundada. Para que ello ocurriera se hacía necesario que su dirección quedara en manos de sus fundadores, los propios trabajadores, pero desafortunadamente a la defensa de tal propósito nunca fuimos capaces de ponerle la suficiente entereza. Hoy el SENA tiene su dirección en manos del Presidente de la República, de cuatro ministros, de todos los gremios económicos, del sector campesino y de la Iglesia Católica, y, para que dejen constancias en sus reuniones, de dos representantes de las Centrales Obreras, quienes actúan en nombre de los trabajadores.

Visto lo anterior, ¿qué de raro puede tener entonces que los recursos de la Entidad se destinen a atender problemas de déficit fiscal y a financiar costosos programas que nada tienen que ver con la misión para la que fue creada? Por eso la hemos visto comprometida en acciones del DRI, del Plan Nacional de Rehabilitación, de Descentralización Administrativa, de Erradicación de la Pobreza Absoluta, de atención a desplazados, a desmovilizados y a población vulnerable, entre muchos otros, así como financiando actividades que nada tienen que ver con su quehacer pedagógico y sí mucho con el beneficio exclusivo de los empresarios, como ha sido el caso de los programas de competitividad empresarial, investigación, ciencia y desarrollo tecnológico, metrología y mesas sectoriales para la elaboración de normas de competencia laboral.

Dentro de este abanico de compromisos ajenos a los propósitos fundacionales y a la misión de la Entidad, es bueno mencionar por separado el caso del Fondo Emprender, ya que resuelve una inquietud formulada por el doctor Hernando Bocanegra en su análisis de la situación del SENA.

El Fondo Emprender fue constituido con recursos del SENA para, supuestamente, financiar las iniciativas empresariales de sus egresados. La angurria de nuestras clases dirigentes quiso que los recursos de este Fondo se “democratizaran”, y Gobierno y gremios, desde la Dirección Nacional de la Entidad, decidieron abrirlo a los egresados de las universidades públicas y privadas. En apariencia esto es bueno para los trabajadores, pero en la práctica no ha sido mucho lo que a ellos les ha servido. Valdría la pena que los resultados de todos estos programas se evaluaran a la luz de sus verdaderos beneficiarios, pues no está bien que a la Entidad se la sustraiga de su compromiso capacitador y se la destine a tantas actividades, incluidas estas de fomento, que deben ser del resorte de otros organismos oficiales y privados.

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL SENA

Publicado el 30 de junio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

En mi último comentario dejé mordido un tema de primera importancia para los trabajadores. Me refiero al origen de los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y a la utilización que la Entidad debería darles.

Este tema surgió a raíz de una columna del doctor Hernando Bocanegra Aldana en la cual manifestaba su preocupación por la tendencia de los egresados de la Entidad a emigrar en busca de mercados laborales, a despecho de los empresarios del país, que es en donde han recibido su capacitación.

El propio doctor Bocanegra manifestaba sus dudas respecto de si los recursos del SENA provenían de los impuestos nacionales, de las regalías, de empréstitos o de donaciones exógenas. Por toda respuesta, debemos informarle que “ninguna de las anteriores”.

El SENA se financia con “aportes parafiscales”, es decir, un tipo de recursos que son constituidos por sectores específicos de la población para financiar servicios que si bien pueden beneficiar a la comunidad, solo se ofrecen a sus aportantes directos.

Los empresarios han constituido fondos parafiscales, como los de retención cafetera, que administra la Federación Nacional de Cafeteros; pero tal vez los más ampliamente conocidos son los que aportan los trabajadores con destino el ICBF, a las Cajas de Compensación y al SENA, a los cuales se les ha introducido el remoquete de “impuestos a la nómina” con el fin de desorientar y justificar su eliminación para elevar las tasas de plusvalía.

Para el caso del SENA, el nacimiento de esta parafiscalidad se remonta al año 1957. Por aquel entonces, los trabajadores habíamos conquistado ya el derecho al subsidio familiar, con el cual nacieron las Cajas de Compensación, y se adelantaba una gran movilización por la conquista del derecho a la capacitación.

Lo de esperarse hubiera sido que en tal propósito capacitador coincidieran también los patronos, pues mientras mayor sea la capacitación de los trabajadores, mejores serán los aportes a la producción de que podrán disfrutar los empresarios.

Sin embargo, desatendiendo esa lógica, los empresarios se aliaron con el Gobierno de entonces e hicieron insuficientes todos los esfuerzos de los trabajadores por quedarse con esta nueva conquista, y los obligaron a financiar por sí mismos el nacimiento y desarrollo del deseado instituto de capacitación, utilizando para ello uno de los cinco puntos porcentuales en que antes estaba tasado el subsidio familiar.

La conversión de ese inicial uno por ciento en el dos por ciento que hoy recibe el SENA en aportes parafiscales fue el producto de nuevas luchas de los trabajadores, empeñados como estaban en elevar sus conocimientos, habilidades y destrezas para el trabajo.

Esto es lo que le da plena validez a esa consigna que suele escucharse en las concentraciones obreras: “El SENA es de los trabajadores y los trabajadores lo defienden”. Y si bien es cierto que son los empresarios los que giran el cheque, se trata de un giro que tendría que hacérsele directamente a los trabajadores, a través de mayores cifras de subsidio familiar, si el SENA no existiera. Existiendo, nos corresponde a los trabajadores atrincherarnos en su defensa. A trabajar con nosotros en esa defensa, invitamos muy cordialmente al doctor Bocanegra.



Nos queda pendiente el tema de los usos que la Entidad debería darles a estos recursos, pero ello tendrá que ser tema de otro comentario.

EL SENA, ¿AL SERVICIO DE QUIÈN?

Publicado el 24 de junio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo



El doctor Hernando Bocanegra Aldana, en reciente comentario que le publicó El Nuevo Día, nos dio a conocer su complacencia al enterarse de las altas cifras de capacitación que el SENA reportó por los canales locales de televisión, pero también la incertidumbre en que se le transformó dicha satisfación al saber que buen número de los egresados de la Entidad toman las de Villadiego y ponen pies en países extranjeros para ofrecer allí los conocimientos acá recibidos.



La voz angustiada del doctor Bocanegra vino acompañada de algunos interrogantes en torno a la Entidad, que en esencia coinciden con los que se formulan muchos compatriotas, y que podríamos resumir así: ¿Por qué estamos capacitando a nuestros jóvenes para que se vayan a generar riqueza a otras latitudes? ¡Por qué no invertir parte de esos recursos en capital semilla para que los capacitados creen empresas en nuestro país? ¿Qué recibimos a cambio de la capacitación que esos egresados se llevan al exterior?



Podríamos pensar que se trata de inquietudes válidas, sobre todo si consideramos que el SENA se ha venido preocupando en los últimos tiempos por lograr acuerdos internacionales para que las vacantes que no puedan cubrirse fácilmente con los nacionales en el exterior les sean ofrecidas a los trabajadores colombianos que estén inscritos en los Servicios Públicos de Empleo de la Entidad.



Sin embargo, la validez de esas inquietudes se esfuma al comprobar la carencia de respuestas efectivas de parte de los países a los que el SENA ha llegado con sus planteamientos. Tal vez ello obedezca al chovinismo que se ha exacervado como consecuencia del actual proceso recesivo y pese a los cantos que postulan una apertura total en tiempos de globalización y neoliberalismo. La excepción ha sido España, país en el que mejor se han atendido los llamados de la Entidad, pero cuyas vacantes no han logrado cubrirse como es lo deseable, dadas las grandes diferencias presentadas entre los perfiles de desempeño requeridos y los que ofrecen nuestros candidatos.



Estos aspectos no han permitido que los resultados alcanzados correspondan a los esfuerzos hechos, lo cual, para contento del doctor Bocanegra, hace que las fugas de nuestros cerebros made in SENA no tengan en verdad toda esa magnitud que a él le aflige.



De suerte que valdría la pena encontrar alguna razón para los anuncios de tanto enganche laboral en el extranjero. La única que podría ocurrírseme es que ellos solo representen un componente entre las estrategias propagandísticas orientadas a alimentar los índices de favorabilidad del Gobierno de Uribe, los cuales, según los promotores del tercer mandato, no solo son altos sino que jamás decrecen.


Qué bueno sería que los elementos nutricios de la alta acogida de Álvaro Uribe tuvieran origen en su real desempeño como Primer Mandatario, y no en los resultados de entidades que, como el SENA, jamás reciben nada de su Gobierno. Estos resultados no puede utilizarlos para abrillantar los deslucidos resultados alcanzados en otros frentes, pero este aspecto sólo puedo dejarlo servido como introito a la resolución de otra inquietud del doctor Bocanegra, la relacionada con las fuentes y usos de los recursos del SENA, que me tocará dejar en salmuera para otra oportunidad, pues las 555 palabras en que tengo tasado el tamaño de estos comentarios ya se han agotado

Un fallo laboral para celebrar

Publicado el 16 de junio de 2009
Por Rodrigo López Oviedo

Mediante sentencia C-349, la Corte Constitucional acaba de ponerle cortapisas a la intención de Uribe y demás dueños del poder de convertir en mero decorado el contenido del artículo 56 de la Carta Constitucional. Este artículo nos garantiza a los trabajadores el derecho a respaldarnos en la huelga cada vez que necesitemos sobreponernos a las mezquindades patronales y procurarnos avances y mejoras en nuestras condiciones de trabajo.

Tan importante mecanismo de lucha ha sido objeto de repetidas burlas. Como presunto rector de los asuntos nacionales, el Gobierno debería asumir un papel neutral en los conflictos laborales, en lugar de evidenciarse representante del gran capital y ponerse a su servicio, como lo demuestran las innumerables huelgas que su Ministerio de la Protección Patronal ha declarado ilegales, además de que de tal derecho ha pretendido excluir a prácticamente todos los trabajadores del Estado, pese a que constitucionalmente solo están por fuera de él quienes participan de la prestación de los llamados, aunque nunca claramente definidos, servicios públicos esenciales.

Gracias a las resistencias sindicales, muchas de las cuales han motivado severos pronunciamientos de respaldo de la Organización Internacional del Trabajo, el Gobierno se vio obligado a revisar el autocrático papel jurisdiccional que venía cumpliendo y a presentarle al Congreso un proyecto de ley para, supuestamente, atender los reclamos de los trabajadores y las solidaridades de la OIT. Sin embargo, lo que realmente hizo fue maquillar ese papel al trasladarle a la justicia ordinaria la facultad de declarar la legalidad o ilegalidad de un paro, pero conservando para sí la potestad de ordenar su cesación cuando a juicio suyo afectare de manera grave “la salud, la seguridad, el orden público o la economía de la población”.

Como resultó evidente que la pretensión del Presidente era la de regalar la cobija para seguir arropándose con ella, tal iniciativa, que había sido convertida en Ley 1290 de 2008, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, según lo dio a conocer este Organismo mediante la ya mencionada sentencia C-349 de 2009, próxima a conocerse en su texto oficial.

Al salir en defensa de este importante derecho, la Corte Constitucional ha hecho con su fallo un valeroso alarde de independencia -el cual se hace impensable en el caso de un tercer mandato de Uribe-, pues bien sabe que de obrar de manera distinta solo estaría prestándose a acelerar el tránsito de lo que actualmente queda del Estado de Derecho hacia un Estado autocrático en el que los intereses ciudadanos quedarían sometidos, aún más, al capricho del gran capital y de quienes representen sus intereses en las altas dignidades del poder público, que es lo que Uribe quiere para Colombia.

Solo resta esperar los efectos que esta trascendental decisión generará en organismos como la Procuraduría General de la Nación, donde actualmente cursan numerosos procesos disciplinarios contra funcionarios públicos que participaron en huelgas que fueron declaradas ilegales, pese a que muchas de ellas, como ocurrió en el caso de las del SENA, no tenían más propósito reivindicativo que la defensa de las instituciones mismas. ¿Será que en aras de ponerse a tono con lo dicho por la Corte Constitucional, la Procuraduría ordenará el archivo de tales expedientes, socorriendo de paso a los trabajadores investigados con la aplicación de esta disposición jurisprudencial, que les resulta más favorable?