LA RESPUESTA

Por Rodrigo López Oviedo

Como los trabajadores siempre hemos sido los trompos de poner, ahora debemos prepararnos para recibir una nueva agresión o disponernos a enfrentarla.

El Senado acaba de aprobar en primer debate un proyecto de Ley con el supuesto fin de crearnos un seguro contra el desempleo. No se trata, por supuesto, de devolvernos la estabilidad laboral perdida en los forcejeos con el neoliberalismo ni de concedernos un auxilio de supervivencia mientras conseguimos un nuevo trabajo. Al contrario, se busca restringirnos a un 50 por ciento el uso de las cesantías que recibimos cuando perdemos el empleo, pues el otro 50 entrará a hacer parte de un fondo que no reconoce intereses, y que solo llegará a nuestras manos en seis cuotas mensuales a partir de esa pérdida, siempre y cuando permanezcamos desempleados.

Lo que pretende el Gobierno es agregarle una derrota más a las mil que ya hemos sufrido los trabajadores colombianos. Para no ir muy atrás, recordemos las históricas luchas que se libraron en tiempos de la Junta Militar que sucedió a Rojas Pinilla. Interesados en elevar su capacitación, los trabajadores de entonces se dieron a la tarea de lograr que el Gobierno y los empresarios financiaran la creación y sostenimiento de un ente de formación profesional para el trabajo. Ese propósito no fue posible, y el movimiento obrero terminó renunciando a un punto de lo que recibía de las Cajas de Compensación para fundar y sostener, con los recursos liberados, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Y a pesar de que el 22 de junio de 1957 los trabajadores creamos el SENA para nuestra propia capacitación, sus recursos han sido objeto de desviaciones aberrantes. El 25 por ciento de su presupuesto, por ejemplo, se destina a las arcas de Colciencias,  así como muchos otros de sus recursos se desvían hacia programas de fomento empresarial, competitividad, desarrollo tecnológico, entre otros, de cuya importancia nadie duda, pero cuya financiación debería hacerse con recursos empresariales.

El proyecto analizado va por la misma línea de muchos servicios que el Estado debe atender con sus recursos, y no con los de los trabajadores. No está bien que las Cajas de Compensación Familiar se dediquen, por ejemplo, a programas de educación, existiendo un ministerio para atender las necesidades en ese campo. O que se hubiera desmontado el Inscredial para trasladar parte de sus responsabilidades a las mismas Cajas. Ni que las obligaciones tributarias del gran capital se reduzcan en desmedro de la inversión social o trasladando el valor reducido a mayores coberturas del IVA. Por fortuna, ya estamos dándonos cuenta de todos esos raponazos y preparando la respuesta: un vigoroso paro cívico nacional.