Por Rodrigo López Oviedo
Fue tanta la desfachatez con que actuó la aplanadora
santista en el Congreso, y tan aberrantes los cambios que terminaron por
introducirle los conciliadores de Senado y Cámara a la que era una insulsa reforma
a la justicia, que el propio jefe de la banda, perdón… de la bancada, el
presidente Santos, no pudo resistir el desbordado cúmulo de rechazos que tan
vergonzoso acto legislativo generó, tanto nacional como internacionalmente, y
se vio obligado a objetar el proyecto.
No era para menos. La impunidad y las gabelas campeaban
en el texto aprobado. La violación al régimen de inhabilidades, por ejemplo, ya
no causaría la pérdida de la investidura a los congresistas, y, por toda
sanción, los infractores solo serían objeto de una suspensión por el término de
un año.
En igual sentido, el filo de la justicia quedaba pendiendo
exclusivamente sobre el ciudadano del común, pues, a partir del acto legislativo,
los organismos de investigación y acusación nada tendrían que hacer ante
gobernadores, generales, ministros, representantes, senadores y magistrados,
quienes solo podrían ser detenidos después de unos engorrosos trámites, siempre
y cuando concluyeran en una resolución de acusación. Lo de esperarse entonces
no sería otra cosa que la suspensión de más de mil quinientas investigaciones
que en el momento se adelantan contra funcionarios aforados, la inmediata
preclusión de buena parte de tales investigaciones y la excarcelación de los sindicados,
ya que ni siquiera fue aprobado un régimen de transición que preservara lo
actuado.
Si todo lo anterior no es legislar para la impunidad,
¿cómo puede llamársele?
El país debe permanecer alerta. No sabemos hasta dónde
el presidente Santos tan solo esté aparentando lavarse las manos con su arrebato
de objeciones, y en lo íntimo de su ser tenga el deseo de aprovecharse del
berenjenal jurídico en que quedó el país para transmitirle un mensaje contrario
a su bancada, todo con el ánimo de que prevalezcan los aberrantes entuertos que
contiene el Acto Legislativo.
Pero el pueblo ha venido tomando consciencia de que la
solución está en su más activa participación, pero ahora orientada a derogar la
reforma y revocarles el mandato a los congresistas que tan aviesamente le
dieron su voto favorable. En tal sentido, el Polo Democrático Alternativo ya acogió
el referendo como procedimiento para lograrlo. Puede ser, y de ponerse en curso,
hay que apoyarlo. Pero también está ocupando sitial de honor en la agenda
popular el paro cívico nacional, hacia el cual está trabajando la Marcha
Patriótica. Son procedimientos que, al contrario de contraponerse, se
complementan, y sobre los cuales nuestro pueblo sabrá ponerse de acuerdo. Ojalá
no haya obstáculos en las alturas.
1 comentario:
Calarca, junio 25 de 2012.
Rodrigo Lopez Oviedo.
Todas las Leyes que se han aprobado en el Congreso de la Republica similares a la reforma a la justicia son inhumanas e injustas y por supuesto tiene la bendicion de los creyentes ilusos y del propio presidente ahora el de los Santos que no son ni tan santos.
El solo plan de desarrollo osea la ley 1450 del 2011 es la madre de todas las Leyes donde solo cabe la mayor explotacion de los obreros de la educacion,la cultura y los oficios hasta la entrega de nuestra soberania a los dueños del mundo.
Y hasta se crean normas para que los ciudadanos eso si de bien no salgan a las calles a reclamar mejores condiciones de vida y a protestar por los asociales que a dministran de manera irregular los bienes del Estado.
El pueblo es inteligente y a estas arremetidas del capitalismo le sabe responder con la movilizacion como la que debe orientar el P.D.A. en unidad con la Marcha Patriotica hasta cambiar la estructura que rigen los destinos de este pais.
Nelson Guzman Baaena.
Consejero Territorial de Planeacion Departamental Quindio
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