Por Rodrigo López
Oviedo
Del marco constitucional para la paz que actualmente
discute el Congreso no pueden esperarse ofertas seductoras que les hagan
sentir a las fuerzas insurgentes que
valió la pena estar 50 años en el monte, sufriendo privaciones, arriesgando la
vida y orientando luchas, y que llegó la hora de la reinserción. Lo que saldrá
será una engañosa oferta orientada a quebrar la lealtad de los guerrilleros de
base, a quienes con melosas propagandas se les hará creer que reinsertarse es
todo cuanto necesitan para poner el
cielo en sus manos, pues a los jefes ni siquiera se les reconocerá el derecho
ciudadano a acceder a cargos de elección popular.
Así de mezquina es la
condición de nuestras oligarquías. La confrontación social y armada existente
en el país, cuya existencia ahora cuenta por fortuna con el reconocimiento del
Gobierno, no surgió por el alma negra de quienes han estado al mando de las
distintas organizaciones guerrilleras, sino por haber sido expulsados los
campesinos de sus tierras y proscritos los líderes populares de toda
representación social y política.
Esa condición no ha
cambiado en lo más mínimo. Todavía siguen en curso viejos procesos de expulsión
de los campesinos de sus tierras en una alevosa contrarreforma agraria a la que
el Gobierno no se compromete a ponerle fin; continúan vulnerándose los derechos
a la sindicalización, a la representación, a la integridad personal y a la
vida; los dirigentes populares tienen que desarrollar su actividad bajo
esquemas de seguridad que les restan eficacia a sus liderazgos, y en cuanto a
los derechos fundamentales, estos han sido transformados en mercancías, como
bien lo pueden constatar quienes requieran servirse de los establecimientos de
salud, educación o agua potable, para mencionar solo algunos ejemplos.
Entonces, siguen sin
solución, y agravándose, los problemas que dieron origen a las organizaciones
guerrilleras. Por eso, si se quiere que estas se reintegren a la vida civil, se necesitará de
gestos que, antes que de ellas, provengan del establecimiento, y que estén
representados en principios de acuerdos de solución a tales problemas,
comenzando por el reconocimiento de espacios desde los cuales las guerrillas
puedan interactuar con las ramas del poder público y la sociedad civil.
Lamentablemente, esos
gestos no se ven en el proyecto de acto legislativo. Al contrario, lo que ha
dejado ver el Congreso durante las
sesiones en curso es no estar interesado en replantear viejas posturas. Lo que
saldrá de sus deliberaciones es un nudo gordiano de dificultades que solo podrá
ser desatado por la ciudadanía si resuelve ponerse en pié, como parece estarlo
haciendo a través de la Marcha Patriótica y otras estructuras organizativas.
1 comentario:
No es la reinsercion de los grupos alzados en armas la solucion de la grave problematica social de Colombia, es mas, la reinsercion agravaria el problema. Es dejar a Colombia sin esa parte cultural que la ha caracterizada de rebeldia (solo que se ha equivocado, esta rebeldia natural, ejerciendo un poder violento y deshumano para exigir el respeto de los derechos humanos por parte del gobierno), contrastando con la misma actitud despiadada del gobierno y de las fuerzas armadas contra su propio pueblo. Hoy en Colombia, no existe una representacion de derechos humanos real, la violacion de estos mismos y la violacion de la soberania nacional es a la orden del dia por los mismos que juraron defenderla, traicionando la confianza que el pueblo les dio con el voto. (El Quimbo y otros a largo y ancho de toda Colombia es un ejemplo claro de la violacion de los derechos humanos contra el pueblo soberano).
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